violencia

Guerra (i)legal

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Es común entre los estudiosos de la seguridad discutir los métodos criminales. La lógica supone que ciertos crímenes requieren de o recurren a ciertas prácticas. Por tanto, descifrar constantes en el modus operandi termina siendo una aspiración para detectar cómo accionan y reaccionan ciertos criminales en contextos igualmente específicos. ¿Qué pasa, sin embargo, cuando las líneas entre lo legal o lo ilegal terminan borrando la definición de criminal? El México contemporáneo es un buffet lleno de experiencias útiles para pensar al respecto. Aquí presento tres experiencias del un crimen parecido, con métodos similares, pero con una heterogeneidad de perpetradores que diluye lo que entendemos por legal e ilegal.

En pleno contexto de guerra contra las drogas durante el calderonismo, testimonios desde Michoacán dieron cuenta de la manera en que grupos criminales locales se hacían con terrenos de la población. El método consistía en secuestrar, torturar y en general extorsionar a dueños de propiedades inmobiliarias para que cedieran sus terrenos en favor de algún miembro del grupo criminal, o incluso del grupo mismo. Después de las atrocidades realizadas, los dueños terminaban cediendo las propiedades y firmando los papeles necesarios. Cuando el objetivo parecía haber sido alcanzado, es decir, contar con la propiedad de manera “legal”, usualmente la víctima era asesinada.

Años después el método se repitió pero cambió el perpetrador. Un artículo de Patricia Dávila en la revista Proceso del pasado 7 de marzo de 2021, publicó la manera en que miembros del antiguo gobierno estatal de Nayarit extorsionaban propietarios para conseguir el traspaso (eso sí, legal) de sus propiedades en favor de funcionarios de ese gobierno. Las técnicas relatadas por la nota ciertamente no eran muy distintas de las vistas en Michoacán. Ante amenazas, extorsiones y en general intimidaciones violentas, los dueños terminaban firmando cesiones de escrituras para traspasar propiedades “legalmente”. La diferencia, por supuesto, consiste en que el perpetrador era la autoridad legal.

robo de propiedades
Imagen: Esmeralda Ordaz.

Finalmente, destaca el caso del municipio Benito Juárez, donde se ubica Cancún, en Quintana Roo. Ahí, tal y como lo reportó Denise Maerker en su noticiero En Punto, se detectó una red de funcionarios dedicados a despojar de casas de interés social a ciudadanos propietarios. Después de que empresas con las que adquirieron los créditos quebraran, los usuarios encontraban que, al buscar la forma de seguir pagando el crédito, se encontraban con que las propiedades habían sido reescrituradas a nombre de otras empresas inmobiliarias. Notificaciones presuntamente falsas o inexistentes, documentación mal generada y en general malos procedimientos se expandieron alrededor del municipio. El medio reporta más de 750 expedientes con caso similares. El entramado suponía la participación de autoridades públicas, por supuesto, pero también de notarías y empresas inmobiliarias. El resultado era el mismo que en los casos anteriores: el despojo “legal” de bienes inmobiliarios.

Justamente en ese aspecto está el punto de encuentro entre los tres casos descritos. Se trata de legalizar un traspaso a todas luces ilegal. Aun y cuando los perpetradores podían cambiar, el objetivo de “despojar legalmente” se mantiene. Jean y John Commaroff, antropólogos sudafricanos, han escrito sobre la forma en que la ley actúa como un fetichismo en los países con pasado poscolonial. Su trabajo ha sido esclarecedor para describir la forma en que en esos contextos la legalidad no se traduzca en justicia ni procedimientos de sanción o reparación, pero sí en instrumentos de poder y violencia. Es terreno fértil para lo que ellos llaman “guerra legal”. Ésta, dicen, supone el uso de instrumentos legales para la coacción o la desposesión. Los casos vistos son brochazos de los diferentes ángulos de una guerra legal a la mexicana.


