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Las Paredes Gritan: ¿Quién no quiere juzgar… a los precisos?

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La Suprema Corte

La respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para avalar la propuesta de AMLO, fue muy clara: su pregunta no sirve y fue modificada. La Corte la cambió definitivamente. La decisión se tomó por la diferencia mínima de un voto y con eso se hace evidente la dificultad que tenía la Corte sobre este tema.

Para muchos académicos, periodistas, políticos y público en general, la SCJN se rindió frente a AMLO para no frenar las decisiones autoritarias del presidente. La verdad, su resolución fue muy distinta… “Un Galimatías” se le llamó.

Al escuchar las declaraciones de un par de magistrados, se entiende que mantuvieron un diálogo serio, fundamentado y con muy distintos argumentos.

La pregunta enviada por AMLO a la Corte decía: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?” (Reforma, 01/X/2020).

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Imagen: Proyecto Justicia.

Todo eso se cambió. La Corte la formuló así: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco Constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?” (Ibid.).

Esta pregunta ya no se puede modificar y es constitucional. Se rechazó la planteada por AMLO y se eliminaron los nombres de los expresidentes. Ya no se habla de ellos. No se habla de investigaciones. Tampoco de sanciones… ni mucho menos de delitos.

De hecho, podría servir no sólo para los expresidentes, sino para una larguísima lista de funcionarios que tomaron “decisiones políticas”, afectando a una buena cantidad de gente. ¿Ganamos algo con eso? No… ¡No ganamos nada!

Con el creciente clima de polarización social. Con el “cambio de régimen” que busca la 4T. Y con los conflictos políticos de Morena, la respuesta de la Corte fue una “salida amable” para evitar un conflicto mayor entre el poder Ejecutivo y el Judicial.

De todas formas, la famosa “pregunta”, no servirá para nada. No conseguiremos nada cuando se haga. Y, lo peor de todo, su altísimo costo (8 mil millones de pesos), es excesivo.

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Imagen: Sin embargo.

Si la ley es la ley y funciona (al menos eso queremos creer), muchos de los delitos de los expresidentes deberían ser juzgados. No se necesita una consulta para eso. Si los delitos de algunos de ellos ya “prescribieron” por el tiempo, nos vamos a quedar con las ganas de su juicio.

O tenemos que conformarnos con las historias que se harán sobre esos delitos. Las historias estarán llenas de criterios políticos… ¿O no?

Cuauhtémoc Gutiérrez

Dos notas revivieron el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, conocido como el “Príncipe de la Basura”.

Él es uno de los 89 hijos que tuvo el viejo Zar de la Basura, el priista Rafael Gutiérrez Moreno, quien fue asesinado por órdenes de una de sus 39 esposas, en 1987.

Si esta breve introducción no le puso los pelos de punta, espere a revivir la historia de su hijo Cuauhtémoc.

Hace unos seis años, el equipo de investigaciones especiales de Carmen Aristegui dio a conocer la historia de una red de prostitución que tenía Cuauhtémoc Gutiérrez (que era líder del PRI en la CDMX), la cual pagaba ¡con nuestros impuestos!

Se armó un lío… Fue denunciado. Y fue defendido por periodistas como Ciro Gómez Leyva, quien calificó el trabajo de Carmen Aristegui como “fakenews”.

¿Por qué? Porque en ese tiempo las autoridades correspondientes decidieron absolverlo. Es más, ni siquiera lograron expulsarlo del PRI.

El 11 de septiembre de este año, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, declaró que la Fiscalía capitalina realizará una “investigación profunda”. “En el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre no se reabre el caso, sino que se retoma la investigación y va a ser una investigación a fondo” (Reforma, 12/IX/2020).

Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre
Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre (ilustración: Libertad de Expresión Yucatán).

Lo que quieren demostrar es el compromiso de la Fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy, para mejorar la procuración de justicia en la Ciudad de México. Dijo Godoy: “De una revisión a ésta, se encontraron diversas irregularidades, como testimonios insuficientes, filtraciones y búsqueda deficiente… He tomado la decisión fundada, motivada y apegada a derecho: de ampliar las diligencias para perfeccionar la investigación del caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, con el objetivo de encontrar la verdad y la justicia” (Ibid.).

Cuando se hizo la investigación, se decidió expulsar a Gutiérrez de la Torre del PRI. Pero eso nunca sucedió.

La ex presidenta de la Comisión de Justicia del PRI, Italy Ciani, lo confesó en una entrevista. Dijo que el mismo presidente de ese partido en ese tiempo, César Camacho, fue quien le pidió frenar su expulsión.

Las declaraciones de Ciani

En una entrevista con Carmen Aristegui, declaró: “Estábamos listos para resolver… Estaba yo saliendo de su oficina (de Camacho) cuando me dijo: ‘¿qué vas a hacer?’ Le dije: lo voy a expulsar” (AN, 06/X/2020).

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Imagen: Reporte Índigo.

