Con la inminencia de una imposición para prohibir la subcontratación laboral en México, que entraría en vigor a partir de enero del próximo año, de última hora, el 9 de diciembre se dio un acuerdo entre el Gobierno Federal, una representación del sector empresarial encabezada por el Consejo Coordinador Empresarial y dirigentes sindicales. Esto, para dar espacio a la negociación y posponer la resolución en el Poder Legislativo hasta febrero. Pero el riesgo para el empleo formal subsiste.
Por lo pronto, una parte sustancial de la representación de la iniciativa privada –Coparmex, Canacintra y Consejo Nacional Agropecuario– manifestó públicamente que no respaldaba dicho acuerdo, ya que la prohibición del outsourcing, en lugar de una regulación sensata y eficaz, es inaceptable por la afectación que tendría para el sector productivo y el empleo, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas. Sobre todo, estos organismos destacaron acertadamente la irracionalidad y la arbitrariedad de lastimar a empresas y trabajadores formales que cumplen la ley por lo que haga una minoría que ha abusado de esta figura de contratación laboral.
Todo apunta a que desde el gobierno hay una política que, en aras de supuestamente ayudar a los trabajadores, acabará perjudicándolos, al inhibir y encarecer el empleo formal, con prestaciones sociales y mejores salarios, para estimular la informalidad que no paga impuestos, pero tampoco suele encontrar expectativas viables de crecimiento y desarrollo. Eso provocarán inevitablemente medidas como prohibir la subcontratación, elevar las cuotas patronales a las Afores así sea gradualmente, decretar unilateralmente un aumento del salario mínimo y mantener los cotos a deducciones fiscales en distintos rubros relacionados con las nóminas.
Todo esto en medio del peor momento de la pandemia y la recesión más abrupta en 90 años. Cuando la inversión se ha caído, cierran miles de empresas permanentemente y cunde el desempleo.
Acuerdo Gobierno-IP
Como antecedente, vale la pena repasar los cuatro principales puntos del acuerdo que firmaron el Ejecutivo Federal y dirigentes empresariales.
En primer lugar, las partes se comprometieron a resolver el problema del abuso de subcontratación: las empresas iniciarían el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley del Ejecutivo Federal. Ahí hay un primer problema, pues pareciera darse por hecho que la reforma se dará y sólo se concede un poco de holgura para adaptarse.
En segundo lugar, se da tiempo para evaluar y definir un sistema de reparto de utilidades justo para ambas partes. De darse un acuerdo al respecto, ayudaría a reducir los costos de transferencia de personal contratado bajo figuras de outsourcing o insourcing, pero otras problemáticas subsisten. Sobre todo, la principal: prohibir algo que es legítimo, legal y funcional, en vez de regular y castigar a quienes abusan.
El tercer compromiso fue solicitar al Poder Legislativo posponer a febrero la discusión parlamentaria de la iniciativa, que luego entraría como preferente para que en plazo no mayor a 30 días se debata y apruebe.
Finalmente, se llama a las empresas a que de inmediato dejen de desarrollar prácticas irregulares perjudiciales para los trabajadores como los despidos en diciembre. El IMSS, el Infonavit y el SAT harán un exhorto formal y procederán administrativa o penalmente contra infractores. Nuevamente, se convoca a la confusión y aun la desinformación, dado que gran parte de las bajas en las nóminas de fin de año obedecen a motivos igualmente legítimos y legales, por el trabajo temporal requerido en los meses previos que llega entonces a su término.
Regulación sí, prohibición no
Para la Coparmex, la Canacintra y el CNA, la posición contraria al acuerdo con el Gobierno Federal es de principios: la iniciativa del Ejecutivo para prohibir el outsourcing pretende coartar la libertad de la contratación. En su visión, atenta contra la creación y preservación de empleos formales y su aprobación, en los términos presentes, dañaría seriamente a la competitividad del país y llevaría al cierre de miles Mipymes o su traspaso a la informalidad.
En esencia, el acuerdo con el CCE preserva la idea de prohibir de manera sustancial la actividad de la subcontratación, dejándola relegada sólo a la subcontratación especializada. Además, se rechaza un acuerdo y una iniciativa que, a fin de cuentas, estigmatizan a los empresarios como los artífices del no cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales.
Estos organismos dan en el blanco al señalar que la responsabilidad sustancial por las actividades irregulares que han sucedido en relación con la subcontratación recaen en la inadecuada supervisión y fiscalización por parte de las autoridades: SAT, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Infonavit e IMSS. Igualmente, en lo absurdo que resulta generalizar y responsabilizar de las conductas ilegales y la falta de fiscalización a las empresas y patrones que sí cumplen.
Como apunta la Coparmex, los ilícitos los comete, en todo caso, una minoría que, efectivamente debe ser frenada y sancionada. Eso es muy diferente a cortar de tajo y hacer que paguen “justos por pecadores”.