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De un México olvidado a un México al borde de la putrefacción

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En otras columnas de opinión ya había mencionado que con la pandemia del Covid-19 se evidenciaron y agudizaron las desigualdades y la marginación que padecen amplios sectores de nuestro país. Las recomendaciones hechas para tratar de prevenir contagios del virus parecen un contrasentido en ese México olvidado carente de servicios públicos y sociales, que malvive de la economía informal, o que sobrevive frente a la inseguridad y el crimen organizado. Comprar un tapabocas, lavarse las manos, no salir de casa y hasta cuidar la vida, son prácticas para muchos mexicanos imposibles de realizar.

En este marco de ideas es que escribo hoy la reflexión que me quedó a raíz de que, en fechas recientes, escuchara una historia que me paralizó. Después del pasmo en que me dejó la historia de horror que escuché, por fin pensé en la necesidad de escribir y compartir el pesar y la pesadilla que algunas familias vivieron producto del crimen organizado y la incapacidad del estado para atender tan aguda problemática. Esto nos habla, como intento mostrar en mi reflexión, de la transformación del México olvidado en un México que está al borde de la putrefacción.

Una historia de horror

A principios de febrero de 2021, en un poblado rural del centro del país, no muy lejano a la Ciudad de México, la vida amenazada por la pandemia se conmocionó aún más por la violencia del crimen organizado. En ese pequeño poblado, donde hay pocas posibilidades de recibir atención de salud, donde la gente debe salir a trabajar en los campos agroindustriales de los estados cercanos a cambio de salarios muy bajos, y donde la juventud no sigue estudiando porque eso no tiene sentido en sus vidas, el tejido social se descompone al grado de la putrefacción. Ahí ocurrió la siguiente historia de horror.

mexico violento
Imagen: Plumas Libres.

(Por obvias razones los nombres y referencias que pudieran dar con el poblado donde ocurrieron los hechos han sido cambiados. Así también algunos detalles que quedaban como lagunas o situaciones contradictorias de la historia que escuché).

Una tarde Margarita, una niña de doce años, salió a recoger leña para cocinar. Después de que sus abuelos escucharan un grito y un rechinido de llantas, salieron y vieron que había desaparecido. Jocelin, una joven de quince años, también desapareció. Los padres pensaban que se había ido con el novio, pero cuando él regresó de trabajar se dieron cuenta de su error. Josecito y Anita, hermanos de seis y ocho años, también desaparecieron. En la mañana estaban jugando en el traspatio. Al mediodía su madre se dio cuenta de que ya no estaban ahí.

Estas desapariciones alertaron a los padres y familiares de los menores. Semanas antes habían desaparecido un par de jovencitos, menores de 18 años, cuyos cuerpos descuartizados aparecieron días después. También un niño de nueve años que vendía paletas había desaparecido recientemente. Margarita, Jocelin, Josecito y Anita parecían sumarse a la creciente cifra de niños y jóvenes desaparecidos en ese pueblo. Pronto, padres, madres, familiares y vecinos comenzaron a movilizarse para buscarlos. Fueron a una fosa clandestina para ver si había cuerpos frescos. No encontraron nada. Se acercaron al “Líder”, un jefe del narco en el pueblo, para ver si podían obtener su apoyo. Acudieron a la policía local y a la Guardia Nacional para seguir su búsqueda. No queda claro, pero de alguno de estas dos fuentes obtuvieron información relevante: los niños y jóvenes podían estar en una de las cuevas.

Ya en la noche se internaron en el cerro y llegaron ahí donde alguna vez la mamá de Margarita había pasado –cuando ella trabajaba en un campo agrícola cercano– y donde en aquél entonces había notado un olor especial. Llegaron a un laboratorio o fábrica clandestina de cristal –esa droga que atrapa y mata a miles de personas al año en el mundo–. Escucharon gritos que decían “¡no despierta!”. Ahí estaban Margarita, Jocelin, Josecito y Anita. Jocelin era la que gritaba, refiriéndose a Margarita, quien estaba inconsciente. Josecito y Anita inmóviles en el suelo. Sus cuerpos varias horas de haber dado el último espasmo de vida. Rosa y Vicky, dos jóvenes de dieciséis años también estaban ahí, apenas con algunos movimientos en sus cuerpos. Ellas habían desparecido unos días antes que los demás.

cristal
Imagen: Rosario Lucas.

