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Facebook y Google van a pagar “a su manera”

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Las plataformas tecnológicas operan supranacionalmente y tienen un poderío económico frecuentemente comparable al de países completos. Gozan, asimismo, de una gran flexibilidad porque se mueven en una franja global muy pobremente regulada y los países en general carecen de un marco legal expreso para ordenar su operación. Con esta gran libertad, una de las cosas que más irrita a estos gigantes es que les traten de controlar nacionalmente, por ejemplo, mediante cobro de impuestos locales o políticas anti-monopolio. Pero las circunstancias están cambiando….

Australia ha sido el primer país (otros están en camino) que ha pasado una disposición legal, un Código de Conducta Mandatorio, con el fin de “equilibrar” el poder de negociación entre las plataformas digitales, específicamente Facebook y Google (pero podrían agregarse otras plataformas en el futuro) y los medios periodísticos. Las primeras utilizan gratuitamente las noticias que producen los segundos y, a la vez, reciben cuantiosos ingresos por los anuncios publicitarios que acompañan la retransmisión de noticias. Todo ello con el agravante de que la publicidad ha tendido a desplazarse desde los medios noticiosos a las plataformas digitales, lo que ha llevado a los medios a perder importantes ingresos que anteriormente obtenían por esta vía. A fines de 2019, se estimaba que el 70% de los ingresos generados por la publicidad digital en Estados Unidos eran captados por solo tres grandes compañías tecnológicas (Google, Facebook y Amazon). Para Australia, la agencia de competencia registraba que el 47% de todos los ingresos de publicidad en línea iban a Google y el 21% lo absorbía Facebook.

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Imagen: Times of India.

Australia decidió que estos fondos debían compartirse entre plataformas y agencias de noticias de manera de reducir el poder monopólico de ambos gigantes tecnológicos y compensar de esta manera al periodismo.

La nueva disposición requiere que Facebook y Google paguen por el contenido noticioso producido por terceros y que ellos retransmiten desde sus plataformas a las redes sociales y, aunque la negociación debe ser hecha directamente por los involucrados, se establece un sistema de arbitraje para dirimir posibles disputas. El gobierno designará al árbitro y con ello se espera eliminar el desbalance de poder de negociación entre plataformas y las agencias de noticias. En caso de que Facebook y Google no tengan acuerdos con los medios, el Tesoro de Australia puede “designarlos” para que paguen su acceso a los contenidos de noticias.

La amenaza de promulgar el Código de Negociación con los Medios de Noticias suscitó una batalla entre Facebook y el gobierno de Australia antes de ser aprobado. Facebook mostró su inconformidad ejerciendo por primera vez todo su poder monopólico para forzar al gobierno de ese país a revisar la disposición: interrumpió la transmisión de todos los contenidos informativos dentro de Australia y de este país hacia el resto del mundo durante casi una semana. Google no reaccionó del mismo modo porque no tiene la fuerza monopólica de Facebook ya que los usuarios pueden fácilmente cambiar de buscador prácticamente sin costo. De todas formas, esta compañía amenazó con salirse del mercado australiano, pero inmediatamente después cambió de estrategia y comenzó a negociar con las diversas compañías noticiosas y alcanzó varios acuerdos en forma bastante rápida (por ejemplo, con News Corp, Nine Fairfax, Seven West Media, The Guardian y la compañía de noticias ACM).

Hay que notar que esta nueva disposición de Australia, que se venía gestando desde inicios de 2020, período en que otros países también han estado discutiendo este tema, no tomó por sorpresa a estos gigantes tecnológicos. Ya la venían venir. Por ello han adoptado medidas propias para compensar “a su manera” a las industrias periodísticas sin tener que someterse a reglas establecidas por los gobiernos. A fines de 2020 Google lanzó una iniciativa para distribuir mil millones de dólares a lo largo de tres años entre las compañías del sector de noticias en el mundo (News Showcase). Facebook adoptó una política similar el mes pasado (News Tab). A mediados de febrero de 2021, Google ya había llegado a acuerdos con alrededor de 450 agencias de noticias en diversos países para pagarles mensualmente una determinada cantidad con el fin de acceder al contenido de sus noticias.

