De Economía Varia

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“Puerto Rico reconoce que no puede pagar sus deudas. La isla busca reestructurar una deuda de más de 72 mil millones de dólares. La Casa Blanca descarta un rescate federal”, Silvia Ayuso, Washington, 30 junio 2015. El País.

Ciudad de México.- “La deuda de Puerto Rico es impagable”, Alejandro García Padilla, gobernador de Puerto Rico.

El reconocimiento por parte del gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, de las cuentas en rojo de la isla en una entrevista con The New York Times, hizo saltar las alarmas el lunes en todo Estados Unidos. Y eso que eran palabras calculadas. En la noche del lunes, García Padilla confirmaba el incierto panorama en un mensaje televisado a toda la isla.

“La deuda pública, considerando el nivel de actividad económica actual, es impagable”, reiteró el gobernador ante las cámaras. Pero el gran problema de Puerto Rico no se queda ahí: “Además, el tamaño de esa deuda nos impide salir del ciclo de recesión y contracción. No se trata de política, se trata de matemáticas”, subrayó, a la par que desplegó una “hoja de ruta” para tratar de sacar a la isla del atolladero financiero que la ha llevado a ser comparada con Grecia.

El camino, sin embargo, no es fácil.

Hay precedentes de poblaciones que se han declarado en bancarrota, como la ciudad de Detroit. Pero el de Puerto Rico es un caso especial, no solo por la envergadura de su deuda -72 mil millones de dólares, casi cuatro veces más que Detroit-, sino también porque, al ser un estado asociado, legalmente no tiene esa opción de ampararse en la Ley de Quiebras.

Por ello, “un default en sus deudas probablemente dejaría a la isla, a sus acreedores y sus residentes en un limbo financiero y legal que, al igual que la crisis griega, podría llevar años solucionar”, destacó el diario neoyorquino.

El temor, más allá de los efectos para los 3,6 millones de residentes en Puerto Rico, conocido como “la Grecia del Caribe”, son las consecuencias potencialmente devastadoras que una suspensión de pagos podría tener en el mercado de la deuda municipal estadounidense, donde los bonos puertorriqueños tienen un gran peso, así como en un aumento del costo de los préstamos.

De hecho, las acciones de los bancos portorriqueños se estrellaron el lunes en Wall Street, mientras los bonos portorriqueños conocidos como Obligaciones Generales cayeron un diez por ciento, en un mercado ya de por sí sacudido por la crisis griega, según la prensa local.

Pese a ello, la Casa Blanca descartó este lunes un rescate para la isla.

Aunque se está trabajando para “identificar” posibles recursos federales que puedan ayudar a aliviar la complicada situación fiscal de la isla, “nadie en la administración” está pensando en un rescate federal, dijo el portavoz del Gobierno de Barack Obama, Josh Earnest.

“Mi administración está haciendo todo lo posible para no caer en default”, había asegurado García Padilla al Times. “Pero tenemos que hacer que la economía crezca, si no, entraremos en una espiral mortal”, advirtió.

Aunque el New York Times publicó el lunes la entrevista, esta se realizó la semana pasada, cuando el gobernador portorriqueño visitó Nueva York, precisamente para intentar buscar una salida con algunos de sus principales acreedores. El objetivo declarado de García Padilla es lograr concesiones de la mayoría de los acreedores de la isla, incluso retrasando el pago de algunas deudas hasta por cinco años, según adelantó al rotativo y reiteró en su mensaje.

Pero al menos el viaje a Nueva York no tuvo éxito, según el diario puertorriqueño El Nuevo Día.

La entrevista precedió además a la publicación, este lunes, de un informe realizado por execonomistas del Fondo Monetario Internacional (FMI), que constatan la necesidad de una reestructuración para afrontar una “crisis en ciernes”.

“Puerto Rico afronta tiempos difíciles”, señalan los autores del informe, adelantados por medios de la isla caribeña. “Problemas estructurales, shocks económicos y finanzas públicas débiles han llevado a una década de estancamiento, emigración y deuda. Los mercados financieros solían hacer la vista gorda ante estas realidades, pero desde entonces han cortado a la isla el acceso normal a mercados. Una crisis se cierne” sobre Puerto Rico, advierten los expertos.

Los economistas subrayan que si la isla no acomete un paquete de reformas, no podrá seguir adelante. Estas se centran en reformas estructurales para recuperar la competitividad, una reforma fiscal -“el hallazgo más sorprendente del informe es que el verdadero déficit fiscal es mucho más grande de lo asumido”, advierten- y acciones para recuperar la “credibilidad institucional”.

“Es una agenda política, legal y organizativa abrumadora”, reconocen los expertos. Pero inevitable y, sobre todo, “urgente”, subrayan: “el saldo del gobierno puede evaporarse frente a retrasos, reduciendo el espacio de maniobra e intensificando así la crisis”.

García Padilla reconoció la necesidad de hacer ajustes -aunque rechazó algunas de las propuestas de los expertos, como pedir que se exima a la isla de pagar el salario mínimo federal- y llamó a todos los sectores de la isla a “asumir nuestra responsabilidad” y aceptar “sacrificios compartidos”.

Por su parte, el gobernador anunció la creación de un “grupo de trabajo para la recuperación económica de Puerto Rico” encargado de “iniciar conversaciones para lograr, con transparencia y consenso, la reestructuración de la deuda pública”.

Pese al revés neoyorquino, García Padilla insistió en que el objetivo es “lograr una moratoria negociada con los bonistas para posponer, por un número de años, los pagos de la deuda, de forma tal que ese dinero se invierta en Puerto Rico”. Porque sin un “crecimiento agresivo”, insistió el gobernante, “nunca saldremos del ciclo vicioso de contracción, emigración, austeridad e impuestos”.

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Recientemente fue dado a conocer el “Informe País Sobre Calidad de la Ciudadanía en México”.  El Informe es un estudio realizado por el INE en conjunto con el COLMEX.  Tiene como finalidad poner a disposición de la sociedad, información objetiva, actualizada y relevante sobre valores, percepciones y prácticas ciudadanas y su relación con diversos sujetos de intermediación y representación política.

 

La crisis que vive el país va más allá de lo simplemente económico y productivo.  No sólo el país enfrenta el reto de crecer, generar empleo y distribuir equitativamente la riqueza que genera.  También enfrenta el reto atingente de atender el rezago social ancestral que cada día más sume en la pobreza y en la miseria a millones de mexicanos.  Sin embargo, entre la economía y la sociedad no sólo existen sus instituciones, también, están de manera vívida y actuante, los ciudadanos a los que deben servir y responder.

Por ello, cómo consideran, evalúan y perciben los ciudadanos a las instituciones, especialmente aquellas vinculadas al ámbito político, resulta crucial para conocer qué tan estable social y políticamente es un país.  De esta manera,del juicio ciudadano de la fortaleza o de la fragilidad de las instituciones es posible colegir que tan gobernable puede ser un país.  Aspecto que es crucial cuando ese país enfrenta una crisis económica o la profundización de la misma, tal como ha acontecido en México ya de manera secular.

Recientemente fue dado a conocer el “Informe País Sobre Calidad de la Ciudadanía en México”.  El Informe es un estudio realizado por el INE en conjunto con el COLMEX.  Tiene como finalidad poner a disposición de la sociedad información objetiva, actualizada y relevante sobre valores, percepciones y prácticas ciudadanas y su relación con diversos sujetos de intermediación y representación política.

