Es una desgracia para México que después de seis años, se desconozca cuál es el paradero y los responsables de la desaparición de 43 normalistas en la ciudad de Iguala, Guerrero; sus padres, familiares y compañeros, siguen reclamando una investigación seria y profesional, con resultados confiables sobre las causas de esta ignominiosa y brutal acción criminal, cuyos autores no han sido identificados y menos aún sus motivaciones.
Lamentablemente esta tragedia no es un hecho aislado, toda vez que, sistemáticamente, se registran actos genocidas similares en todo el país, en los que las víctimas son masacradas brutalmente y después desaparecidas. Circunstancialmente el caso Ayotzinapa salió a la luz pública y se dio cuenta de éste en todo el mundo, por lo que se convirtió en un caso emblemático que no ha podido olvidarse.
Mentira tras mentira, simulaciones, expedientes manipulados y un sinnúmero de montajes fueron parte de la estrategia para tatar de inculpar a los grupos delictivos de lo que indudablemente, y en esto hemos sido reiterativos, se trata de un crimen de Estado.
Desaparecer a 43 estudiantes no es fácil, se pretendió responsabilizar a una de las tantas bandas criminales que operan en Guerrero; de manera irresponsable y desvergonzada se informó que habían sido incinerados y sus cenizas tiradas en un río cercano a una población llamada Cocula. Todo un hecho más que falso, con una importante dosis de desfachatez por parte de quienes se encargaron de manipular las investigaciones iniciales.
Han transcurrido ya dos años de un nuevo gobierno, mismo que desde el principio se comprometió a reabrir las investigaciones e ir hasta las últimas consecuencias para dar con los culpables, pero hasta ahora no hay resultados concluyentes. La incertidumbre vuelve a surgir a partir de nuevos indicios que apuntan a que, detrás de la represión y la desaparición de los jóvenes, están involucrados integrantes de las fuerzas castrenses, a lo que este fin de semana, fue el propio presidente de la República quien confirmó que ya se obtuvieron y en breve se ejecutarán órdenes de aprehensión en contra de militares.
Hay que recordar que el Ejército es la Institución responsable de garantizar la soberanía de la nación y la supervivencia del Estado mexicano, pero a lo largo de la historia, ha cometido infinidad de abusos y excesos en el uso de la fuerza, lo que le ha valido el rechazo y el desprestigio social; el caso más indignante fue el ocurrido en 1968, cuando de manera perversa salieron a las calles a reprimir y a masacrar a los estudiantes.
Desafortunadamente las fuerzas armadas siguen siendo utilizadas también para combatir al crimen organizado, cuando han demostrado que no están capacitadas para ello y, en consecuencia, sus acciones dejan serias dudas sobre la forma en que ejecutan los operativos e imparten justicia; no en pocas ocasiones han asesinado a civiles, porque en su lógica y disciplina, obedecen a ciegas y no hay margen para anteponer el diálogo y en esa disyuntiva hoy debemos lamentar crímenes en que se han visto involucrados. También tenemos, para desgracia, la conducta que asumieron durante la patética Guerra Fría, en donde a mansalva arrasaron pueblos enteros y cometieron un sinfín de perversidades.
El Ejército es un organismo representativo que no debería realizar tareas ni asumir responsabilidades para las que no están preparados; es por ello que a los gobiernos se les ha hecho fácil utilizar a los mandos marciales y a la tropa para enfrentar, sobre todo, a los grandes cárteles del país.
En el caso de los normalistas, una de las tesis por las que se considera habrían sido “levantados” y desaparecidos con cierta facilidad, es que los hechos se dieron con la complacencia o incluso con la participación militar, pero tal línea de investigación no ha sido revisada a profundidad por todo lo que ello implicaría.
En el caso Iguala no se puede descartar ninguna hipótesis y ahora que ya están puestas sobre la mesa las primeras órdenes de aprehensión contra la milicia, es necesario ir a fondo si lo que se busca es llegar a la verdad. Llegó la hora de demostrar que en la impartición de la justicia ya no hay privilegios, ni intocables, porque de lo contrario seguiremos inmersos en el mundo de la impunidad, en donde lo cotidiano es la simulación y la mentira.
Es imprescindible que, junto con el compromiso de conocer a los verdaderos autores del ataque contra los 43 estudiantes normalistas, se considere que este sector merece más apoyos y mejor protección. Desde siempre las Escuelas Normales Rurales han sido maltratadas y abandonadas.
No olvidemos que la razón por la que los estudiantes fueron a la ciudad de Iguala, hace seis años, fue en busca de apoyos para su supervivencia, ya que el Estado les negaba todo tipo de ayuda; aunque esta situación aún prevalece en menor grado, es fundamental que el modelo normalista se vuelva a convertir en el pilar y la base que dé sustento a la enseñanza pública en nuestro país.
Bajo esta premisa, los estudiantes de Escuelas Normales Públicas, tanto urbanas como rurales, al egresar deben tener garantizada una plaza, ya que la función del docente debe considerarse como una profesión de Estado, y es por ello que históricamente todos los egresados al terminar sus estudios eran merecedores de una, algo que ahora se les ha negado.
Al margen de que se conozca la verdad sobre los normalistas de Ayotzinapa, es momento de enaltecer el trabajo de las Escuelas Normales, para que alcancen la respetabilidad social que antaño tuvieron; ésta sería la mejor forma de honrar la memoria de esos 43 jóvenes, cuyo único deseo era la superación profesional en una de las carreras más nobles y dignificantes, como lo es la magisterial.
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