La consolidación del Estado de derecho en países subdesarrollados es más un símbolo que una realidad palpable y viviente. La idea de soberanía popular, división de poderes o del principio de legalidad, tan importantes y trascendentes en la vida democrática de un país, quedan inertes en océanos de tinta producto de esfuerzos sesudos para explicarlos sin llegar a consolidarse en el día a día de las vidas cotidianas.
La democracia misma se ha convertido en un amor platónico que por más que la deseemos no logramos alcanzarla; un reducido número está dispuesto a pasar la vida en vela por si algún día llegara, para ver si baja del símbolo demagógico y fanático a la práctica cotidiana de la vida, en la forma gobierno-gobernado.
Discursos a diario se pronuncian en los que nunca falta ninguno de aquellos conceptos, a los que se les suma, por mencionar otros más, los de representación y representatividad; aunque unos nunca se enteren quienes son los diputados y senadores quienes en su nombre proponen, modifican o eliminan en su totalidad leyes que nunca se supo de su existencia y menos de su utilidad o que ellos mismos, electos por nuestro voto o por mayoría, nunca volvieron a poner un pie en las colonias y barrios a los que patéticamente acudieron a solicitar el apoyo de la ciudadanía para llegar a la curul; peroratas incongruentes que se esfuerzan sólo en el decir, pero no en el hacer; sin embargo, son tan recurridas y repetidas que parece que lo importante de ellas no es vivir sus bondades, sino las emociones de promesas que nunca llegan a cumplirse.
El Estado de derecho implica no sólo un compromiso con la ley, sino con cada una de las personas que juntas componen uno de los elementos fundamentales del Estado: el pueblo, mismo en el que se debe depositar todo el poder soberano. Dicho poder es precisamente, y no para otra cosa, para darse leyes, instituciones y autoridades que representen exclusivamente sus intereses y a la vez fortalecidas con la propia ley para ser efectivas.
La característica principal del Estado es hacer valer la ley; de ahí la importancia del principio de legalidad que legitima cualquier acto de autoridad. Cualquier agente del Estado, dígase aquellos que dependen del Ejecutivo, Legislativo o Judicial, tienen la obligación de fundar y motivar sus actuaciones y, además, respetar los actos de cada uno de ellos y que la doctrina enseña como teoría de la división de funciones del Estado.
Dicha división de funciones nació con la intención de poner límites al ejercicio del poder público, para evitar que un so lo individuo concentrara las tres y evitar con ello los gobiernos despóticos. Nació para generar equilibrios y permitir que las naciones se desarrollen de manera más.
Sin embargo, en las pseudo democracias, el absolutismo se esconde detrás de los presidencialismos que, inclusive, en la práctica, están más cerca del centralismo que del federalismo y del abuso del poder que de la prevalencia de la ley.
A esto abona no ya la permanencia del partido hegemónico, sino la permanencia de élites que rebasan el poder y la decisión de éstos en los que la cohesión no estriba en la hermandad derivada de lazos sanguíneos o de filiación partidista, sino ideológicos y económicos.
Ante todo, pues, habrá que agotar lo necesario para que el imperio de la ley prevalezca sobre la decisión política.
@marcialmanuel3
Otro derecho de la niña o niño después de su nacimiento es la inscripción inmediata al registro civil para gozar de un nombre y una identidad. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), “la identidad consiste en el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades y, a su vez, de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, condición necesaria para preservar la dignidad individual y colectiva de las personas”.