El Informe se basó en la “Encuesta Nacional sobre Calidad de la Ciudadanía”, realizado por Buendía & Laredo.  La encuesta comprendió 11000 entrevistas llevadas cara a cara en vivienda, con hombres y mujeres de 18 años de edad o más durante agosto 2013.  La cobertura nacional se dividió en cinco regiones (norte, centro, centro occidente, sur, sureste).  La encuesta se realizó sobre cinco estratos de interés, que van desde Ciudadanía, Estado de Derecho y Acceso a la Justicia, Vida Política y Calidad de la democracia, hasta Participación Política, pasando por Instituciones y Organizaciones Políticas y Sociales.

La información arrojada por la Encuesta pinta un panorama de varios México’s, especialmente uno identificado con el norte y el otro con el sur del país.  Visión harto conocida en materia productiva y de indicadores económicos.  Sin embargo, ambos México´s comparten la opinión adversa de confiabilidad de las instituciones y del abuso que se hace de la ciudadanía.  Percepción que parece menos grave en el sur que en el norte del país, probablemente como reminiscencia de las prácticas políticas ancestrales y por el bajo desarrollo social, particularmente en materia educativa.

Así, en materia de Ciudadanía, Estado de Derecho y Acceso a la Justicia, 6 de cada 10 mexicanos consideran que la ley se respeta poco o nada y 1 de cada 4 de los encuestados dijo haber sido víctima de la delincuencia.  Como una evidencia de la falta de confianza en las instituciones en la materia, 61% de los ciudadanos victimizados no denunció el delito.  Peor aún, entre quienes no lo hicieron el 63% dijo que fue porque no sirve de nada.  Hecho que se demuestra porque un 54% de ciudadanos que acudieron al MP a denunciar un delito, consideraron  que no sirvió de nada.

De conformidad con la Encuesta, la victimización ciudadana fue percibida en el norte del país por 25% y en el sur de únicamente por 15%.  Lo que establece una relación directamente proporcional entre desarrollo y percepción de victimización.  Es decir que en los estados de mayor desarrollo relativo, que son los del norte, se percibe, más la victimización que en los estados del sur.

En este contexto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los datos de su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2013 con los siguientes resultados: 68% de la población de mayor edad considera que vivir en su ciudad es inseguro; 40% considera que la situación en los próximos 12 meses seguirá igual de mal y 24% considera que empeorará.

Por lo que hace a la Vida Política y Calidad de la democracia los estados con mayores niveles de Producto Interno Bruto per cápita fueron los que tuvieron mayores tasas de participación electoral.  Obviamente, en general, estos estados corresponden a los de la región norte del país.  Salvo contados casos excepcionales del sur, como sería el relativo a Campeche; cuyo ingreso per cápita se ve ampliamente distorsionado por el asentamiento en esa entidad de la explotación y extracción petrolera.

Al respecto, llama la atención que en los estados que en 2015 habrá renovación de autoridades locales, independientemente de su ubicación geográfica, la participación electoral a partir de 1994 cayó drásticamente.  En algunos casos hasta en 20 puntos porcentuales, observándose de entonces a la fecha una partición promedio de no más de 65% y estados como Guerrero de únicamente el 48%.

En lo concerniente a la Participación Electoral Individual, de acuerdo a la elección de 2012, la tasa de participación de las mujeres fue mayor que la de los hombres. Los niveles de participación se concentraron en la población de 40 a 79 años, siendo los jóvenes de 20-39 años los que tienden a participar menos, aunque los jóvenes que por primera vez votan (18-19 años) representan la excepción.  Por otra parte, acudieron más a votar ciudadanos que dijeron tener un ingreso mensual de dos salarios mínimos y en término de escolaridad los que sufragaron 23% tenía educación secundaria completa, 16.7% primaria y 15.3% preparatoria.

El tipo de participación política en la que se involucran los mexicanos, según su percepción y criterio, en 39% es platicar con otras personas sobre temas políticos y en segundo lugar, con 12 %, asistir a reuniones de cabildo municipal o delegacional, seguido con 11% el colaborar con los partidos políticos previo y durante las campañas.  Con el mismo porcentaje lo es convencer a sus amigos que voten por sus candidatos y 10% leer y compartir información política en una red social.  Hecho que demuestra la importancia política relativa de las redes en México.  Las protestas físicas como bloquear o tomar instalaciones públicas es la última instancia señalada.

Sorprendentemente entre las asociaciones más comunes en las que participan los ciudadanos mexicanos, de mayor a menor, sobresalen las asociaciones religiosas, las asociaciones de padres de familia, las organizaciones deportivas y los partidos políticos, seguidas de otras seis diferentes organizaciones.  Las organizaciones religiosas tienen mayor participación en el sureste y menos en el centro, siendo la opinión que el 50% cree que los políticos no se preocupan por gente como ellos.  En este contexto, en el nivel de confianza sobre las instituciones y organizaciones políticas y sociales a nivel nacional (de mayor a menor) sobresalen el ejército, los maestros, la iglesia, ONG’s y el gobierno federal.  Jueces, policías, sindicatos, Partidos Políticos y diputados ocupan los últimos lugares, de una abundante lista, en la que el INE ocupa un lugar intermedio.

La opinión y percepción ciudadana sobre las instituciones y organizaciones políticas, incluidas las autoridades y los diversos niveles de gobierno resulta adversa en México, tanto para la consolidación de la democracia como para el fortalecimiento de la sociedad.  Los ciudadanos se sienten desconfiados de las instituciones y de sus representantes.  Poco pueden esperar de ellos, pero también poco pareciera que se puede esperar de los ciudadanos para cambiar a las instituciones y, consecuentemente al país.  Situación que se hace mayormente difícil en el sur y sureste del país, en donde se enseñorean el mayor atraso económico y el mayor rezago social.

Bajo esta consideración, pareciera que el menor desarrollo es más funcional a la mayor dilación de un sistema democrático sólido en el que partidos y representantes sirvan a la sociedad y un sistema de gobernanza en el que las instituciones sirvan a la ciudadanía y no se sirvan de ella.  En la conjetura del materialismo histórico, siendo la base económica de México y las relaciones de producción que prevalecen de inequidad y de exclusión, sólo es de esperarse una sociedad con instituciones que abusan de la ciudadanía.

Uno simplemente se preguntaría si el país no se encuentra en un círculo vicioso de pobreza y baja confianza en las instituciones en beneficio de unos cuantos y de quienes detentan las instituciones.  O si los más pobres y excluidos están conformes con las políticas paliativas que se piensan y diseñan desde las cúpulas gubernamentales por significarles comodidad, aunque ello conduzca a su inmovilización y escaza participación política.

El próximo año muchos dirán, como en el pasado, que se tendrá una confirmación de nuestro sistema democrático y, por ende, de las instituciones mexicanas y sus representantes.  Otros podrán pensar lo contrario, aunque los resultados y la conformidad ciudadana los contravengan.  El tiempo y la historia pondrá a cada cual en su lugar.

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El hecho de que Pemex y CFE sean organismos públicos no significa que sus pasivos laborales se encuentren registrados como deuda pública, aunque al final del día estén garantizados por el Gobierno. En efecto, en el registro oficial de la SHCP de la deuda pública no aparece el concepto de pasivos laborales de Pemex o CFE, ni de ningún otro organismo público o del mismo gobierno federal. Tales pasivos tampoco aparecen en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP). Incluirlos elevaría sustancialmente la relación de la deuda en relación al PIB.

 

En los últimos días ha sido debatida la conveniencia de reconocer como “deuda pública” los pasivos laborales de Pemex y de la CFE, a fin de hacer a esas entidades financieramente viables y con capacidad competitiva frente a otras empresas de energía del mundo. El debate ha transitado desde lo meramente ideológico, hasta lo netamente técnico, sin estar ausente un galimatías o una estratagema contable por parte del gobierno federal, en el tratamiento de sus pasivos adicionales.