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Imagen: Sam Whitney.

Pero la resistencia de las plataformas a seguir reglas impuestas por los países es enorme. A través de su “huelga”, Facebook logró doblegar a las autoridades australianas para que modificaran varios aspectos de la propuesta que estaba prácticamente lista para someterse al Parlamento en la segunda semana de febrero de este año. Las más importantes son, primero, que las compañías digitales tendrán que ser informadas con un mes de anticipación que serán sometidas al “Código”, lo que les dará tiempo extra para negociar con las empresas periodísticas; segundo, si hay una disputa, se extiende el período de negociación voluntaria por dos meses para alcanzar un acuerdo, antes de tener que someterse a un arbitraje; tercero, tendrá que tomarse en cuenta si la empresa de noticias en cuestión ya ha sido beneficiada por un acuerdo comercial con la plataforma de la que se trate o por los programas que ésta haya lanzado para pagar contenidos noticiosos por su propia iniciativa (News Showcase de Google, News Tab de Facebook, por ejemplo); cuarto, el arbitraje se considera un recurso de última instancia.

Después de la batalla entre gobierno y Facebook, tras la publicación de la nueva ley (el 25 de febrero) todos se declararon ganadores, y de alguna forma lo son: Australia por ser el primer país que hace obligatoria una contribución de las plataformas a los medios de comunicación; las compañías periodísticas que firmen acuerdos comerciales con las plataformas; y Facebook (y de paso, Google) por haber logrado mediante un verdadero berrinche que la propuesta inicial se modificara, a manera de tener mucho mejores condiciones para evitar tener que enfrentar el arbitraje del gobierno.

Si bien Australia ha hecho historia con la ley mencionada, desde bastante tiempo antes la Unión Europea había dado pasos similares a los mencionados para el caso de Australia, aunque algo más débiles (no incluye la figura de arbitraje). En 2019, la Unión Europea modificó sus leyes de derechos de autor, que incluyen derechos conexos (neighboring rights) y, entre otras cosas, permite a las agencias de noticias exigir a las plataformas digitales que les paguen por usar sus contenidos, además requieren a las plataformas contar con una licencia para hacer uso de tal información. Francia fue el primer país europeo en implementar esta directiva, agregando para ello un capítulo a su Código de Protección a la Propiedad Intelectual a mediados de 2019.

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Imagen: Seyyed dela Llata.

No es coincidencia, por tanto, que para fines de enero de 2021, Google alcanzara un acuerdo con una importante asociación de agencias de noticias francesa (Alliance de la presse d’information générale) para pagarles fragmentos de sus contenidos. Inicialmente Google se resistió a pagar a las agencias de noticias en ese país y planeaba no retransmitir noticias provenientes de esas fuentes, pero la autoridad de competencia francesa (FCA) estimó esta acción como injusta y perjudicial para el sector de la prensa y un posible abuso de poder de mercado por parte de esa plataforma, de manera que finalmente tuvieron que negociar el pago de noticias.

Canadá, por su parte, se encuentra activamente elaborando una legislación que va en el mismo camino que Australia y Francia. El Ministro del Patrimonio (Heritage) del país, Steven Guilbeault, dijo a periodistas a mediados de febrero que “Canadá está al frente de esta batalla … estamos en el primer grupo de países en el mundo que está haciendo ésto”….“Sospecho que pronto tendremos cinco, diez, o quince países adoptando reglas similares … ¿Facebook cortaría sus lazos con Alemania o con Francia?” Esto sería, según él, “totalmente insostenible”. A ello agregó que Canadá no reaccionaría como Australia, debilitando su propuesta de ley inicial frente a un boicot por parte de Facebook, como el que llevó a cabo en Australia.

