La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) –creada el 23 de agosto de 2013, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que integra a las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 224 municipios del Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala–, aún no logra convertirse en un ente público descentralizado, con personalidad jurídica y con un presupuesto propio asignado por la Cámara de Diputados.
Hasta ahora esta Comisión enfrenta un “congelamiento” silencioso y sólo se le recuerda en las contingencias atmosféricas o cuando estalla una crisis ambiental.
Vale precisar que la actuación de este organismo está regulado sólo por un convenio de coordinación por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y los gobiernos estatales, lo que implica que siempre se recarga en las voluntades políticas de los gobernantes.
Esto ya pasó con la anterior Comisión Ambiental Metropolitana, que se caracterizó por su actuar desarticulado y encajonado a las banderas políticas de cada gobierno. Simplemente, cabe recordar cómo se disputaban la presidencia del organismo las administraciones priistas del Estado de México con las entonces perredistas de la Ciudad de México. Hasta para emitir un boletín había confrontación y se llegó al extremo de fracturar el programa de Verificación Vehícular en el que ambas entidades se acusaban de corrupción. La polarización política afectó seriamente la agenda ambiental metropolitana, y los signos de ésta siguen latentes.
El ansiado tejido ambiental de megalópolis aún es débil y únicamente se hilvana cuando afloran las crisis de mala calidad del aire, y es por ello que hace falta una reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para blindar la CAMe y dotarla de un sólido soporte jurídico que le permita navegar en todas direcciones con fuerza legal y con recursos suficientes para impulsar programas de investigación y de restauración ecológica.
Desde su creación han pasado tres coordinadores ejecutivos: Francisco Barnés Regueiro, Martín Alberto Gutiérrez Lacayo y, el actual, Víctor Hugo Páramo, quien fuera nombrado en plena emergencia ambiental en mayo de 2019, cuando a la CAMe se le había dejado por más de dos meses acéfala debido al desinterés que mostró el Gobierno Federal. Tuvo que presentarse la crisis del aire dañino por partículas menores a 2.5 micrómetros (PM 2.5) para que las autoridades reaccionaran.
Estos personajes han sido designados por las autoridades de los gobiernos en turno, tanto federal como estatal, y tal vez ello no implicaría un problema, pero siempre están sujetos a las agendas políticas del poder, pese a que la CAMe en su directorio incluye como un “consejo asesor” a 15 notables expertos, entre ellos al Premio Nobel de Química Mario Molina.
Después de la emergencia ambiental por la que atravesó el Valle de México el año pasado, se alzaron diversas voces de los legisladores federales y del Congreso capitalino para impulsar los cambios en el organismo que lo llevaran a robustecerlo jurídicamente y descentralizarlo, pero todo quedó en pronunciamientos, y las agendas legislativas movieron sus prioridades congelando a la CAMe, tal vez hasta que se vuelva a presentar otra emergencia ambiental en la metrópoli.
El asunto no es menor sobre todo si consideramos que la población que conforma la megalópolis es de aproximadamente 35 millones de personas, y en el actual contexto de la pandemia por la COVID-19, se le suman las temporadas de otoño e invierno con la influenza estacional y con inversiones térmicas prolongadas por la presencia de aire frío que provoca que los niveles de contaminación se eleven, principalmente por partículas finas suspendidas (PM 10 y PM 2.5).
Estamos ante un episodio muy complejo sin precedentes que obliga a las autoridades en la materia a diseñar una estrategia científica en materia de salud y calidad del aire, pero también es otro llamado de atención a los legisladores, quienes todavía no dimensionan la importancia de un organismo como es la CAMe y de los urgentes cambios para fortalecerlo.
Víctor Hugo Páramo tiene una gran ventaja, es reconocido y apoyado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, experta en cambio climático y contaminación atmosférica (y quien ya fue secretaria de Medio Ambiente capitalina en el periodo 2000-2006), y esto lo puede capitalizar con los legisladores, sobre todo con la bancada del partido en el poder, para que el organismo dé el salto histórico y supere la etapa de las voluntades políticas.
La CAMe debe estar blindada de los cambios en la geografía política de la megalópolis, y sólo así podrá avanzar en su misión para el mejoramiento de la calidad del aire, combate al cambio climático, gestión integral de recursos hídricos y conservación y restauración de la biodiversidad. Y, además, podrá enfrentar con mejores herramientas la emergencia sanitaria vinculada a la contaminación atmosférica.
Señores legisladores, la agenda no sólo está en echarle montón a las iniciativas del Ejecutivo federal para sacarlas adelante, también hay otros temas como el ambiental que merecen toda la atención e inteligencia para reformular leyes.
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