¿Desterrar la corrupción y purificar la vida pública?

A casi dos años de gobierno, es claro que el combate a la corrupción es más un comodín en la baraja retórica y de operación política presidencial que algo siquiera cercano a una lucha. Y no hablamos de operar alguna estrategia al respecto, pues no aparece nada de eso ni visos de que lo habrá, más allá de dichos: ya no hay corrupción porque se prohibió y no se tolera; se barre como las escaleras, desde arriba, donde ya no es lo mismo porque hay autoridad moral.

Lo que sí hay son suficientes contradicciones como para pensar que en esta trama no se cumplirá aquella sentencia, atribuida a Lincoln, de que “no puedes engañar a todos todo el tiempo”.

Sí hay corrupción cuando, por ejemplo, se decide tomar el dinero de fideicomisos y, de pasada, centralizar más el poder público, o siempre que se quiera imponer alguna decisión arbitrariamente, contra las resistencias que se interponen “porque no quieren perder sus privilegios”. Eso son resabios “de las administraciones pasadas”. No la hay cuando se acusa a celebridades o gente cercana del movimiento y gobierno de regeneración o quedan evidenciadas. Eso, nos dicen, es politiquería, y de quién más sino de los corruptos.

En la caverna platónica de La Mañanera o ante la Asamblea General de la ONU se habla una transformación para “purificar la “vida pública”. Claro, nada como la “renovación moral” del que sería el primer gobierno del “periodo neoliberal” de acuerdo con la historiografía de la nueva edición de la moralidad en el poder, mucho menos como la cacería de “peces gordos” del cuarto.

Mientras tanto, México empeoró en el indicador “Ausencia de corrupción” que mide el World Justice Project. En la edición 2020 de su Índice de Estado de Derecho, se ubicó en el lugar 121 de 128, versus el 102 de 113 en la edición anterior. Hace dos años, 90% de los países evaluados eran menos corruptos que el nuestro y ahora son el 94%. La calificación cayó de 0.31 a 0.27 (1 es fuerte adhesión al Estado de Derecho).

Entre las paradojas narrativas, en el segundo informe de gobierno se nos dijo que “ya se acabó la robadera de arriba”, aunque hay que seguir trabajando para desterrarla por completo. Como si ésta fuera un personaje que algún rey envió condenado al desierto. De cualquier modo, se presumió que gracias a que no se le permite, y por la “austeridad republicana”, ya se han ahorrado 560 mil millones de pesos.

No se han dado detalles de cómo se llega a esa cifra ni sabemos dónde está o en qué se gastó. Menos aún por qué el dinero sigue sin alcanzar y se tiene que despojar a fideicomisos para científicos o la protección a víctimas, a quienes se pide serenidad con otras paradojas de antología: es para la emergencia de salud, aunque se les entregará lo mismo; no había transparencia, pero no podemos decir cómo vamos a gastarlo ahora exactamente.

Los estudiosos de la ciencia política y de la administración pública hacen hincapié en que el combate a la corrupción es un tema de sistemas e instituciones efectivos de prevención y profesionalización burocrática, transparencia y rendición de cuentas, fiscalización, investigación y procuración de justicia contra la impunidad, y aquí cabe la participación ciudadana que empuja en esa dirección. Más que de moralización y voluntarismo: eso lo ha sabido, desde tiempos inmemoriales, quien quiera que haya reflexionado sobre la naturaleza humana.

Cuando como nación tengamos voluntad y realismo para ir en ese sentido contra la corrupción, más de esfuerzos consistentes y de instituciones sólidas que de movimientos supuestamente regeneradores, entonces habrá un cambio. No redención, pero sí un México mejor.

Por lo pronto, aunque la corrupción es omnipresente en el discurso y la narrativa, no se aprecia ningún esfuerzo relevante de carácter institucional, más allá de reformas legales que aumentan penas a los delitos: populismo penal en el mejor de los casos; en el peor, de ejercicio antidemocrático del poder.

No hay programas de profesionalización y fortalecimiento institucional de prevención, control y procuración de justicia. El desarrollo del Sistema Nacional Anticorrupción está detenido y olvidado. Más que a combatir a la corrupción, parece que ha habido más prisa en atacar o controlar a organismos autónomos.

Han aumentado las compras directas o por invitación restringida, propicias a la discrecionalidad y la opacidad. Cerca de 80% de los contratos ha sido entregado por adjudicaciones directas, según Mexicanos contra la Corrupción.

Como en sexenios anteriores, la procuración de justicia ha estado marcada por la sombra del uso mediático y político. Inclusive de manera más burda que antes, como en el caso de la consulta pública para enjuiciar a expresidentes, en vez de promover denuncias puntuales si se sabe de algún delito específico, y ésta devenida en “esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados” por el filtro editorial de la Suprema Corte.

Lo mismo puede decirse del uso del fantasma de la corrupción para cancelar las obras del aeropuerto de Texcoco, sin que a la fecha se sepa de alguna denuncia o siquiera investigación.

Por si fuera poco, no han faltado escándalos de presuntos actos de corrupción de miembros prominentes del gobierno o gente muy cercana, inclusive acusaciones contra el pintoresco y paradójicamente denominado Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

¿Cómo se puede pretender “purificar la vida pública” corrompiendo el lenguaje y los conceptos así? Los países que han reducido la corrupción lo hicieron vía el fortalecimiento de la legalidad y las capacidades institucionales del Estado; no con cruzadas verbales por misiones etéreas. No existen datos objetivos para evaluar la efectividad de la demagogia contra la maldad; sí es evidente que la realidad sigue ahí, como el dinosaurio de Augusto Monterroso.

No se trata de cambiar la condición humana, sino de afianzar el Estado democrático de derecho.

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