Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que esta administración no tendrá un García Luna. “Podemos darle certeza, a ustedes y al País, de que entre el equipo de primera línea del Presidente de la República no se va a encontrar jamás a un García Luna”, afirmó en el marco de una reunión con el cuerpo diplomático mexicano. Es un compromiso tan singular como relevante. Casi al mismo tiempo, la familia LeBarón fue notificada de la existencia de cuarenta sospechosos involucrados en la masacre de esa familia en noviembre del año pasado. Resta investigar si, entre esos sospechosos, u otros que puedan surgir producto de investigaciones posteriores, hay o no funcionarios públicos locales. Concretamente importa saber si una o varias autoridades fueron responsables por acción y omisión de una atrocidad de este tamaño.

Las declaraciones de Durazo son interesantes a la luz del caso de los LeBarón. Por un lado, el Secretario se limita a hablar de la “primera línea del Presidente”. No expandir ese rango implica un reconocimiento implícito e indirecto de que, en la medida en que la dimensión es más local, más se escapa el control de confianza. Así, garantiza que no habrá un “García Luna” en ese espectro del gobierno federal y de alto nivel, pero le es imposible hacerlo para el nivel local. Por otro lado, la imagen de García Luna como eslabón que encadena el mundo legal con el criminal en un contexto como el de la guerra contra el narcotráfico, es en realidad la prueba de que ambos mundos se encuentran efectivamente vinculados. Si García Luna es la prueba más gráfica y notable de ello, los “pequeños” García Luna, funcionarios menores en las localidades concretas, son quienes habilitan esa concatenación un día sí y el otro también.

Los LeBarón fueron claros. Piden y han pedido que se investigue el porqué las autoridades tardaron tanto en reaccionar. Además, a pesar de que los “llenaron con poquita esperanza” con la información que recibieron, también reconocen desconfianza en las investigaciones oficiales. Cuántos García Luna tiene la administración pública mexicana es una pregunta tan relevante como incontestable en las actuales condiciones. Sin embargo, si sólo se puede transmitir confianza al nivel federal, esto refuerza la idea de un modelo de seguridad también a ese nivel. Olvidar el nivel local supone renunciar a un proyecto sustentable de construcción de paz. Si las localidades no cuentan con autoridades capaces de generar investigación criminal de calidad, y en general procuración efectiva de justicia y reparación de daños, entonces seguiremos apelando a guardias nacionales, gendarmerías, y en general cuerpos militares o militarizados con funciones de seguridad pública.

El tipo de violencia que afectó a los LeBarón y que ha afectado a tantas víctimas a lo largo del país la realizan redes criminales. Es un error pensar que estas redes no incluyen a funcionarios públicos. Esos son los “pequeños” García Luna que el Secretario promete no tendrán, pero sólo en la línea cercana al presidente. El día que esa promesa pueda hacerse en los tres niveles de gobierno, ese día se darán pasos sólidos hacia la procuración de justicia. Después tendrá que venir la atención permanente a víctimas, la restauración y construcción de una memoria, así como el asegurar que lo ganado no se pierda. En otras palabras, todavía son muchísimos pasos por delante. Nos viene bien que no haya otro García Luna en el círculo cercano del presidente, pero nos vendrá mucho mejor que así sea en todo el país.