Desde su inicio, el gobierno de la Cuarta Transformación tomó un discurso dicotómico contra el sector privado en México a quienes calificó de ¨minoría rapaz¨, sin considerar que la iniciativa privada es fundamental para la generación de empleo y desarrollo en nuestra nación.
Decisiones como la de cancelar el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional en la Ciudad de México dieron señales negativas a la iniciativa privada con respecto a la postura del nuevo gobierno a nuevos proyectos que venían de ese sector.
Este gobierno no abona más que incertidumbre a los inversionistas que temen que no se respeten sus capitales en México y por ello deciden irse a otras naciones que ofrezcan certeza.
Sin dudas, esta disputa contra el sector privado, con el objetivo de fortalecer las empresas estatales, traerá más perjuicios que cosas positivas a México, especialmente en tiempos tan apremiantes como en los que nos encontramos.
No podemos olvidar que en 2020 que, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el PIB nacional decreció 8,5% durante el 2020, lo que deriva en que México haya decrecido más de lo que lo hizo toda la región de América Latina y el Caribe, la cual se contrajo 7,7%según la CEPAL.
Las consecuencias pudieron haber sido peores sin la relación comercial de México con Estados Unidos, ya que las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos suponen más del 30% del PIB nacional.
Proyectos de Ley que expulsa a la inversión privada
Fotografía: Alubalish/Getty Images/iStockphoto)
Esta situación se ha profundizado con las propuestas del Ejecutivo, específicamente del presidente, Andrés Manuel López Obrador, como la contrarreforma energética enviada el 1 de febrero.
Esta nueva Ley pretende centralizar la generación de la energía eléctrica para consumo nacional en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la iniciativa otorga una posición monopólica a la empresa del estado y relega a la iniciativa privada en último lugar.
Esto, en primera instancia, va contra los acuerdos logrados en el T-MEC, por los cuales el gobierno ya ha sido advertido por las autoridades estadounidenses, y tensa las relaciones comerciales con nuestros vecinos por la no incentivación a la inversión privada en el sector.
Si nos vamos más a fondo, le estaría dando a la estatal una responsabilidad que no puede manejar basados en las inversiones que esta ha recibido durante este sexenio.
En los últimos tres sexenios la inversión promedio a la CFE se mantuvo por encima del 10%, mientras que en los dos años de gobierno de AMLO la inversión bajó a un 7%.
Si ya conocemos las dificultades de la estatal para proveer del servicio en algunas zonas del país, de aprobarse esta iniciativa, toda la responsabilidad recaería sobre la CFE e implicaría mayor inversión hacia esta por parte del Estado para poder abastecer la demanda, sumado al mantenimiento de los subsidios que reciben las familias por el consumo.
Cancelación del outsourcing y la fuga de empleos en el corto plazo
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Otro de las propuestas de Andrés Manuel es la eliminación de la subcontratación o comúnmente conocido como outsourcing, con el objetivo de proteger a los trabajadores.
Esta analogía no puede ser más alejada de la realidad, ya que muchos de los empleos que hay en el país son en base a este método de contratación, el cual, de hecho, ha sido utilizado por el mismo Gobierno Federal.
Si bien, en algunos casos, el outsourcing sí se ha prestado para la simulación de relaciones laborales o disminución de sueldos, no quiere decir que sea el común denominador, este tipo de contratación mejora la competitividad laboral del país y permite a las trasnacionales realizar proyectos y ofrecer empleos a mexicanas y mexicanos.
La prohibición de la subcontratación significaría un golpe importante, principalmente, a las familias mexicanas que quedarían sin empleo producto de las empresas que se verían forzadas a salir del paísy sumaría otra razón a los inversionistas extranjeros a no invertir en México.
La COPARMEX, incluso, advirtió de la gravedad de prohibir el outsourcing, expresan que esta generó entre 2013 y 2018 más de un millón de empleos en México y su cancelación provocaría, en el corto plazo, la pérdida de 2 millones de plazas.
El gobierno atenta contra el bien de México
El presidente siempre ha mantenido un discurso de ¨primero los pobres¨ a manera de ofrecerle a los desprotegidos una mayor seguridad económica, postura la cual es completamente comprensible y necesaria para nuestro país y no debería discutirse.
Lo que sí debería de discutirse es las formas en que el gobierno quiere atender a los más desprotegidos del país, y nos damos cuenta de que esta no son las mejores y no presentan resultados palpables.