Todos habían sido abusados sexualmente y a todos los habían obligado a tomar la droga que estaban fabricando y con la que estaban experimentando. Los más pequeños no aguantaron. Josecito y Anita murieron. Sus órganos internos estaban destrozados. Los demás fueron llevados al hospital. Todos tenían daños por la droga y por la violación sexual.

En el lugar de los hechos encontraron el material y la maquinaria con que se preparaba la droga, pero no había ninguno de los perpetradores. No obstante, había grabaciones de las cámaras púbicas que recientemente se habían instalado. Con ello y con lo que poco a poco fueron diciendo los niños y jóvenes cuando despertaron, las familias se enteraron de que los responsables eran un grupo de jóvenes, también del pueblo, quienes eran conocidos y conocidas por haber formado una banda. Se autodenominaban “los tranzas”; comenzaron consumiendo y luego vendiendo droga. Algunos también estaban vinculados con las redes de huachicoleros.

La banda, conformada por hombres y mujeres adolescentes y jóvenes (de entre 14 y 21 años), parecía estar actuando sin apoyo de ningún adulto. Al menos ésa es la historia que se cuenta en el pueblo. Después de que un par de ellos habían sido identificados y detenidos, al final fueron puestos en libertad. Los habitantes del pueblo y, en particular, los familiares de las víctimas estaban indignados. Clamaban justicia y aseguraban que quemarían vivos a los jóvenes delincuentes. Padres, madres y familiares de las víctimas, además, también eran familiares (cercanos o lejanos) de los perpetradores. El pueblo está dividido, destrozado, a causa de la garra del narcotráfico y el crimen organizado.

Cuando narro estos hechos, unos días después de haber ocurrido la tragedia, los jóvenes perpetradores aún seguían vivos, en libertad; los padres y madres seguían consternados, enfurecidos, pero, al mismo tiempo, con miedo. Las autoridades parecían seguir rebasadas. Los narcos, huachicoleros y delincuentes siguen con sus actividades.

mexico olvidado
Imagen: Vanguardia.

El origen de la tragedia

Este terrible acontecimiento sucedió, como mencioné antes, en un poblado marginado donde hay pocas posibilidades de tener un empleo digno, donde hay poca o nula atención para el cuidado de la salud, donde las escasas instituciones educativas no logran sus objetivos, donde las viviendas son precarias, y donde no hay empleo u oportunidades de desarrollo local más allá de trabajar en las empresas agrícolas cercanas con bajos salarios y amplias jornadas de trabajo.

El escenario de esta tragedia, de esta historia de horror, es ese México olvidado por décadas donde, como muchos otros poblados de nuestro país, se ha convertido, con los años, en un terreno fértil para que germinaran actividades delictivas y para que el crimen organizado capturara el interés de los jóvenes.

Cuando la juventud no tiene expectativas de vida, cuando no hay oportunidades reales y duraderas para tener un futuro halagüeño, ellos y ellas buscan opciones y soluciones en lo que vislumbran como alternativas a su miserable presente. La venta y el consumo de drogas es una de éstas. Una vez que los jóvenes incursionan en este mundo es “fácil” que transiten hacia actividades atroces como las de la historia de horror que aquí narro. Es inconcebible que los perpetradores de tan atroz crimen sean jóvenes, conocidos y hasta familiares de las víctimas. Pero es cierto. Es parte de esta realidad que cada vez tenemos más cerca. Es parte de un México que ha quedado al olvido de políticas públicas eficaces; es parte de un México producido por la injusticia; por la marginación y la pobreza, pero, sobre todo, por la insultante desigualdad que vivimos.

