Cristal Geopolítico

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Todos los días, gobiernos y emergentes actores globales hacen geopolítica. Sucesos aparentemente sin intencionalidad estratégica, reflejan su impacto político al contribuir a diseñar las redes del poder contemporáneo. Hoy incursionamos en el fascinante mosaico multidisciplinario de las relaciones internacionales, para descifrar cómo se comportan políticamente los pueblos y descubrir el alcance del llamado “poder suave” (softpower).

Diplomacia y toponimia. Designar avenidas o monumentos con nombres de personajes es una estrategia gubernamental para transmitir mensajes implícitos. Ése sería el significado de la decisión del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, de renombrar la calle 1478 –donde se ubicará la nueva Embajada de Estados Unidos en Ankara‒, con el nombre del activista estadounidense, Malcolm X.

En septiembre, Erdogan viajó a Estados Unidos donde se reunió con las hijas de Malcolm X, convertido al islam y asesinado en 1965, y les prometió dedicar una calle de la capital turca a la memoria de su padre. Con ello, el mandatario turco envía un mensaje a Estados Unidos, del que ha sido cercano aliado, pero con el que protagoniza una crisis diplomática exacerbada por sus diferencias en torno a la situación de Siria y el combate al terrorismo.

Perdón, pero no pago

Aún en el siglo XXI están presentes los crímenes nazis perpetrados contra la población griega, por tropas alemanas. Esa política de exterminio no puede caer en el olvido como han admitido dos presidentes germanos. En 2014, en el poblado griego de Distorno que masacraron ocupantes alemanes, el entonces mandatario Joachim Gauck, se disculpó por los crímenes nazis en Grecia.

Hace días en Atenas el actual presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, expresaba: “Pedimos perdón aquí por lo que ocurrió entre 1933 y 1945. No debemos ignorar nuestra culpa moral y política”. Sin embargo, el político descartaba indemnizar a las víctimas.

Grecia reclama la reparación por esos daños y considera acudir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El gobierno del presidente griego Alexis Tsipras, estima que la deuda alemana supera los 300,000 millones de euros al cambio actual, incluidos los intereses.

Unos 10,300 millones atañen al préstamo que el III Reich obligó al gobierno heleno a concederle; se trata de 476 millones de reichmark (usados hasta 1948) que nunca retribuyó a Grecia, salvo un primer abono. A ello se agrega la devastación de infraestructuras. Pero Alemania sostiene que esa disputa está cerrada y alega que en 1960 ya satisfizo a Grecia, con un pago de 115 millones de marcos. Berlín y Atenas habrán de negociar.

El vuelo más largo del mundo

El 11 de octubre partía de Singapur el vuelo comercial más largo del mundo: recorría 16,700 kilómetros sin escala hasta Nueva York. La aerolínea Singapore Airlines informaba que el Airbus con 161 pasajeros dispone de mayor espacio y fue diseñado para reducir el desfase horario (conocido como “jet lag”). El avión partía a las 23:35 de ese día otoñal del aeropuerto Changi y a las 18 horas y 45 minutos aterrizaba en el aeropuerto de Newark en la Gran Manzana.

Un antecedente de ese vuelo largo fue el de la aerolínea Qatar Airways, que cubriría los 14,200 kilómetros entre Doha y la neozelandesa Auckland en 17 horas y 15 minutos. El vuelo largo pionero fue en 1936 cuando un avión de Pan American Airways voló de San Francisco a Honololu en 21 horas. Diplomacia aérea, sin duda.

Emiratí al espacio

Rusia hace buen uso de la diplomacia espacial; su sector aeroespacial ha organizado el viaje a la Estación Espacial Internacional del primer astronauta de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). En abril de 2019 el piloto emiratí despegará de la base espacial de Baikonur, en Kazajastán con destino a la Estación Espacial Internacional donde permanecerá una semana. Ese acercamiento entre Rusia y los EAU, ambos potencias en hidrocarburos, confirma el atinado empleo del poder suave.

En pos del tabaco ilícito

Para controlar la circulación del tabaco, 44 países han creado un organismo que rastree el comercio ilegal de ese producto y así, asegurarse el ingreso de impuestos. Las trasnacionales del tabaco comercializan, al menos, 10 por ciento de cigarrillos en el mundo; sin embargo, el contrabando de cigarrillos y otras manufacturas tabacaleras ocasionan pérdidas por 31 mil millones de dólares en impuestos no obtenidos.

Diplomacia felina

Hace tres años el león Saeed nacía en plena guerra siria en el zoo Magic World cercano a Alepo; escenario de una cruenta escalada de bombardeos entre 2012 y 2016. Abandonado a su suerte, como el resto de animales por la huida del dueño del zoo, Saeed y una docena de leones fueron rescatados y trasladados a centros de recuperación en Turquía y Jordania.

Hace un año que el aún traumatizado Saeed llegó a Sudáfrica para ser liberado en el parque Four Paws. Ahí el joven felino sirio ha encontrado a Nala, una leona rescatada de un criadero ilegal de animales para circos.

