Es un hecho que los servidores públicos en México no están a la altura de sus responsabilidades ni de los retos que enfrenta actualmente México. La sociedad mexicana está harta de la corrupción, incompetencia, ineficiencia, ineficacia y continuos abusos de los servidores públicos, en general. Actualmente, 319 entidades públicas federales dan empleo a un millón 567 mil personas, de las cuales 20.3% ocupa puestos de confianza, o sea 348 mil.
Por eso, con el propósito de impulsar la profesionalización de toda la Administración Pública Federal, se promulgó la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (APF), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003; y entró en vigor el 7 de octubre del mismo año. Su implementación gradual inició el 5 de abril de 2004, fecha en la que entró en vigor el Reglamento de la misma.
Es el SPC una de esas iniciativas brillantes impulsadas durante la administración del presidente Vicente Fox Quesada, que es poco conocida y menospreciada por la ciudadanía en general.
La iniciativa es buena y responde a un viejo anhelo de la sociedad y de los propios servidores públicos por tener un gobierno competente y honesto. Un gobierno que a su vez brinde a los ciudadanos que tengan la vocación, la oportunidad de tener una carrera profesional estable basada esencialmente en el mérito. Actualmente la Administración Pública Federal contempla como “trabajadores de confianza” (terrible definición) a los mandos medios tales como: director general; director general adjunto; director de área; subdirector de área; jefe de departamento; y enlace.
Sin embargo, el SPC es poco menos que letra muerta. Durante la administración de Vicente Fox, su implementación gradual hizo que su avance fuera limitado, por decir lo menos.
Con el presidente Felipe Calderón el SPC comenzó a ser un obstáculo para que el presidente y equipo cercano colocarán a personas de su confianza en posiciones reservadas para el SPC, recurriendo a excepciones de la Ley que se volvieron una práctica común.
Ya con el presidente Enrique Peña Nieto el SPC resultó incómodo, se había convertido en un recurso para que los cuadros del panismo no pudieran ser removidos en posiciones de mandos medios que necesitaba el presidente para colocar a su equipo y asegurarse la lealtad personal de la estructura administrativa del Ejecutivo Federal. No obstante, la inexistencia de recursos presupuestales para remover y liquidar miles de servidores públicos que ocupaban posiciones al amparo de la Ley del SPC, obligó al gobierno de Peña Nieto a cohabitar con cuadros panistas de dudosa lealtad, a los ojos de la nueva élite gobernante
Ahora, en tiempos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la idea de un gobierno profesional ha quedado totalmente olvidada y desacreditada. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se propone recortar al 70 por ciento del personal de confianza, esto es 222 mil servidores públicos. En palabras del presidente López Obrador: “para gobernar lo único que se requiere es 90% honestidad y 10% de capacidad”. El postulado presidencial es, al menos durante la administración de la Cuarta Transformación, la sentencia de muerte del SPC. Los despidos y renuncias bajo presión a posiciones ocupadas por servidores públicos del SPC es una práctica extendida y generalizada al margen de la ley. La premisa es limpiar la casa y asegurar la lealtad personal al presidente de la República de todos los servidores públicos.
Sin embargo, en este tema como en otros, el discurso presidencial tiene un rumbo diferente al que postulan los secretarios de Estado responsables de los distintos temas. En este caso, mientras el presidente descalifica la profesionalización y sobrepondera las virtudes morales, la Secretaría de la Función Pública habla de un relanzamiento del Servicio Profesional de Carrera.
EN PERSPECTIVA, lo anterior ha conducido a la Administración Pública Federal a un proceso de desmantelamiento, desprofesionalización y destrucción institucional. Ser servidor público actualmente es una actividad deshonrosa, peligrosa y mal remunerada. Una situación nada conveniente cuando el país se encuentra acechado y vencido por la corrupción, el crimen organizado y la impunidad.
¿Cómo la ve estimado lector? ¿Está usted a favor de un gobierno profesional o prefiere las virtudes morales? Aunque, dicho sea de paso, no tienen por qué ser excluyentes. ¿O sí? ¿Usted qué piensa?
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