El México olvidado se ha convertido en un México al borde de la putrefacción y ese México está cada vez más cerca, porque cada vez hay más Mexicos olvidados que, en algún momento, si no se logran transformaciones reales, se convertirán en un México cuyo estado de descomposición hará imposible si quiera pensar en un futuro promisorio. Ahí es donde estamos. Ahí es donde se cierra ésta y muchas historias de horror que nos laceran como país. Ahí nos encontramos, frente a la pandemia del nuevo coronavirus y frente a la epidemia del crimen y la inseguridad, pero también de la desigualdad y la falta de justicia social.


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Sexenio de AMLO rumbo a ser el más violento de las últimas décadas

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Ni las reuniones diarias con el Gabinete de Seguridad ni la creación de la Guardia Nacional han sido suficientes para contener la ola de violencia en México. Tan es así que el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se está convirtiendo en el escenario con mayor número de homicidios de los últimos 20 años. 

Según el conteo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de diciembre del 2018 a junio del 2020, el país registró 56 mil 875 muertes violentas. En este sentido, todavía falta contabilizar los resultados del segundo trimestre del año pasado y los meses que ya comenzaron a correr del 2021. 

Hasta el momento las cifras no son alentadoras. Pero vayamos por partes: 

En diciembre del 2018 —con la autollamada Cuarta Transformación en el poder— se registraron 3 mil 0 91 homicidios en el país. Dicho periodo ocupó el lugar siete en asesinatos de todo el año. 

Luego, el 2019 se convirtió en el segundo año con mayor fallecimientos provocados desde 1990 —sólo por debajo del 2018—. Con 36 mil 661 homicidios, rebasó hasta el  promedio anual de pérdidas humanas registradas en el sexenio de la “Guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón Hinojosa

Homicidios en México del 2018 y 2019. Fuente: INEGI.

Ahora bien, de enero a junio del 2020, el INEGI apuntó 17 mil 123 asesinatos. No obstante —con todo y el confinamiento provocado por COVID-19— es la tercera mitad del año con mayor incidencia en el delito. Esto, sólo por debajo del 2019 (17 mil 776) y 2018 (17 mil 772). 

Cabe señalar que el mismo AMLO reconoció en su informe del 1 de diciembre que la tasa de homicidios dolosos creció en un 3.8 por ciento con relación al 2018. Incluso, confirmó que los feminicidios aumentaron en 8.9 puntos porcentuales y las extorsiones en 29 por ciento. 

4T tiene estrategia de seguridad fallida

La autollamada Cuarta Transformación no ha logrado materializar una estrategia constructora de paz, como tanto lo presume AMLO. Esto, en gran medida por su falta de planificación y decisiones sin meditación como la salida de Alfonso Durazo Montaño a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

En primer lugar, sobre materia de seguridad, el jefe del Ejecutivo únicamente dedicó dos de sus 100 compromisos que hizo al arranque de su gestión: la creación de la Guardia Nacional y sus reuniones diarias con el Gabinete de Seguridad

Sin embargo, si nos vamos más a fondo, el “Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2021” tiene muchos vacíos. De esta manera, aunque maneja el objetivo romántico de trabajar en las causas de la violencia, no dice acciones específicas para hacerlo. 

Si bien la política en materia toma puntos importantes como el combate a la corrupción en las instituciones, la generación de empleos y la garantía de Derechos Humanos, no expresa objetivos claros, métricas o tiempos. ¿Cuáles han sido las consecuencias? alta incidencia de delitos y un vaivén de las acciones a tomar. 

Sumado a lo anterior, al presidente López Obrador no se le ha perdonado la liberación de Ovidio Guzmán Loera, hijo del narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán. Tal situación especialmente, porque mostró la sumisión de las autoridades ante el crimen organizado. 

