juicio a expresidentes

Las consultas populares

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Bien se ha dicho que cada presidente mexicano, cada sexenio, impone a su gobierno su propio sello y su particular forma de gobernar.

A lo largo de la historia hubo presidentes serios, responsables, que atendían desde su escritorio los siempre preocupantes problemas nacionales. Después empezaron a viajar tanto en el territorio mexicano como en el extranjero y, como consecuencia, resultó que poco tiempo permanecían en sus oficinas; acordar con sus colaboradores era punto menos que imposible, o bien, lo hacían en el avión o automóvil. Prácticamente diariamente recorrían el país, e incluso hubo casos que por la mañana visitaban algún estado norteño y por la tarde ya estaban en Yucatán; asistían a eventos faraónicos, mismos en los que se les rendía pleitesías; la forma en que recibían al presidente en los estados no tenía paralelo y toda la entidad, o la ciudad por lo menos, se paralizaba para recibir al “monarca”, a quien, por supuesto, únicamente se le mostraba lo que se le quería mostrar, sin que hubiera la más mínima oportunidad de enterarlo de los problemas reales de la población.

De igual manera, su comportamiento era de auténtico “Santa Claus”, y sin moderación, ni prudencia alguna, repartía dinero u ordenaba obras a diestra y siniestra, sin proyecto de por medio y mucho menos se atendían asuntos prioritarios de cada entidad. Al final, el gobernante decidía las construcciones que deberían realizarse o los beneficios a otorgar, dependiendo siempre del afecto que el Presidente de la República tuviera por el gobernante local.

Se recuerda el caso de un presidente que durante un evento en una comunidad, prometió a la población la construcción de un Tecnológico, pero en voz baja un colaborador le aclaró, “señor, aquí no hay prepas…” y sin más, el mandatario agregó: “sin prepa que ingresen a la educación superior…”; o sea, directo de la secundaria. Nótese el alto grado de intransigencia académica, todo para dar paso a un capricho.

AMLO y fallas politicas publicas
Imagen: Expansión Política.

Los tiempos y las formas no cambian, el presidencialismo mexicano es imperativo, tiránico y dictatorial. El llamado Jefe de Estado concentra tal poder que domina a los otros, quienes, de una forma o de otra, obedecen ciegamente al Ejecutivo. Recientemente lo comprobamos, seis ministros, sin clase alguna, carentes de dignidad, se sometieron a la consigna que sin duda les dio el Ejecutivo, aprobaron una insensatez jurídica y el planteamiento de una pregunta que más que ello es un galimatías, demostrando un servilismo y aún más, una carencia de talento sobre si procede someter o no a juicio a los expresidentes. Situación que, por cierto, es totalmente legítima sin ese “circo” mediático de la “famosa” consulta.

Es evidente que, en el actual gobierno, por más que se diga que son aires distintos, repetimos, las prácticas siguen siendo exactamente las mismas. El Presidente de la República es quien propone a los Ministros de la Corte, quienes deben ser sus súbditos, obedientes e invertebrados.

En el poder Legislativo sucede exactamente igual, aunque se tiene la ventaja, como también sucedió en otros sexenios de que los diputados y senadores, en su buena mayoría, son del mismo partido y, por tanto, caminan de la mano siempre atentos a la línea presidencial.

Una característica del actual sexenio es impulsar consultas, las cuales no reúnen requisitos formales, pero aun así las promueve el jefe del Ejecutivo, sin que tampoco se omita decir el hecho de que todos los días o casi todos, expresa sus puntos de vista por problemas diversos, donde evidentemente se refiere a conservadores neoliberales y otro tipo de adjetivos, que sin duda tienen un corte político partidista, donde el objetivo es la descalificación.

Las consultas populares que se han realizado han tenido severas fallas, ya que los formatos y los espacios para recabar las opiniones ciudadanas resultan reducidos, pero aún más, suelen ser manipulados y sólo se utilizan como justificación para decisiones ya tomadas, tal ha sido el caso de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, donde cancelar las obras del aeropuerto de Texcoco provocó una gravísima pérdida económica. En el mismo renglón se puede mencionar los proyectos del Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y la cancelación de una fábrica de cervezas en Mexicali, Baja California.

justicia, escudo nacional
Imagen: Reporte Índigo.

Las consultas han sido algo impactantes y sus resultados fuertemente cuestionables, pero ahora sí se está “cocinando” una consulta histórica que tendrá visos legales, y servirá como punta de lanza para juzgar a los expresidentes de México, empezando por Carlos Salinas de Gortari y todos los que le siguieron, aunque no se incluye y se ignora el motivo, al expresidente Luis Echeverría Álvarez.