Debe ser atendido lo que propone el sector empresarial que rechaza explícitamente la prohibición del outsourcing, como medida absurda que por resolver una problemática generará una aún mayor, y sin solucionar la causa original. Como señalan, ir a un diálogo abierto y franco en el ámbito del Poder Ejecutivo y con los legisladores en aras de lograr un marco normativo e institucional eficaz con un sentido preciso: regulación sí, prohibición no.
En suma, se trata de vigilar a las empresas que utilizan este esquema de contratación legal, legítimo y en general benéfico tanto para el empleado como el empleador, para, por supuesto, sancionar la simulación y las infracciones. Con eso debería bastar, en lugar de restringir la libertad de trabajadores y empresas para celebrar contratos conforme a sus intereses y de acuerdo con la ley.
Eso es justamente lo que señala Coparmex: libertad de contratación debería permitirse sin más límites que el cumplimiento de las obligaciones legales, fiscales y de seguridad social; que se garanticen los derechos de los trabajadores.
Causas estructurales
Entre las razones por las que las empresas mexicanas recurren a la subcontratación destaca el alto costo de la contratación formal en México, frente a los incentivos y la competencia desleal de la informalidad. En especial, el reparto de utilidades (PTU) al 10% constituye, a fin de cuentas, un impuesto adicional que disminuye la competitividad, pues se suma a un elevado ISR con tasa nominal de 30% contra un promedio de 21.8% de los países de la OCDE, a lo que se suman gravámenes como el de dividendos. Todo eso implica un peso fiscal de cerca de 50 por ciento.
Especialistas laborales han llamado la atención de que con la actual fórmula de cálculo del PTU y con la prohibición de la subcontratación, algunas empresas tendrían que pagar dos o tres años de sueldo a cada trabajador sólo por ese concepto.
Para resolver estructuralmente y de forma sustentable los desequilibrios y distorsiones del mercado laboral hay que entrar a fondo uno de los mayores desafíos de la economía nacional: la división entre formalidad e informalidad (al menos 56% de la población ocupada). Esto implica abordar las reformas pendientes en materia hacendaria y de seguridad social.
En cambio, México perdería demasiado con la prohibición del outsourcing, como remedio provisional e improvisado que, en lugar de ir contra los abusos, lastimará a quienes utilizan una figura utilizada y reconocida en todo el mundo. Empleada correctamente, conforme a las leyes, con la cobertura de las obligaciones y prestaciones de seguridad social de los trabajadores, así como con el fisco, la subcontratación legal fomenta del empleo, la formalidad económica y la inversión productiva.
De hecho, las recientes reformas laborales, desde la que se hizo en 2012, han propiciado una mejor regulación de la subcontratación, otorgando más certidumbre a trabajadores y patrones. Incluso auspiciaron un proceso incipiente de formalización laboral, insuficiente pero que iba por el camino correcto.
Inoportuna imposición
Prohibir el outsourcing desincentiva la formalización y empujará a muchas empresas formales a recurrir a la informalidad, sobre todo entre las Pymes, que concentran la mayor parte del empleo en México. El golpe se da en un contexto que ya de por sí propicia ese desajuste.
Recordemos que hoy se promueve un sistema de seguridad social dual: por un lado, uno contributivo, sostenido mayormente por los trabajadores y las empresas que pagan cuotas al IMSS, ISSSTE y otros sistemas; por otro, uno gratuito en la forma de derechos generales para la población, cubierto por el gobierno con el presupuesto público, dependiente del dinero de los contribuyentes, y canalizado a través de programas sociales e instituciones sumamente precarias como el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Eso simplemente no es sostenible, y menos aún si a la par se aumentan las restricciones, se imponen aumentos salariales sin consenso y elevan las cargas de seguridad social y tributarias.
La subcontratación permite que muchos trabajadores encuentren empleo y, a la vez, que las empresas sean más competitivas, pues ahorra costos, brinda flexibilidad en las plantillas laborales y nóminas y da espacio para enfocarse en el meollo de cada negocio. Esas ventajas resultan aún mayores en un mercado laboral y una economía con los grados de distorsión antes descritos. No por nada, de acuerdo con datos del INEGI, hay más de 4.6 millones de trabajadores contratados por esta vía, 1.2 millones sólo en la industria manufacturera, que concentra la mayor cantidad.
En tales condiciones, una imposición como la de la prohibición de la subcontratación no podría ser más inoportuna, máxime cuando estamos ante una de las más severas crisis económicas que haya sufrido el país, al menos en 90 años. Poco más de 4 millones de personas no han logrado reinsertarse al mercado laboral, casi un millón en el sector formal.
En realidad, deberíamos tender hacia la flexibilización que sea conveniente tanto para la oferta como la demanda de trabajo. En México urge que haya más empleos y se necesita dar certidumbre a la inversión y a la actividad económica para que eso sea posible.
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