Una cosa es querer someter a consulta pública el enjuiciamiento de expresidentes y otra, muy diferente, que las leyes mexicanas lo permitan por sólo desearlo.
La reflexión viene a cuento por la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de someter a consulta pública nacional (plebiscito) si deben o no ser enjuiciados los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Un primer sondeo hecho por un diario de circulación nacional arrojó que 9 de cada 10 mexicanos están a favor del enjuiciamiento, pero sólo 5 de cada 10, la mitad, aceptan que esta decisión pase por el filtro de una consulta nacional ciudadana.
Es contundente la intención popular de procesarlos, pero la opinión se divide cuando se les pregunta si el caso requiere de una consulta pública previa.
Expertos en derecho consultados por esta pluma, consideran que, si efectivamente los expresidentes quebrantaron la ley durante sus mandatos, deben ser juzgados y obligados a resarcir el daño causado a la nación, pero con estricto apego a las leyes mexicanas.
La realidad es que quien viola la ley no necesita pasar por el trámite engorroso de una consulta pública para ser procesado y castigado.
Pero el olfato político del presidente López Obrador es tan agudo que cuando vio que Lozoya trata de implicar a los tres expresidentes mencionados para ver si libra la cárcel, leyó la inmensa rentabilidad electoral que representa para su causa y su partido machacar en la opinión pública la idea de someter a consulta popular el llevar a juicio a tres de los expresidentes más odiados por los mexicanos al término de sus mandatos.
La simple mención de la presunta incriminación de los expresidentes en el caso Lozoya, ha redoblado la estigmatización y el coraje popular contra los tres exmandatarios cuya reputación, hay que reconocerlo, ya estaba muy deteriorada en la sociedad mexicana.
Por eso, someter a una consulta nacional el enjuiciamiento de los tres ex presidentes son tema un día sí, y otra también, de las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador.
Lo que le interesa en realidad al presidente es denostar a sus tres antecesores en el imaginario colectivo, porque al mismo tiempo hunde electoralmente a los partidos políticos que representan y los llevaron al poder.
El Artículo 35 de nuestra Carta Magna, en su fracción VIII, establece como derecho ciudadano votar en las consultas populares “sobre temas de trascendencia nacional y regional”.
La consulta puede ser a petición del presidente, el 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, y los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores, es decir, un millón 798 mil ciudadanos.
Pero lo que no ha dicho con claridad el presidente es que, antes de convocar a la Consulta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver de fondo la constitucionalidad del tema a consultar.
Y el mismo Artículo 35 Constitucional y su Ley Reglamentaria, establecen que “No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos”.
En este sentido, es previsible la resolución de improcedencia que debe dictar la Corte, pues la consulta vulnera el derecho a la presunción de inocencia de los expresidentes y, además, viola la garantía del debido proceso, al tiempo que, también, se violaría la autonomía de la Fiscalía General de la República.
Pero no importa que se juegue con la legalidad, mientras un tema tan delicado como el enjuiciamiento de tres expresidentes aporte una alta rentabilidad política para un gobierno y su partido. No cabe duda, la obsesión por el poder los hace iguales a todos.
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