Su unión “es cosa de ellos” explican los directivos del santuario de felinos, aunque confían que Saeed y Nala procreen, pues en las últimas dos décadas la población mundial de leones ha disminuido en 80 por ciento por la caza furtiva y falta de normas que garanticen la vida de las crías en cautividad.

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Entre 2005 y diciembre de 2017 fueron asesinados 89 periodistas en México y en 2018, hasta septiembre, habían sido privados de la vida 11 comunicadores. Los desaparecidos suman 20 y cientos más han sido víctimas de una violencia multidimensional que va del secuestro y amenazas a agresiones físicas y la criminalización del rol de los comunicadores. Por orden, los perpetradores son autoridades, personajes políticos, fuerzas públicas de seguridad, redes criminales y “grupos de interés”, revela el Informe 2018 Libertad de Expresión. Avances y Tareas Pendientes del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede).

¿Por qué atacar a los mensajeros si la democracia descansa en su labor? Es paradójico que en la Era de la Información México sea uno de los países más mortíferos para periodistas y defensores de derechos humanos. En ese contexto es una falacia hablar de plena democracia, independencia política y real visión geopolítica hacia la multipolaridad. El panorama empeora en el contexto de severa crisis de seguridad pública por la que atraviesa la nación desde años, destaca el Informe.

La cifra de homicidio entre informadores mexicanos rebasa la de Irak, Afganistán, Siria, Somalia o Colombia, detalla el estudio del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos sobre muertes violentas en el mundo. Aquí hubo más de 23 mil muertos en 2016, un promedio de 63 homicidios diarios, citaba en julio el portal Enlace Judío.

La impunidad es casi total. Desde 2010 sólo en 0.4 por ciento de casos se ha ejercido acción penal contra los presuntos responsables de agresiones contra periodistas. En 2017 del total de averiguaciones previas en trámite, 140 menos, 127 permanecieron en rezago. Lo mismo sucede en años anteriores.

Casede describe que a las crecientes agresiones se suma la lentitud en su investigación y castigo. Entre 2012 y 2018 se registraron 1,986 eventos contra los comunicadores. Es decir, son intimidados cotidianamente censurados y corren riesgos por realizar su trabajo.

Es significativo el dato sobre percepción de riesgo de los periodistas y defensores de derechos humanos. Con base en un cuestionario ad hoc, se encuentra que, a lo largo de su carrera, 82 por ciento han sido intimidados; 77 por ciento ha sufrido varios tipos de acoso, 65 por ciento recibió amenazas; 34 por ciento soportó violencia física y 29 por ciento fue privado ilegalmente de su libertad.

En cuanto a percepción de amenaza, 90.4 por ciento de periodistas consideran que están en mayor riesgo que el resto de la población. Informar y morir, sería un binomio letal en México. Tal premisa confirmaría que la democracia y el respeto a los derechos humanos son una falacia, pues la sociedad sin acceso a la información está condenada a decidir en cuestiones políticas, económicas y sociales en cuasi ignorancia.

Además, la labor de los periodistas se coacciona con la censura. Los temas más censurados son: 73.1 por ciento relacionados con asuntos gubernamentales, actores políticos o servidores públicos; siguen con 65.4 por ciento las acciones del crimen organizado y un 60.6 por ciento la información relacionada con actores privados. Es tan alarmante la situación que, además de Casede, acompañan la difusión de este estudio: la Agencia de Estados Unidos de Ayuda al Desarrollo (USAID), la Universidad de las Américas Puebla, el Seminario sobre Violencia y Paz (del Colegio de México) y la Academia Interamericana de Derechos Humanos.

El summum de la censura sofisticada es el acoso judicial. La estrategia de la parte demandante es criminalizar el trabajo del periodista. De las demandas por daño moral se escala a otras tácticas de represalias contra el periodista o su medio (indemnizaciones económicas, exigencias para desmentir su dicho, etc.).

El diagnóstico “Soy Periodista, no criminal” del Centro de Investigación y Capacitación (CIC) Propuesta Cívica (elaborado con la Fundación Mac Arthur) subraya el caso de Claudia y Teresa, acusadas de compra de votos sólo porque grabaron las agresiones contra mujeres de un partido opositor, por la policía municipal. Otro comunicador víctima de acoso judicial expresa: “Nos sentimos temerosos, te paraliza el miedo, no sabes cómo reaccionar, no sabes quién o quiénes están detrás”.

El Informe reconoce que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se ha traducido en mayor coordinación con autoridades estatales. En cuanto a la Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), si bien reconoce que el Ejecutivo Federal ha instruido para dotar de más personas y mejor capacitación a los Ministerios Públicos, policías y periciales, además de fortalecer la coordinación con autoridades locales y federales, recomienda mayor presupuesto.

Sin embargo, quedan “Tareas Pendientes”. Una es que todas las instituciones involucradas condenen públicamente los crímenes contra periodistas y defensores de derechos humanos. Además, se deben fortalecer capacidades y recursos en la Protección de periodistas.

La libertad de expresión es tema estratégico, no privilegio. “Históricamente las clases dominantes se han empeñado en controlar la información, con una libertad de expresión que no cuestione las estructuras de dominio económico-político. En esa apariencia de libertad la información se controla, maneja y dirige”, sintetiza el analista Augusto Zamora en Política y Geopolítica para Rebeldes, Irreverentes y Escépticos.