Aprobadas las reformas legislativas, sin duda, el tema pasará rápidamente al olvido, como ha acontecido en otras ocasiones en las que los afanes de transparencia de la deuda pública han salido a la luz nacional. Por lo que bien vale la pena abordarlo desde una perspectiva inteligible, aunque ello implique un gran reto de simplificación y comunicación.

Los pasivos laborales son normalmente una estimación actuarial del costo de las obligaciones que una entidad, llámese empresa, organización o gobierno, tiene que cumplir en el tiempo con su trabajador o empleado, convenidas a partir de un contrato. Como en esencia las obligaciones contractuales terminan o substancialmente se reducen cuando el trabajador o empleado fenece, se considera que los pasivos laborales son deudas contingentes, es decir que pueden o no acontecer.

Supóngase, a guisa de ejemplo, que se estima que un trabajador “N” se mantenga con vida 20 años después de jubilado, pero resulta que muere al año siguiente de su jubilación. De ser el caso, el costo del pasivo laboral del trabajador “N” se abate sustancialmente. Por ello, dada la incertidumbre del monto de los pasivos laborales, éstos se consideran contingentes sin darles en su estimación total el tratamiento normal de un gasto, que implica que conocido éste se registra contablemente.

Así, normalmente en el caso de la deuda pública los pasivos laborales no se registran porque podrían sobredimensionar las obligaciones gubernamentales reales. En todo caso, en el presupuesto gubernamental se considera el monto anual efectivo de gasto en el que se tendrá que incurrir para la atención de los pasivos laborales. Por lo que registrar los pasivos laborales como deuda pública puede distorsionar la visión económica y financiera de las obligaciones reales de un país, no así su expresión presupuestal anual que implica atender las obligaciones del personal, particularmente en retiro, jubilado o pensionado.

Japón tiene una deuda pública en relación al Producto Interno Bruto (PIB) de alrededor de 200%; si imputara sus pasivos laborales en el registro de la deuda se incrementaría sustancialmente. Lo mismo acontece en otros países como Estados Unidos (USA), Alemania, sin faltar obviamente México. Este tratamiento de los pasivos laborales es aceptado y convenido por organismos internacionales, tales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), entre otros.

Ante tal situación conceptual y técnica internacional y nacional del tratamiento de los pasivos laborales llama la atención que en México se haya convenido con la reforma energética convertirlos en deuda pública. Llama aún más la atención que el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), diputados, senadores, políticos, en otros más, hayan dicho que los pasivos laborales de Pemex y CFE eran ya de por si deuda pública, cuando no había sido hasta ahora el caso.

El hecho de que Pemex y CFE sean organismos públicos no significa que sus pasivos laborales se encuentren registrados como deuda pública, aunque al final del día estén garantizados por el Gobierno. En efecto, en el registro oficial de la SHCP de la deuda pública no aparece el concepto de pasivos laborales de Pemex o CFE, ni de ningún otro organismo público o del mismo gobierno federal. Tales pasivos tampoco aparecen en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP). Incluirlos elevaría sustancialmente la relación de la deuda en relación al PIB.

Ambos registros presentan las obligaciones públicas federales relativamente de manera distorsionada, dado que sus montos totales no coinciden. La deuda pública oficialmente registrada por la SHCP omite el registro de los pasivos del rescate bancario (IPAB), de los proyectos de inversión de Pemex y CFE cuyo registro como deuda ha sido diferido (Pidiregas), las obligaciones del rescate carretero de 1995-1998 (FARAC) y nuevas inversiones en infraestructura (FONADIN), entre otras obligaciones que si están contempladas en el SHRFSP, como la misma Secretaría consigna en el cuadro siguiente.

Por lo que es posible afirmar que la deuda pública además de no contemplar los pasivos laborales de Pemex y CFE esta subvaluada, al no considerar otros pasivos adicionales que imponen al gobierno federal un costo presupuestal anual. Ello ha sido indudable con el pago anual de intereses del rescate bancario, del que no ha sido amortizado un sólo peso de capital.

Así, en tanto a junio de 2014 la “deuda pública neta” oficialmente manifestada por la SHCP alcanzó el orden de 5 billones de pesos (30% del PIB) y la “bruta” 5.3 billones (32% del PIB), el SHRFSP llegó a un monto alrededor de 6.8 billones de pesos (40% del PIB). Tales registros manifiestan un diferencial entre la deuda pública y los verdaderos pasivos del sector público federal de al menos 1.5 billones de pesos y de 8% del PIB. Esta práctica de registro y manejo de las obligaciones públicas no dejan de evidenciar una creatividad contable, pero también un mayor riesgo en la trasparencia de la deuda pública, relevantemente a la luz de la discusión pública de la absorción de los pasivos laborales de Pemex y CFE.

De acuerdo a lo anterior, la trasferencia total o parcial de los pasivos laborales de Pemex y CFE habrá de incrementar el monto del registro de la deuda pública o del SHRFSP, tanto en su expresión total en pesos, como en su obligación relativa con respecto al PIB. Dado el tratamiento contable dado a las obligaciones del IPAB, los PIDIREGAS y ahora el FONADIN, es altamente probable que los pasivos laborales que asuma el gobierno federal se vayan a registrar como parte del SHRFSP, para evitar su impacto en el registro de la deuda pública, tal como lo hace la SHCP.

Con ello, como sucedió en el pasado, aparentemente la deuda pública oficial no se incrementará, pero año con año los pasivos laborales de Pemex y CFE reconocidos por el gobierno federal habrán de abultar el presupuesto público, imponiendo más gasto, en una situación de creciente déficit presupuestal, como es ya evidente en 2014. Tal como ha sucedido con el IPAB, PIDIREGAS, FARAC, y que han constreñido por más de quince años el gasto público hacia otras prioridades.

Las obligaciones financieras, públicas o privadas siempre se pueden cocinar (cooking) con imaginación y creatividad para evitar la presentación de una adversa realidad, pero también siempre llegará el tiempo en que se tengan que reconocer. Para entonces se sabrá si lo que fuera una simple estratagema contable no resultó finalmente un alto riesgo financiero y económico que terminó llevando a una empresa o a un país a un galimatías.

El tiempo dará la oportunidad de saber el efecto financiero y presupuestal de convertir parcialmente los pasivos laborales de Pemex y CFE y si ciega y valientemente se le dio por algunos el beneficio de la duda a tal decisión política controvertida.

 

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Con la Reforma Hacendaria (RH) fue establecido en la Ley Federal de Derechos un “derecho especial” sobre la minería (DEM) para 2014. Esta contribución, fiscalmente identificada como “derechos”, responde al reclamo legislativo sobre la necesidad de gravar a la minería nacional, que durante años pagó menos de $200 por hectárea bajo explotación minera.

El DEM, conocido en otros países de la región latinoamericana como “canon”, en años recientes fue fuertemente incrementado,particularmente en países como Bolivia, Chile y Perú. El incremento se fundamentó en la elevación de los precios de los minerales y por los reclamos de las organizaciones campesinas y los dueños y posesionarios originales de las tierras bajo explotación minera.

La contribución mexicana grava la explotación y producción de minerales metálicos, como el oro, la plata el cobre, no así los minerales no metálicos, como el mármol, la dolomita, el caolín, la piedra pomex, entre otros más. La contribución establecida constituye un gran avance fiscal, y un gran reto en la distribución de los recursos que se generarán y su impacto en las comunidades.

El derecho establecido es del 7.5% sobre los resultados de la explotación minera. Lo que, según la Consultoría Especializada Mejora Continua-Mejora Ambiental, cuyo Gerente General es Carlos Zepeda A., para el ejercicio fiscal del 2014 se estima generará casi siete mil millones de pesos. Tal cálculo se basa en la información del Anuario estadístico de la Minería Mexicana 2012, de la Secretaria de Economía.

