El desabasto de medicamentos en las instituciones de salud pública nacionales sigue siendo una tortura para millones de derechohabientes, una incógnita y un pendiente de vida o muerte.
Para nadie es un secreto que depender de los servicios de salud públicos, principalmente del IMSS y del ISSSTE es, y siempre fue, una condena a muerte.
Y es que incursionar en la burocracia del sistema de salud es un laberinto insondable, cuyos vericuetos resultan interminables, angustiosos e indescifrables para los pacientes.
Los enfermos pueden morir en el intento de ser atendidos en un hospital de especialidades, durante el tiempo de espera de una cita médica, en lo que se desocupe una cama para ingresar al nosocomio, en lo que aguarda a que se le extirpe un tumor o en lo que se abastece del medicamento necesario para salvar su vida.
Conocí a un paciente que iba a ser operado en el ISSSTE, en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, de un tumor muy grande en el cerebro. Para realizar la cirugía tenían que hacerle obligadamente una resonancia magnética, pero cuando fue al área correspondiente del hospital, el 14 de diciembre de 2019, le dijeron que sí, que su cita ya estaba agendada para el 31 de diciembre, pero de 2020, porque había mucha demanda.
Pareciera un chiste, pero es la realidad de nuestro sistema de salud público: insuficiente infraestructura hospitalaria, falta de equipo, burocracia inflexible, creciente demanda y, en consecuencia, cada día mayor deterioro de los pacientes, más lento su recuperación y mayor deterioro de su calidad de vida.
Ahora, con la irrupción de la pandemia, cientos de miles de enfermos quedaron en el limbo, sin consulta de especializaciones médicas desde hace más de seis meses, cirugías canceladas y con el 90% de los servicios hospitalarios cerrados para concentrar los esfuerzos en la emergencia sanitaria.
El servicio que obligadamente sigue activo es la entrega de medicamentos en farmacias, pero el desabasto frustra a los derechohabientes que se abarrotan a diario a las afueras de los hospitales, con alto riesgo de contagiarse de Covid-19, para que de las diez medicinas que amparan sus recetas, sólo reciban cinco.
Es un hecho que a pesar del compromiso del gobierno se agudiza la escasez de medicamentos sin que nadie dé una explicación clara y convincente del porqué.
Al principio de este gobierno se habló extraoficialmente de compras consolidadas de medicamentos para atajar la corrupción a través de la Oficialía Mayor de la SHCP.
Después, la autoridad aseguró que para desmonopolizar la compra se diversificaron las empresas farmacéuticas para la adquisición más barata y expedita.
Luego, se acusó que en algunos hospitales ocultaban medicamentos; incluso, se estigmatizó a los padres de los niños con cáncer, quienes se han manifestado para exigir los fármacos para las quimioterapias de sus hijos, acusándolos de ser un grupo pagado por opositores al régimen.
El último rumor es que la certificación, distribución y entrega, que antes estaba incluida en la adquisición, se convirtió en caótica por falta de previsión gubernamental.
Parece que nadie le quiere decir la verdad al presidente sobre cuál es la problemática real y de fondo, del desabasto de medicinas ni las consecuencias de tomar decisiones apresuradas en un sector tan delicado.
Es inaplazable que el gobierno federal informe a la brevedad con claridad, transparencia y precisión qué ha provocado esa falta de fármacos, pero también que nos diga qué acciones ha tomado para resolverlo.
Todos los mexicanos queremos conocer cuáles son los actos de corrupción que se realizaban y ahora se están evitando, porque cualquier intento, consumado o no, de evitar el acceso a un medicamento es, en estricto sentido, un crimen.
No olvidemos que la entrega de medicamentos a quienes más lo necesitan es asunto de vida o muerte.
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