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Angustia, desesperación y terror casi irracional son expresiones del miedo y temor cotidianos. Así lo retrataba en 1920 el escritor y activista social austriaco, Stefan Zweig, en su emocionante novela corta “Miedo”, la historia de una mujer infiel cuya angustia escala hasta límites tormentosos por la amenaza de un chantajista, de informar a su marido de su falta. Casi un siglo después Bob Woodward, ícono el periodismo de investigación de la superpotencia mundial, publica su investigación “Miedo: Trump en la Casa Blanca” que ilustra el dramático ambiente que priva entre el gabinete y personas cercanas al presidente de Estados Unidos.

“El poder verdadero es el miedo”, aseguraba el magnate-presidente a Woodward en una charla cuando aún era candidato. Tal frase sintetiza la convicción del empresario inmobiliario de que, para ser poderoso “debes apagar los faros a la gente y manipularles”.

Sin embargo, entre las revelaciones del periodista ‒quien admite que su investigación se basa en fuentes anónimas al estilo “deep background”‒, resulta que las personas de más confianza de Trump lo han manipulado y tomado decisiones de Estado en su nombre sin autorización. Todo por contenerlo.

Así ocurrió en el octavo mes de la presidencia del neoyorquino, cuando el expresidente de Goldman Sachs, Gary Cohn, juzgó apropiado cambiar de la carpeta de Asuntos Resueltos a la de Pendientes, el expediente con el membrete KORUS con las bases sobre el Acuerdo entre Estados Unidos y la República Popular Democrática de Corea. Ahí se contemplaba que el Pentágono retiraría sus más de 28 mil tropas estacionadas en Surcorea a cambio del desmantelamiento del proyecto nuclear de Pyongyang.

Cohn actuó así para “evitar que el Presidente pusiera en riesgo los logros vitales de Estados Unidos en inteligencia y seguridad nacional”, relata Woodward. Fuentes gubernamentales afirman que Trump respaldaba ese plan “furioso” por el déficit comercial anual de 18 mil millones de dólares de su país ante Seúl y por el gasto anual de 3,5 mil millones de dólares que significa el despliegue de sus tropas ahí.

El acto de Cohn, que para muchos significaría un abuso de confianza rampante, ilustra la anarquía y desorden que prevalece en la Casa Blanca y en la mente de Trump. “El presidente nunca advirtió la carta perdida”, agrega Woodward.

Otro ejemplo es lo que el abogado Rob Porter refiere como estrategia para “retrasar y procrastinar” asuntos urgentes, que más tarde el mandatario decide someter a escrutinio legal y solicitar asesorías “10 veces o más sobre todos los documentos encima de su escritorio”.

El hilo conductor, a lo largo de las 357 páginas, es la descripción del carácter errático e impulsivo del presidente de la superpotencia mundial. A la vez, exhibe la angustia de abogados, asesores y personal de confianza por el impacto a corto y mediano plazo que les acarrean las arbitrarias decisiones que toma el 45º presidente estadounidense.

Esa situación implica recurrir constantemente a técnicas de control de ira, desde los impulsos del magnate, así como las periódicas prácticas de persuasión. En una palabra: su equipo aspira a controlar al hombre más poderoso del planeta.

Pero no lo logran: ahí están sus explosiones vía Twitter o en entrevistas a su exclusiva televisora FOX. En otros casos, opta por retirarles la acreditación para ingresar a la Casa Blanca a quienes considera “traidores”, en este caso nada más y nada menos que al exdirector de la Agencia Central de Inteligencia, John Brennan.

A la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, le correspondió la penosa tarea de anunciar que el comportamiento “errático” de Brennan estaba detrás de esa decisión. La verdad es que la expresión del exespía, en el sentido de que Trump es un peligro para la seguridad nacional del país, no fue una crítica que cayera bien al veleidoso magnate.

La inquietud y temor de quienes rodean y trabajan con Trump es permanente. Nadie escapa ni de sus explosiones de ira ni de sus caprichos. Menos aún en medio de la abierta confrontación que mantiene con la prensa y el llamado “Russiagate”.

“Lo que está ocurriendo en el Gobierno de Trump –y se lo dije al presidente cuando lo llamé por teléfono el mes pasado– es un momento crucial de la historia. Estoy convencido de que la gente debe despertar y no fingir que esto sólo es política o un asunto partidista”, declaraba el autor de Miedo a la radio pública NPR.

Y si a los cronistas del poder en Washington les atemoriza la conducta de su presidente ¡qué podemos esperar los mexicanos! De los insultos verbales contra los ciudadanos, estigmatizándolos como criminales, ha pasado a agravios y presiones como imponernos la renegociación bilateral del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte.

Todo está por suceder con el individuo al que sus colegas republicanos califican de “insolente” e “impredecible”.

Pese al revuelo mediático que ha generado el libro de Woodward, los volúmenes de venta son muy inferiores a los que generó Fuego y Furia, de Michael Wolff hace meses. Según los analistas, los estadounidenses ya están insensibilizados ante tanta información negativa de su presidente y no quieren que aumente su propia desesperanza.