La distribución de la recaudación implica un reto porque obligará a crear una visión común entre diversos órdenes de gobierno, pero también entre la comunidad y las empresas, así como entre éstas y aquellos. Todo ello para que la aplicación de los recursos del DEM se apegue a las normas generales establecidas y responda a las necesidades atingentes de las comunidades, lo que deberá repercutir en el crecimiento y bienestar de la población rural.

La distribución de la DEM “será 20% para la Federación, 30% para el estado y 50% para el municipio” en donde se localiza la explotación minera. Obviamente, el retraso de la ley reglamentaria que norme específicamente la recaudación y las instancias de su supervisión y control hace más complicada su aplicación, generando una ambigüedad de instrumentación y operacional sobre el derecho especial de la minería.

Esta última situación se ejemplifica con el hecho de que, de acuerdo a la Ley, se creará el “Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Municipios Mineros” cuyos recursos pareciera que se integrarían con el total de la recaudación. Sin embargo, de acuerdo a lo establecido, el 100% de la contribución que le corresponde al municipio se deberá destinar al desarrollo de su infraestructura física. Con lo que se espera beneficiar a 158 municipios “mineros”, de 23 estados, del norte, centro y sur del país. Por lo que se creará un Fondo de Proyectos de Inversión Física a cargo de los municipios; quedando sin clarificar el uso y aplicación de los recursos correspondientes a la federación y los estados.

Este Fondo constituido con la asignación municipal se distribuirá por conceptos específicos de obras y servicios para las comunidades y municipios. Tales como: i) de construcción, remodelación y mantenimiento de centros escolares; ii) pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, así como la instalación y mantenimiento de alumbrado público; iii) rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje público, manejo de residuos sólidos, y mejora de calidad del aire; iv) obras que preserven áreas naturales, como por ejemplo, reforestación y rescate o rehabilitación de ríos y otros cuerpos de agua; y v) obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes suburbanos, metrocable de transporte o equivalente.

Como el monto de los recursos a recabar dependerá del valor de la producción minera, su ingreso tendrá amplias repercusiones federales, estatales y municipales. Máxime que es una nueva recaudación que habrá de incrementar los ingresos fiscales líquidos de esos tres órdenes de gobierno. Lo que significa un riesgo para su aplicación y uso. Es decir, el DEM es una fuerte tentación para el desperdicio y mal uso de los recursos adicionales, que recibirán especialmente los municipios.

Sin embargo, el mayor impacto económico y presupuestal es probable que se dé a nivel municipal. Esto fundamentalmente por el volumen actual de ingresos que tienen los municipios y el monto extraordinario que los derechos especiales a la minería les generan.

En la Tabla 1, de la Consultoría referida, se aprecia, a guisa de ejemplo, el posible impacto de los ingresos extraordinarios que recibirían algunos municipios mineros seleccionados, en relación a su Presupuesto de Ingresos de 2014 “normal”, corrientemente considerado. Para tal fin fueron considerados algunos estados del norte, centro y sur del país.

De acuerdo a la estimación realizada, obviamente los ingresos que recibirían los municipios mineros acrecentarían sus presupuestos, pero el incremento de recursos podría ser enorme. En el caso del municipio de San Pedro Totolapan, Oaxaca, el 50% del derecho especial minero, resultado del 7.5 de la explotación y producción minera significaría casi 10 veces su presupuesto normal para 2014. En otro caso, relativo al municipio de Mazapil, Zacatecas, se estima que se tendrían ingresos extraordinarios por cerca del 400% de su presupuesto normal.

Tal incremento de recursos municipales bien puede desatar no sólo el derroche de los nuevos recursos públicos, sino también de la apetencia de cacicazgos tradicionales o de nuevos arreglos locales de control político, entre familias y familias ampliadas, tal como sucedió en el periodo federal panista, al feudalizar al país y llevarlo a extremos de corrupción generalizada.

Ese es el principal reto de la aplicación y buen uso de los recursos de los derechos especiales a la explotación minera, esperemos que por ser de carácter federal, sean bien controlados, supervisados y auditados por el gobierno federal. Hagamos votos por que no se termine cambiando oro por cuentas de vidrio y que la contribución fiscal minera sea en la distribución y aplicación en beneficio de las comunidades y municipios. No sea que se cumpla el adagio de un político mexicano de antaño que decía: “de las obras, algo sobra”.

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México ha vivido a partir de 1994 grandes y profundas transformaciones. Buena parte de ellas han sido comandadas desde la esfera del poder público, de manera reactiva o activa, frente a acontecimientos no esperados, crisis o como consecuencia de una agenda política y económica de amplia envergadura. Visión, esta última, que la explicitara públicamente en 1995, en plena crisis económica y financiera, Ángel Gurria, entonces Secretario de Relaciones Exteriores.

Hitos y decisiones públicas iniciales pueden ser base para explicar el acontecer nacional. Por lo que bien vale la pena repasar esencialmente cambios y consecuencias de la acción pública en estos casi veinte años pasados, para vislumbrar el futuro mediato político y económico.

A pesar del fortalecimiento del sistema de partidos, de la llamada alternancia política y de los vaivenes de la economía, es posible decir que el país ha seguido un derrotero unidireccional desde hace casi veinte años. Derrotero que ha sido forjado por reformas y políticas públicas que se han caracterizado más por el déficit entre lo prometido y lo logrado, que por lo realmente alcanzado y cumplido.

Lo contradictorio es que el déficit de resultados ha terminado por ser la justificación reiterada para la profundización y ampliación de las políticas públicas iniciales. Hecho que parece una vez más repetirse frente al cúmulo de reformas “estructurales” en marcha, apeladas como tales desde hace casi veinte años, pero ello en medio de un estancamiento económico y social que se antoja ya secular en México.

1994 será políticamente asociado al levantamiento armado del EZLN en Chiapas, el asesinato del candidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, así como por el asesinato del Diputado Juan Francisco Ruiz Massieu, comprometido públicamente en esclarecer la muerte del candidato presidencial. Estos acontecimientos y el cambio desde 1988 de la correlación de fuerzas políticas obligaron en 1996 a una reforma política y de procesos electorales, con la que el ejecutivo federal perdió inicialmente control y fuerza sobre la organización y calificación de las elecciones federales y relativamente de estados y municipios.

Esa reforma llevó sistemáticamente a nuevas reformas políticas y adecuaciones electorales federales, con sus correlativos efectos sobre los ámbitos locales. Este inacabable proceso ha terminado, por una parte, por crear una partidocracia y, por la otra, federalizar el control y calificación de los procesos. Llevando a judicializar cada vez más la supervisión y calificación de las elecciones.

En el caso del entramado partidocrático, el presidente en turno y su partido han rematado por jugar el rol hegemónico de cambios y acuerdos sobre los procesos electorales, así como del relativo control de las instancias electorales, particularmente por vía de la integración de sus miembros. En el segundo caso, la federalización electoral ha sido consecuencia de la misma partidocracia, que ha pretendido limitar el poder político de los gobernadores sobre los procesos electorales locales, a partir de la instauración de una “partidocracia” provinciana, fortalecida con la creación de partidos locales a modo del gobernante en turno.

La estructura institucional política y electoral prevaleciente ha creado fuerzas centrífugas contrarias a la estabilidad del sistema político mexicano, al constreñir jurídicamente cada vez más la participación ciudadana independiente en las elecciones y en la vida política. La partidocracia y el poder presidencial en turno han consolidado un poder nacional que puede poner en riesgo la gobernabilidad futura del país. La experiencia histórica y actual de Italia puede ser un buen referente para el futuro de México.

