De Economía Varia

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De manera sorprendente, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto (EPN) puso en su real temporalidad histórica el problema de crecimiento que enfrenta el país, a raíz del reconocimiento de que no se cumplirá el pronóstico original de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) comprometido para este año por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 3.9%. Al mismo tiempo, más que contra su impertinencia como profeta económico, se amplificaron las acres críticas contra la política fiscal seguida por el Secretario Dr. Luis Videgaray.

Los dos eventos revisten singular importancia para la sociedad mexicana y la opinión pública. El primero, porque se reconoce desde la presidencia de la república que el país enfrenta un bajo crecimiento desde hace treinta años, es decir seis lustros. Lo que corrige la sempiterna conducta pública de negación de la realidad económica, que ha restado desde entonces credibilidad al gobierno federal.

El segundo, porque por primera vez tirios y troyanos terminan cuestionando la política económica profundizada desde 1995 y que había sido ponderada ad nauseam desde reductos académicos y ciertos medios de comunicación. Política con la que se ha prometido un futuro de producción, empleo y bienestar que nunca ha llegado y que, una vez más, se augura pronto dará sus resultados positivos.

De esta manera, se reconoce finalmente que México vive una crisis secular propia dentro de una crisis financiera y económica internacional que no acaba de ser superada, como lo evidencia la caída del PIB real de USA, de -1%, en el primer trimestre del año (www.bea.gov/newsreleases). Más importante aún, se concluye, por comentaristas y analistas, que las acciones del gobierno federal no podrán dar los frutos prometidos para este año, poniendo en riesgo, en menos de un tercio del sexenio, las metas de crecimiento y empleo que habían sido comprometidas desde la campaña de EPN. Metas que han sido prometidas anteriormente en otras campañas y no cumplidas en mandatos gubernamentales anteriores.

La crisis internacional ha puesto en quiebra el pensamiento económico que comenzó a ser dominante con el nuevo liberalismo de la revolución económica del Presidente Reagan y la Sra. Thatcher. Tal pensamiento implicó una desregulación de la vida económica de los países y la privatización de las empresas y servicios públicos, que culminó con el llamado Consenso de Washington. La visión fue la preminencia del mercado sobre el estado y el interés particular sobre el interés general. Singular interés significó la desregulación que revistió el sistema financiero, cuya crisis de 1985-1986 en el Reino Unido (UK) anunció tempranamente las recurrentes y costosas crisis bancarias y financieras que habría de enfrentar el mundo globalizado, hasta llegar a la crisis actual.

La crisis ha llevado a aceptar que no puede haber mercado sin estado. De igual forma, que el andamiaje intelectual y teórico que soportó la idea de que los mercados sin regulación al privilegiar ciegamente el interés general afectó duramente el interés general. Más recientemente, se ha terminado por aceptar que la filosofía del nuevo liberalismo acabó por generar una inequidad social que ha subordinado la democracia y al estado a una pequeña élite, casi mundial. O al menos al sector financiero global y sus controladores, como lo enfatizado Paul Krugman.

En el inter in, las posiciones instrumentales de la macroeconomía -el efecto multiplicador de la austeridad presupuestal sobre el PIB; las consecuencias de la depreciación interna sobre la distribución del ingreso; el tratamiento fiscal y monetario de los rescates bancarios, entre otros más- generaron claras discrepancias entre algunas instituciones financieras internacionales. Este sería emblemáticamente el caso entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Central Europeo (BCE). Sin ser tal divergencia menor, permitió elucidar la confrontación entre el pensamiento económico que sustenta el activismo del sector público para atender la crisis y aquel otro que asume, una vez más, que el estado debe minimizar su intervención en la vida económica de los países.

Más recientemente, se ha llegado a considerar que la crisis internacional tiene raíces más profundas, al menos en USA. Raíces que se pueden conjeturar en el rol del consumo en la demanda agregada y los niveles bajos de crecimiento del PIB experimentados. La conjetura fue abordada originalmente por Larry Summers (Remarks, IMF Annual Research Conference, November 8th 2013) y posteriormente ha sido más elaborada por Paul Krugman. En esencia lo que se argumenta es que el consumo ha sido el factor más dinámico para el crecimiento del PIB y que se ha acrecentado por la vía del endeudamiento, por lo que “las finanzas son tan importantes, para dejarlas enteramente a los financieros”.

La posición de minimizar el rol activo del gobierno dentro de la economía, aunque en franca minusvalía por la crisis internacional, ha continuado sustentando políticas públicas de ciertos países para enfrentar sus problemas socio-económicas, como el caso de México. En el extremo, para continuar con estas políticas se ha refutado que no han rendido los frutos esperados por su limitada aplicación. Por lo que se debería, se arguye, profundizar el mismo camino recorrido, protegiendo el interés individual sobre el interés general, o el interés del capital sobre el trabajo, para expresarlo “á la mode”.

Así, países como México, han visto agudizar sus problemas a partir de la crisis internacional, creando nuevos espacios para el beneficio particular y del capital, especialmente financiero. Ello, a contra pelo de las reformas internacionales en marcha, o de reformas financieras como las de USA, que han sido documentadas en este espacio. Tarea difícil que ha llevado a decir a Christine Lagarde, Directora Gerente del FMI, que “El comportamiento del sector financiero no ha cambiado” (El País, miércoles 28 de mayo de 2014), en relación a su conducta que condujo a la crisis actual.

Es posible decir que México vive una crisis dentro de la crisis. Una crisis propia que se ha expresado en un estancamiento que ya perdura treinta años, según reconocimiento de EPN. Y una crisis nacional internacional que, cuando comenzó, se dijo por una funcionario hacendario nacional provocaría un “catarrito” y llevó a contraer el PIB nacional del orden de 6%. Lo más sorprendente, entonces, fue que el mismo funcionario expresó que las recomendaciones y opiniones de ciertos economistas extranjeros, inclusive algunos galardonados con el Nobel de economía, sobre las políticas económicas estaban equivocadas.

En medio del desencanto internacional sobre el resultado del “Momento de México”, hoy la crítica especializada sobre la política económica ha llegado finalmente de manera generalizada a los medios más relevantes del ámbito nacional. Así, el posicionamiento y crítica de académicos y expertos ha quedado plasmado en diversos medios de difusión, más allá de revistas especializadas y ensayos científicos, abordando el ámbito de la política económica y de los resultados que ésta ha rendido en los últimos años. Hecho que se sabía y había sido previamente documentado.

Dentro de lo difundido sobresale que el país requiere cambios estructurales de fondo y una transformación del aparato productivo. De igual forma, que se necesita un incremento de inversiones público-privadas y mejoría en el poder adquisitivo de los trabajadores. De no ser así, se publicó, “México mantendrá los crecimientos ‘mediocres’ que ha registrado en la última década, al menos, y permanecerá en el ‘estancamiento estabilizador’”, concluyéndose que “Frena modelo económico al país: expertos” (Ivette Saldaña| El Universal, 05:00Lunes 26 de mayo de 2014).

Los expertos citados provienen de diversas instituciones como la CEPAL, el Tecnológico de Monterrey, Moody’s, sobresaliendo la opinión de que el país debe cambiar de modelo, para poder crecer. Término que ha llevado a un reiterado enfrentamiento nacional entre las posiciones extremas de una política económica anclada en el pasado y una actitud cuasi dogmática de la política vigente desde hace treinta años.

Cambiar el “modelo” puede llevar años, desde su definición hasta su realización. Exigiría grandes sacrificios, tantos o más de los que ya se han pagado por las ausencias y negaciones públicas. Por lo que de manera relativamente pedestre es importante tener presente la luz de los focos rojos y amarillos de la economía nacional, para ir resolviendo aparentemente lo menos y para poder solventar lo más.

En el muy corto plazo preocupa la ausencia de una política industrial, la caída sistemática del sector de la construcción, el deterioro de la balanza petrolera, el creciente déficit público y la velocidad de crecimiento de la deuda pública. Todo ello sistemáticamente esta encadenado y debe ser atendido sistémicamente. Obviamente, la persistente devaluación interna, esencialmente la caída del poder adquisitivo del grueso de la población, ha seguido estrechando el mercado nacional e impidiendo lograr escalas de mayor productividad, que no de producto medio, tal como medio entienden los funcionarios hacendarios.

La agenda listada se inscribe en un contexto económico institucional lógico, en el que la política fiscal esté por encima de afanes recaudatorios, en el que no se asuma que los deudores son delincuentes que pueden ser unilateralmente sacrificados por las instituciones bancarias y en el que se considere que la informalidad es consecuencia y no causa de los monopolios y de la regulación fiscal (POLICIES TO PROMOTE GROWTH AND ECONOMIC EFFICIENCY IN MEXICO, James J. Heckman y otros, Presented at Banco de México October, 2009), en un país que cuenta con casi 34 millones de personas de 15 años y más en rezago educativo básico.