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Los intereses geopolíticos de un Estado también pasan por proteger los derechos de los consumidores que, también, son sus ciudadanos. ¿Cómo defender el derecho ciudadano a adquirir bienes y servicios de buen precio y buena calidad? ¿Cómo evitar las prácticas abusivas? Parece difícil en esta era de capitalismo corporativo cuando las agroindustrias deciden qué se cultiva, dónde, cuándo sacar al mercado y a qué precio. También lo es, con prestadores de servicios que monopolizan el mercado como aerolíneas, hoteles, restaurantes u hospitales. Y fundamentalmente, tal protección se complica en un Estado débil.

Proteger, informar y ofrecer bienes de buena calidad al consumidor es salvaguardar y respetar los derechos de la ciudadanía. Evitar abusos en las designaciones de las mercancías y adjetivos que no corresponden a la realidad, como: magno, ultra, súper, dietético, light, 0 grasas, contribuirá a formar consumidores más conscientes y responsables.

No obstante, hoy los ciudadanos adquieren productos y servicios ‒a muy alto precio‒ cuya calidad oscila entre pésima o regular. Pocos saben que los bolillos que expenden tiendas de autoservicio sólo duran seis horas, que no se identifica a los frutos genéticamente modificados y las fechas de caducidad de los alimentos están en sitios inaccesibles de los envases.

Las distribuidoras de agua no garantizan su pureza, las instrucciones de uso son inexistentes o están en idiomas extranjeros; la vida útil promedio de los electrodomésticos es de meses, los “chocolates” ni siquiera tienen cacao y los resultados erróneos en estudios médicos forman la interminable lista de bienes y servicios que defraudan al consumidor.

No siempre fue así. El 22 de diciembre de 1975 salía a la luz en México la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), que reconocía como principios la protección de la seguridad, vida y salud del consumidor, el derecho a la información, a reparar daños y acceso a órganos administrativos.

Hoy que los griegos, mexicanos y centroamericanos adquieren productos cuya vigencia ha vencido, vale remontarse a la historia de un proceso inédito en nuestro país, hace cuatro décadas. Hasta entonces, no existía obligación de informar qué cantidad de mercancía recibía un consumidor a cambio de su compra. Envases y etiquetas no indicaban la extensión del papel sanitario, composición y forma de conservar textiles ni se incluían instructivos en castellano y garantías en electrodomésticos.

En alimentos procesados no figuraba el peso drenado (el producto neto sin el medio de conservación) y muy rara vez se detallaban los ingredientes o la dosis letal (LD) de insecticidas.

En 1979 la Dirección de Normas de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi), lograba una proeza: industriales y prestadores de servicios acataban las normas oficiales para brindar a los consumidores bienes y servicios con calidad garantizada.

A partir de esa fecha y por primera vez en la historia del comercio nacional, todos los productos de consumo inmediato o duradero cumplían con la obligación de informar al consumidor ‒de forma veraz y suficiente‒ su contenido y composición.

¡Por fin! Tal información aparecía en tipografía clara y proporcional al tamaño del envase, resultado de largas y aleccionadoras debates entre Secofi con empresas mexicanas y filiales de trasnacionales que, en principio, rechazaban cumplir los requisitos y, en contraste, acataban sin cortapisas en Estados Unidos, Europa o Canadá.

Pequeñas y medianas empresas expresaban su deseo de cumplir, aunque hacían ver lo precario de su presupuesto y pedían plazos. Se concedió. Y así, alimentos procesados, juguetes, textiles, productos de aseo y electrónicos informaban al consumidor qué eran, qué tenían y qué riesgos había en su uso.  Además, se detallaban los ingredientes en orden porcentual decreciente y en los servicios ofrecidos se explicaban las condiciones y modalidades de los servicios ofrecidos.

Llegarían los Acuerdos de Libre Comercio y con ellos, bienes extranjeros en otros idiomas que los distribuidores sustituyeron con mini-etiquetas que reducen la información a nivel microscópica. Hoy, los consumidores son rehenes de un fenómeno inequitativo y ofensivo al derecho al bienestar, pues para obtener un bien de buena calidad deben pagar altos precios.

Tanto las llamadas “tiendas de conveniencia”, supermercados y mercados, modifican diariamente sus precios al alza; a cambio, ofertan mangos cundidos de antracnosis, uvas importadas con residuos tóxicos prohibidos en su lugar de origen, aguacates que maduran hasta pasados 15 días, manzanas de suculenta apariencia podridas en su interior, productos cárnicos de dudosa frescura y sin etiquetado de hormonas y legumbres con plagas en distintos estadios.

Hoy, la industria farmacéutica enriquece con productos milagro “anti-vejez”, “anti-cáncer” y “complementos alimenticios” cuya oferta engañosa no controla ninguna institución, tras la desaparición de la antigua Dirección de Alimentos y Medicamentos de la Secretaría de Salud. Esa falta de regulación en la calidad, ha alentado el caos en la denominación de la naturaleza del bien o servicio. Es paradójico que, en Estados Unidos se mantenga la estricta supervisión de la célebre Food and Drug Administration (FDA) en Estados Unidos o de la Red de Centros Europeos del Consumidor (ECC-Net).