Y sigue: “(César Camacho) Me dijo siéntate, vinieron una serie de excusas, falacias argumentativas que terminaron con una indicación muy clara para mí que era una orden para absolverlo, lo cual me colocó en un dilema porque poquito o mucho, yo he trabajado y dedicado parte de mi vida profesional a la defensa de los derechos de las mujeres” (Ibid.).

Y renunció al PRI. Las acciones de las autoridades han sido poco serias. Muchas injusticias tienen tintes políticos. Pero hay víctimas y hay denuncias.

¿Serán muestras de la llegada de La Ley a este país?… NPI. “Al carajo la política, soy muy feliz hoy”, dice Ciani.

La Cueva del Delfín

Sentimos mucho la muerte de don Mario Molina. Más allá de haber conseguido un Premio Nobel, era un gran científico y amigo.

¡Vientos huracanados!, si no me piden escribir galimatías como los ministros nos veremos por acá la próxima semana.


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Juicios a expresidentes

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La propuesta de enjuiciar a los expresidentes de México, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por parte de la Fiscalía General de la República, por los delitos cometidos durante sus respectivos mandatos, ha tomado forma en esta última semana al declarar el propio presidente de la República, Andrés López Obrador, que está dispuesto a enviar la iniciativa de ley al Congreso de la Unión, en caso de que no lo hagan alguna de las Cámaras del Poder Legislativo o que sean reunidas la cantidad de firmas necesarias  de los ciudadanos –el dos por ciento del padrón electoral vigente– para proceder legalmente y llevarlos al banquillo de los acusados para que respondan a las acusaciones que se han planteado como es el caso de la denuncia que ha hecho “Emilio L”, exdirector de Pemex y las que se acumulen.

No existe antecedente durante el siglo XX y las dos décadas del presente que un expresidente haya pisado no la cárcel ni siquiera la barandilla del Ministerio Público o un tribunal federal o del fuero común. Solamente podría citarse el caso del presidente Francisco I. Madero, que sin juicio alguno estuvo detenido en Palacio Nacional, durante el golpe de Estado de su Secretario de Guerra, el Gral. Victoriano Huerta, y no llegó a pisar la celda en la prisión de Lecumberri, pues tanto él, como el vicepresidente José María Pino Suárez, fueron asesinados detrás de la misma por órdenes directas del propio militar golpista con la complicidad de los Generales Manuel Mondragón, Aureliano Blanquet y Félix Díaz, durante la segunda y tercera semana de febrero de 1913, que históricamente se conoce como la Decena Trágica.

AMLO y expresidentes de México, juicios
Imagen: DDC.

No obstante, en esta última década el proceso a los titulares del Poder Ejecutivo se ha vuelto una demanda de un gran sector de la sociedad, debido a los supuestos excesos en que han incurrido éstos, y a un mayor crecimiento de la cultura política popular que ha hecho suyas los reclamos de transparentar el manejo de los fondos públicos no sólo de los expresidentes sino de gobernadores, senadores, diputados, presidentes municipales y altos funcionarios que forman el círculo cercano a ellos. No sólo de los recursos públicos destinados a mejorar las condiciones precarias de grupos poblacionales marginados, sino de aquellos asuntos electorales que atentan contra los más elementales principios de un auténtico régimen democrático.

Abunda a ello que la clase política ocupa, junto a los grupos policíacos, los últimos lugares en cuanto a su desempeño. Basta hacer un repaso en redes sociales y otros medios de comunicación para captar la pésima opinión sobre los políticos que son señalados como corruptos y otras apreciaciones de mayor calado, muchas de ellas apoyadas en el sentir y no en la crítica fundada y razonada. No olvidemos que la percepción tiene mayor peso que el pensamiento motivado y certero que pudieran sostenerse en las valoraciones de órganos revisores como son la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y las Contralorías estatales y municipales, por citar sólo los órganos más notorios, encargados de la vigilancia y cumplimiento de las debidas y rectas aplicaciones presupuestales.

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Imagen: El Comercio Perú.

Sin embargo, en el terreno jurídico existen recursos para argüir la defensa de los expresidentes y otros funcionarios de alto y mediano rango, como es el caso de la prescripción de los presuntos delitos cometidos, concepto que puede definirse como aquél que, por el tiempo establecido en la ley, se han extinguido las acciones penales y administrativas en las que incurrieron los implicados en la comisión de faltas y delitos que les son imputados, y por otra parte el concepto constitucional de la no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna, es decir, la no aplicación de una ley posterior a la ejecución de los ilícitos cometidos.

Por tanto, en mi opinión, estos reclamos oficiales y sociales sobre el enjuiciamiento a los expresidentes, puede tratarse de una exhibición de estos que tienen como pena la condena moral a quienes ejercieron el poder sin escrúpulo ni limitación alguna y que será la historia quien los juzgue. Hay analistas más severos que aducen como propósito del régimen ser parte de la campaña electoral del próximo año que será la mayor de la historia de México en medio de condiciones jamás vistas.   


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