La CONAGO y los temas de seguridad pública

La semana pasada se llevaría a cabo en la Cámara de Diputados Federal la sesión en la que se dictaminaría y aprobaría la Ley de Mando Mixto Policial. Más allá de las acusaciones al PRI de haber reventado la sesión para que ésta dejara de realizarse por falta de cuórum, posponer la discusión puede ser una oportunidad para reflexionar a profundidad si en verdad este modelo de mando policial es el más conveniente según las circunstancias que en materia de seguridad estamos viviendo en nuestro país.

Desde luego, junto con la legislación que regule la participación de las fuerzas armadas en esta materia, es urgente que entre en vigor la normatividad del nuevo modelo policial. Está más que probado que, tanto la legislación que actualmente regula la materia, como las instituciones policiales, son obsoletas y están fuera de la realidad.

Sin embargo, me parece que el Mando Mixto Policial no es la mejor opción para cambiar lo anterior. Este modelo fue aprobado ante la negación de algunos actores políticos que no aceptaron perder los recursos económicos que obtienen a través de los municipios (recursos etiquetados para seguridad pública) en donde gobiernan los partidos políticos a los que pertenecen; sobre todo, cuando no detentan el gobierno estatal. El argumento a favor de este modelo se centró en que con él se respetaría la naturaleza jurídica del municipio, dejando intactas sus atribuciones constitucionales en la materia.

Por el contrario, el Mando Único Policial presenta mejores condiciones, tanto administrativas, económicas y, sobre todo, operativas.

Administrativamente, sería más fácil que todos los recursos dependieran de una sola cabeza; en este caso sería la del titular de la seguridad pública en cada entidad. De los bienes que actualmente tienen los municipios (infraestructura, equipo y personal), estos deben ser desincorporados previa autorización de cada uno de los Congresos estatales en los que podría considerarse una indemnización.

Económicamente habría una reducción considerable al momento de estandarizar diseños de uniformes y equipo en general. No es lo mismo el costo unitario por 10 uniformes que por 1,000. Además, el beneficio, también, tendría que advertirse en sueldos y prestaciones para los policías, ya que ahora todos serían autoridades estatales; lo anterior, por mencionar sólo algunos de los beneficios.

Operativamente es más fácil garantizar resultados positivos con una sola corporación policial que con tantas como municipios haya en los estados. Se tiene más control y orden al existir un solo mando.

Para no vulnerar las competencias del municipio en la materia, bastaría con dejarle a éste las de proximidad social y prevención del delito, mismas que son sumamente importantes; en realidad, deberíamos apostarles mejor a éstas ya que muchas veces se ha probado que más vale prevenir que sancionar y lamentar.

Ante la evasión del tema en la Cámara de Diputados, se presenta una gran oportunidad que, desde la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), se viertan reflexiones y propuestas sobre los temas de seguridad pública y nacional. Su actual presidente, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, ha propuesto en la agenda discutir, inclusive, el nuevo sistema penal acusatorio para advertir sus fallas y proponer las debidas modificaciones; de igual manera, se ha comprometido a hacer lo propio con las aún iniciativas de Mando Mixto Policial y Seguridad Interior.

No es cosa menor que estos temas se estudien en seno de la CONAGO, ya que el peso e importancia política de todos los gobernadores del país es significativo, inclusive, determinante, y por lo que se pudieran destrabar estos y otros pendientes. Para ello, es fundamental que, aprovechando la nueva oportunidad que se tiene, se hagan llegar de especialistas en la materia, tanto de la academia, pero también de los propios secretarios de seguridad pública u homólogos, que son los que viven día con día las experiencias del servicio en esta materia.