El país no puede crecer sin inversión e inversión productiva. Pero sólo se invierte si hay mercado nacional o exterior. Lo que hay que producir son bienes industriales y manufacturas, así como alimentos que tanta falta hacen. Ello implica un rol activo y promotor del sector público en la economía, tanto en lo interno como en lo externo.

Hay que reconocer que hay un cambio de las ideas económicas a nivel mundial y que ha emergido una rebelión en el templo nacional que ha gobernado el país. Finalmente, pero no menos importante, hay que aceptar que la tarea de la SHCP es algo más que las simples entradas y salidas de caja y que sus afanes deben estar lejos de la simple administración de una tesorería local.

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En medio de un amplio debate si la economía mexicana se encuentra en recesión o no, finalmente el Banco de México (Banxico) ha ajustado a la baja el crecimiento anual esperado del Producto Interno Bruto (PIB), de un rango de 3-4% a 2.3-3.3%. Lo mismo hará, en consecuencia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a partir del informe del INEGI sobre el crecimiento observado en el primer trimestre del año. Crecimiento estimado extraoficialmente por un Subgobernador del Banxico en 0.6%, lo que arrojaría un crecimiento anualizado de alrededor del 1% (Reforma, viernes 23 de mayo de 2014).

Tal ajuste inicial se da en el contexto de la información difundida por el diario Reforma (jueves 22 de Mayo, 2014) que, de acuerdo al reporte de Competitividad Mundial del Instituto Internacional para el Desarrollo Administrativo, México en un solo año retrocedió nueve lugares en su “habilidad para crear y mantener un ambiente propicio para los negocios”. En desempeño económico cayó del lugar 14 al 18; en eficiencia gubernamental del 29 al 41 y en infraestructura del 49 al 51. Con ello se alcanzó el ranking 41, contra 32 del año pasado, en la clasificación de un conjunto de 60 países evaluados.

Las cifras citadas, como muchas otras más, por ejemplo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (MB) evidencian una coyuntura adversa para la economía nacional que se agrega al estancamiento secular experimentado desde hace más de seis lustros, tal como se ha señalado en este espacio. En tanto se ha insistido oficialmente que los “fundamentos” de la economía están fuertes y sanos, el crecimiento del PIB y la generación de empleo resultan harto insuficientes para la creciente pobreza del país.

Así, el desencanto internacional parece una vez más estar presente, dado que “El enfriamiento económico vuelve a impedir el despegue de México” (El País, Edición América, 21 de mayo, 2014). Esto, a pesar de las expectativas positivas que el cambio de gobierno y sus reformas económicas inicialmente despertaron, al amparo de la profundización de la visión económica que ha prevalecido prácticamente desde 1995.

En este contexto, América Latina en los 2000’s retornó al crecimiento después de casi un cuarto de siglo de estancamiento y de bajo crecimiento económico, a pesar del impacto de la gran recesión en los Estados Unidos (USA). “Desde 1980-2000, el PIB per cápita creció sólo 7.7 por ciento o 0.4 por ciento anualmente. Esto comparado a 91.5 por ciento de crecimiento o una tasa promedio anual de 3.3%, para los previos veinte años (1960-1980). En los 2000’s, el crecimiento alcanzó una tasa promedio anual de 1.9 por ciento no cercana a su promedio de antes de 1980, sin embargo fue un mejoramiento significativo. La tasa regional de pobreza también cayó fuertemente por primera vez en décadas, de 40 por ciento en 1980 a 28 por ciento en 2013” (Latin American Growth in the 21st Century: The “Commodities Boom” That Wasn’t, By David Rosnick and Mark Weisbrot, Center for Economic and Policy Research, May 2014).

Obviamente, este agregado regional positivo contrasta con lo logrado por México. En 2013 México alcanzó una tasa de crecimiento de únicamente 1.1% del PIB, por abajo del promedio observado para América Latina. Aún más grave, en los últimos años, el porcentaje de población en pobreza ha crecido, contando el país con uno de los porcentajes en la materia más elevados de la región. El crecimiento económico y el abatimiento de la pobreza, es decir el desarrollo de Brasil, Perú, Ecuador, únicamente por nombrar a los países más significativos, ha sido sustancialmente superior al mexicano. Países que se han abocado a promover y apoyar el crecimiento económico y no sólo a administrar la economía.

La mayoría de los países de Latinoamérica han establecido claras políticas de apoyo y protección a su planta productiva, a la par que se han abierto a los mercados internacionales. Lo que les ha permitido insertarse activamente en la globalización, con una mayor producción y generación de empleo. Situación que ha estado ausente en el caso mexicano, a pesar de haber enfatizado sus afanes de estabilidad macroeconómica.

Un claro ejemplo de políticas de protección de la planta productiva lo constituyen la reticencia de Brasil y Argentina en 2012 para cumplir con el acuerdo con México para la exportación de automóviles desde tierras aztecas. Así, en tanto esos países protegieron su “industria nacional”, propiedad de empresas transnacionales, México aceptó sin mayor reclamo comercial tal conducta proteccionista, que contraviene el mantra liberal del comercio internacional.

Obviamente, desde la visión económica que ha prevalecido desde hace 20 años, la posición oficial Mexicana fue que tal conducta anti-comercial iba en contra de la eficiencia de los mercados. Visión simplista que choca con la realidad económica. Mientras las expectativas de exportaciones mexicanas a esos mercados se cancelaron, la planta productiva automotriz de Brasil y Argentina no fue afectada. Con ello quedó visible el contraste de resultados productivos entre la prescripción económica predominante en México y una política nacional pertinente para el crecimiento.

Prácticamente desde 1995 las políticas públicas nacionales se han orientado a administrar la economía, sin mayor consideración del crecimiento auto-sostenido y del desarrollo nacional. Se ha partido de una serie de supuestos heroicos implícitos, especialmente de que el país cuenta con las instituciones que requiere una economía de mercado y que el aparato productivo puede ser comandado y atendido automática y eficientemente por un sector privado desarrollado. Nada ha estado más fuera de la realidad, como incontrastablemente lo patentizan la estructura productiva y la baja eficiencia de los mercados en México.

En la materia considérese la estructura oligopolizada que las concesiones públicas de televisión y telefonía ha constituido y que amenaza con prevalecer un buen número de años más. Lo mismo ha acontecido con concesiones de carreteras, puentes y, en general, proyectos públicos y privados que sin control alguno impactan adversamente costos y precios. Dentro de tales ejemplos no puede faltar la privatización del agua y pronto veremos el efecto sobre precios de la desregulación de los combustibles y la energía eléctrica.

Todo parece indicar que desde hace 20 años las políticas públicas han tenido como prioridad administrar la economía, para que por la vía de los intercambios de bienes y servicios el país crezca y oriente su aparato productivo. Tal política ha terminado simple y llanamente por promover desde “changarros” hasta ingenuas pretensiones de “emprendedores”. Pretendiendo que todos pueden ser empresarios y sólo falta la decisión para lograr ese cometido, generando un estancamiento secular del país. Todo ello ha generado un amplio desperdicio de recursos públicos, olvidando la capacitación técnica real, más allá de la administración empresarial, el financiamiento, las facilidades fiscales, la infraestructura, el desarrollo de mercados, ente otros aspectos estratégicos empresariales.

La administración económica y la liberación de los intercambios comerciales han llegado al extremo de permear al interior del propio sector público. Por ejemplo, el INEGI cobra la provisión de sus servicios a las mismas dependencias e instituciones federales. Los bancos de fomento e instituciones financieras públicas no sólo buscan mantener su capital, sino inclusive reproducirlo con prácticas financieras que pueden rallar en el agio. Ello hace que la “intermediación” financiera por créditos fondeados en el extranjero termine resultando dos o tres veces por arriba de la tasa de interés primaria.

La administración de Pemex resulta emblemática, con varias empresas a su interior, hacen redundantes sus propios aparatos administrativos y de control. Amén de sus fideicomisos fuera de control, varios de ellos constituidos en paraísos fiscales. Muchos más ejemplos podrían darse del área de “negocios” públicos desarrollados en los pasados doce años, como serían, se dice, los servicios que presta FONATUR en materia de construcción o el ISSSTE, que a través de una “subsidiaria” participó en licitaciones públicas en 2012.

