De existir condiciones favorables en el país, la industria minera podría invertir 24 mil 200 millones de dólares en el gobierno de López Obrador.
La industria minera en México ha sido una de las más afectadas por la incertidumbre en el nuevo gobierno liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador después de que se anunciar la intención de reordenar el sector y acabar con la flexibilización que la minería ha gozado en los últimos 30 años.
Entre baja de precios de los metales, la imposición de nuevos y puestos y el incremento de la inseguridad en zonas mineras, la industria enciende focos rojos y señales de riesgo, ante un panorama incierto sobre todo para las grandes mineras extranjeras que en años pasados se vieron beneficiadas por las leyes laborales, minera y ambiental, así como el otorgamiento de concesiones.
Ante este panorama, Fernando Alanís Ortega, presidente de la Cámara Minera de México (Canamex), indicó que la industria está dispuesta a destinar más de 24 mil millones de dólares en los seis años de gobierno de AMLO, si y sólo si, existe una política pública que incentive la actividad minera que allanen y permitan que la actividad llegue a representar hasta el tres por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
De contar con incentivos por parte del gobierno federal, Alanís Ortega señaló que si la industria crece se propiciará la creación de 50 mil empleos adicionales a las 385 mil 200 plazas directas y a las dos millones 300 mil indirectas, que actualmente genera.
En el marco de la XXXIII Convención Internacional de Minería, realizada en Acapulco, Guerrero, el presidente de la Camimex sugirió la deducción de ciento por ciento de los gastos de exploración, como se hace en países mineros. Además, solicitó revisar el Fondo Minero para mantener su objetivo inicial y los recursos lleguen de manera oportuna y eficiente.
En respuesta, la Presidencia de la República, bajo la representación de Alfonso Romo, jede de la Ofician de Andrés Manuel López Obrador, acordó la creación de una Mesa de Minería para analizar las necesidades del sector y lograr llegar a acuerdos que impulsen el crecimiento de la actividad en el país. Se pretende que en esta mesa se borden temas fiscales y regulatorios, así como sociales, ambientales y de inversión.
El gobierno de López Obrador pretende impulsar una nueva regulación al sector, considerando en una iniciativa de reforma a la Ley Minera, dota al Servicio Geológico Mexicano de la facultad para realizar estudios de impacto social respecto a las áreas objetivo de concesión y de asignación minera, misma que la actual legislación no contempla.
Así mismo, busca que la Secretaría de Economía pueda declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo, así como cancelar concesiones y asignaciones mineras por este motivo; y garantizar que toda concesión, asignación o zona que se incorpore a las reservas mineras atienda los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar.
Actualmente el sector minero constituye el 2.5 por ciento del PIB nacional y genera casi 400,000 empleos directos
