Esta mañana, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) dejó ver que la vacunación de personas en prisiones no es su prioridad. En este sentido, la distribución de dosis contra la COVID-19 en centros penitenciarios no se dará con base en su ubicación por alcaldías.
Durante la videoconferencia de prensa de este 1 de marzo, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la CDMX, informó que la inmunización de personas privadas de la libertad mayores de 60 años no se llevará a cabo conforme el calendario de las alcaldías. Explicó que esto dependerá del tipo de vacuna que llegue.
Tras ser cuestionada por la vacunación de las prisiones en Xochimilco, Sheinbaum Pardo señaló que no se realizará por ahora. Argumentó que la vacuna Sputnik V—remedio repartido en Xochimilco, Tláhuac e Iztacalco— requiere de refrigeradores que ya están instalados en los seis macro quioscos distribuidos en las demarcaciones.
Pese a lo anterior, la jefa de Gobierno prometió que se vacunarán a todos los adultos mayores que están presos. Aunque advirtió que pronto anunciará una estrategia de vacunación en cárceles, no brindó una fecha concreta.
CNDH solicita vacunación de adultos mayores en prisiones
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo un exhorto tanto al sistema penitenciario como a las Secretarías de Salud Federal y estatales a fin de que inmunicen contra el virus SARS-CoV-2 a las personas privadas de su libertad. Esto, especialmente a quienes ya tienen más de 60 años o bien, que pertenecen a grupos de atención prioritaria.
Por medio de un comunicado, la CNDH señaló que en sus visitas a prisiones del país se percató de que en muchos reclusorios, las personas presas desconocen en qué consiste la Política Nacional de Vacunación contra el coronavirus. Explicó que por ende, no saben de qué modo pueden exigir el cumplimiento de sus derechos.
De acuerdo con la Comisión, las prisiones de México contabilizan 6 mil 556 adultos mayores de 60 años. Incluso, comentó que muchos de ellos además pertenecen a algún grupo vulnerable.
La CNDH enfatizó que las tres órdenes de Gobierno tienen la obligación de suministrar el máximo de recursos para garantizar insumos, medicamentos y productos de higiene para quienes están privados de su libertad. Lo mismo sobre las pruebas de COVID-19, estudios clínicos y vacunas.
Bajo este panorama, el organismo pidió que se sigan los parámetros con el objetivo de que las personas presas cuenten con servicios médicos y acceso al remedio contra el virus SARS-CoV-2. Tal situación, teniendo como referencia los principios de igualdad, trato humano y dignidad.
Prisiones del país registran más de 3 mil casos de COVID-19
Según los datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hasta el 23 de febrero, las prisiones de México se convirtieron en el escenario de 3 mil 289 contagios confirmados de COVID-19. Con base en un monitoreo que implementó, en el país 250 personas privadas de su libertad han fallecido a causa del virus SARS-CoV-2.
El organismo señaló que las quejas en centros de reclusión incrementaron en 717.3 por ciento en el 2020 con relación al 2019. Más de la mitad de los reclamos están relacionados con presuntas violaciones al derecho a la salud y 136 casos directamente con el coronavirus.
Cabe señalar que las prisiones de México contemplan una población aproximada de 215 mil 232 personas privadas de la libertad. Todas ellas tienen el derecho a recibir protección a la salud.
Finalmente, pese a las condiciones precarias que experimentan las cárceles en el territorio, ni la CDMX ni la Política Nacional de Vacunación contemplan un apartado para las personas en prisión. La situación es una violación a los Derechos Humanos si se toma en cuenta la falta de pruebas, la escasez de medidas de higiene y el hacinamiento de los centros de reclusión.