En 1994 México se convirtió en el primer país en desarrollo en ser miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Con su membresía, el país quedó sometido a recomendaciones de políticas económicas y sociales específicas para los países desarrollados, en un ambiente nacional de plena transformación política y crisis económica. Aun cuando ello también sirvió para transparentar y documentar el estancamiento secular de México, relevantemente frente a otros países en desarrollo que han ido ingresando a la organización internacional, como Chile y Turquía.

La crisis económica y financiera de 1994-1998 de México resultó inesperada para muchos, pero era anunciada desde 1992. De esta manera, el déficit comercial, y consecuentemente de la cuenta corriente fue tolerado por el entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Pedro Aspe, bajo el argumento de que se financiaba con la entrada de capitales, crecientemente en cartera, es decir en bolsa. En el mismo sentido, la acelerada generación de cartera vencida de la recientemente privatizada banca comercial anunciaba dificultades inmediatas para acreedores y deudores.

Tales anuncios fueron atendidos complacientemente hasta que aconteció el error de diciembre de 1994, con una macro-devaluación y una insolvencia financiera internacional de México. La magnitud de la crisis significó empeñar al gobierno de Estados Unidos (USA) la factura petrolera de las exportaciones de Pemex e imponer un pasivo social que se continúa abultando.

La crisis derivó en una serie de políticas económicas, desde la socialización del denominado rescate financiero, hasta la devaluación interna cuyas consecuencias explican en alto grado la situación actual. En una suerte de path dependency, dependencia de camino, las políticas subsecuentes simplemente han continuado la ruta forjada originalmente.

El costo financiero público directo del rescate bancario y carretero, después de casi veinte años, no ha sido liquidado. Aún más, del llamado costo del Fobaproa, hoy asumido por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) no se ha pagado un peso de su capital, que asciende a alrededor de ochocientos mil millones de pesos. Habiéndose pagando hasta ahora únicamente intereses anuales, que en 2007 rebasaron la asignación presupuestal para la UNAM. Además, el costo del rescate carretero para 2008 se había incrementado nominalmente varias veces.

Con la crisis se permitió que fiscalmente las empresas privadas pudieran “perder” hasta diez años y los corporativos pudieran aumentar el porcentaje de la consolidación de pérdidas y ganancias, lo que hizo que las finanzas públicas vieran menguados sus ingresos. Bien se dice fiscalmente que empresa que gana, es empresa mal administrada. A la par, se redujo la aportación patronal al IMSS, afectando la sanidad financiera de la institución.

A esto último se agregó la privatización de las pensiones, en detrimento del flujo de ingresos del IMSS y un cargo administrativo y de riesgo para los aportantes, en beneficio multimillonario de las AFORES. La culminación de este proceso han sido modificaciones reiteradas del sistema privado y público del sistema de pensiones, del solidario al individualizado.

Al respecto la actual presidenta de Chile, Michelle Bachelet, previno en 2007 al Senado de México sobre la equivocación cometida en Chile en materia de pensiones, que obligó a ese país a afrontar emergentemente las consecuencias de una población pensionada en condiciones crecientes de pobreza. La ironía fue que las reformas mexicanas de pensiones se argumentaron inicialmente con la bondad de los supuestos logros obtenidos en Chile. Efectivamente, los montos netos nacionales eran crecientes, como crecientes la mengua del ingreso real de los pensionados. El medio fue exitoso, pero no se logró su fin.

En el afán de aparentar una sanidad presupuestal del gobierno federal, a partir de 1998 se comenzó a cocinar el monto de la deuda pública, generándose un sub-registro, por el lado de sus conceptos y en otros casos por su diferimiento contable. En el primer caso, los montos del rescate financiero y carretero no fueron consignados por la SHCP como deuda pública. En el segundo caso, los nuevos pasivos de PEMEX y CFE, tratados como Pidiregas, fueron diferidos en su total registro, contraviniendo las reglas financieras más elementales. Así, para 2006, la deuda pública alcanzaba un sub-registro de un billón de pesos, un millón de millones.

En estas condiciones presupuestal y financieras públicas, a partir de fines de los 1990´s Pemex generó recursos extraordinarios en razón de mayores volúmenes de exportación y precios más elevados. Lo que desembocó en su mayor endeudamiento. Relativamente igual historia aconteció con la CFE, al abrirse la compra de energía de la empresa a entes privados, en condiciones de costos más elevados.

Sin duda, el Tratado de Libre Comercio (TLC) ayudó a paliar el problema de desempleo generado inmediatamente después de la crisis. Sin embargo, desde 1994 deliberadamente el gobierno contrajo el salario real, en un afán de hacer competitiva la mano de obra nacional y atraer el mayor número de maquiladoras posible. Esto afectó a la baja el tamaño del mercado interno, cuya fortaleza productiva se advirtió menguada ante la carencia oficial de una política industrial nacional, tal como lo presumió en 1995 el entonces Secretario de Industria y Comercio, Herminio Blanco. De entonces a la fecha, México ha sido una de las tres economías de la región latinoamericana que menos ha crecido, pero que más ha visto abultar su población en condiciones de pobreza.

El grueso repaso de los casi veinte años pasados puede terminar ilustrado con un hito convencionalmente obviado. A partir del 2000 el país y especialmente el sector público recibieron el volumen de ingresos del exterior nunca antes visto. En tales condiciones hoy se tiene una mayor deuda, la sanidad de las finanzas públicas se ha deteriorado aceleradamente, los salarios han perdido poder adquisitivo, el empleo se ha precarizado y la economía apenas crece.

Las políticas aplicadas por Ernesto Zedillo, último presidente del PRI hegemónico, marcaron el rumbo de lo que hoy es y sufre México. El villano público sigue siendo Carlos Salinas; probablemente por haber designado a su sucesor. A la luz de la historia reciente, uno se preguntaría que tan factibles y posibles son los objetivos y las metas ofrecidas con las reformas estructurales. No esperemos otros veinte años de déficits económicos y de mayores pasivos políticos y sociales para saberlo.

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Hace tres años, Samuel Podolsky me alentó a escribir en El Semanario como medio para expresar mis puntos de vista y opiniones sobre el acontecer económico y financiero, en una situación internacional y nacional de gran turbulencia. De entonces a la fecha, el mundo cambio dramáticamente, aunque muchos nos hagamos la ilusión de que aún somos los mismos. El cambio se ha dado por el mismo devenir de los acontecimientos, pero también por las ideas prevalecientes que los han inducido.

Para emprender tal tarea, en todo momento me propuse usar un lenguaje claro y directo, aunque ello muchas veces es un reto fallido para quienes nos formamos en la ciencia abismal de la economía. De igual forma, he tratado de transitar ordenadamente de la descripción de los hechos económicos y financieros hacia su explicación lógica y racional, tratando de evitar, hasta donde es posible, la prescripción que tanto seduce a comentaristas y analistas.

Tres han sido los ámbitos en los que he empeñado mi esfuerzo intelectual de comunicación con los amables lectores de este medio. El primero ha sido el ámbito internacional, por la gravedad y extensión de la crisis, que ha revelado la interconexión económica global desarrollada a partir de los 1990’s. El segundo ámbito abordado ha sido el relativo a la descripción y explicación de la realidad nacional, en un momento en que la visión nativa de los “mercados eficientes” ha conformado finalmente una economía desordenada y anti-productiva. El tercer ámbito abordado ha estado más centrado en aspectos teóricos y conceptuales de viejas y nuevas ideas, de conjeturas en desuso y de nuevas presunciones, en un entorno nacional en el que la ciencia parece ser asumida como verdad revelada, más que como explicación de la realidad.

