¿Qué tendría que cambiar para no volver a la normalidad de los problemas globales, previos a la pandemia, siendo los mayores la concentración de la riqueza y el calentamiento global? Personajes de diversas naciones e ideologías están discutiendo cómo dar un giro al capitalismo sin que deje de ser capitalismo, es decir, un sistema que depende de las utilidades que obtengan las empresas.
La pandemia vino a generar la oportunidad de cambios y ya destacan algunas tendencias globales, con las cuales, el gobierno de México va a contracorriente.
Desde la década de 1970 se impuso en Estados Unidos el llamado “capitalismo de acciones” al que sólo interesan las ganancias de las empresas; funcionó un tiempo, pero a costos ya impagables, como la disminución de los salarios en todo el mundo, el consecuente estrechamiento de mercados, menores ventas y utilidades, al grado que el sector financiero fue una mejor alternativa de inversión para miles de empresas, que las propias de su actividad productiva.
Este modelo ya no es sostenible por el daño ambiental que ha causado, por las desigualdades económicas y sociales en todo el mundo y, según algunos, porque además, la feroz competencia por mercados encogidos, exacerbó nacionalismos y minó todo propósito de cooperación, solidaridad y coordinación internacional.
Ese diagnóstico está sumando adeptos en los círculos de poder en el mundo, movidos a formular alternativas sobre dos premisas clave: que sean socialmente incluyentes y ambientalmente sustentables.
En esa dirección van discursos, como el de Xi Jinping, presidente de la República Popular de China y secretario del Partido Comunista Chino al inaugurar la primera parte del 51º Foro Económico Mundial (FEM); dijo que China desempeñará “un papel más activo para fomentar una globalización económica mundial que sea más abierta, inclusiva, equilibrada y beneficiosa para todos”.
Klaus Schwab, fundador y director Ejecutivo del FEM se considera promotor, entre las grandes empresas transnacionales, de “nuevos parámetros y un nuevo propósito que mida la «creación de valor compartido» y permita mejorar los objetivos «ambientales, sociales y de gobernanza»”.
Ángela Merkel, la canciller alemana, y el presidente francés Emmanuel Macron, celebraron el discurso de Xi Jinping con ideas como la del ejecutivo galo, quien dijo que el mundo “debe ir más allá de la hostilidad a la intervención estatal en la economía”.
Hasta ahora son sólo discursos y bajar al terreno de los hechos será mucho más complicado de lo que parece, dada la “soberanía” de los mercados; Carlos Marx desmontó la lógica de la competencia mercantil entre cualquier número de empresas, para demostrar que entre ellas no hay más relación que las de intercambio conforme a reglas implacables de competencia y maximización de utilidades. Quien pierde en esos dos aspectos, lo paga con su desaparición.
Por eso no deja de ser importante que también la idea de la intervención estatal en la economía tenga fuerza para ganar consenso; y es que la crisis, previa a la pandemia y el propio virus, ha dejado claro que el crecimiento económico no es desarrollo, y que hay que imprimirle propósitos de bienestar social y sustentabilidad ambiental.
De ahí la necesidad de renovar el sector público, no sólo para ampliar sus capacidades organizativas y eficiencia, y rediseñar políticas ante la inoperancia de la ortodoxia, sino también, para recuperar su papel como generador de valor.
La tendencia es que para el “gran reinicio capitalista” se tiene que asumir que sea incluyente y sustentable, y que a la lógica de los mercados se oponga una intervención estatal, inductora de propósitos políticos y sociales del crecimiento económico. Es el anti-neoliberalismo en pleno.
El Estado mexicano intervino de múltiples maneras en el desarrollo durante buena parte del siglo XX con dos propósitos que pronto se convirtieron en demagógicos, pero que aun así contribuyeron a la gobernanza; se trataba de alcanzar la “justicia social” y la “democracia”, mientras se impulsaba y protegía a la inversión privada, y el entorno internacional favorecía que hubiera crecimiento productivo y movilidad social.
Hoy por hoy podría decirse que el gobierno del presidente López Obrador intenta mejorar el bienestar de la población marginada y que ha abierto un diálogo político con la población, sobre los asuntos de gobierno que nunca se habían ventilado, pero falla en el impulso a las inversiones, tanto públicas (los criterios de política económica prevén que en el periodo 2020-2026 caigan de 3.1 a 1.9% del PIB) y falla también en su papel organizativo del desarrollo económico en un entorno internacional muy adverso.
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