La administración pública de la economía ha impedido aceptar la necesidad de políticas sectoriales específicas. Baste recordar a un Secretario de Industria y Comercio de los 1990’s que pregonó que la mejor política industrial era la que no existía; hecho que hoy escandalizaría a los gobiernos de Francia, el Reino Unido y probablemente de USA, a la luz de la pretendida fusión de empresas farmacéuticas.

La política pública prevaleciente también ha impedido establecer una estrategia de inversión y gasto público funcionalmente orientada al crecimiento. Considérese, como otros muchos más casos económicos factuales, que México siendo una potencia automotriz latinoamericana permite que entren vehículos usados de USA que no cumplen con las más mínimas especificaciones de producción y seguridad nacional. La internación de ese tipo de vehículos es del orden de medio millón al año, significando una gran contaminación en las zonas fronterizas, un mayor “subsidio” promedio de combustible que el otorgado a los vehículos nacionales y un desperdicio de recursos privados.

El crecimiento económico implica una participación activa del gobierno. Aún en las economías desarrolladas se protege a la planta productiva y al empleo, se alienta la domiciliación fiscal, se combaten las prácticas de comercio internacional asimétricas, entre otras muchas acciones públicas. En esos países realmente se financia a las Pymes con fondos y condiciones crediticias especiales y se conceden tratamientos preferenciales. Todo ello parece estar ausente en la administración económica de México.

Simples estrategias de crecimiento son muy loables, como la priorización actual por parte del Senado de la región sur-sureste del país, en la que radica el mayor potencial productivo del país y en la que se asienta el mayor número y porcentaje de población en situación de pobreza del país. En el mismo sentido, es relevante el compromiso presidencial de rehabilitar y ampliar el sistema de riego agropecuario del país. Esas son medidas concretas y lógicas para incrementar la productividad y apoyar el crecimiento del país.

Crecer y generar empleo es la base para el desarrollo. Distribuir equitativamente los productos del crecimiento y proporcionar los servicios sociales que la población demanda es desarrollar el país. El fomento empresarial es necesario, pero el país no es una empresa que únicamente requiere ser bien administrada.

Cuando a fines de los 1970’s se dijo que México más que subdesarrollado estaba sub-administrado, el país de pronto despertó en medio de una pesadilla. Hay condiciones objetivas y tiempos que obligan a cambiar y cambiar para ser más eficientes. Como en el pasado reciente, siempre hay oportunidades para crecer, hay que asumir sus riesgos y saber aprovecharlas.

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Al tema de la inseguridad, se ha sumado estridentemente el controvertido debate si la economía nacional se encuentra o no en recesión. Hecho que se ha agregado a los señalamientos de los efectos adversos que ha significado la Reforma Hacendaria (RH), especialmente del nuevo régimen fiscal. El debate se ha inscrito en el marco del bajo crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2013 y el incumplimiento, por lo tanto, de la meta de producción comprometida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el año pasado.

La discusión sobre el estado que guarda la economía tiene dos aristas convencionalmente aceptadas entre los economistas: el conceptual y el de política económica. Lo primero permite precisar la discusión técnica, a fin de evitar ambigüedades y permitir que los involucrados tengan claro que se habla de lo mismo entre ellos. Esto muchas veces se obvia y termina por configurar una discusión de sordos. Por ejemplo, el concepto de capital tiene una concepción diferente en la economía dominante y otra desde el enfoque marxista. Aún más, en la visión moderna de la economía, los servicios de educación y hasta de salud llegan a considerase como inversión en capital humano, más que simple gasto.

En la segunda arista, relativa a la política económica, es conveniente en cualquier discusión técnica clarificar los problemas que se pretenden atender o resolver y los supuestos sobre los que descansan las propuestas de acciones públicas. La precisión de los supuestos es fundamental aún en las ciencias naturales, para saber en qué condiciones una teoría opera: la fuerza es igual la masa por la aceleración únicamente en condiciones de vacío gravitacional.

La precisión de los supuestos económicos era anteriormente piedra angular para los economistas para justificar sus posiciones teóricas y explicativas, así como sus propuestas de políticas. La ausencia de precisión y explicitación de los supuestos económicos ha hecho que los economistas parezcan más mensajeros de la fe que profesionales de una ciencia social, que pretendidamente se ha querido equiparar a las ciencias naturales.

Así, el ruido mediático que se ha generado sobre el estado que guarda la economía, el señalamiento de los efectos adversos de la RH, las presiones inflacionarias que han desatado los Impuesto Especiales a Productos y Servicios, entre otros muchos más, debe partir de la precisión conceptos y del análisis de los fundamentos de la políticas económicas. Ello podría ayudar a saber que puede salir mal de la política económica en marcha y que promesas gubernamentales no podrían ser cumplidas. Los exiguos logros de 2013 deben ser una lección que debe ser aprendida, para prevenir malos resultados.

Independientemente de la percepción pública, la discusión del Dr. Luis Videgaray, Secretario de la SHCP, a partir de la información difundida por el INEGI de que la economía nacional está “en fase de recesiva”, es un ejemplo de los problemas conceptuales y semánticos en los que caen los economistas. Convencionalmente se ha aceptado que una economía esté en recesión cuando el PIB se contrae o decrece durante dos trimestres seguidos. Más contemporáneamente, se ha definido a la recesión como el “periodo en el que el producto y el empleo están cayendo. Ocurre cuando la producción agregada es inferior a la producción potencial” (Krugman, P. y Roben Wells, Introducción a la Economía, Macroeconomía). Esta definición parecería más pertinente para conocer el comportamiento de la economía, pero presentaría el reto de definir su potencial productivo.

El criterio tendencial, coincidente y adelantado, que aplica el INEGI para estimar el comportamiento económico, le permitió asegurar que en febrero se continuó en recesión y que en marzo probablemente se mantuviera. Ello como consecuencia de que algunos componentes se encontraron en “fase recesiva” y otros en “fase de recuperación”, particularmente la actividad industrial y las importaciones.

El Dr. Videgaray habla en términos convencionales, por lo que en efecto el PIB no se encuentra en recesión, en tanto el INEGI aplica un criterio tendencial de varios componentes para inferir en qué fase se encuentra la producción nacional. Por lo que en cada caso se habla de conceptos y criterios diferentes. Con el convencional se habla de un momento del pasado, con el del INEGI de una tendencia para calificarlo. En tanto el primero es un concepto simple y sencillo, el otro resulta más pertinente para fines análisis y posible previsión de la acción pública. No necesariamente se deben juzgar ambos conceptos excluyentes, pero si deben ser claramente contextualizados, para evitar un envió de señales (signalling) equívocos a los entes económicos: las empresas y las familias, y hasta el mismo sector público.

Así, en cada caso se está hablando estrictamente de conceptos diferentes sobre lo que se considera una “recesión”, por lo que comparar sus mediciones puede resultar un esfuerzo estéril. Lo que sorprende es que, según el INEGI, la “fase recesiva” de la economía ha cumplido año y medio y hasta apenas ahora de manera mediática surge la discusión del tema y el concepto. Lo que es un hecho es que a diciembre de 2013 el sector industrial cumplía 24 meses decreciendo, como fue demostrado en este mismo espacio, lo que los medios especializados parecen haber obviado.

Es altamente probable que la “fase recesiva” de la economía nacional del INEGI haya llamado la atención pública en razón del cuestionamiento de la eficacia de la acción pública federal y de los resultados económicos que los empresarios, privados y sociales, y las familias perciben. Es decir que más allá de las consideraciones técnicas de la realidad económica, ésta pudiera estar contraviniendo las promesas y pretensiones gubernamentales.

Dada la independencia del Banco de México (Banxico), es dable decir que el gobierno federal cuenta básicamente con la política fiscal para mover a la economía nacional. Entendida la política fiscal como la relativa al ingreso-gasto del gobierno. Y es en este contexto que algo parece que “huele mal (a podrido) en Dinamarca” y explicar el cuestionamiento mediático al que se le ha sometido al DR. Videgaray.

La política impositiva ha sido cuestionada por su impacto en los precios, por los nuevos regímenes que implica y por las barreras administrativas que alientan la informalidad y la economía “subterránea”. Sin duda, el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) para los productores agropecuarios y los “Repecos” evidencia el extravío técnico de la SHCP, al violar el principio de equidad que constitucionalmente debe cumplir. Pretende dar un tratamiento igual a los desiguales.