Asimismo, quedó de manifiesto que en la actual administración valen más los intereses políticos que la seguridad de toda una nación. Prueba máxima de ello es la renuncia de Durazo para ir en busca de la gubernatura del estado de Sonora. 

AMLO y Alfonso Durazo. Fuente: Cuartoscuro.

4T con decesos al por mayor

Por si la crisis de seguridad no fuese suficiente, la pandemia de COVID-19 marcará el sexenio de la autollamada Cuarta Transformación. Según los datos brindados por la Secretaría de Salud (Ssa), hasta la actualización del 11 de febrero, 171 mil 234 personas han perdido la vida por el virus SARS-CoV-2. 

Aunque la contingencia sanitaria es un problema a nivel internacional no es fortuito que México sea el tercer país en defunciones por la enfermedad en el mundo. Todo lo contrario, se trata del resultado de una estrategia ineficaz y contradictoria. 

Para empezar, es lamentable que en el territorio no exista una medicina preventiva que fortalezca la buena alimentación y el ejercicio. Precisamente por ello, alrededor del 45. 47 por ciento de los fallecimientos ha ocurrido en personas hipertensas y 37. 72 por ciento en pacientes con diabetes.

A lo anterior se le suman todos los mensajes contradictorios de las autoridades sanitarias. Hasta el momento no ha habido por parte del Gobierno Federal  un consenso sobre el uso del cubrebocas o un confinamiento que brinde reales resultados.¡ Y de la vacunación ni hablar!

Presidente López Obrador y reporte de la pandemia. Fuente: Cuartoscuro.

Finalmente, es importante señalar que el gobierno de AMLO apenas va a la mitad del camino. En este sentido, bien podría enderezar sus acciones con base en las necesidades que se apeguen a la realidad mexicana. Sin embargo, pese a que parece fácil de decir, en realidad es todo lo contrario dado el encierro en el que vive nuestro presidente.

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Generar cambios sustanciales en fuerzas policiales y sociedad para impedir impunidad

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El fin de semana se vivió un hecho más de violencia policial por parte de efectivos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hacia ciclistas protestantes que exigían mayor seguridad vial, luego de la muerte de un ciclista tras ser atropellado en Tlalpan. 

El incidente entre policías y manifestantes terminó con lesionados y dos de ellos de gravedad, lo que derivó en la suspensión de sus funciones de once efectivos de la policía de tránsito capitalina. 

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, durante una conferencia de prensa posterior, detalló que hubo una actuación indebida de los efectivos. 

En ese contexto, la mandataria explicó que los policías deben de estar preparados para no cometer ningún abuso, a pesar de que manifestantes también hayan agredido a los policías. 

Este tipo de confortamientos por parte de las autoridades con civiles, se han vuelto habituales en la Ciudad de México, donde efectivos policiales abusan de sus facultades y las manifestaciones terminan por ser actos violentos. 

Incidentes como estos refuerzan la desconfianza de los ciudadanos hacia la autoridad, por ello es necesario como que el gobierno capitalino garantice condiciones e infraestructura para mejorar el desempeño de los policías no sólo de tránsito.

A partir de acciones efectivas en las que las autoridades puedan comprobar su competencia, se puede reforzar la confianza de los ciudadanos y que puedan disminuir estos incidentes desafortunados.

También es importante no olvidarnos de las fuerzas policiales en esta conversación, a pesar de que los confortamientos como los del pasado viernes nos genere indignación, tampoco podemos avalar la violencia sobre efectivos de seguridad. 

Que civiles también agredan contra fuerzas policiales, no es sinónimo de empoderamiento ni mucho menos de libertad o justicia, es impunidad y estas acciones deben ser penadas. 

La violencia no debe ser aceptada por ningún concepto, porque nos mantendrá sumergidos en un contexto de caos e impunidad, donde cualquier autoridad o civil se creerá capaz de poder violentar la ley.

Es responsabilidad del gobierno abrir espacios de escucha a quienes representan las fuerzas policiales, para que, de esta forma, estos se sientan más seguros y con la confianza necesaria para efectuar sus labores de forma correcta y apegadas a la ley, y por consiguiente, mejorar las relaciones con la sociedad.

