En el debate sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, es importante no olvidar que este cambio de estrategia en el gobierno federal reside también en un elemento indispensable para disminuir la violencia: la confianza que la sociedad tenga en los cuerpos de seguridad.
Entramos en el segundo año de esta administración, uno marcado por la pandemia más severa en fechas recientes, y el tiempo se agota para abatir el principal problema que teníamos los mexicanos hasta antes del coronavirus, la inseguridad, la cual no se detuvo de la misma forma en que el resto de las actividades normales en el país lo hicieron.
Bajo esa realidad, el gobierno de la república continúa en la misma ruta con dos objetivos que parecen primordiales: utilizar la respetabilidad de las Fuerzas Armadas para obtener el respaldo social muy necesario para aumentar las denuncias, la información de inteligencia y el rechazo ciudadano a la criminalidad, y la eficacia de su operación a partir de la figura del mando militar y su estricta disciplina.
Si, como se nos ha informado, el Ejército y la Marina pueden remodelar y equipar un hospital en una semana, entonces pueden con múltiples tareas, incluida la seguridad de los mexicanos, una labor que habían desempeñado de todos modos desde hace al menos dos sexenios sin un sustento legal claro o una fecha final que ya se estableció en principio para el final del actual gobierno.
Sin embargo, al igual que cualquier otra institución, las Fuerzas Armadas pueden sufrir un desgaste acelerado si los resultados en seguridad pública no son los esperados y ese es un riesgo enorme, además de que relegan a los debilitados cuerpos policiacos locales y federales, muchos infiltrados por el crimen, evitando que puedan consolidarse como un cuerpo necesario, responsable de la paz y la tranquilidad.
En ese contexto, la Guardia Nacional puede surgir como el término medio de una estrategia que funcione y, por un lado, reflejar los valores de las Fuerzas Armadas, al mismo tiempo que genera una identidad propia para preparar a las y los nuevos policías que México requiere.
Pero hablamos de una situación de emergencia, que por su naturaleza va contra reloj y exige logros inmediatos, una presión que es fácil convertir en argumento político y no necesariamente en sistemas, buenas prácticas y casos de éxito técnico.
Un elemento podría inclinar la balanza y ayudar a que esta dirección que han tomado las autoridades obtenga dividendos, sin embargo, es uno que muchas administraciones han obviado o no le dieron importancia frente a lo monumental del reto: la confianza de la ciudadanía en sus fuerzas de seguridad.
Si los ciudadanos acompañamos a la Guardia Nacional, la hacemos nuestra, a la par que a nuestras Fuerzas Armadas, entonces la base social del crimen se debilitará rápidamente, lo que dificultará mucho su operación, basada en la impunidad y en las complicidades. De lo contrario, seguiremos fomentando los enfrentamientos entre éstas y los delincuentes por el control de las calles y de los territorios en los que cometen sus crímenes.
Generar esta confianza significa corresponsabilidad, es decir, que cada actor social haga lo que le toca. La Guardia Nacional y los cuerpos de seguridad que sí cuentan con cierta confiabilidad tendrán que convencer a la sociedad mexicana de que merecen ese respaldo, mientras que nosotros los ciudadanos cumplimos con nuestras obligaciones de denunciar, rechazar la criminalidad y desarmarnos en todo el territorio nacional.
No obstante, es fundamental que los mexicanos contemos con vías seguras y confidenciales para denunciar cualquier evento que perjudique nuestro buen y bien vivir, sin ellas, el miedo y el desinterés de cooperar con unas autoridades de seguridad poco confiables hoy, hará muy lento el combate a la delincuencia organizada, que es toda.
El problema no será el decreto, que ya conocíamos y fue aprobado por mayoría legislativa desde el año pasado, ni la duración de este encargo para la Fuerzas Armadas, que por otro lado da certidumbre a un limbo en el que habían desempeñado tareas de seguridad pública, sin la ausencia de confianza para colaborar y coordinarnos con quienes deben garantizarnos tranquilidad. La apuesta es por la confianza, sustentada en el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas para detener la violencia y eso sólo se logra con el acompañamiento de la sociedad en su conjunto.
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