Fueron uno de los gobiernos de región en no ofrecer ayuda asistencial a los trabajadores que quedaron sin empleo durante la pandemia y relegando esta obligación a las empresas que se asfixiaban por la caída de sus ventas.
De acuerdo con datos del Inegi, 12 millones de personas salieron de la Población Económicamente Activa (PEA) en abril de 2020 y más de un millón de empresas se vieron forzadas a cerrar de forma permanente.
Afortunadamente, gracias en gran parte a la reactivación de la economía en Estados Unidos que benefició a las manufactureras mexicanas, ya se han podido recuperar cerca de 10 millones de empleos formales en el país.
Un gobierno empecinado en la inversión pública sin sustento
De acuerdo con la organización México ¿cómo vamos? La inversión pública de México no ha hecho más que decrecer desde el inicio de este gobierno, si contamos los datos desde el primer trimestre de 2019 hasta el tercero de 2020, el decrecimiento promedio es del 11,05%.
Lo mismo ocurre con la inversión privada, orillada por la incertidumbre que genera el gobierno, la tasa de crecimiento de esta se ubicó en -37% en el segundo trimestre de 2020.
Si el gobierno no capta las señales que le dejó los trágicos datos económicos, de desempleos y empresas cerradas durante 2020, los más afectados serán las mexicanas y mexicanos que salen día a día a trabajar y que se vieron gravemente vulnerables durante el 2020, esperemos que no sea así en el porvenir.
Salida histórica de capital extranjero
Una de las consecuencias de todas estas maromas, que en el discurso podrán ser muy bonitas por la defensa de lo nacional, es la salida de capital extranjero por desconfianza que genera el gobierno hacia los inversores.
Lógicamente lo anterior representa, como hemos venido explicando, un aumento en desempleos y decrecimiento económico sin precedentes en la historia de nuestro país.
En este sentido, en mayo de 2020 se vivió la salida de inversión extranjera más importante de la cual se tenga registro en la historia, 338 mil 284 millones con respecto a la inversión que había en mayo de 2019.
Esta tendencia ha seguido aumentando hasta la fecha, a medida que el gobierno aumenta la incertidumbre de impagos y no ofrece ninguna certeza de que el dinero de los inversionistas extranjeros serán retribuidos.
Los defensores de este gobierno y el presidente no hace más que argumentar que todas estas decisiones se hacen basado en ¨ regresarle la soberanía al pueblo ¨, pero en realidad les despoja de muchas otras cosas importantes.
La importancia de inversión extranjera es fundamental en cuanto a generación de empleos, factor que incrementa la riqueza y las expectativas de vida de la población; impactos favorables en balanza de pagos; mayor oferta de productos en el mercado; empresas ofrecen productos a precios competitivos lo que reduce la inflación.
El gobierno y sus defensores podrán descalificar de muchas formas al sector privado y la inversión extranjera, pero sabe que ambas son necesarias para mantener el país a flote ya que esta administración y ninguna otra será capaz por sí sola de abastecer de empleos y servicios a todos los mexicanos.
El gobierno de récords negativos históricos
Cuando Andrés Manuel era candidato a la presidencia para 2018 reiteró en numerosas oportunidades que su gobierno haría historia, pues a poco más de dos años de su inicio al presidente cumplió con su palabra pero no en el sentido que los mexicanos queríamos.
En primer, la semana anterior la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) reportó que la deuda pública de México al cierre de 2020 represento el 52.4% del PIB nacional, cuando la de 2019 fue de 45.1%. Esta cifra de deuda es la de mayor nivel de la que se tenga registro para un año
Otro de los récords que abatió la 4T es el crecimiento de la pobreza en un año, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se estima que producto de la pandemia entre 8.9 y 9.8 millones de mexicanos cayeron en pobreza.
En ese sentido la Coneval estima que la pobreza aumente 7 puntos porcentuales de 49% a 56%, es decir, más de la mitad de los mexicanos no pueden cubrir los gastos de alimentos básicos.
Para ponerle la cereza en el pastel, el 2020 cerró con un decrecimiento del 8,5% con respecto a 2019, año en el que también decreció la economía mexicana, en pocas palabras, desde que AMLO es presidente el país no ha dado un paso hacia adelante en materia económica.