Mujeres con derecho a vivir sin violencia

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Mariana, 24 años, recién egresada de medicina, fue abusada sexualmente, lo denunció y la asesinaron. ¿Qué más se puede decir en un país donde asesinan en promedio a diez mujeres al día? ¿Y qué mencionar cuando se es una de cada diez que sí se decide a denunciar? La cultura del “para qué denuncio si luego no pasa nada”, nos ha sumido en un abismo. Así como escribo sobre el caso de Mariana, pude haber expuesto sobre Fátima, Ingrid, Claudia, Esmeralda, Laura, Janette y la lista es interminable. ¿Quién recuerda cuando la colectiva SJF escribió el nombre de más de 3 mil víctimas de feminicidio en la plancha del Zócalo capitalino? En aquella ocasión, esos nombres de mujeres víctimas fueron dados por la organización Data Cívica y representaban los asesinatos contra mujeres registrados solamente en 2019.

No murieron, las mataron. Y ya ha corrido mucha tinta en leyes, códigos, tratados, convenciones, pero este cáncer parece nadie pararlo y sigue carcomiendo a nuestra sociedad desde sus pilares, que somos las mujeres.

Es célebre el triste caso González y otras vs. México, mejor conocido como “Campo algodonero” cuya sentencia fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) el 16 de noviembre del 2009, y representa un antes y un después para el Estado mexicano cuando de violencia de género se habla. La insoportable situación de las muertas de Juárez no podía seguir sufriendo de la indiferencia de las autoridades mexicanas y se recurrió a las instancias internacionales. En dicha sentencia la Corte IDH condena al Estado mexicano como responsable en la desaparición y ulterior muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron hallados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el 6 de noviembre de 2001. El análisis y estudio de esta sentencia cobra relevancia jurídica y social, ya que en los argumentos esgrimidos por la Corte IDH se determina lo que debemos entender por violencia de género, sus causas, características, consecuencias y las medidas que el Estado mexicano debe adoptar para evitarla y castigarla.

vivir sin violencia
Imagen: La Quinta Ola.

En México, nuestra Constitución, máxima ley, expone que mujer y hombre somos iguales en el artículo cuarto, mas esto no nos libra de muertes injustas que se siguen día tras día. Hemos llegado a tener una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero no disminuyen los feminicidios.

Falta mucha información para que podamos vislumbrar cuando el peligro nos acecha de cerca. No siempre se anuncia, pero en la gran mayoría de casos, los perpetradores son gente cercana a la víctima, lo que nos permite aseverar que con mayor información, las mujeres podemos detectar cuando estamos en riesgo. Y para ello, el Instituto Politécnico Nacional elaboró inteligentemente un violentómetro en el que se nos despliega toda la gama de actitudes y hechos que dan testimonio fehaciente de la violencia que se puede ejercer contra la mujer: bromas hirientes, chantajear, mentir, engañar, ignorar, ley del hielo, celar, culpabilizar, descalificar, ridiculizar, ofender, humillar en público, intimidar, amenazar; controlar o prohibir: celular, mails, redes sociales, amistades, familiares, dinero, lugares, apariencia, actividades; destruir artículos personales, manosear, caricias agresivas, golpear “jugando”, pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear, patear, encerrar o aislar, amenazar con armas u objetos, amenazar de muerte, forzar a una relación sexual, abuso sexual, violar, mutilar, asesinar.

derecho a vivir sin violencia
Imagen: Dante de la Vega.

Ayer caminaba por calles de Iztacalco y vi un hombre corpulento jugando a las “luchitas” con una joven quien le seguía la corriente en actitudes. No pude evitar acercarme y comentar que ni de broma se debía agredir a una mujer; hizo como que me pegaba y soltó una carcajada mientras yo seguí mi camino. La verdad me dio tristeza que vemos nuestra situación mexicana de un machismo exacerbado, y la mayoría de las veces, no hacemos nada por detener esa costumbre.