El país que no está satisfecho con la ley australiana es Estados Unidos. Este manifestó poco antes de la promulgación de la ley que “El Gobierno de Estados Unidos está preocupado que un intento, mediante una legislación, para regular las posiciones competitivas de actores específicos …. vaya en claro detrimento de dos compañías de ese país con resultados dañinos” (de la Oficina Ejecutiva del Presidente) (traducción propia). Es dudoso que Estados Unidos se embarque en promover una legislación similar a la de Australia o el Código de la UE pronto, pero si la práctica establecida se extiende a muchos otros países, incluyendo a su vecino del norte, quizás terminen por introducir estas disposiciones allí también (a menos que en Estados Unidos los aportes voluntarios que hagan las plataformas a los medios sean comparables a las que hacen en los países en que hay una ley como la descrita para Australia o Francia).

En todo caso, las nuevas reglas que fuerzan a las plataformas a pagar contenidos de las agencias de noticias es sólo un primer paso para redistribuir algo de la enorme ganancia que están haciendo estas grandes empresas a base de retransmitir contenidos o información que usualmente asimilan gratuitamente. ¿Cuál será el paso siguiente?


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Gobierno de la CDMX anuncia descuentos en el pago de impuestos

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Esta mañana, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que si los habitantes de la Ciudad de México (CDMX) pagan a tiempo sus impuestos, podrán acceder a distintos descuentos. Asimismo, apuntó que por motivo al día de Reyes Magos, habrá una programación especial para la niñez. 

Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, dio a conocer los descuentos tributarios en la capital del país. Esto, sobre todo debido al inicio del año y en medio de la pandemia de COVID-19

Durante una videoconferencia de prensa, la secretaria explicó que el primero de ellos consiste en un descuento del 10 por ciento en el predial si se paga en el mes de enero. No obstante, de pagarse en febrero habrá una baja únicamente del 6. 

Cabe señalar que dicha promoción puede ser aplicada por medio del programa de meses sin intereses. Tal acción, al realizarse a través de tarjetas de crédito participantes en más de 8 mil 600 centros  de atención o bien, con la aplicación “Tesorería CDMX”

González Escobar expuso que el gobierno de la CDMX también está brindando descuentos del agua y predial a grupos vulnerables. Entre ellos destacó a las madres solteras, personas de la tercera edad, población de escasos recursos, viudas, huérfanos y pensionados. 

Mientras tanto,  del 1 de enero al 31 de marzo del 2021, se aplicará un descuento del 100 por ciento en el pago de la tendencia. Dicho apoyo beneficia a todos los vehículos de la ciudad que no rebasen el costo de 250 mil pesos y que vayan al corriente en tal rubro. 

Programación de Día de Reyes

Debido a la presencia y crecimiento del virus SARS-CoV-2, este año Melchor, Gaspar y Baltasar no podrán llegar a muchas casas de la capital del país. Sin embargo, autoridades capitalinas informaron la realización de actividades para celebrar el día desde la comodidad del hogar. 

Sebastián Ramírez Mendoza, director de Capital 21 TV, presentó el programa “Reyes Magos en casa”. Dicha medida contempla una programación especial para los días 5 y 6 de enero que incluye espectáculos de cine, teatro y danza. 

Ramírez explicó que habrá cortos y largometrajes mexicanos para niños y niñas. Asimismo, mencionó el Festival de Cine de Barrio, el montaje de la Bella Durmiente por parte de la Compañía Nacional de Danza y la música de Star Wars a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional. 

Tales programas y toda una serie más, podrán ser vistos en el canal de Capital 21 o bien, en las redes sociales de la Secretaría de Cultura de la CDMX.

Descarta SHCP nuevos impuestos en telefonía móvil e internet

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En el Paquete Económico 2021 no se contempla ningún aumento ni creación de nuevos impuestos en telefonía móvil y en servicios de internet, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“El 20 de octubre de 2020, fue aprobada por la Cámara de Diputados, la Reforma a la Ley Federal de Derechos (LFD) que forma parte del Paquete Económico 2021. En la propuesta del Ejecutivo Federal, se incluyó una iniciativa en relación con las cuotas de derechos por el uso del espectro radioeléctrico, cuya discusión y aprobación, por la Cámara de Diputados, sólo consideró un ajuste por inflación. Esta actualización implica que los derechos actuales ajustarán sus cuotas por inflación estimada en 3.5%, lo que se aplica a todas las demás cuotas de la LFD, cuidando que no se incremente la carga fiscal en que incurren las empresas con el fin de evitar la necesidad de incrementar sus tarifas a los usuarios finales”, precisa la dependencia en un comunicado.

