Apenas en marzo pasado, Femsa Coca-Cocal, la principal competidora de Pepsi, anunció también el cierre temporal de sus instalaciones en Ciudad Altamirano, debido a las amenazas y extorsiones.
En Guerrero, la violencia por el crimen organizado ha alcanzado niveles que hacen muy difíciles a las empresas operar, incluso si se trata de gigantes como Pepsi.
La empresa refresquera dio a conocer el cierre de su centro de distribución en Ciudad Altamirano, en el suroeste de Guerrero, ante lo que ha llamado la ausencia de condiciones mínimas para la normal operación de la planta en la que trabajan un centenar de personas.
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De manera extraoficial, se sabe que la embotelladora de PepsiCo en México, Grupo GEP, anunció que el cierre de sus puertas, que afecta a más de 100 empleados y el abastecimiento de productos en municipios de La embotelladora de PepsiCo en México, Grupo GEP, se debe a la violencia que se vive en el estado guerrerense, en donde la empresa ha recibido amenazas de cobro de cuotas y en donde no se puede garantizar la seguridad de sus empleados.
Una situación que se repite
Apenas en marzo pasado, Femsa Coca-Cocal, la principal competidora de Pepsi, anunció también el cierre temporal de sus instalaciones en Ciudad Altamirano, debido a las amenazas y extorsiones constantes del crimen organizado sobre sus 160 trabajadores.
Y es que de acuerdo con los habitantes de Ciudad Altamirano, en los límites de Guerrero y Michoacán, la zona está dominada por el crimen organizado y cárteles que debaten el control de la región, la mayoría de las veces de forma sangrienta.
A pocos días de la jornada electoral, la decisión de la embotelladora de Pepsi en Guerrero revela el profundo problema en materia de seguridad que deberá enfrentar el nuevo presidente de México.
Los propios empleados del grupo refresquero denunciaron que desde hace varios meses comenzaron a recibir amenazas, cobro de cuotas y agresiones por parte de integrantes del crimen organizado, que busca tener el control del producto refresquero, encareciéndolo para obtener más ganancias.
Los trabajadores, muchos de ellos bajo anonimato, señalan que el gobierno estatal y federal están enterados de la problemática. De hecho, se han reforzado las medidas de vigilancia y seguridad, pero, aseguran, prevalece la impunidad y la violencia en Ciudad Altamirano.