Mujer que me lees, padre de mujeres, hermano de mujeres, habla del tema. Ejemplifiquen para que se entienda bien. Muchas cosas que hemos vivido tantas veces, no son cosa normal, por más veces que ya se hayan repetido. Tenemos que identificar todo aquello que debemos erradicar y luchar por desaparecerlo; sean hechos o actitudes. El caso campo algodonero debe constituirse como un recordatorio constante y permanente de la existencia de la violencia de género en nuestro país y de las irreparables consecuencias de no adoptar a tiempo las medidas necesarias para su erradicación.

La violencia jamás debe ser el camino

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El territorio estadounidense ha sufrido una presión “intensa” en estos últimos días producto, de la irrupción “desesperada” de partidarios “trumpistas” en el capitolio de Washington –centro neurálgico de control en la gestión de la vida estadounidense–, en el contexto de las reuniones para la certificación de la victoria del líder demócrata Joe Biden.

No cabe duda que la “desesperación” muchas veces se antepone a la posibilidad de razonar sobre algo. Me parece que las acciones provocadas e impulsadas recientemente por el grupo de partidarios del saliente presidente estadounidense Donald Trump en el recinto legislativo, son una lección “amarga” para una democracia que se precia de ser de las más ejemplares de nuestro universo contemporáneo.

Me parece que las imágenes que han recorrido nuestro planeta en torno a la inadaptación del régimen trumpista a la transición, obedece a la “bestialidad” de ciertos grupos de poder que se han venido “emborrachando” desde siempre en torno a las posibilidades de decidir o no sobre los asuntos enteramente pertinentes a “el otro”.

toma del trumpismo
Imagen: The Intercept.

Es impensable lo que ha pasado este miércoles seis de enero, en el contexto de la certificación del triunfo del presidente electo Joe Biden.

Bajo mi punto de vista, a medida que se acerca el día de la transición, las cosas pueden “subir” de crispación si no hay un llamado a la cordura ciudadana por parte de los diversos líderes políticos, sobre todo del entorno trumpista. Ahora bien, esto tiene que ver indiscutiblemente con la ética personal y política que debe traducirse en el servicio público auténtico, a través del cual los gobernantes de nuestras sociedades observen en la gerencia de la administración estatal la posibilidad de poner un “granito de arena” en el trabajo de promoción de lazos fuertes de justicia y progreso humano.    

Sin lugar a dudas que todas estas acciones de confrontación ensombrecen de alguna forma el sistema democrático-electoral del gran país del norte, en tanto que los “caprichos” de ciertos dirigentes hacen “tambalear” la fe y confianza ciudadanas en este instrumento básico para la construcción de un estado de derecho que responda y garantice el bien común. 

Creo que el problema central en este asunto es cierto egoísmo del lado republicano, lo cual “compromete” la paz y tranquilidad sociales, y que toma cuerpo en los disturbios que hemos visto últimamente.

censura trumpista
Imagen: MKT News.

Pienso que estas acciones obedecen a cierta estrategia del equipo de Trump de distraer a la sociedad con un trasfondo que “esconde” cierta frustración por haber perdido estas elecciones que por “tradición” ha venido “sentando” en la Casa Blanca por dos periodos.

Este año que recién empieza, indudablemente debe darnos las “pistas” para repensar nuestras propias acciones en pro de construir comunidades y humanidades sólidas y bien hechoras en la construcción de fuertes bases humanas que cooperen al bienestar colectivo como premisa para el bien individualizado.

En conclusión, lo acaecido estos días en la tierra del “Tío Sam” no es más que el reflejo de la polarización en la que ha sumido al país el magnate neoyorquino, el cual vino subiendo de intensidad aun antes de que fuese electo presidente en 2016. Apelamos al respeto y la tolerancia para que haya una “entrega” pacífica del poder.


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