Y precisó que, a sugerencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se incluyeron cuotas para las nuevas bandas que serán licitadas en los próximos años. Las cuotas aprobadas son las más bajas de la LFD y están por debajo del promedio de las referencias internacionales que el Instituto considera, además no se pagarán en 2021, sino 3 años después a partir de que se liciten. La relevancia de introducirlas se debe a que, por ley, no puede haber un bien de la nación que se use y que no esté gravado con derechos.

“Es importante señalar que el valor total del espectro comprende dos componentes: un pago inicial, el cual se determina en la licitación promovida por el IFT, y los pagos anuales por concepto de derechos durante la vigencia de la concesión. Debido a la poca competencia de empresas en el mercado que prestan el servicio de telefonía móvil, el pago determinado en las subastas ha resultado por debajo de lo esperado, lo que provoca que no se recupere el costo del bien de la nación, y se busca sea compensado con cuotas de derechos justas”, añadió la SHCP.

Argumentó que en materia de economía digital hay que recordar que el Programa de Simplificación Administrativa, que entró en vigor el pasado 1 de junio, no representa carga fiscal nueva o adicional. Este año, en el Paquete Económico 2021, sólo se propusieron ajustes menores que buscan dotar de mayor simplificación al esquema que aplica para las plataformas de intermediación y que están obligadas a hacer la retención de impuestos locales como el ISR y el IVA.

Trump debe irse

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Dos poderosas razones por las que Trump debe perder su reelección como presidente de Estados Unidos son, por un lado, el desastre de sus tres años de gobierno y, por otro lado, que es un obstáculo a las posibilidades de recuperar cierta prosperidad con mayor bienestar social y un impostergable equilibrio ambiental.

Afortunadamente el desastre económico y social causado por su gobierno ha afectado poderosos intereses y promovido la formación de grupos que coinciden en que Estados Unidos no aguanta otros cuatro años con Trump en la presidencia.

El mundo también lo ha sufrido. Ya causó enorme daño al comercio internacional al querer reducir el déficit estadounidense, pero fue tan estúpida la manera en que quiso hacerlo que el déficit en la balanza comercial estadounidense no se redujo, sino que aumentó en 2018 y en 2019. También se elevó su déficit con México, a pesar de amenazas a empresas asentadas aquí si no regresaban a territorio estadounidense; nuestro superávit creció casi 18% el año pasado.

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Imagen: Expansión.

La rebaja de impuestos a las grandes corporaciones fue otra de sus sandeces, que ni siquiera alentó inversiones importantes y dejó un desastre fiscal; en cambio, no sólo ignoró las disparidades salariales, sino que atacó todo mecanismo redistributivo, como los servicios de salud, a pesar de que en Estados Unidos es donde se producen más pobres entre los países ricos.

El trato despótico a los migrantes, separando niños de sus padres y aterrorizando la vida de gente que aporta con su trabajo, es otra de las marcas de Trump, como también lo es la irresponsabilidad en el manejo de la pandemia, que puede medirse por las miles de muertes que debían haberse evitado.

Trump debería ser candidato a severas penalizaciones y no a la presidencia de Estados Unidos que es, todavía, el país más poderoso y como tal, tendrá mucho que ver en las transformaciones radicales que habrá que hacer a la economía y la cultura de consumo capitalistas para afrontar la emergencia climática, el mayor desafío que nos espera tras la pandemia.

El descongelamiento del Ártico, los feroces incendios forestales en diversas partes del planeta, la acidificación de los océanos y cambios en las corrientes marinas, son avisos de que estamos ante la emergencia de proteger la supervivencia de la especie humana.