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Ése sería el deseo de los antagonistas del magnate-presidente de Estados Unidos, Donald John Trump. Y es que agosto no ha sido un buen mes para el actual huésped de la Casa Blanca: ha escalado a niveles insospechados el pulso que mantiene con la prensa de su país, luego de que –arrogante y provocador‒ él afirmara que la prensa es “enemigo del pueblo estadounidense”. La reacción de los medios sería viral. El día 15 editoriales de más de 300 medios de 50 estados de la Unión pedían a los ciudadanos luchar contra el Ejecutivo, al que calificaban de “charlatán”, con títulos como: “La prensa libre te necesita”.

Nunca antes, en la historia política de ese país se había visto tal nivel de confrontación entre dos pilares del sistema capitalista estadounidense. Ni siquiera con Richard M. Nixon en la cúspide del escándalo Watergate o en la cruzada antiterrorista de George Walker Bush. Y es previsible que esa pugna se recrudecerá conforme se acerquen las elecciones legislativas de noviembre.

En su análisis sobre el caso, Guillermo Alvarado de Radio Habana Cuba reseñaba así la situación: “El presidente de Estados Unidos logró en tiempos de paz lo que pocos gobernantes de esa nación habían conseguido en muchos años: unir a más de 300 diarios y medios de comunicación de diversa tendencia y en sitios del país, en un solo propósito: luchar contra él y su errático comportamiento”.

No obstante, los golpes más devastadores contra la presidencia de Trump llegaban el 20 de agosto de personas estrechamente vinculadas a él. Ese día en Virginia, un jurado declaraba culpable de múltiples cargos por fraude al exjefe de campaña del hoy Ejecutivo estadounidense, Paul Monfort.

Y casi simultáneamente su exabogado, Michael Cohen, se entregaba a la FBI en Nueva York y se declaraba culpable de ocho cargos (que incluyen evasión fiscal y fraude bancario, aunque el más relevante es por violar las normas de financiamiento de campañas). Cohen involucró al presidente estadounidense, tras afirmar que le ordenó comprar el silencio de dos mujeres (con 150,000 y 130,000 dólares, respectivamente) para pactar un acuerdo de confidencialidad y que no revelaran su relación con el entonces candidato.

Ya en mayo, el presidente de la superpotencia reconocía que abonó a Cohen 130,000 dólares que pagó a la actriz porno Stormy Daniels.  Para el fiscal, Robert Khuzami, ese pago configura el delito de “contribución ilegal” a la campaña del magnate. Cohen enfrenta cinco cargos por hasta cinco años de prisión, aunque negocia 3 a cambio de más declaraciones que comprometan a Trump. Según Khuzami, esos cargos “reflejan un patrón de mentiras y deshonestidad por largo tiempo”.

En plena estrategia de control de daños, en meses pasados el huésped de la Casa Blanca se ha alejado de Cohen, uno de sus más cercanos colaboradores. Esa distancia aumentaría en abril, cuando el FBI incautaba numerosos documentos en el bufete del abogado.

Así, el 21 de agosto, Donald Trump abandonaba su habitual mensaje por Twitter y declaraba ante Fox, su canal predilecto, que ese dinero procedía de su fortuna persona y no de la campaña. Así, el poderoso empresario inmobiliario intentaba frenar la acometida judicial que hace meses cierra el cerco en su alrededor, siguiendo la hipótesis de que no habría llegado a la Presidencia de forma democrática, sino que recibió ayuda del Kremlin. Lo que se ha dado en llamar “la Trama Rusa”.

A ese complejo entorno judicial y mediático, se le suman a Trump los conflictos derivados de múltiples frentes de batalla que mantiene con sus aliados trasatlánticos, con la llamada Comunidad de Inteligencia de su país, con los demócratas e integrantes –activos o no– de su equipo de gobierno original. Esa tensión multidimensional sugeriría el principio del fin de la presidencia de Donald John Trump.

Para México, no es necesariamente una buena noticia un Trump débil. No cuando se está en la recta final de la renegociación del TLCAN, y menos cuando está por asumir el próximo gobierno. De ahí que estrategas y analistas, como Luis Valdés Ugarte, pasen revista los escenarios a futuro:

1.- La popularidad del presidente estadounidense descenderá más. Con ello, la de republicanos candidatos al Congreso. En consecuencia, sería previsible la desbandada de su propio equipo (habría que contemplar lo que hacen los generales John Kelly –jefe de Gabinete‒ y James Matthis –secretario de Defensa‒) y la pérdida de parte de su base electoral.

2.- Si la Justicia impone una sentencia leve a Paul Manafort, Trump podría maniobrar y optar por deslegitimar al fiscal Robert Mueller ‒que investiga el llamado Russiagate‒ y despedirlo.

3.- Está por definirse la relación de Trump con Putin y la Unión Europea, pilares de su proyecto económico-comercial.

Todo está por verse. En los días por venir, habrá que observar cuál de los actores en el drama político de la superpotencia actúa con mayor visión geopolítica-estratégica y sensatez.