Los hasta ahora Repecos y los campesinos son “entes económicos” diferentes a los empresarios. Ellos asumen una naturaleza de autoempleo, por lo cual son patrones y trabajadores de sí mismos, dueños de su exiguo capital y auto-arrendatarios de su propio espacio de trabajo. A ello se agrega que su escala económica y de infraestructura administrativa hace casi imposible que puedan expedir y acopiar facturas por medios electrónicos. Situación económicamente diferente a la de los empresarios, que de una manera u otra asumen relaciones contractuales, ya sea, laborales, de abastecimiento, venta, financiamiento o arrendamiento. Por lo que se está ante hechos notorios que los hacen desiguales a unos y otros.

Considérese que en España es posible pedir cita a la autoridad fiscal para la orientación y formulación del “entero” o declaración impositiva anual. Nuestras autoridades recaudatorias se imaginan un México tecnológica y económicamente más allá de economías y sociedades desarrolladas.

El reclamo contra la reforma fiscal ha alcanzado hasta voces emblemáticas, como el Dr. Guillermo Ortiz, Exgobernador del Banxico, actualmente Presidente del Grupo Banorte, al haber señalado que estaba afectando negativamente la economía. La baja actividad económica del primer trimestre del año sería asignada a los cambios recaudatorios puestos en marcha en 2014, a pesar del enorme gasto público programado con la RH. Obviamente el DR. Videgaray ha descalificado al Dr. Ortiz.

Ninguna economía puede sostener su crecimiento basado en el gasto público. Mucho menos cuando éste se concentra en gasto corriente con bajo efecto multiplicador macroeconómico, como las cifras de los últimos tres lustros lo reflejan para el caso de México. Por lo que no es mucho lo que pueda esperarse en 2014 del impacto del gasto público sobre el conjunto de la economía nacional.

La definición de nuevos proyectos de inversión, diseño y ejecución implica un ciclo al menos de 18 meses. Tiempo que bien puede ser mayor, ante la falta de experiencia de la burocracia federal en la materia. Por lo que la concreción de las inversiones públicas en su impacto económico podría verse manifestado hasta en 2016. La inversión pública de manera racional debería ser dirigida prioritariamente hacia la continuidad, mantenimiento y reposición de obras y servicios, antes de pensar en nuevos proyectos.

Los montos, así asignables, podrían ser más rápido de ejercer, con un tiempo de maduración de más corto plazo. Además, su dispersión geográfica podría implicar un mayor efecto económico regional. Un loable ejemplo de este criterio de inversión es el anuncio de la reparación y mantenimiento de los distritos de riego, anunciada por Enrique Peña Nieto, en Aguascalientes. Sin ninguna duda, el sector agropecuario tiene una amplia necesidad y capacidad de absorción de capital que puede impactar rápidamente a la producción y ocupación.

Todo deja indicar que si algo puede salir mal en la estrategia económica de EPN es la política fiscal, es decir de ingreso y de gasto. La primera puede ya reflejar la baja en la recaudación, por razones de menor actividad económica y de su impertinencia y realismo impositivo. La segunda, debe ser reconsiderada tomando en cuenta los logros obtenidos en 2013 y los alcanzados en los sexenios anteriores, cuya obsesión en la realización de grandes y nuevas obras terminó acrecentando el desperdicio de recursos.

Finalmente, pero no menos importante, es necesario tener presente que la suplencia de la iniciativa privada en la áreas en donde Pemex dejará de operar no será automática, por lo que la “recesión” económica regional será un reclamo más que, en su momento deberá enfrentar el Dr. Videgaray. Reorientar la economía lleva tiempo. Es como cambiar el rumbo del Titanic, con el riesgo de que pueda ser tarde para evitar una colisión con un iceberg. Algo parece que puede salir mal para la economía mexicana y algo ya huele mal.

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Thomas Piketty, economista francés, ha generado una gran atención y discusión sobre su libro El capital en el Siglo Veintiuno. Algunos analistas han llegado a equipararlo con John M. Keynes, cuya Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, publicada en 1936, revolucionó el pensamiento económico y ayudó a enfrentar la gran depresión económica del 1929.

El paralelismo entre Piketty y Keynes puede fundamentarse en las circunstancias económicas internacionales de crisis en las que sus obras emergen y por la importancia que en ellas es asignada a cierta “anomalía” económica y social evidenciada con las crisis mismas. Sin embargo, la Teoría General, obra enormemente citada y relativamente entendida, está plenamente vigente para entender la crisis actual y para transitar por los caminos teóricos y técnicos de la distribución y el capital que Piketty ha puesto en la palestra de la discusión.

En tiempos recientes, probablemente ningún economista como Piketty ha levantado tanto polvo en los medios de comunicación a nivel global en tan poco tiempo, si se considera que el libro fue apenas traducido al inglés en el mes de marzo y casi inmediatamente alcanzó en Amazon el primer lugar en ventas. Este fenómeno puede deberse a la larga espera de recuperación económica que enfrenta Europa y al estancamiento que se estima enfrenta ya Estados Unidos (USA). Hechos para los cuales parece no existir una explicación aceptada de manera generalizada por los economistas.

El análisis de Piketty se centra en el clásico tema de la distribución del ingreso y de la riqueza, los que funcionalmente están vinculados con el capital y el trabajo. El autor demuestra históricamente con gran detalle como la distribución a nivel mundial se comenzó a revertir a partir de los años 80’s del siglo pasado, creando finalmente una suerte de “capitalismo patrimonial”. Al privilegiarse el capital frente el trabajo.

Con ello se estaría retornando a antes de la Primera Guerra Mundial cuando “el uno por ciento (de la población) recibía alrededor de la quinta parte del ingreso total en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Para 1950 ese segmento hubo cambiado a más de la mitad (de ese ingreso). Pero desde 1980 el uno por ciento ha visto de nuevo crecer su participación en el ingreso—y en los Estados Unidos regresó a lo que fue hace un siglo” (Why We’re in a New Gilded Age, Paul Krugman MAY 8, 2014 ISSUE. Capital in the Twenty-First Century by Thomas Piketty).

El tema de la distribución del ingreso había ya sido tratado en USA desde hace casi tres lustros. Pero como resultado de la crisis internacional ha recibido nueva atención incorporándosele el aspecto de la acumulación de la riqueza. Tema este último que en su trascendencia difiere entre Europa y USA.

En los albores de la Primera Guerra Mundial, Europa hubo acumulado una riqueza de capital seis o siete veces el ingreso nacional. Pero en las cuatro décadas siguientes, la combinación de la destrucción física y el desvió de los ahorros hacia el financiamiento de la guerra redujeron esa proporción a la mitad. La agudización de la concentración de la riqueza debería, junto con el crecimiento de la población y la innovación tecnológica, explicar la crisis de producción y empleo que vive buena parte del mundo.

En 1910, en Francia el 1% más rico detentaba el 60% de la riqueza y en Gran Bretaña 70%. Piketty demuestra que la parte heredada del total de riqueza cayó fuertemente entre guerras y cerca de 1970 disminuyó a menos del 50%. Sin embargo, ahora ha aumentado de nuevo arriba del 70%. En Gran Bretaña la participación del capital dentro del ingreso, ya sea en forma de ganancias corporativas, dividendos, rentas o venta de propiedades, de alrededor de 40% antes de la Primera Guerra disminuyó cerca de 1970 a escasamente 20%, y desde entonces ha subido a porcentajes cercanos a los iniciales.

En contraste, Piketty estima para USA que el incremento del ingreso del capital explica solo una tercera parte del incremento en la desigualdad del ingreso. Los ingresos por salarios han aumentado, especialmente para los altos niveles. Los salarios reales de los obreros desde 1970 han aumentado muy poco, en tanto para el 1% de más altos ingresos han aumentado 165% y para el 0.1% el aumento ha sido 362%. Por lo que en USA la concentración de la riqueza se ha debido a los “super-salarios”.

La causa aparente de esta situación se debe a que los altos salarios y bonos que corporativamente se pagan son definidos por miembros del Board que son seleccionados por el mismo Chief Executive Officer (CEO). Explicación centrada en la corporate governance, por la asimetría de interés económico que existe entre el gerente y el de los accionistas de las empresas. A ello se agrega el tratamiento fiscal que ha terminado por beneficiar a los altos ingresos y las ganancias de capital.

Sin embargo, como bien lo señala Krugman, falta un claro diagnóstico de la concentración de los altos ingresos en razón de la industria financiera, por lo que es necesario un análisis de la distribución y el “rendimiento” de la riqueza. Aspectos que caen analíticamente sin duda en la esfera de la Teoría General.

Piketty propone una medida económica para re-funcionalizar al capitalismo y corregir su anomalía en la distribución que lo regresó al siglo XIX; siglo del manifiesto comunista, el Capital de Marx y la comuna de Paris. La medida esencial propuesta por Piketty es la impositiva; la gravación de la riqueza y de los altos ingresos, como medida redistributiva. Por la necesidad de su escala a nivel global, el mismo autor considera tal medida relativamente utópica.

