Todos los días presenciamos la profunda inequidad de oportunidades que enfrentan millones de personas, pese a tener los mismos derechos humanos consagrados en la ley.
Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, considera a la pobreza como “la privación de capacidades básicas y no sólo como la falta de ingresos”. Se trata de un fenómeno complejo y multidimensional, que muestra la expresión más drástica de la desigualdad, y que va más allá de la escasez de recursos.
Dicha privación puede expresarse en términos de desnutrición, falta de atención médica, analfabetismo, brechas de todo tipo. La pobreza representa un obstáculo para el disfrute de las libertades fundamentales que permitan tener una vida con bienestar.
Las personas que viven en pobreza experimentan múltiples carencias y adversidades que atentan contra su dignidad, como habitar viviendas inseguras e insalubres, tener condiciones de trabajo deficientes y peligrosas, ser más propensas a enfermedades, estar en situaciones de mayor vulnerabilidad, sufrir discriminación y estigmatización.
En México, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2018, el 41.9% de la población se encontraba en situación de pobreza (52.4 millones).
Cada año en el mes de octubre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza (17 de octubre), con el fin de generar conciencia sobre las necesidades para mitigarla en el mundo hasta llegar a su eliminación.
La actual pandemia de COVID-19 representa un gran desafío para el objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 relativo a poner fin a la pobreza. Según el CONEVAL con datos al segundo trimestre de 2020, el impacto económico de la crisis sanitaria en nuestro país podría incrementar la pobreza por ingresos entre 7.2 y 7.9%, es decir, que alrededor de 8.9 y 9.8 millones de personas podrían sumarse a la población con recursos insuficientes para adquirir una canasta alimentaria, bienes y servicios básicos.
La misma agenda mundial prevé que para alcanzar un desarrollo sostenible es clave tener instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas; y asegurar el acceso público a la información. De ahí la importancia de que los órganos garantes de transparencia incidamos en el combate a los principales problemas nacionales, como es la pobreza y la desigualdad.
El derecho de acceso a la información, que nos permite decidir mejor y potenciar otros derechos, debe jugar un papel transformador para aminorarla y mejorar la vida de las personas en su educación, salud, trabajo, economía, cuidado del ambiente, para avanzar en la inclusión social.
En ese mismo sentido, la educación también es un factor clave contra la pobreza. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su informe Reducir la pobreza mundial a través de la educación primaria y secundaria universal, de 2017, estimó que, de alcanzarse la universalización de la enseñanza secundaria en la población adulta, más de 420 millones de personas podrían salir de esta condición de indigencia, es decir que, en una generación, se podría reducir en más de 50% la pobreza a nivel mundial.
Nelson Mandela afirmaba que: “erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia”. En tiempos tan inciertos con desafíos mayúsculos a enfrentar, aprender a maximizar el uso de la información de calidad en beneficio de las personas, en lo individual y colectivo, puede fungir como eslabón para romper el círculo de la pobreza.
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