Obviamente los problemas económicos seculares y estructurales son simplemente el reflejo de la economía política. No puede haber política económica, sin economía política. La primera no se da en el vacío, más allá de la sociedad, ni se instaura sin el consentimiento de las fuerzas políticas, que reflejan o no las preferencias de la ciudadanía. Mismas que normalmente son expresadas a través del voto electoral. La segunda, la economía política, está en concordancia directa con las intenciones reales del gobierno para servir el interés general o el interés particular, para atender a tal o cual grupo social, bajo la premisa que no puede haber economía sin política, ni que la suma cero conduce necesariamente al equilibrio y el progreso.

Inicié mis colaboraciones abordando el candente tema del rescate financiero primario de Grecia, después de haber estado un par de semanas en Portugal. Grecia fue, entonces, una clara muestra de la parálisis de la acción gubernamental sometida ciegamente al capital internacional. Otra dirección de economía política hubiera requerido romper con el paradigma económico y hacer que el capital pagara desde el primer rescate el costo de su rentismo, en beneficio del trabajo y del crecimiento económico. Tal acción fue tardía, después de haberse hundido la economía, llegando el desempleo a niveles socialmente peligrosos y haberse elevado la prima de riesgo a niveles de un colapso general.

Con Grecia continuaron el hundimiento de Irlanda, Portugal y emergieron las crisis española e italiana, transitándose por el mismo camino de fracasos y desesperanzas. Faltaron nuevas ideas para enfrentar una crisis inédita y estuvieron ausentes renovadas acciones comunitarias que fortalecieran la integración europea. Se acrecentaron las deudas públicas por la socialización de los rescates de grandes corporaciones financieras (¡Acaben ya con esta depresión!, P. Krugman).

En contraste, tal como se documentó entonces, como fruto de un activismo gubernamental dentro de la economía, la recuperación económica de Estados Unidos (USA) pareció dar mejores resultados que los europeos. Sin embargo, el mejoramiento de la economía de USA finalmente se estancó por la limitada acción pública y por la oposición política interna, sin dejar de estar ausentes las añejas ideas de privilegiar a la economía financiera sobre la economía productiva. Walt Street recuperó su jauja, los financieros regresaron a la fiesta, pero la economía no terminó por generar la producción y el empleo esperados.

Hoy, a más de un lustro de iniciada la crisis internacional nadie se atrevería a cantar victoria, en este lado o aquel del océano. En este lapso de tiempo, la crisis, más allá de sus datos macroeconómicos, ha cobrado rostros en millones de jóvenes, en millones de desempleados, se ha instaurado en millones de hogares pobres y ha cancelado el futuro de toda una generación. También ha demostrado que, como en toda crisis económica, siempre son más los perdedores que los ganadores.

Sin embargo, los afortunados de la crisis han continuado por el amplio camino del beneficio del capital sobre el trabajo, que había sido alertado desde los 1980’s en USA y que hoy múltiples estudios demuestran su agudización. Tendencia secular que impidió obtener los resultados de recuperación que se esperaba con la inyección de liquidez en USA, tal como lo documentó Joseph Stiglitz, con su libro de “El Precio de la Desigualdad”. Al final, el activismo económico ha beneficiado aún más a la población de más altos ingresos. Con ello se ha hecho patente que la política económica convencional dará resultados perversos, en tanto no se admita que el problema de la crisis y su evolución yace netamente en la economía política, que ha privilegiado ciegamente hasta ahora al capital sobre el trabajo, el interés particular sobre el interés general.

Este devenir no ha sido ajeno a México. En todo caso ha sido la justificación gubernamental para profundizar aún más en la aplicación de un recetario que sistemáticamente en los últimos años no ha dado los resultados electoralmente ofrecidos. De 1994 a 2013 México fue la tercera economía de menor crecimiento en la región latinoamericana, después de Haití y El Salvador, resultados que no pueden ser festinados como simple producto del Tratado de Libre Comercio (Nafta). México desde el inicio del Tratado absurdamente ha carecido de una política industrial y de financiamiento para el crecimiento.

Bajo el principio de que sin inversión no hay crecimiento, consecuentemente la formación de capital de la economía nacional ha sido una de las más bajas de la región. En toda lógica, sin un adecuado mercado interno, no hay razón para desarrollar nuevas inversiones productivas. El mercado interno se ha contraído por una devaluación interna sustentada en la contracción sistemática de los salarios y una apreciación del peso. La política impositiva no ha sido ajena a este logro.

El resultado social del bajo desempeño económico mexicano ha significado que otros países, como Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, hayan sacaron a miles y a millones de la pobreza, en tanto el número de mexicanos en tal situación de fragilidad existencial y social haya crecido sustancialmente. Se estima que de 2012 a la fecha el número de compatriotas en situación de pobreza aumentó en 2.6 millones. Otros miles más habrán de engrosar esta cifra en 2014.

México ha desperdiciado su bono demográfico y en el último lustro ha expulsado mano de obra calificada, especialmente a USA. México invierte en recursos humanos, pero o no encuentran trabajos productivos o salen al extranjero en busca de oportunidades de empleo. Este desperdicio económico también significa el desperdicio de sueños y de esperanzas, de la población potencialmente más productiva. Bien se dice que salen los más valientes de los mexicanos, los que no se han conformado con la desesperanza y los que se quedan son clientes de la violencia y la injusticia.

El país parece navegar a las libres fuerzas económicas, sin reglas que alienten la competencia y la eficiencia. No parece haber acción pública coordinada y coherente. La acción federal es una, la de los estados otra y la municipal opera sin ton, ni son. La desarticulación de la acción pública es evidente.

Hace falta una gobernanza nacional, que aliente la transparencia y la rendición de cuentas. Hay que comenzar por eficientar e incrementar la productividad pública, como base para lograr la correspondiente del sector privado y del sector social. No puede haber más eficiencia y mejor productividad privada y social, si se carece de ella desde el sector público.

En la economía no bastan las buenas intenciones y los supuestos irreales, al final los factores de la producción, como el capital y la mano de obra, se mueven bajo la lógica de la ganancia, de la eficiencia, de la temporalidad de su realización, del marco institucional dentro del que operan y de las reglas imperantes del juego económico. Se necesita rumbo promisorio, destino deseado y realismo económico.

Hay nuevas ideas económicas y hay una nueva realidad política y social. Los argumentos y razones de una nueva economía política se debaten frente a viejas ideas y un pasado secular de creciente inequidad. La responsabilidad fiduciaria del estado frente a la riqueza nacional ha emergido de nuevo, su compromiso para el crecimiento y el desarrollo esta manifiesto y el objetivo del bienestar social comienza una vez más, a primar.

Ojala y en México entendamos y atendamos a tiempo el cambio, por beneficio propio. No lleguemos una vez más tarde a la historia. Esta no se repite y cobra muy caro su olvido.

En estos tres años pasados espero haber cumplido satisfactoriamente con El Semanario y sus lectores. Espero seguir haciéndolo en esta nueva etapa de mi vida, cuando la vida nacional se debate entre la impunidad y la injusticia. Mucho puede hacer sobre ellas la sociedad y los ciudadanos.

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Recientemente el Banco Mundial (WB, en inglés) dio a conocer sus proyecciones del Global Economic Outlook. Las proyecciones son menores a las originalmente estimadas, afectando especialmente a los países en desarrollo. Por lo que la institución financiera internacional les urge a redoblar sus reformas nacionales (WB, June 10, 2014). Estas recomendaciones evidencian que más que problemas coyunturales o del ciclo económico, el WB identifica para los países en desarrollo problemas estructurales, en medio de una crisis que sigue sin ser totalmente superada.

Los augurios del WB sobre el futuro económico de la región latinoamericana no resultan nada halagüeños, habiendo reducido el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México para 2014 a 2.3%. Porcentaje menor al último ajuste reciente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de 2.7% de crecimiento anual. Situación que refleja los magros resultados obtenidos en el pasado reciente por México y que lo han ubicado como uno de los países de menor dinámica productiva de la región.