Como en su momento Keynes, Piketty asume que una acción del estado puede regresar al capitalismo ímpetu y progreso, se diría en beneficio de las masas. Coincidentemente, en tanto Keynes habló en esencia del beneficio del gasto público para salir de la crisis económica, Piketty propone el ingreso público gravando la desigualdad del ingreso y de la riqueza; medidas que hacen ver las dos caras de la moneda fiscal.

Como en su tiempo Keynes, Piketty comienza a ser tachado de marxista. Su análisis económico es a la manera de la economía convencional, por lo que ha terminado por sorprender a buena parte de la elite dominante de economistas. Es posible decir que en tanto Piketty aborda el análisis de la distribución en una perspectiva histórica, Keynes va más allá analíticamente de una anomalía estructural, como lo sería la falta coyuntural de demanda agregada que puede ser solventada con el gasto público. Así, fuera del empirismo manifiesto en su obra, como lo califica Krugman, con Piketty resurge la necesidad de una explicación de la racionalidad del capital y la riqueza y de su reproducción, que es por medio del interés.

Tal análisis y discusión lo aborda Keynes en el Libro IV de la Teoría General, en especial en el apartado 16, denominado “Especiales observaciones sobre la naturaleza del capital” (Teoría General de la Ocupación y el Interés y el Dinero, Fondo de Cultura Económica, Séptima Edición, 1966). En el apartado Keynes expone que el ahorro puede desalentar la producción y consecuentemente la inversión en el presente. De igual forma, que el ahorro no es simplemente el resultado de posponer el consumo presente hacia el futuro, por lo que la reducción del consumo presente puede inducir también a un consumo e inversión menor futura.

En el contexto de la obra de Piketty, el ahorro presente puede tener el afán de crear una riqueza futura. Por lo que no necesariamente un mayor ahorro significa una mayor demanda de inversión futura. Aún más, contraviniendo el pensamiento dominante de antes y de hoy, señala que el propietario de riqueza lo que desea es un rendimiento probable y no un bien de capital por sí mismo. Obviamente el rendimiento probable está en función de la expectativa futura de la demanda agregada. Por lo que si el ahorro no hace nada para estimular el rendimiento probable, es decir hacerse productivo, tampoco lo hará para estimular el rendimiento de la inversión.

Así, si el capital se hace menos escaso, su rendimiento disminuirá, sin que se haya hecho menos productivo desde el punto de vista de lo que físicamente pueda generar. Por eso dijo Keynes “simpatizo con la doctrina preclásica de que todo es producido por el trabajo […]”, ayudado por la técnica, los recursos naturales, e incluyendo al empresario y sus colaboradores. Bajo esta visión, el capital es llanamente resultado del trabajo acumulado.

La visión keynesiana del ahorro y el capital puede decirse que está predominantemente enfocada a la economía real. Por lo que el análisis de la reproducción del capital y de la riqueza se centró esencialmente en la esfera de la producción, asumiendo con ello que la inversión fuese productiva. Por lo que a mayor abundancia de capital se esperaría un menor rendimiento, “r” en la nomenclatura de Piketty, igual que en condiciones de baja demanda agregada y caída en la producción, afectando la reproducción del capital y la riqueza.

Por ello ante las bajas expectativas de crecimiento de la demanda agregada y por la especulación actualmente buena parte del capital y la riqueza se reproducen por la vía financiera y no productiva. Se podría decir que hay una reproducción estéril del capital, cuyo rendimiento, “r”, se acumula al cómputo del Producto Interno Bruto (PIB), junto con el pago de los altos ejecutivos involucrados y otros servicios, sobre-apreciando el verdadero esfuerzo productivo de una sociedad realiza y agudizando la concentración del ingreso y la riqueza.

Para sorpresa de muchos, la explosión de la reproducción financiera del capital y la riqueza se ha agravado en las actuales circunstancias de “tasas de interés casi cero”, haciendo escaso el capital productivo, pero tal explosión tiene una vieja data. Se estima que las transacciones financieras han crecido a tasas más altas del comercio internacional y del PIB. De 1977 a 2007 “las transacciones internacionales en mercancías y servicios han aumentado 11 veces. En el mismo periodo, las transacciones financieras en los mercados internacionales han aumentado 175 veces y 281 veces, incluyendo los contratos derivados sobre cambios y tasas de interés, pero excluyendo aquellos sobre créditos, acciones y mercancías, que en los últimos años han crecido a las tasas más altas”. Así, es manifiesta la reproducción financiera del capital y la riqueza.

El análisis desarrollado por Keynes en el Teoría General considera dos momentos; uno relativo al comportamiento económico en un ambiente de laissez faire y otro en el que el gobierno induzca a que la tasa de interés baje efectivamente. En el primer caso los “artículos de capital” serían escasos y en el segundo abundantes, asegurándose en este último caso el pleno empleo de los recursos. Dada la desregulación financiera vivida desde 1980´s y el retraso de una nueva arquitectura regulatoria es obvio que el capital opera en una circunstancia de laissez faire.

Bajo la visión keynesiana es claro que la anomalía en la distribución “funcional” del ingreso, entre capital y trabajo, que ha generado una gran concentración de la riqueza, va más allá de su resolución paliativa por la vía impositiva. Por lo que el tema y la preocupación puesta en el debate internacional por Piketty bien pueden ser profundizados teniendo presente a Keynes, quien asumió que el especulador o inversionista no “tiene dominio ilimitado sobre el dinero a la tasa de interés del mercado”. Supuesto que en pleno siglo XXI ha sido relativizado con “instrumentos financieros exóticos”, imponiendo tasas de interés efectivas varias veces las de “mercado”, para asegurar la reproducción financiera rápida y elevada del capital y la riqueza.

Transitar del análisis de Piketty a la Teoría General de Keynes para analizar la lógica económica del capital y su reproducción ayudaría a entender cómo opera el capitalismo del siglo XXI en su fase de expansión financiera y porqué las políticas económicas vigentes dan resultados inesperados a los deseados. En tanto, mucho camino habrá que recorrerse antes de ver resuelta la crisis actual. Así sucedió en 1929 y esperemos así suceda ahora, si antes el trabajo no se rebela o el capital patrimonialista lo impide.

 

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Después de un magro desempeño productivo en 2013 y en medio de un amplio consenso, nacional e internacional, de que la economía mexicana no crecerá en 2014 de acuerdo a lo prometido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Baja CEPAL estimado del PIB de México, Cartera, El Universal, lunes 28 de abril de 2014), fue dado a conocer el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 (PNI).

El Programa resulta impresionante por el monto de la inversión pública y privada involucrada, la distribución sectorial y regional de la misma y por la importancia macroeconómica que la construcción reviste en sí. Se espera, así, que el PNI impacte hasta en 2% el Producto Interno Bruto (PIB). Según la afirmación de la SHCP (El Universal, Nación, martes 29 de abril, 2014).

En efecto, el PNI contempla una inversión total de $7.7 billones de pesos, que equivale a un 50% más que lo invertido para “infraestructura” en el sexenio anterior. La inversión se destinaría preferentemente a los Estados del Sur-Sureste, sobresaliendo Campeche, Tabasco y Veracruz. Estados identificados con la explotación petrolera y la generación de energía eléctrica. Región, además, que es considerada estratégica porque en ella radica buena parte de los recursos naturales del país.

Con el PNI, el principal sector administrativo beneficiado será el de energía, seguido por el de desarrollo agrario, territorial y urbano y en tercer lugar el de comunicaciones y transportes. Llama la atención que lo que se destinaría a Pemex y CFE sería alrededor de $ 3.8 billones; es decir el sector de energía concentraría del orden de 50% de la inversión anunciada. Sector cuya inversión va más allá de lo convencionalmente asociada a la “infraestructura”.

Este último hecho parece distorsionar la comparación oficial con respecto a lo invertido en infraestructura en el sexenio pasado. Distorsión a la que se podría agregar el peso de la inversión privada directa asociada al PNI y la que resulte de los denominados “proyectos públicos privados”, cuyo financiamiento es privado. Conceptos que computados podrían dar luz al verdadero esfuerzo presupuestal federal destinado a invertir en la infraestructura que tanto demanda el país.

Independientemente de la distribución regional y por sectores de la inversión anunciada y de su posible sesgo comparativo con lo realizado en el sexenio anterior, sin duda el PNI deberá impulsar a la economía, particularmente por la vía de la construcción. Actividad estratégica del sector secundario que manifestó una profunda contracción en 2013 por la política de gasto pública asumida, frente a su manejo estratégico contracíclico en 2009 para paliar los efectos nacionales de la crisis internacional iniciada a fines de 2007.