Las alternativas para afrontar la emergencia no son evidentes; lo que es claro, es que los mercados no serán los que encabecen su propia transformación para asignar recursos conforme a criterios ambientales.

emergencia climatica y trump
Imagen: Roxanne Pasibe.

Se requieren liderazgos para el señalamiento de prioridades y el diseño de las acciones globales, en concordancia con gobiernos que deberán modificar sus políticas de fomento industrial y de bienestar social.

Se tendrán que aceptar cambios muy drásticos en la gobernanza política, en el uso de fuentes de energía, en la organización del trabajo y hábitos de consumo. La reconfiguración del sector energético en favor de las tecnologías limpias y de fuentes renovables es, sin duda, prioritaria.

Se tendrá que pasar, como dice la economista italiana Mariana Mazzucato, de los subsidios, garantías y protección de gobiernos a empresas, a la conformación de sociedades público-privadas que promuevan inversiones que favorezcan el interés público de largo plazo, y no las ganancias privadas de corto plazo.

Los gobiernos de Francia, Bélgica y Dinamarca han tomado medidas condicionantes de apoyos a empresas, comprometiéndolas a sumir acciones ambientales severas. Sin embargo, el problema es que afecta la competitividad de esas empresas, por lo que claramente ningún esfuerzo nacional puede prosperar sin la concurrencia internacional.


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Las ‘mañas’ de Hacienda para aumentar la recaudación fiscal

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Estrategia de Hacienda para aumentar la recaudación fiscal en 2021.

Una cuota complementaria al IEPS de gasolinas y acotar devoluciones, son algunas de las medidas de Hacienda para mejorar la recaudación fiscal en 2021.

El objetivo es mejorar los ingresos de la Nación, contrarrestar los efectos del freno en la actividad productiva generada por la pandemia del COVID-19 y aminorar los estragos de la Austeridad Republicana y para eso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propone una serie de medidas que impulsen la recaudación sin incurrir en el incumplimiento de la promesa de no aumentar la deuda pública ni los impuestos.

En la Miscelánea Fiscal 2021, Hacienda plantea la creación de una nueva cuota complementaria que sería aplicable a las cuotas de Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios (IEPS) que ya pagan los consumidores en la compra de combustibles.

La dependencia encargada de las finanzas públicas pretende aumentar la recaudación tributaria del IEPS de gasolinas y diésel cuando el precio del petróleo sea bajo y justificó su decisión en la merma de sus ingresos por la caída en la venta del crudo y por la baja en la recaudación por este impuesto.

La medida fiscal al IEPS en combustibles automotrices aplicarían instrumentos contracíclicos que fortalezcan las finanzas públicas ante escenarios desfavorables e inesperados como los que han azotado en 2020.

Así que los consumidores pagarán una cuota adicional a las cuotas del IEPS federal que en 2020 se ubicaron en 4.95 pesos por litro para la gasolina Magna, 4.18 pesos por litro para la Premium y 5.44 pesos por litro para el diésel 5.44.

Sin embargo, esta no es la única medida que el Gobierno mexicano busca implementar para mejorar la recaudación fiscal en 2021.

La dependencia también busca redoblar las medidas de control sobre los contribuyentes, al plantear la cancelación inmediata de sellos digitales para quienes realicen operaciones con compresas fantasmas, acotar las devoluciones de salarios a favor y la facultad del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para deshabilitar las páginas de internet ante incumplimientos fiscales.

La Miscelánea Fiscal señala que las modificaciones que se planean al Código Fiscal de la Federación (CFF) y la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) están en línea con la política de combatir la defraudación fiscal y alcanzar la meta de recaudación de 3.532 billones de pesos proyectada para 2021.

Cambiar las reglas de hacer negocios

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Cierto, enfrentamos una crisis económica mundial sin precedentes, una pandemia que por primera vez cubre el planeta y en México, en particular, transitamos una difícil transformación política que se propone, entre otras cosas, cambiar las reglas de hacer negocios en México.