Obviamente, las proyecciones económicas del WB sobre los países en desarrollo se inscriben en un análisis de la economía mundial, en especial de las economías de mayor peso relativo y de aquellas de más rápida expansión. En este contexto, el WB señala que el mal tiempo en Estados Unidos (USA), el reequilibrio económico de China, la crisis de Ucrania y el lento progreso de las reformas estructurales, son algunas de las causas más importantes que contribuyen a un tercer año de menor crecimiento para los países en desarrollo.

Las tasas de crecimiento de los países en desarrollo se mantienen modestas, ha dicho el Presidente del WB, Jin Yong Kim, para crear los trabajos necesarios y mejorar el nivel de vida del 40% de los más pobres. Por lo que claramente los países en desarrollo se deben mover más rápidamente e invertir en reformas estructurales para lograr una base más amplia para el crecimiento económico, a niveles necesarios para terminar “la extrema pobreza en nuestra generación”.

El BW disminuyó el pronóstico de crecimiento para los países en desarrollo de su estimación de enero de 5.3% a 4.8%, esperando un firme crecimiento en 2015 y 2016, de 5.4% y 5.5%, porcentajes superiores a 5%, después de casi cuatro de menor crecimiento. Por otro lado, se espera que China crezca este año 7.6%, pero ello dependerá del éxito de sus esfuerzos de reequilibrio económico. Por lo que si en Asia, apuntó, hay un fuerte aterrizaje económico sus impactos negativos se sentirán ampliamente.

Según el Banco, a pesar de la debilidad económica en USA en el primer trimestre, la recuperación en los países de altos ingresos está ganando ímpetu económico. Por lo que estas economías se espera que crezcan 1.9% en 2014, acelerándose a 2.4% y 25%, en 2015 y 2016, respectivamente. En tanto, la Zona Euro (ZE) se espera que ascienda el crecimiento a 1% y en USA es esperado aumente el PIB en 2.1% en 2014, menor a la estimación previa de 2.8%.

La economía global se estima crezca a mayor velocidad en lo que falta del año, por lo que es proyectada una expansión económica de 2.8% para este año, mejorándose a 3.4% y 3.5% en 2015 y 2016, respectivamente. De esta manera, es esperado que el crecimiento de las economías de altos ingresos mejore las perspectivas económicas mundiales, al pasar de una contribución del crecimiento global de 40% en 2013 a alrededor de 50% en 2015 y 2016.

Específicamente, el WB ha señalado que el “crecimiento se mantuvo más bien inalterado en América Latina y el Caribe en 2013, gracias a la estabilización o caída de los precios de los productos básicos, la desaceleración sostenida en China, la baja en el crecimiento del PIB de los Estados Unidos en el primer trimestre y los problemas internos” (Perspectivas económicas mundiales Cambio de prioridades, construir para el futuro, Banco Mundial, Junio de 2014). Sin embargo el debilitamiento regional se mantendrá, afectando las exportaciones de bienes en varios países.

La institución ha señalado que los resultados del primer trimestre de Brasil, México y Perú apuntan a una actividad económica floja debido a una variedad de razones, tales como la disminución del PIB de USA y la desaceleración de China Particularmente enfatizó como una causa del mal resultado del primer trimestre para México al reciente aumento tributario. Hecho que ha sido negado por autoridades y ciertos comentaristas.

Por otra parte, según el Banco, la actividad industrial de comienzos de 2014 hace ver un repunte en el crecimiento regional. En tanto, la depreciación de varias monedas regionales ha continuado, como resultado del anuncio de USA de seguir reduciendo su inyección de liquidez. A pesar de ello, los flujos brutos de capital hacia la región han aumentado, especialmente hacia los mercados de bonos internos, obviamente como causa del diferencial de tasas de interés con respecto a los países de altos ingresos.

En contra posición, la inflación importada por la depreciación de los tipos de cambio todavía es baja en toda la región. En muchos países, las políticas fiscales y monetarias se han mantenido flexibles como parte de los esfuerzos por fomentar el crecimiento. Por lo que se espera, según el WB, que el crecimiento regional se fortalezca, pasando de 1.9 % en 2014 de crecimiento del PIB, a 2.9 % en 2015 y 3.5 % en 2016.

Estos resultados halagüeños, de acuerdo a la institución financiera, se explicarían por la recuperación que están experimentando los países avanzados, lo que apoyará las exportaciones regionales, como también el aumento de los ingresos por turismo y de remesas hacia la región. Ello sin dejar de lado que la depreciación de las monedas ayudará a lograr mayor participación regional en un mercado mundial en expansión.

De acuerdo a lo anterior, aun cuando a partir de 2015 y 2016 se espera una recuperación mundial y para la región latinoamericana, las previsiones de 2014 resultan poco halagüeñas. Estas previsiones indiscutiblemente manifiestan el pasado reciente de crecimiento, en el que México resaltó por sus exiguos resultados.

En la década 2000-2009 México resultó la tercera economía de menor crecimiento de la región, después de Haití y El Salvador (Tabla 1). Tal bajo desempeño de México se observó desde 1994, tal como fue explicado en este espacio con cifras de la CEPAL. Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá, entre otros, fueron los países de mayor crecimiento de la región. Bajo esta dinámica, casi todos esos mismos países experimentarán en 2014, se prevé, crecimientos arriba de 4%, manteniendo tal paso en los años subsiguientes.

En el concierto regional, México verá relativamente mejorar su crecimiento, especialmente con respecto a 2013. El WB estima que México en 2014 crecerá 2.3%, menos de lo originalmente estimado de 3.4%, después de ajustarlo en enero a 3%. Como una clara de tendencia de mejora con respecto a 2013, considera que la economía mexicana crecerá 3.5% y 4% del PIB en 2105 y 2016.

De acuerdo a esta estimación, México, como la segunda economía en tamaño de la región, mantendrá una tasa superior a la brasileña en 2014, 2015 y 2016; situación que ha prevalecido desde 2011. Con ello México alcanzará cinco años de tasas de crecimiento del PIB superiores a Brasil. Lo que hace a la economía nacional más robusta que la economía carioca, pero que en su consecuencia social sigue generando más pobreza.

Es claro que las expectativas de crecimiento de México no se han cumplido desde hace ya 17 meses. Es también claro que a pesar del crecimiento del gasto, el déficit público y una mayor deuda, el presupuesto público federal no parece tener el efecto multiplicador que se esperaría tuviera sobre la economía. La calidad del gasto público se manifiesta en una baja inversión y en un menor crecimiento en el renglón de la construcción.

Las políticas en marcha no parecen ser pertinentes. La política fiscal y financiera, son políticas con efectos de corto plazo. La primera ha sido adversa en el primer trimestre del año, como lo apunta el WB. La segunda asume un carácter recaudatorio y persecutorio. Ambas inducen a un crecimiento de la informalidad, lo que habrá de afectar la dinámica normal de la economía.

México una vez más en 2014 no cumplirá con su expectativa y capacidad de crecimiento. Otras economías de la región, como desde la década pasada, habrán de lograr altas tasas de crecimiento, sacando a cientos de miles y millones de ciudadanos de la pobreza, logrando así un crecimiento con equidad. Una vez las condiciones externas parecen promisorias para el mundo, para América Latina y México. Ojala que nuestro país las sepa aprovechar; pocas veces se repiten las oportunidades.

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Si hay un tema claramente vinculado con la economía política es el referido a la intervención del gobierno en la economía. El tema se torna crucial en situaciones de crisis económica y en condiciones de atraso y estancamiento de la producción y el empleo y en el subyace, como en casi todo el quehacer social, las ideas, la visiones, las conjeturas o teoría.