Como es conocido, el crecimiento en 2013 del PIB fue de 1.1 %, en contraste con el último pronóstico de 1.3% de la SHCP, después de sistemáticos ajustes a la baja de su pronóstico inicial. El crecimiento alcanzado fue el más bajo de los últimos cuatro años, que parece ser olvidado por comentaristas y analistas y que hace prever un panorama restrictivo de crecimiento para 2014.

Tal como fue publicado en este medio (La depresión económica secular de México), el análisis del PIB 2013 evidencia “que el sector secundario, relacionado con la industria y la construcción, se mantuvo en un claro decrecimiento a lo largo de todo el año […]”. Por lo que “La contracción del sector secundario podría ser explicada por la baja calidad del gasto público federal, desde la perspectiva de la inversión física”.

Entonces se dijo “que es clara la pérdida de dinamismo del sector secundario o industrial desde el primer trimestre de 2012, hasta decrecer francamente durante todo el año de 2013. De tal manera que es posible enfatizar que la pérdida de dinamismo industrial en México cumple ya más de 24 meses; probablemente una de las fases económicas depresivas más largas vividas en el país desde mediados de los 1980´s”.

En este comportamiento recesivo del sector secundario observado en 2013, obviamente la construcción desempeñó un papel clave. Tal papel puede entenderse si se analiza la construcción de acuerdo a su valor anual y en una perspectiva más allá de su comportamiento puntual en un año. El análisis agregado arroja un contraste de la política económica del anterior gobierno con el actual.

De acuerdo a la información publicada por UNITÉ, con datos del INEGI (Reporte Económico, Construcción 2013, La Jornada, lunes 28 de abril de 2014), el valor total de la producción de la construcción en 2013 disminuyó en términos absolutos, respecto a 2012, (Tabla 1). La caída es atribuible totalmente a la disminución del valor de la construcción del sector público, del orden de $20 mil millones de pesos, ya que la construcción del sector privado mantuvo el valor nominal de un año antes.

Tabla 1

El comportamiento negativo de la construcción, indiscutiblemente fue atribuible al sector público, por efecto del rezago del gasto federal durante casi los tres primeros trimestres de 2013. El rezago significó una contracción del ejercicio con respecto a los mismos meses del año anterior, que se estimó afectaría al conjunto de la economía, tanto por los analistas como por representantes del sector privado. Sin vacilación alguna, la contracción de la vivienda, relevantemente por la vía del bajo financiamiento, agudizó el efecto adverso del rezago del gasto público sobre la construcción.

 Las consideraciones anteriores pueden ser enriquecidas si se toma en cuenta la variación anual del valor de la construcción total y su desglose entre el sector público y privado. Así, en 2103 el valor total de la construcción se contrajo 3.6% en relación a 2012 (Gráfica 1).

 Gráfica 1

Más grave aún, la disminución relativa del valor de la construcción del sector público cayó respecto al 2012 en -7.5%, manteniendo el sector privado prácticamente el valor alcanzado el año anterior. Por lo que la disminución del valor de la construcción total se debió a la caída observada por el sector público.

Las variaciones interanuales del valor de la construcción entre 2009 y 2013 patentizan una diferencia sustancial de la política económica seguida en el anterior sexenio y el actual. Así, en 2009 la construcción pública en su valor aumentó 18.3% en relación a 2008, atemperando con ello la caída observada de -22.2% del sector privado. A pesar del gran incremento de la construcción pública, no se logró compensar la caída correspondiente al sector privado, por lo que el valor de la construcción disminuyó en -6.4% en relación a 2008.

De no haberse incrementado sustancialmente la construcción pública en 2009, se hubiera contraído aún más el valor total de la actividad, afectando al conjunto de la economía más allá de la caída del PIB sufrida ese año de -6.5%. Por lo que es posible afirmar que en 2009 se aplicó de manera decidida una política económica anticíclica, que ayudó a atemperar el choque macroeconómico de la crisis internacional sobre la economía nacional.

Lo observado en materia de la política de gasto público y de la construcción pública en 2009, discrepa con la política contraccionista aplicada por el gobierno federal en 2013, vía el rezago del ejercicio del gasto y su afectación a la baja de la obra pública. El contraste de la construcción en 2009 y 2013 pone en duda la capacidad técnica de la SHCP, o al menos la correspondencia entre las intenciones y las acciones públicas.

El Programa Nacional de Infraestructura implica grandes retos, no sólo para hacer efectiva la inversión de los $7.7 billones de pesos anunciados, sino también en la ejecución oportuna de los presupuestos y el aseguramiento honesto en la aplicación de los recursos públicos. En el primer caso, vale la pena recordar que en 2007 el entonces Director general de Pemex, declaró que la entidad petrolera no tenía problemas de financiamiento, sino de carencia de proyectos de inversión. En el segundo caso, es conveniente recordar que funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes declararon, ese mismo año, ante una Comisión del Senado, que no contaban con personal calificado para llevar adelante la licitación de obras públicas. Finalmente, el ejercicio honesto de los recursos, su transparencia y rendición de cuentas ha sido descalificado con la actuación de Oceanografía en Pemex.

En este contexto, el seguimiento y la evaluación puntual del PNI serían un esperado mensaje político y una buena práctica del gobierno de Enrique Peña Nieto, para que la construcción apoye el crecimiento del sector secundario y de la economía nacional en su conjunto. Esperemos que así sea.

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Todos hablan de la flor y pocos la conocen. A unos les gusta y a otros les disgusta. Thomas Piketty, economista francés, ha generado una controvertida atención y discusión sobre su libro El capital en el siglo veintiuno. Probablemente ningún economista ha levantado tanto polvo periodístico a nivel global en tan poco tiempo, si se considera que el libro fue apenas traducido al inglés en el mes de marzo y es hoy en Amazon primer lugar en ventas.

El análisis de Piketty se centra en el clásico tema de la distribución del ingreso y de la riqueza, la distribución entre el capital y el trabajo. Evidencia históricamente como la distribución a nivel mundial se comenzó a revertir a partir de los años 80’s del siglo pasado, creando una suerte de capitalismo patrimonial. Hecho que pensaríamos explicaría la crisis de producción y empleo que vive buena parte del mundo. El tema había ya sido tratado en USA desde hace casi tres lustros, habiendo recibido de nuevo atención como resultado de la crisis internacional. El autor propone una medida económica para refuncionalizar al capitalismo y corregir su anomalía esencial, cuya reforma económica de los 1980’s lo regresaron distributivamente al siglo xix. Siglo del manifiesto comunista, el Capital y la comuna de Paris; siglo identificado con la utopía socialista.

La medida propuesta por Piketty es la impositiva. La gravación de los altos ingresos y la riqueza, como medida redistributiva. Como en su momento Keynes, Piketty asume que una acción del estado puede regresar al capitalismo ímpetu y progreso, diríamos en beneficio de las masas. Coincidentemente, en tanto Keynes hablo en esencia del beneficio del gasto publico para salir de la crisis económica, Piketty propone el ingreso público gravando la desigualdad del ingreso y de la riqueza; lo que hace ver las dos caras de la moneda fiscal.

La base y razón de la receta de Piketty es vieja y añeja para los economistas que nos formamos, que no nos entrenamos, en un mundo intelectual más creativo y especulativo, que el dogmático que surgió de la lucha ideológica entre comunismo y capitalismo. Como en su tiempo Keynes, Piketty comienza a ser tachado de marxista por ignaros y dogmático. El análisis económico de Piketty, para disgusto de muchos, es a la manera de la economía convencional, con una amplia perspectiva histórica.

Ante la crisis de empleo y distribución del ingreso y la riqueza, hagamos votos por que los actuales economistas y mandarines de la burocracia se asomen al espejo de la historia, aunque corran el riesgo de extraviarse en ella. Bien decía marx que la historia se repite primero como tragedia y después como farsa. En esa estamos y a esa vamos.

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Con la generalización del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) se ha desarrollado fuertemente la media economics (economía de los medios de comunicación). Al mismo tiempo, la regulación de los servicios que integran el mercado de la información y comunicación ha ganado importancia, especialmente la electrónica. En este contexto, el estudio del impacto social y económico de los medios ha comenzado a recibir especial atención por los economistas.