Claro que un cambio sustantivo de reglas de inversión privada, después de un siglo de vigencia de las viejas, crea incertidumbre y lleva a quienes se ven afectados a declarar que han perdido confianza en el gobierno; también reclaman seguridades empresarios que tienen razonables dudas del sentido y consecuencias de los cambios.

Hasta ahora, los cambios han consistido en eliminar cualquier privilegio fiscal, del que no gozaban todas las empresas, sólo las más grandes e influyentes, como BBVA Bancomer, por ejemplo, y varias compañías industriales, lo que ha tenido el efecto perverso, además de la pérdida de recursos para la hacienda pública, de poner en desventaja competitiva a quienes no participaran en esos enjuagues.

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Ilustración: PRP Channel.

Otro cambio en marcha es reducir al máximo la evasión y elusión de obligaciones fiscales, con el respaldo de reformas legales que hagan pensar a quienes han dejado de pagar impuestos, que no vale la pena correr el riesgo de seguirlo haciendo.

Finalmente, al poner distancia entre el poder político y el poder económico, se busca evitar la añeja costumbre del otorgamiento amañado de contratos que, otra vez, tiene el perverso efecto colateral de que el contratista abate calidad de la obra, sin que la autoridad contratante pueda reclamarle nada.

En esos cambios no hay ningún ataque al derecho de propiedad privada. Si tienen éxito razonable, el resultado sería un piso más parejo de competencia para las inversiones en todas las ramas de actividad; ninguna gozaría de privilegios a discreción y corrupción de autoridades, y el Estado sólo fomentaría las inversiones privadas creando infraestructura, regulaciones adecuadas y subsidiando actividades estratégicas.

Ésas son sólo parte de las condiciones favorables a las inversiones privadas en un sistema capitalista; otra parte, la más importante, es la perspectiva de rentabilidad que le ofrezca el mercado a los inversionistas.

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Imagen: Reporte Índigo.

Rentabilidad es la palabra clave, legítima; cómo obtenerla, es lo que está cambiando y ha sido motivo de distanciamiento entre el gobierno y la representación empresarial que, por el bien de todos, conviene que se resuelva.

En la mañanera del 17 de agosto, López Obrador dijo que se está hablando con todas las organizaciones empresariales para que, en 15 días, se presente un “proyecto de reactivación económica” que comprenda inversiones mayoritariamente privadas en infraestructura, incluyendo el sector energético.

Por su parte, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que tiene cinco puntos a proponer para la recuperación de la economía: estimular el consumo local; aprender a vivir al lado de la pandemia; difundir los programas de financiamiento para trabajadores –apoyos fiscales para pagar la nómina (?)–; promover la venta de productos mexicanos en Estados Unidos y revivir las inversiones infraestructura.

A diferencia de la solicitud empresarial al inicio de la pandemia, para que el gobierno adquiriera créditos por un billón de pesos para compensar la pérdida de ingresos que tendrían las empresas, a lo que López Obrador se negó rotundamente, ahora parece haber mejores posibilidades de acuerdo y de que se echen a andar las inversiones públicas y privadas del programa de infraestructura que se presentó en diciembre de 2019, y en el sector energético.

Hay que hacerle lugar al optimismo.


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Por el bien de México. Todos a tributar

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En el contexto de un análisis más amplio realizado por México Evalúa, denominado “Números de Erario: abril de 2020”, muestra la magnitud del impacto de la pandemia en las finanzas públicas de México. Impacto que es consistente con el cierre de diversas industrias y sectores de la economía. Por lo que el deterioro en los ingresos totales ya se ha revelado en los ingresos del gobierno, mismo que la administración de Andrés Manuel López Obrador ha compensado gastando menos.

No te apresures estimado lector, que el gobierno gaste menos en un contexto de recesión no es para nada una buena noticia. Sin embargo, hay que reconocer la hábil maniobra del equipo hacendario federal que ha implementado una reestructuración del gasto para, sin endeudamiento, establecer planes de gasto en inversión física para el sector salud.

