A cuatro años de Ayotzinapa

Se cumplirán cuatro años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. A la breve distancia y antes de que otros acontecimientos, igual o peor de terribles, la terminen por minimizar y difuminar de la preocupación nacional se ponen de manifiesto tres ideas principales.

La primera de ellas es que evidencia la falta de capacidad de las autoridades del Estado por dar una respuesta clara y precisa a las interrogantes quién, por qué y para qué, no sólo para los padres y familiares de aquellas víctimas sino de un país entero que permitió la intrascendencia de la gravedad de este asunto.

Herencia del nuevo gobierno electo, la sanción a los responsables será una de las primeras muestras de voluntad política, legal y moral que podrán otorgarle a este el país en el que verdaderamente no pasa nada en contra de aquellos que violan sus leyes y sus intereses.

La responsabilidad legal del caso no sólo debe ser en contra de los autores materiales e intelectuales, los cuales forman una larga lista entre autoridades del municipio de Ayotzinapa en Guerrero y miembros del crimen organizado que cooptaron a dichas autoridades para que les sirvieran.

Si fuera el caso, la responsabilidad legal debe alcanzar a las autoridades tanto del gobierno estatal como federal que, por omisión o por mal desempeño de sus funciones entorpecieron las investigaciones. El nuevo gobierno tiene la obligación de poner en claro si hubo una debida preservación del lugar de los hechos y una adecuada cadena de custodia de los objetos hallados y que están relacionados con el crimen.

Es necesario aclarar si el gobierno estatal y federal estaban enterados de la captura de los estudiantes antes de que los desaparecieran y, si fuera el caso, aclarar también por qué no se hizo algo al respecto.

La segunda de las ideas que provoca el atroz acontecimiento es con relación a la reflexión de hablar de un Estado fallido o, al menos, a la urgente transformación de las instituciones y sus autoridades debido a su ineficacia. Que en un país se tenga la facilidad de desaparecer a 43 personas o, si bien no es el tema de este artículo, pero sirve el ejemplo, cientos de millones del presupuesto público sin mayores consecuencias legales, es algo de lo que verdaderamente nos tendríamos que preocupar; más aún, que exista la posibilidad, lo cual es muy probable, de que suceda algo peor, nos debería de imponer la responsabilidad de transformarnos para bien como individuos en particular y como país en general.

Finalmente, la tercera de las ideas es con relación a lo que somos como individuos y como sociedad. ¿En qué momento nos dejó de preocupar una situación como la de Ayotzinapa? ¿En qué momento y por qué 43 jóvenes que se supone deben dedicarse al estudio terminan envueltos en una tragedia así? ¿Por qué son comunes esas tragedias en un país como el nuestro?

En definitiva, son preguntas que encuentran vigencia a lo largo de muchos años en nuestro país y que tienen un común denominador que no sólo es la corrupción y la impunidad. Tienen relación, también, con la pérdida de valores y de identidad nacional. En la medida que se pierde la capacidad de discernir entre lo bueno y la malo y desaparece el sentido de solidaridad social, en ese momento un país como el nuestro es presa fácil de cualquier interés ajeno.