Matthew Gentzkow, un profesor de economía de la Booth School of Business, de la Universidad de Chicago, recibió recientemente la John Bates Clark Medal por la American Economic Association. Esta distinción, que se otorga a personas de menos de 40 años, es considerada como la segunda más importante después del premio Nobel en Economía. Entre otros economistas que han recibido la medalla sobresalen Milton Friedman y Paul Krugman, premios Nobel de economía, Lawrence H. Summers, Secretario del Tesoro con el Presidente Bill Clinton, y Martin S. Feldstein, asesor económico del Presidente Ronald Reagan.

Gentzkow ha hecho un análisis innovador sobre la parcialidad de la prensa y el impacto de la “media” en la sociedad. Con el uso de los métodos económicos, Gentzkow ha realizado una profunda investigación de datos sobre qué “determina el sesgo ideológico en los periódicos y como la Internet está redefiniendo el tradicional escenario de la media” (NELSON D. SCHWARTZ, The NYT, April 17, 2014). También ha estudiado el impacto social sobre los estudiantes de la introducción de la televisión y como los “consumidores” de medios al cambiarse a la televisión finalmente redujeron su participación electoral como votantes.

En palabras del galardonado, sus estudios combinan la “economía, con los aspectos políticos y sociales”, por lo que “una serie de cuestiones pueden ser respondidas usando métodos económicos”, al permitir analizar rápidamente la gran cantidad de datos que ha generado el advenimiento del Internet. Así, el análisis que realiza hubiera sido imposible hace 20 años. Además que, entonces, era un campo poco atendido por la economía.

Gentzkow, quien se califica políticamente como de centro, ha dicho que “La Universidad de Chicago cree muy fuertemente en un pensamiento claro y en seguir los datos a cualquier lugar que lleven. La gente aquí tiene baja tolerancia por lo superficial de las ideas liberales simplistas y por lo estrecho de las ideas simplistas conservadoras”. De acuerdo a la American Economic Association, Gentzkow “ha emergido como un líder en una nueva generación de microeconomistas aplicando métodos económicos para analizar cuestiones que fueron históricamente analizadas por no-economistas”.

Esta observación tiene una doble importancia desde el punto de vista de la ciencia económica. La primera es que se ha abierto un campo a la economía que había sido ajeno a las preocupaciones intelectuales y prácticas de sus profesionales e investigadores. En segundo lugar, después de tanta tinta desperdiciada y esfuerzo intelectual controvertido puesto en la macroeconomía en los últimos años, se aborda una esfera social concreta y próxima a las preocupaciones casi cotidianas del ciudadano y del “cuarto poder”, como algunos calificaron en su momento a la prensa. Hoy extensivo a la TICs, incluido la Internet. Por lo que sin duda veremos en los próximos años una generación creciente de investigaciones en la materia.

La investigación de Gentzkow y Jesse M. Shapiro en 2008 arrojó que ver televisión por los infantes de preescolar no dañó sus “escores” durante la adolescencia. Sin embrago, encontraron un pequeño beneficio en los estudiantes en cuyos hogares el inglés no era la lengua principal o que sus madres tenía una educación inferior a la secundaría. Estos resultados no confirman la visión convencional del daño educativo que genera la televisión sobre los menores de edad. En especial no arrojan luz sobre la identificación que el filósofo Karl Popper hizo sobre la televisión al calificarla como la “ladrona del tiempo-sirvienta desleal, por su inducción a la violencia y la pérdida de tiempo por parte de los infantes.

Por otra parte, Gentzkow y Shapiro encontraron en sus trabajos que los periódicos mayormente se inclinan ideológicamente hacia lo que sus lectores quieren leer, más que por las preferencias de los dueños. Esta conclusión confirma el vínculo ideológico entre el contenido del medio de comunicación y el receptor, que en la práctica ha guiado tradicionalmente el negocio de los periódicos y ahora está presente en otros medios, particularmente de fuerte influencia en los noticieros y secciones de noticias. En el mismo sentido, ello es una ratificación parcial de la expresión icónica de los 1970´s del filósofo canadiense Marshall McLuhan, de que el “medio es el mensaje”.

Desde el punto de vista económico, ello asume que el medio responde a la demanda, por lo que el consumidor de la prensa no parece ser un ente pasivo frente al contenido de noticias e información. Situación que parte del supuesto de la existencia de un mercado competitivo y atomizado de la prensa, sin el que el lector no se esperaría fuera manipulado. Con lo que la concentración de la propiedad y la injerencia del control de su contenido por un tercer “player” no serían factibles. Situación que legalmente no parece imposible en Estados Unidos (USA), pero que se puede ser irreal en ciertas circunstancias de economías monopolizadas y estados poco democráticos.

Gentzkow y Shapiro [Econometrica, Vol. 78, No. 1 (January, 2010), 35–71] han señalado que la regulación del gobierno norteamericano sobre la propiedad de los medios de noticias está construido sobre dos proposiciones. La primera es que el contenido de las noticias tiene un poderoso impacto sobre la política, con un contenido ideológicamente diverso, esperándose produzca un resultado socialmente deseable. Por lo que, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia, “Uno de los más vitales de todos los intereses generales (es) la diseminación de la noticias desde muchas fuentes diferentes, y con muchas diferentes facetas y colores como sea posible. Ese interés presupone que las conclusiones correctas sean más probablemente obtenidas de una multitud de lenguas, que a través de cualquier tipo de selección autoritaria”. Aserto que vincula indisolublemente el interés general con el rechazo al control autoritario de los contenidos de los medios.

La segunda proposición es que mercados no regulados tenderán a producir muy poca diversidad ideológica. De esta forma, el reporte de una muy influyente Comisión (Hutchins Commission report, 1947) identificó que la consolidación de la propiedad del mercado de periódicos como un obstáculo mayor para el surgimiento de la verdad en la prensa. De esta manera, la Comisión Federal de Comunicaciones (The Federal Communications Commission) “ha buscado, por lo tanto, diseminar la propiedad de los canales de los medios entre múltiples firmas para diversificar los puntos de vista disponibles para el público”. El andamiaje regulatorio de los medios en Estados Unidos para proteger el interés general nacional y el acceso a una información ideológica plural, no sólo ha limitado la concentración de los medios, sino inclusive a limitar la propiedad extranjera.

En la visión de Gentzkow, dado que la regulación de los medios en USA no puede anular las preferencias manifiestas del consumidor, los medios terminan reflejando su sesgo ideológico sobre una misma noticia o información (Media Bias and Reputation, Matthew Gentzkow and Jesse M. Shapiro, Journal of Political Economy, 2006, vol. 114, no. 2, 2006). Lo que termina por crearle a los medios una reputación directamente funcional a la inclinación ideológica que implícitamente surge del mercado que atiende. El autor enfatizó este análisis a raíz de las noticias de la guerra de Irak, evidenciando el sesgo ideológico de “derecha” e “izquierda” del medio, de acuerdo a una misma noticia.

Los análisis de Gentzkow resultan relevantes en las condiciones actuales de la propiedad de los medios de comunicación en México y a la luz de la reforma federal de las telecomunicaciones en marcha. En el primer caso, es evidente que la televisión, abierta y de paga, se encuentra ampliamente concentrada, al extremo de ser identificada como un mercado oligopólico, tanto de carácter nacional como regional o estatal. Esto hace que la mayoría de los canales de difusión de las noticias estén políticamente inclinados hacia determinada ideología, evitando su diversidad en puntos de vista y sin responder a las preferencias de las audiencias. También ello implica un riesgo político de fuerza ideológica, contra los poderes instituidos.

La visión de la reforma de las telecomunicaciones es francamente economicista, sin considerar que los medios de comunicación no son un fin en sí y que, por lo tanto, la naturaleza y estructura de su mercado es especial, por sus implicaciones sociales y políticas. El mercado de los medios electrónicos en si es especial porque se constituye a partir de concesiones públicas, para la realización de negocios privados. Por lo que el interés general debería prevalecer sobre el interés particular o privado.

Por el carácter de concesión pública y el interés público involucrado, la naturaleza del “ente regulado” va más allá de las consideraciones económicas convencionales de los mercados, de su estructura del contenido y de los servicios que provee. Aspectos que no quedan claros en la naturaleza de la regulación y el rol del estado de la protección del interés general. Lo esencialmente contradictorio es que la reforma de las telecomunicaciones parece terminar consolidando legalmente la concentración de la propiedad, sin cuidar el interés general y afectando a los consumidores en su acceso a contenidos más diversos de información.

Esperemos que los déficits de atención del interés general de la reforma de las telecomunicaciones sean atendidos pertinentemente con las leyes secundarias que se derivan de la Reforma Constitucional correspondiente. Algunos aún podrán confiar en que nuestros legisladores tendrán presente que en política el interés privado termina siempre haciéndose del conocimiento público, máxime el cuestionamiento de la reputación de los medios de comunicación dominantes en México.

