La Guardia Nacional forma parte de los 8 puntos que conforman el Plan Nacional de Paz y Seguridad presentado este miércoles por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
Las fuerzas armadas no dejarán las calles de México. La llamada Guardia Nacional propuesta por el gobierno entrante estará integrada por entre 48 y 50 mil efectivos de la policía militar, naval y federal, y entrará en operaciones a partir del primero de diciembre próximo.
Así lo confirmó el próximo secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, quien señaló que estos efectivos cuentan con la preparación para trabajar directamente con la ciudadanía, ante las críticas y reclamos por lo que muchos consideran es un riesgo para los derechos humanos.
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La Guardia Nacional, parte de los 8 puntos que conforman el Plan Nacional de Paz y Seguridad presentado este miércoles por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, destaca que esta dependencia estará bajo el mando operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional y será dirigida por oficiales del Ejército o la Armada.
La propuesta no ha sido abrazada por todos. López Obrador prometió durante su campaña que el Ejército saldría paulatinamente de las calles una vez que él llegara al poder, sin embargo, la Guardia Nacional, destacan los críticos no sólo implica que los efectivos militares permanezcan en las calles, sino que evita su salida en el corto plazo.
Durazo ha justificado la decisión bajo el argumento de que, en el contexto actual, sería imposible enfrentar al narcotráfico sin la ayuda de las fuerzas armadas.
Corte invalida Ley de Seguridad
Para garantizar la creación de la Guardia Nacional, la bancada de Morena en el Congreso dio a conocer que la próxima semana impulsará una reforma para modificar la Constitución, a fin de que se permita que el Ejército cumpla labores de seguridad pública.
Actualmente, Constitución mexicana impide que el Ejército y la Marina intervengan en labores de seguridad pública, una función que corresponde exclusivamente a las autoridades civiles, ésta fue, de hecho, una de las principales razones por la que la polémica Ley de Seguridad Interior fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El fallo se consiguió en una votación de 9 ministros a favor y uno en contra, tras un intenso debate público en el que organizaciones sociales pidieron los ministros vetar la ley que buscaba regular la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad y combate a la delincuencia.
Los riesgos, argumentaban las organizaciones, eran perpetuar la estancia del Ejército en las calles y el aumento de las violaciones a los derechos humanos y abusos de parte de los militares.