Lo que nos da pie a profundizar en el análisis del gasto gubernamental para el sector salud en el mismo periodo enero-abril de 2020. En este lapso el gobierno federal ha logrado erogar el 24% del gasto anual programado. Esto es alrededor de 166.3 mil millones de pesos, de un total de 513 mil millones de pesos. Sin duda, un avance en las capacidades del gobierno para erogar efectivamente el presupuesto asignado, en contraste con 2019. Sin embargo, en un contexto de crisis recesiva, el gobierno debe inyectar a la economía tanto y tan rápido como le sea posible. Este desempeño está bien para un año estándar, pero no para los retos de liquidez que el país enfrenta en 2020.

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Ilustración: El Economista Español.

Se pone más interesante cuando analizamos cómo han gastado los ejecutores del gasto del sector salud. A partir del estudio de México Evalúa, es posible observar un gasto 3% menor (-5.7 mil millones de pesos) al establecido en el calendario presupuestal. De hecho, es el ISSSTE (-26% / -9.9 mil millones de pesos) y el IMSS (-9% / -7.3 mil millones de pesos) quienes presentan subejercicio. En contraste, la Secretaría de Salud ha ejercido 30% (10.2 mil millones de pesos) más de lo programado, y las transferencias a las entidades federativas superaron en 4% (1.3 mil millones de pesos) la meta estimada para el periodo.

EN PERSPECTIVA, podemos concluir que ciertamente la orientación y comportamiento del presupuesto es consistente con el discurso presidencial de priorizar la atención de los más vulnerables, aquellos que por encontrarse fuera de la economía formal, carecen de prestaciones laborales, entre las que se encuentran los servicios de salud. Lo que constituye en sí mismo un incentivo perverso al desestimular aún más la actividad económica formal que sostiene las finanzas públicas, y alentar la informalidad que ya supera el 56.2% de la población económicamente activa, según el INEGI.

Una coyuntura muy conveniente para impulsar una reforma fiscal profunda que, parafraseando al presidente López Obrador, podría llamarse: “Por el bien de México. Todos a tributar”. Un slogan que quizá no gane una elección, pero probablemente salve a un país.

¿Se te ocurre un mejor slogan estimado lector?


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Bloqueo de contraseñas en el SAT

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Advierten boqueo de contraseñas en el SAT a los contribuyentes irregulares

Una nueva regla miscelánea habilita a las autoridades hacendarias ejercer un bloqueo de contraseñas en el SAT a todo contribuyente irregular en su situación fiscal. La iniciativa, parte de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 permite al Sistema de Administración Tributaria restringir temporalmente la facturación.

La nueva regla “extiende” los supuestos de cancelación de los certificados de sellos digitales establecidos en el Artículo 17-H Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF) a la contraseña, lo que implica que el fisco restringirá este medio de acceso cuando, por ejemplo, detecte que los contribuyentes compraron facturas falsas o encontró que no pueden ser localizados.

Un contribuyente no localizado es aquel que no puede ser ubicado en su domicilio fiscal, desapareció durante el procedimiento, no avisó de cambio de domicilio fiscal, se ignora su domicilio, o bien, se tiene conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas.

“Cuando la autoridad fiscal identifique que el contribuyente se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 17-H Bis del CFF, podrá restringir temporalmente la contraseña, hasta que el contribuyente aclare o desvirtúe dicho supuesto, de lo contrario se podrá bloquear el certificado”, señala la Resolución Miscelánea.

Roberto Colín, integrante de la Comisión Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó que con esta nueva regla la autoridad tiene la posibilidad de suspender la contraseña.

Explicó que la autoridad está enfocada en los certificados de sello digitales para hacer las actuaciones de sanción a los contribuyentes mediante la suspensión del sello de forma temporal o definitiva, pero con la nueva regla el fisco tiene la posibilidad de suspender también la contraseña, en línea con su objetivo de cerrar la pinza a la evasión fiscal.

“La cancelación de sellos digitales ha traído dolores de cabeza a contribuyentes porque no pueden facturar, ahora con la contraseña restringida, los contribuyentes no van a poder hacer absolutamente nada hasta en tanto se corrija su situación fiscal”, indicó.

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