Con la crisis económicas financiera, algunos los economistas de Estados Unidos (USA) han identificado a las dos corrientes económicas sobre la intervención del estado en la economía con los términos Freshwater (FW) y Saltwater (SW) Universities o Schools. Tal identificación se asocia con la localización geográfica de las universidades identificadas con el monetarismo y el keynesianismo. Si bien es cierto que no hay una total identificación geográfica hídrica entre las universidades, los términos de Freshwater (Agua Fresca o dulce) y Saltwater (Agua Salada) han servido para asociarlas a la corriente del pensamiento económico dominante en ellas (May 2nd, 2012, StockTwis Univeristy, Consortium).

Así, las escuelas identificadas con el término FW se les asocian con una posición teórica adversa a la intervención del gobierno en la economía. Las referidas al SW son aquellas en las que el pensamiento económico parte del activismo del gobierno dentro de la economía. Así, las universidades y escuelas que están asentadas cerca de grandes cuerpos de agua dulce como Carnegie Mellon, Universidad de Chicago y la Universidad de Minnesota han sido identificadas como escuelas FW, mientras que las escuelas SW incluyen universidades cerca de océanos, como Berkley, el MIT, Columbia y Harvard.

Durante la crisis hipotecaria en USA, en 2008, inmediatamente se generó el debate si el gobierno debería intervenir o no para asegurar la recuperación económica y el empleo. Una posición del pensamiento económico estuvo en contra y otra urgió la intervención del gobierno para asegurar la actividad económica y la estabilidad, como medios para evitar la profundización del desempleo y el colapso del sistema financiero. Por lo que un tipo de universidad estuvo en contra de toda intervención y la otra argumentó la necesidad de una rápida intervención gubernamental, avivando una franca disputa sobre la política económica que se manifestó desde los 1970’s.

La disputa entró a la arena de la política con el fenómeno de la estangflación, término acuñado para identificar la inflación con desempleo y que constituyó un fenómeno económico inédito. Con este hecho el keynesianismo pareció ser derrotado, resurgiendo el Laissez Faire como slogan del pensamiento económico. Las escuelas FW asumieron que la economía actúa bajo patrones de racionalidad y que puede ser manejada por sí misma, sin necesidad de la intervención del gobierno. Considera que cada crisis económica es producto del propio sistema económico, por lo que su solución por el propio mercado dará bases para su saneamiento en el mediano y largo plazos.

Con esta visión del sistema económico y del mecanismo de libre mercado se considera innecesaria la intervención del gobierno, aún frente a eventos de crisis, se dio paso en los 1980’s a la reforma económica global, identificada políticamente con Margaret Thatcher y Ronald Reagan. La reforma económica buscó liberar los mercados nacional y globalmente y en los países en desarrollo, además, implicó la privatización indiscriminada de las empresas públicas.

En tanto las escuelas EW esencialmente contaron con el monetarismo de Milton como estrato teórico, las escuelas SW se sustentaron en la visión de John Maynard Keynes, que considera como necesaria la intervención del gobierno en la economía. Idealmente consideran que la economía debe ser guida con los medios gubernamentales de la política monetaria y fiscal. En el primer caso, con medidas de manejo y control de la tasa de interés y oferta monetaria. En el segundo caso, con el presupuesto público, apoyando la inversión y el empleo privados.

La discusión de las visiones de las escuelas FW y SW se ha centrado esencialmente en cómo atender los efectos recesivos del ciclo económico sobre la producción y el empleo. Lo cual tiene implicaciones más allá de si debe o no intervenir el gobierno en el manejo de la economía y, en el caso de los países en desarrollo, el rol del estado en la promoción del crecimiento y el desarrollo. Por lo que naturaleza y causa de una recesión y estancamiento económico reviste singular importancia.

Las escuelas FW asumen a las crisis de producción y empleo como efecto de un problema de oferta, sobre la que el gobierno en el corto plazo no puede mayormente actuar. En tanto las escuelas SW parten del principio de que siendo el problema de falta de demanda, los gobiernos vía el gasto público y la política monetaria pueden alentar la producción y el empleo, dada la capacidad de producción existente y ociosa. Teóricamente esta discusión del ciclo productivo ha estado presente entre los economistas desde inicios del siglo XIX.

Aun limitadamente, USA aplicó medidas intervencionistas de gasto público y de inyección monetaria para enfrentar la crisis. También se aplicó una política de gasto inicialmente en la Zona Euro (ZE), pero después se canceló ante el surgimiento de la deuda pública que se generó por el rescate fiscal de deudas de entidades financieras privadas. Finalmente, una vez más la política monetaria no convencional seguida por USA ha terminado por regresar a la ZE, ante la amenaza de la deflación europea (The NYT, 6 de June, 2014).

Obviamente la confrontación entre las dos corrientes del pensamiento tiene una vieja data y aún dentro de ellas ha habido relativamente una evolución teórica. En el primer caso, considérese que la macroeconomía, como esencialmente hoy la conocemos, surgió a partir de la Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero de Keynes. Por lo que el posicionamiento de la no intervención del gobierno para enfrentar crisis económicas se sustentó inicialmente desde la esfera de la microeconomía, es decir de los mercados, por los llamados economistas “Clásicos”. Entonces la visión sobre las consecuencias adversas de la operación de los mercados sin gobierno radicó emblemáticamente en el ámbito del Capital de Marx y otros economistas.

En segundo lugar, el posicionamiento inicial de las escuelas SW se ha radicalizado a partir de los 1980’s. De la visión monetarista de Friedman que clamaba “no exigirle a la política monetaria más de lo que puede dar”, prácticamente se ha llegado a considerar a ésta como relativamente estéril. De esta forma los llamados “Nuevos Clásicos” han terminado por negar la pertinencia de la política monetaria para enfrentar las crisis, en virtud de las expectativas racionales.

Esta teoría conjetura que los mercados se adelantan por sus expectativas a las acciones intervencionistas en materia monetaria, cancelando cualquier efectividad de ésta. Por ello se considera que la “enfermedad” económica debe seguir su propio curso, hasta que el propio sistema económico logre su cura, sin intervención gubernamental alguna, fiscal o monetaria.

Ante la crisis actual, fehacientemente los gobiernos no han asumido una actitud contemplativa y fatalista, como la derivada de los Nuevos Clásicos (NC). En el peor de los casos, las ideas del viejo Friedman han estado presentes en ciertos casos, como podría ser asignado al banco central mexicano. Es posible pensar que las ideas de los NC no permearon en la definición de las políticas anticíclicas por que la crisis actual sólo puede ser equiparable en su magnitud a la gran depresión del 29, que fue atendida finalmente con la visión keynesiana. Así, no hubo crisis de gran magnitud previa a la actual de para evaluar la pertinencia instrumental de los NC. Además, porque se ha reconocido que la crisis ha sido el resultado del mantra de los mercados auto-regulados, que operan más eficientemente sin mayor intervención del gobierno, como es el motto de las escuelas FW.

A pesar de los hechos y de las acciones decididas o tímidas de los gobiernos para enfrentar la crisis actual y sus consecuencias, sin duda el debate entre las FW y SW escuelas habrá de seguir (P. Krugman, How Did Economists Get It So Wrong?). En otros casos, como el mexicano, la visión conservadora de la intervención del estado en la economía seguirá en marcha, aunque sea evidente que el recetario aplicado haya arrojado magros resultados de producción y empleo, en relación a lo prometido. En el ínterin de un posible cambio de política económica nacional, el gobierno seguirá administrando la economía con la misma visión reproducida desde el semillero mexicano de las escuelas Freshwater.

Sólo recordemos los pasivos pendientes, especialmente la deuda social que con tanta pobreza y dolor se manifiesta en este país.