Cuando se conformó el Sistema Nacional de Seguridad Pública en 93-94 se hizo por dos razones concretas. Una que pretende que las fuerzas institucionales en la materia hicieran frente de manera coordinada a los fenómenos delictivos provenientes, principalmente, del crimen organizado, mismos que empezaban a tener gran notoriedad en nuestra sociedad. La otra, para que se reforzara el estado de fuerza, en tanto recursos humanos, materiales y económicos en el combate a los delitos al intervenir de manera coordinada todas las fuerzas, llámense policías municipales, estatales o federales; agentes de las procuradurías estatales o de la república; el CISEN, la SEDENA y la SEMAR.
Aquellos años son, tal vez, el parte aguas que precisamente nos llevó a la necesidad de organizarnos y hacer frente común a la delincuencia; años de los más complicados en nuestro país a consecuencia de problemáticas en materia de seguridad pública como las muertes del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu; el levantamiento del EZLN; la sanguinaria disputa entre los diferentes cárteles por el dominio de la producción, el mercado y las rutas de la droga. Aunado a todo ello, también, la trágica devaluación de nuestra moneda.
Precisamente, la violencia originada por los cárteles empezaba a ser nota recurrente en las primeras planas de los diarios nacionales e internacionales; dichos cárteles se caracterizan por ser verdaderas empresas en las que el trabajo está perfectamente organizado y sistematizado. Por el contrario, las fuerzas de seguridad pública, tanto federales, estatales y municipales, estaban totalmente desorganizadas. Inclusive, dentro de un mismo nivel de gobierno, las instituciones de seguridad suelen no tener coordinación debido a celos políticos o desconfianzas mutuas. Hay veces que el Procurador General de Justicia no tiene la mínima coordinación con el Secretario de Seguridad Pública del propio Estado, lo que evidentemente será en perjuicio siempre de la ciudadanía y en beneficio de los criminales.
Llevamos 22 años en los que México opera la seguridad pública a través de un Sistema Nacional, mismo que pretende privilegiar la coordinación institucional para hacer frente a la delincuencia. Sin embargo, dicho Sistema pareciera que no ha dado los resultados deseados.
Lo anterior se debe principalmente a dos situaciones. La primera a que tenemos una Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que no tiene dientes y la segunda a que la conformación quedó bien en el papel, pero no en la práctica.
En términos generales, esta Ley señala que el Sistema se conformará de un Consejo Nacional que será la instancia suprema, 4 Conferencias Nacionales (Procuración de Justicia, Seguridad Pública, Sistema Penitenciario y de Seguridad Pública Municipal); de los Consejos Locales e Instancias Regionales y del Secretariado Ejecutivo. Dichos órganos deben de sesionar constantemente a efecto de establecer acuerdos en materia de prevención y combate al delito, además de otros temas como el desarrollo de sus instituciones y de su personal. Pero, suponiendo, que en la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública algún Titular del ramo de un gobierno estatal se comprometa a algo y no lo cumpla, la Ley no señala un mecanismo para obligarlo a cumplir, ni tampoco uno claro de sanción como consecuencia; es más, si ni siquiera acudieran a las reuniones los Titulares, tampoco la Ley prevé algún tipo de sanción. En realidad, el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el seno de las Conferencias está sujeto a la buena voluntad. Esta situación pone en estado de vulnerabilidad e ineficacia al propio Sistema Nacional de Seguridad Pública, dado que dicho cumplimiento de acuerdos puede o no realizarse sin mayor consecuencia.
En el papel, la ley parece que contempla de manera eficiente la coordinación, pero en la práctica, en razón de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal (por poner sólo un ejemplo) ésta no es operante ya que solamente la componen 2 Presidentes municipales por estado (cuando en el caso de Oaxaca hay 570 municipios y a nivel nacional contamos con 2445), cada uno de partidos políticos e intereses diversos y con una vigencia de sólo tres años para su gestión. Esto provoca la imposibilidad de políticas públicas que contemplen los intereses de todos los municipios. Además, al durar sólo tres años en el cargo, los acuerdos adoptados no encuentran solución ya no sólo por la falta de voluntad política, sino también por la insuficiencia de tiempo y de continuidad de la siguiente administración municipal.
Por tales motivos, urge reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para establecer mecanismos y dientes que garanticen su cumplimiento y, con ello, que las autoridades implicadas, ya como responsables o coadyuvantes en el ánimo de coordinación como lo señala este ordenamiento legal, sean más eficientes y eficaces para logren mejores resultados.
Hablar de un Sistema es entender su funcionamiento dependiente de todos los engranes que lo integren. Si un engrane no funciona o, inclusive, si un sólo diente de, por más que lo fuera, un pequeñísimo engrane esta inservible, el sistema en su conjunto será también inservible. Por ello, es necesario que se siga reflexionado sobre este tema para identificar las fallas y proponer las correcciones debidas.
Es cierto, la ineficacia de nuestro Sistema Nacional de Seguridad Pública se debe también a cuestiones de corrupción e impunidad; a la mala formación y desarrollo policial; a la falta de mejoras de las instituciones y, sobre todo, de los policías. Sin embargo, es una oportunidad de políticos, autoridades, académicos y organizaciones ciudadanas para que se comprometan con el tema y lograr en conjunto algo trascendente y necesario para nuestro país.
@marcialmanuel3
