Quien ilegalmente expida, otorgue o permita el otorgamiento o la expedición de certificados o autorizaciones o licencias en materia de construcción, de uso de suelo o de inmuebles, cometerá un uso ilegal de atribuciones.
Ciudad de México.- El Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó con 38 votos a favor diversos cambios al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales, con el fin de castigar diversas conductas de los servidores públicos al generar corrupción en el uso de suelo y licencias de construcción.
El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Antonio Padierna Luna, indicó que esta medida propone sancionar a los particulares, los directores de obras que firmen y no supervisen la obra a su cargo, además de sancionar a las personas que se dedican a la gestión y tramitar diversos permisos, que con medios indebidos obtienen usos de suelo y licencia para construir con base en documentos falsos o alterados.
El diputado explicó que se castigará hasta con cuatro meses de prisión a quien pretenda transmitir un bien alterando el certificado de zonificación, el certificado de acreditación de uso de suelo por derechos adquiridos, alternando la manifestación de construcción o la licencia especial para demolición, que se equipararía como fraude.
También se castigará con dos a siete años de prisión a quien sustraiga, destruya, oculte, altere, utilice, inutilice o introduzca ilegalmente información o documentos auténticos, falsos, alterados, que no sean reconocidos por la autoridad que los expidió en los expedientes y en los archivos en la base de datos para otorgar así certificados únicos de zonificación de uso de suelo, certificado de acreditación por uso de suelo en la manifestación de construcción, las licencias de construcción especial para la demolición y varios más que se señalan en algunos incisos.
Igualmente se le impondrán de cuatro a seis años, seis meses de prisión y de multa de diez mil días multa, así como la suspensión para desempeñar su profesión oficio hasta por un periodo igual a la pena de prisión impuesta a los directores responsables de obra que autoricen o permitan el desarrollo de construcciones de las que otorgó su responsiva sin apego a la licencia, autorización, permiso, registro o la normativa vigente relativa al desarrollo urbano en construcciones de inmuebles, ordenamiento territorial para el Distrito Federal.
El diputado también refirió que una vez hecha una denuncia, el Ministerio Público podrá ordenar la custodia de un folio, para evitar que se pueda concretar el traslado de dominio a personas que engañadas hayan llegado a adquirir inmuebles con uso de suelo que fue alterado por los propios directores responsables de obra, o por funcionarios públicos que alteraron la información que se encuentre en los expedientes o bien a quien utilice documentación falsa para poder lograr este traslado de dominio.
Al respecto, la diputada panista Isabel Priscila Vera Hernández, comentó que este dictamen marca un antes y un después sobre el desarrollo urbano, porque desde esta tribuna se ha denunciado en distintas ocasiones, el abuso de los desarrolladores, que de manera impune violan el uso de suelo, a sabiendas de que ya construido, difícilmente se va a demoler un desarrollo, “como el caso de Céfiro 20, donde ya hasta están habitados los departamentos, se violó los sellos de clausura del INVEA y nada ha sucedido”.
La legisladora declaró que esta reforma debe marcar verdaderamente un paradigma en desarrollo urbano, y que realmente se aplique la ley, dijo que ahora le toca a la Procuraduría de Justicia y al Tribunal Superior de Justicia integrar las averiguaciones previas y consignar y que no se negocie debajo de la mesa.
La diputada confía que ahora realmente se sancione a los directores de obras y que se llegue a las últimas consecuencias con aquellas desarrolladoras que saben del resquicio legal, por ello lamentó que se conociera cuáles son los modos operandi de las desarrolladoras y no se podía hacer nada para sancionarlos.
Hemos aprobamos en la #ALDF reformas al Código Penal de la Ciudad para inhibir y castigar la conducta violenta hacia las autoridades.
— Antonio Padierna (@Padierna_) noviembre 19, 2013
