La propuesta de enjuiciar a los expresidentes de México, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por parte de la Fiscalía General de la República, por los delitos cometidos durante sus respectivos mandatos, ha tomado forma en esta última semana al declarar el propio presidente de la República, Andrés López Obrador, que está dispuesto a enviar la iniciativa de ley al Congreso de la Unión, en caso de que no lo hagan alguna de las Cámaras del Poder Legislativo o que sean reunidas la cantidad de firmas necesarias de los ciudadanos –el dos por ciento del padrón electoral vigente– para proceder legalmente y llevarlos al banquillo de los acusados para que respondan a las acusaciones que se han planteado como es el caso de la denuncia que ha hecho “Emilio L”, exdirector de Pemex y las que se acumulen.
No existe antecedente durante el siglo XX y las dos décadas del presente que un expresidente haya pisado no la cárcel ni siquiera la barandilla del Ministerio Público o un tribunal federal o del fuero común. Solamente podría citarse el caso del presidente Francisco I. Madero, que sin juicio alguno estuvo detenido en Palacio Nacional, durante el golpe de Estado de su Secretario de Guerra, el Gral. Victoriano Huerta, y no llegó a pisar la celda en la prisión de Lecumberri, pues tanto él, como el vicepresidente José María Pino Suárez, fueron asesinados detrás de la misma por órdenes directas del propio militar golpista con la complicidad de los Generales Manuel Mondragón, Aureliano Blanquet y Félix Díaz, durante la segunda y tercera semana de febrero de 1913, que históricamente se conoce como la Decena Trágica.
No obstante, en esta última década el proceso a los titulares del Poder Ejecutivo se ha vuelto una demanda de un gran sector de la sociedad, debido a los supuestos excesos en que han incurrido éstos, y a un mayor crecimiento de la cultura política popular que ha hecho suyas los reclamos de transparentar el manejo de los fondos públicos no sólo de los expresidentes sino de gobernadores, senadores, diputados, presidentes municipales y altos funcionarios que forman el círculo cercano a ellos. No sólo de los recursos públicos destinados a mejorar las condiciones precarias de grupos poblacionales marginados, sino de aquellos asuntos electorales que atentan contra los más elementales principios de un auténtico régimen democrático.
Abunda a ello que la clase política ocupa, junto a los grupos policíacos, los últimos lugares en cuanto a su desempeño. Basta hacer un repaso en redes sociales y otros medios de comunicación para captar la pésima opinión sobre los políticos que son señalados como corruptos y otras apreciaciones de mayor calado, muchas de ellas apoyadas en el sentir y no en la crítica fundada y razonada. No olvidemos que la percepción tiene mayor peso que el pensamiento motivado y certero que pudieran sostenerse en las valoraciones de órganos revisores como son la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y las Contralorías estatales y municipales, por citar sólo los órganos más notorios, encargados de la vigilancia y cumplimiento de las debidas y rectas aplicaciones presupuestales.
Sin embargo, en el terreno jurídico existen recursos para argüir la defensa de los expresidentes y otros funcionarios de alto y mediano rango, como es el caso de la prescripción de los presuntos delitos cometidos, concepto que puede definirse como aquél que, por el tiempo establecido en la ley, se han extinguido las acciones penales y administrativas en las que incurrieron los implicados en la comisión de faltas y delitos que les son imputados, y por otra parte el concepto constitucional de la no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna, es decir, la no aplicación de una ley posterior a la ejecución de los ilícitos cometidos.
Por tanto, en mi opinión, estos reclamos oficiales y sociales sobre el enjuiciamiento a los expresidentes, puede tratarse de una exhibición de estos que tienen como pena la condena moral a quienes ejercieron el poder sin escrúpulo ni limitación alguna y que será la historia quien los juzgue. Hay analistas más severos que aducen como propósito del régimen ser parte de la campaña electoral del próximo año que será la mayor de la historia de México en medio de condiciones jamás vistas.
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