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Los soplones, informantes, delatores, filtradores, alertadores, denunciantes o whistleblowers, constituyen un selecto y muy calificado club de expertos en la búsqueda, procesamiento y difusión de documentos y datos ultra-secretos. Héroes o traidores, los soplones revelan incómodas y antiéticas verdades gubernamentales o del sector privado, que nutren de información a periodistas, investigadores, académicos y ciudadanos. Esas filtraciones abren la puerta a un universo de conocimiento a la que no se accedería sin invertir largas horas de investigación y recursos.

Para algunos, es delito revelar datos clasificados de confidencial y top secret porque viola la raison d’Etat. Para otros, ese acto garantiza el derecho a la información. En el primer caso, Gobiernos y Corporaciones exigen escarmiento para esos infractores. En cambio, los filtradores y sus defensores, argumentan que están obligados a reportar “malas conductas y aportar evidencias”, como ha sostenido The National Whistleblower Center (NWC) en sus tres décadas de existencia.

La pionera filtración masiva y más mediática del siglo XXI vino de WikiLeaks (WL), cuyo fundador Julian Assange ‒hoy asilado en la Embajada de Ecuador en Reino Unido‒, difundía en 2010 cientos de miles de cables que exhibían el alcance de la política encubierta estadounidense.

Un cabo de 22 años transmitió a Assange ese vasto universo informativo desde la Base Operativa Avanzada Hammer en Irak: era Bradley (hoy Chelsea) Manning, quien tras admitir su falta e ir a prisión, fue indultado por Barack Obama dos días antes de dejar la presidencia de su país. Esa delación sacó a la luz que el Ejecutivo mexicano de entonces admitió ante funcionarios de Estados Unidos, que algunas zonas del país ya serían ingobernables por la delincuencia organizada.

En julio de 2013, el excontratista de la Agencia Central de Inteligencia, Edward Snowden, hoy asilado en Rusia, revelaba la dimensión del masivo espionaje electrónico de la Agencia Nacional de Seguridad (ANS) sobre ciudadanos estadounidenses, gobiernos y organismos multinacionales. De nuevo, ese soplo trastocaría la relación de la superpotencia con sus aliados y socios, pues se conoció que entre muchísimos más, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, el presidente mexicano y la petrolera brasileña Petrobras habían sido espiados por la ANS.

El interés por divulgar lo privado siempre ha existido. El parteaguas de la era contemporánea fue la filtración de 7 mil archivos que revelaban los horrores de la guerra de Vietnam, los llamados Papeles del Pentágono. En 1971 el ex-miembro de la Rand Corporation, Daniel Ellsberg, dio ese material a The New York Times que se enfrentaría legalmente con la Casa Blanca para lograr publicarlo.

En el trasfondo del Escándalo Watergate, Garganta Profunda fue el ícono del informante político. Hasta mayo de 2005, el ex Director Asociado de la FBI, Mark Felt revelaría que él aportó al reportero Bob Woodward, la información sustantiva que vinculó al presidente Richard Nixon en ese caso que le costó el cargo.

Los whistleblowers siguen activos y sus actos aún generan revuelo geopolítico. La filtración anónima de más de 11 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, descubrió una estructura global de 214 mil firmas encargadas de lavar dinero, evadir al fiscal y encubrir fondos de unos 150 políticos y figuras reconocidas. Hasta ahora se mantiene oculta la identidad de los autores de esa fuga de información.

No obstante, el Departamento de Justicia estadounidense fungió como delator en el caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Su filtración –con rostro de cooperación con gobiernos‒, sacudiría los cimientos de unas 12 naciones, entre ellas México. Es paradójico que, en ese país, su presidente Donald John Trump llamara “muy antipatrióticos” a los medios, porque informan de los asuntos internos de su gobierno, como ha descrito el diario parlamentario The Hill.

Es natural que al poder –político o empresarial‒ le disguste la infidelidad y se blinde contra toda fuga de información. Y una forma de hacerlo es a través de recompensar a quienes le advierten de filtraciones, como establece la Ley Federal 5 USC 2302 de Protección a Informantes de 1989. Esa norma se aplica a favor de empleados gubernamentales que reportan a las autoridades de la posible existencia de actividad contra la ley.

A pesar de tal “estímulo” aumentan los soplones no cooptados. Aspiran a inclinar la balanza de la transparencia de la información a favor del interés de las mayorías. El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, propuso una Directiva para Proteger a los Alertadores, medida que apoya la coalición Whistleblower-Unión Europea, de una cincuentena de organizaciones que defienden a esos denunciantes de información sensible en beneficio del interés general.

Ante tales iniciativas, es válido preguntar: ¿Qué se debe hacer con esos soplones? ¿Son un mal necesario, para acceder a información veraz y suficiente sobre el quehacer público? Tal consideración también implicaría estar dispuesto a obtener información secreta a cualquier costo. ¿Lo estamos?

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En este momento a más de 800 kilómetros sobre nuestras cabezas, en el espacio extraterrestre los Estados de la Tierra libran una batalla implacable por desarrollar telecomunicaciones, aplicar ciencia y tecnología, ubicar nuevas rutas, encontrar materiales, fuentes de energía y, ¿por qué no?, aspiran a ganar prestigio. Y es que hay que reconocerlo, para los más de siete mil millones de habitantes de la Tierra y las relaciones internacionales, el futuro está allá afuera. ¡Es la geopolítica espacial!