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La crisis financiera internacional ha puesto de manifiesto la importancia de la interdependencia económica de los países y del rol que desempeñan los organismos internacionales entre ellos.

Esta situación se ha agudizado a raíz de la globalización desatada a partir de los 1980´s. En tanto el rol de los organismos internacionales a escala global prácticamente se conformó al término de la segunda guerra mundial. Ello se dio particularmente con la creación de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) y con el entramado financiero institucional erigido a la par, relevantemente por la creación del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Obviamente, la trascendencia de la interdependencia económica y de los organismos internacionales se evidenció porque la profundidad de la crisis obligó a atacar el contagio sistémico desatado de los países desarrollados hacia el resto del mundo. Acción que asumieron los organismos financieros internacionales, particularmente el FMI, en el espacio económico de los países desarrollados. Tal es el caso de Europa, sin dejar de ser aplicable también a los Estados Unidos (USA).

Así, es posible decir que los países desarrollados por primera vez han enfrentado de manera directa las consecuencias de la Economía Política Internacional (EPI) definida por los organismos internacionales como el FMI. Organismos en los que ellos desempeñan un relativo papel de dirección y control. De igual forma, ante las consecuencias del cambio del peso económico relativo de los países en desarrollo, los países desarrollados afrontan hoy la necesidad de aceptar la nueva visión y reconformación del FMI.

De esta manera, la EPI es y será en los próximos años la base para entender el cambio económico del mundo. Cambio que se ha ido modelando política y económicamente con las medidas anticrisis aplicadas, pero no sin debates y reticencias. Sin una clara visión y análisis de la EPI se corre el riesgo de seguir atados al siglo XX, tratando de comprender un mundo que ya no existe.

Es dable definir de manera sintética que la Economía Política Internacional es un campo de estudio de las ciencias sociales que se ha desarrollado rápidamente, que intenta explicar los problemas internacionales y globales bajo un enfoque interdisciplinario (What is International Political Economy?, An excerpt from an article by Michael Veseth). Como todo conocimiento humano, la EPI tiene diversas corrientes. Las principalmente identificadas son la liberal, realista, marxista y constructivista.

La liberal asume la preminencia del interés individual sobre el interés público, es decir de los gobiernos. La realista presupone el interés nacional que es logrado por los mercados libres. La marxista parte del poder público para garantizar el beneficio de las élites sobre el de la población en general. Finalmente, el enfoque constructivista asume que las interacciones económicas internacionales no están libres de valores o intereses y que los intereses materiales junto con las identidades económicas y políticas son determinantes de la realidad económica.

El enfoque constructivista parece reflejar de manera más objetiva lo que acontece en materia de las relaciones económicas y políticas entre los países, así como entre los bloques regionales e interregionales que se han ido conformando con la globalización. Dentro de este enfoque y del campo mismo de estudio de reciente formalización, ha sobresalido la London School of Economics and Social Science, del Reino Unido (UK), habiendo sido su gran promotora Susan Strange desde el inicio de la década de los 1980’s.

Susan Strange dijo que en general los “economistas simplemente no entienden como la economía global opera” debido a su pobre entendimiento del poder y un exceso de confianza sobre los modelos económicos abstractos. En su libro States and Markets (Estados y Mercados), Strange identificó cuatro “canales” que constituyen el poder: seguridad, producción, financiamiento y conocimiento. Señaló que el poder es la habilidad de “proveer protección, producir cosas, obtener acceso al crédito y desarrollar y controlar modos de interpretar el mundo”. La autora enfatizó en su libro, a fines de los 1980’s, que el “canal” de poder más ignorado era el financiero, por lo que era el más importante a comprender dado que uno no podría comprender como el mundo opera sin un claro entendimiento de los mercados financieros internacionales.

La afirmación de Strange sobre los economistas puede antojarse lapidaria, pero bien sirve para explicar por qué unos países han sido ganadores y otros perdedores de la globalización, como resultado de las políticas seguidas ante ese nuevo entorno internacional. De igual forma, la crisis actual valida la importancia dada por esta autora inglesa para entender los mercados financieros y explicar cómo opera la economía mundial. Aún más, su marco de análisis da pie para explicar los actuales escollos que enfrenta el FMI para establecer nuevos arreglos institucionales derivados de la crisis.

Desde mediados del 2000’s, era común indicar que la emergencia de ciertas economías, tales como China y Brasil, tendrían que obtener un mayor peso relativo en el concierto de la producción mundial. De allí surgió el acrónimo de BRIC, que después cambió a BRICS, para identificar a Brasil, Rusia, India y China, como las grandes economías emergentes. A ellas se agregó posteriormente Sudáfrica.

En general, estas economías pudieron campear relativamente bien la crisis económica y financiera internacional. China, por ejemplo, siguió creciendo a tasas elevadas, aunque menores a las logradas pre-crisis. Por lo que estos países comenzaron a desempeñar un papel más activo dentro de los organismos internacionales.

En este contexto, se vio la conveniencia de que los países en desarrollo, dado su peso económico relativo en la producción mundial y otros factores como reservas monetarias, apertura económica, entre otros, tuvieran un mayor “poder” dentro del FMI. Tal aumento de poder obviamente tiene una relación directa en el aumento de cuota o capital de la institución financiera y el poder de voto.

Así, desde 2010 se propuso un cambio en el peso relativo de sus miembros dentro del FMI, con el correspondiente cambio de cuota. Tal propuesta debió haberse llevado a cabo en 2012. Sin embargo, dos años después, 2014, aún está pendiente el cambio propuesto, por la espera de aprobación por los parlamentos de los países miembros del FMI. El país que presenta el mayor problema de ratificación del acuerdo es USA, después de haberlo hecho 140 de sus miembros (El País, domingo, 13 de 2014).

En la actualidad, los países con más poder dentro del FMI son USA, Japón, Alemania, Francia y Reino Unido. Con el cambio en marcha, China pasaría a ocupar el tercer lugar y Brasil, India y Rusia quedarían dentro de los primeros diez países de mayor cuota y voto del FMI. USA tiene el 17.6% de cuota o capital; con el cambio, disminuiría a 17.4%. China pasaría de 3.9% a 6.3%, quedando Japón con el 6.4%.

El volumen de cuota es muy cercano al derecho de voto, por lo que el poder de USA en el FMI es considerable; máxime si se considera que los acuerdos deben ser aprobados por el 85% de los votos. En el caso de México la cuota pasaría de 1.5% a 1.8%, aparentemente un incremento bajo. Sin embargo, México se encuentra entre los primeros 16 países de mayor peso dentro del FMI. Además, de manera emblemática facilitó al FMI en 2012 un préstamo por $10 mil millones de dólares.

Pudiera ser poco apreciada la naturaleza del cambio propuesto por el FMI. Pero, implica el reconocimiento de la emergencia de países en desarrollo en la dirección y gobierno de la institución financiera más importante a nivel global. Esto, dentro de la trama de la realidad económica post-crisis.

Tal cambio se dará, sin ninguna duda, en el contexto de una corrección del paradigma del liberalismo económico que había prevalecido hasta recientemente en el FMI. Transformación que ha llevado a la institución a enfrentarse al Banco Central Europeo (BCE), respecto a las políticas instrumentadas para atender la crisis en el viejo continente.

En especial, el debate entre ambas instituciones ha sido sobre el impacto claramente adverso de las políticas económicas sobre la producción, el empleo, la concentración del ingreso y las finanzas públicas. Es decir, por la subestimación del efecto multiplicador de las políticas de austeridad fiscal y de saneamiento de las finanzas públicas sobre variables macroeconómicas y sociales.

La crisis ha terminado por cuestionar el paradigma económico que la depresión económica del 29 sepultó, hasta que contradictoriamente la prosperidad económica de la postguerra lo revivió y la globalización entronizó. El paradigma del mercado sin estado hoy una vez más se sepultará; las viejas ideas del laissez faire, laissez passer van ya una vez más al panteón de los recuerdos. Los sepultureros habrán de surgir de las propias instituciones que las difundieron e impusieron en los últimos 40 años, como probablemente de allí mismo surjan en el futuro lejano sus renovados profetas.

Nuevos aires intelectuales y políticas económicas institucionales recorren el mundo, aun cuando algunos gobernantes y sus técnicos se resistan a reconocerlo. Una Nueva Economía Política habrá de conformar una realidad económica global diferente, en la que los estados y los mercados se expliquen y funcionen de manera diferente, pero que operen coordinadamente. Esperemos que así sea.