Y mientras en nuestro planeta la mecatrónica, robótica y nuevas tecnologías crean computadoras que entre 2029 y 2045 tendrán más transistores que los hombres neuronas en el cerebro, es momento de ver al cielo.

Hoy ya no existe más el monopolio en la exploración del Cosmos que protagonizaron Estados Unidos y Rusia en el siglo XX. Hace décadas que nuevos actores globales (China, Bolivia, Francia, India, Brasil, Irán, Israel y hasta el Vaticano, entre otros) buscan a otros seres vivos y exploran en otros sistemas planetarios, agua, alimentos y nuevas fuentes que garanticen su supervivencia.

Para los mexicanos la ciencia y tecnología espaciales no son ajenas. En la década de 1950 el gobierno impulsó la exploración espacial y en 1955 el ingeniero José de la Herrán cofundaba con otros colegas la Sociedad Mexicana de Estudios Interplanetarios. Ya en 1957 físicos de San Luis Potosí construían cohetes y lograban la hazaña de elevar hasta dos mil metros, uno de ocho kilos.

En 1959 el secretario de Comunicaciones y Transportes, Walter Cross Buchanan, lograba elevar cuatro mil metros el artefacto SCT-1 de 200 kilos, impulsado con alcohol etílico y oxígeno. Ese año la vocación institucional por el conocimiento se plasmaba en la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos de la ONU de la que México con 23 países fue miembro fundador. realizaba pruebas con artefactos para lanzarlos al espacio exterior.

Adolfo López Mateos apostaba por el protagonismo de México en la ciencia espacial y el 31 de agosto de 1962, decretaba la creación de la Comisión Nacional del Espacio Exterior (CNEE). Así, se lanzaba el cohete Tótotl (pájaro) que se elevó 22 kilómetros, seguido de los cohetes-sonda Tonatiuh, Mitl, Huitle (jabalina) y el vehículo Tláloc. Tras esa proeza se crearía el Departamento del Espacio Exterior en el Instituto de Geofísica de la UNAM.

En 1977 se disolvía la CNEE y México dejaba de ser autónomo en la exploración espacial y pese a la insistencia de la UNAM por volver a ser autónoma, se pasó a depender de la agencia espacial de Estados Unidos, para poner en órbita el satélite Morelos.

En 2006 la Cámara de Diputados aprobaba la creación de la Agencia Espacial Mexicana, pero la desgana inexplicable prolongaría hasta 2010 su puesta en marcha… adherida a la agenda de agencias extranjeras. Ése es un apurado recuento de la historia, insuficientemente recordada y digna de orgullo, del valiente asalto al cielo de los científicos mexicanos.

No obstante, el llamado Tercer Mundo no deja de ver hacia las estrellas. Brasil, el gigante latinoamericano inició su programa espacial en la década de 1960 –en plena dictadura militar– y aún lo mantiene eficaz. En 1970 China, el gigante asiático que apenas 50 años atrás vivía en situación medieval, se propuso desarrollar su industria espacial. Ya en 2003 lanzaba su primera misión tripulada.

Lo siguió su vecino India en 1975. Desde entonces ha puesto en órbita satélites propios y de socios, y es líder en cantidad de equipos de teleobservación del planeta.

Y como el islam no está reñido con la ciencia y el desarrollo, en 2008 Irán se incorporaba al avance espacial tras poner en órbita su cohete de telecomunicaciones Kavosh. De igual forma, su adversario Israel –cuya poderosísima Fuerza Aérea le ha dado grandes victorias– anuncia que en diciembre lanzará una nave no tripulada a la Luna y será la primera financiada en privado.

En mayo de 2013, la agencia espacial ecuatoriana intentaba captar las señales de su satélite Pegaso temerosa de que impactara con los millones de toneladas de chatarra espacial (satélites o cohetes obsoletos) que flotan en el Universo. Afortunadamente el artefacto andino triunfaría en su misión.

Además del célebre Cabo Kennedy de la NASA, de la Ile de Levant de Francia o el Rocket Launch Site de Alemania, hoy los vehículos que se dirigen al espacio salen del Cosmódromo de Baikonur (en Kazajastán) y el centro espacial de Xichang, China, desde donde Bolivia incursionó en el campo de los satélites de telecomunicaciones con su Tupac Katari.

Es cierto que para las superpotencias el espacio extraterrestre aún es laboratorio militar. Lo que en los años 80 se llamó “Guerra de las Galaxias”, hoy es el “Escudo Antimisiles” que desde el espacio lanza láseres contra los adversarios.

No obstante, recordemos al gran Zygmunt Bauman ‒para quien la política no puede distanciarse del interés público‒, y a los mexicanos precursores de la investigación espacial que, sustentados en un gobierno que apostaba al conocimiento como vía de desarrollo, no temían viajar por el Cosmos los 384 mil kilómetros que apenas nos separan de la Luna.

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Sería deseable que la política exterior del próximo presidente de México tenga visión geopolítica. Así lo exige la relación de fuerzas del sistema-mundo contemporáneo y que Zbigniew Brzezinski definía como el Gran Tablero de Ajedrez. El mundo que recibe al nuevo gobierno mexicano (2018-2024) es distinto al de sus recientes antecesores. Han cambiado las tendencias, tensiones, relaciones y equilibrios entre Estados que antes perfilaban el modelo internacional. Y en el nuevo modelo, México aspiraría a ser pieza de gran valor táctico y estratégico: alfil o torre y nunca mas como peón.

Hoy se vive un pujante multilateralismo, donde China y Rusia construyen el llamado Siglo Euroasiático, que impugna el antes indiscutible concepto de “hegemonía estadounidense” y la versión de que Europa tiene el monopolio de la civilidad y el bienestar. La consumación del Brexit y los crecientes separatismos en ese continente, desmienten esa falacia.

Se esperaría del gobierno de México que inicia el 1 de diciembre, una diplomacia con fortaleza ante desafíos geopolíticos como las pugnas internacionales por el agua y la energía; capaz de construir consensos para paliar los efectos depredadores del crimen organizado y el cambio climático. De igual forma, urge una agenda de política exterior que responda a la creciente influencia y poder de nuevos actores globales (trasnacionales energéticas, médico-biológicas, tecnológicas, mediáticas y agroindustriales, del complejo industrial militar y organizaciones no gubernamentales). Pues todos ellos practican su propia –y exitosa– política exterior.

En los pasados lustros, la relación de México con el exterior ha sido errática y reactiva, lejos de ser creativa y eficaz. En síntesis: sin visión geopolítica. Así, entre 1994 y 2000, cuando los países profundizaban su reconfiguración, el gobierno del último presidente priísta del siglo XX mantenía su mirada en Estados Unidos. Por tanto, en ese sexenio el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) dominó la agenda exterior.

También el primer presidente de la alternancia (2000-2006) centró su relación con Estados Unidos con dos acciones polémicas: la alianza con George Walker Bush en su ‘Guerra contra el terrorismo’ y la firma de la poco transparente Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Y mientras se cerraba la embajada mexicana en Noruega, el canciller aspiraba a liderar la Organización de Estados Americanos (OEA) y crecía el frenesí por los acuerdos y asociaciones de libre comercio con: la Unión Europea, Israel, Guatemala, El Salvador, Honduras, Liechtenstein, Islandia, Suiza, Uruguay, Japón, Costa Rica, Panamá, Nicaragua. En casi todos los pactados con el mundo industrializado, México es deficitario.

Sin visión estratégica y velar por sus intereses en el nuevo contexto latinoamericano, se optó por desmarcarse de los “gobiernos progresistas” que promovían su integración político-económica y desafiaban la hegemonía estadounidense. El abandono de esa región donde México siempre tuvo gran prestigio, como subrayaba el diplomático y geopolitólogo Gustavo Iruegas, le costaría caro al país.

En 2006, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales dirigía un memorándum al presidente electo, con su visión de política exterior del siguiente gobierno. Ahí sugería “dejar de lado la búsqueda de consensos y buscar beneficios con la economía más rica del mundo” y proponía no crear expectativas “de una relación dramáticamente diferente” de la que ya existía. Consideraba a Cuba, Venezuela y Bolivia “focos rojos”, mientras concluía que más que innovar y revolucionar la tarea principal debía ser “construir sobre lo ya edificado”.

¡Y así nos fue!

En 2007 los mexicanos conocíamos desde Estados Unidos el ingreso de México a su estrategia antidrogas regional (Iniciativa Mérida). Política que permearía la relación bilateral. En 2009 se consolidaba un colosal error táctico al cerrar las embajadas en Angola (abierta en julio de ese año) y Pakistán, así como los consulados en Porto Alegre, Brasil, Guatemala y Guayaquil, Ecuador ¿La razón? Reducir gastos por la crisis económica. Entonces, Brasil y Cuba extendían su presencia diplomática en el mundo.

Y aunque el gobierno que concluye el próximo 30 de noviembre intentó jugar a la geopolítica, siguió siendo errático su política exterior, como revela que se designaran tres cancilleres a lo largo de ese sexenio.

Quizás los yerros más inexplicables fueron con Estados Unidos, su relación más estratégica. En sólo dos años se designaron cuatro embajadores ante ese gobierno y en 2015 la embajada ¡quedó acéfala seis meses! Y cuando se designó al nuevo embajador, sólo permaneció seis meses en el cargo. En ese caos, sobrevino la elección presidencial en Estados Unidos con los efectos dramáticos ya conocidos para la relación con México y los mexicanos.

Los 130 millones de mexicanos esperan de la próxima presidencia, un plan con visión geopolítica para los tres años que le restan a la Administración Trump. Se trata de abordar y negociar temas tortuosos como el migratorio, el Muro, el destino de los jóvenes llegados a ese país siendo niños DACA (en inglés: Deferred Action for Childhood Arrivals).

El tacto fino de la diplomacia, más la asertividad que confiere el conocimiento del mundo, evitará los pasados yerros y recuperará el prestigio de una política exterior que, como se sabe, reflejaría la buena y congruente política interior.