El planteamiento –aclaramos mi punto de vista–, es sano y digno de aplauso. México no podrá ser nunca distinto y jamás podrá tener a la justicia como un valor de relieve, en donde la igualdad sea cierta y la impunidad desaparezca, en tanto no se juzgue y castigue a los exmandatarios, quienes por sistema y sin excepción, han abusado del poder y han cometido fechorías sin moderación, son perversos delincuentes, autores de delitos graves como el genocidio, sin olvidar asesinatos y estafas millonarias al país.

Lo que hay que dejar en claro, insisto, desde el punto de vista legal y estrictamente jurídico, no hay ninguna razón ni ley que impida castigar con ejemplaridad a los impresentables expresidentes de México. Para ello sólo falta voluntad política, pero sobre todo, el verdadero cumplimiento de la ley. Por cualquier lado que se vea es ociosa e innecesaria la absurda consulta, la cual, además por los serviles Ministros de la Corte, resulta confusa y fuera de lugar.


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Constitucional consulta para enjuiciar a expresidentes; cambian pregunta

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Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la solicitud de consulta para determinar si se enjuicia a expresidentes es constitucional.

Una sonrisa seguramente se dibujó en el rostro del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al conocer la resolución de los ministros en la Suprema Corte, sobre la controversia constitucional que enmarcaba su propuesta de consulta ciudadana para determinar si los mexicanos quieren o no llevar a juicio a los expresidentes.

Con seis votos a favor y cinco en contra, los ministros de la SCJN resolvieron la controversia el jueves.

Los ministros a favor de la consulta fueron: Arturo Zaldívar; Yasmín Esquivel; Margarita Ríos Farjat; Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; Juan González Alcántara Carrancá, y Alberto Pérez Dayán.

Arturo Zaldívar descartó que la consulta propuesta por López Obrador busque restringir los derechos humanos o las garantías de aquellos que serían eventualmente señalados, como lo manifestó el ministro Luis María Aguilar en el proyecto de revisión constitucional de la iniciativa.

“Lo que la consulta busca conocer es si la ciudadanía está de acuerdo en que las autoridades investiguen y, en su caso, sancionen (…); tiene la finalidad constitucional que busca recabar el sentir de la ciudadanía, una ventana para integrar la voz de todos. La Suprema Corte no puede guardar el derecho a la participación democrática a la ligera”, sostuvo.

Los ministros Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo, Javier Laynez Potisek, Fernando Franco y Norma Piña, fueron los votantes en contra de la propuesta al respaldar el argumento de Aguilar quien señaló que a la ciudadanía no le corresponde decidir si se deben investigar o procesar los delitos cometidos en ejercicio de la función pública, la participación ciudadana compete obligadamente denunciar los hechos delictivos de los que tengan noticia y coadyuvar con las instituciones del Estado. 

“Esta decisión no es fácil y posiciones como la mía no son muy populares, los jueces constitucionales no somos nombrados para ganar popularidad los poderes Ejecutivos y Legislativos si, además de su experiencia están para actuar conforme al deseo de las mayorías, pero el poder judicial nunca debe actuar conforme a lo que dicen las mayorías.”, estimó por su parte el ministro Javier Laynez.

Ahora, los ministros procederán a revisar la redacción de la pregunta incluida en la consulta propuesta por el Presidente: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?,”

La nueva pregunta quedó así: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

AMLO no quita el dedo del renglón para enjuiciar a expresidentes

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Si es necesario, AMLO pedirá se modifique el artículo 35 de la Carta Magna con tal de lograr enjuiciar a expresidentes por corrupción.

Los topes constitucionales a los que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha enfrentado en su lucha por lograr un juicio en contra de los expresidentes de México, lo lleva a considerar opciones paralelas y estaría dispuesto a solicitar modificaciones a la ley con tal de “respetar la voluntad del pueblo.”

En caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine que su propuesta de consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes es anticonstitucional, el primer mandatario dijo que defenderá su compromiso de llevar a cabo la consulta y recurrir a otros métodos democráticos para garantizar que la voluntad de los ciudadanos sea cumplida.

La propuesta de AMLO se empantanó a finales de septiembre con la resolución del ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar al proyecto de revisión constitucional de la propuesta. El ministro consideró que “el objetivo integral de la solicitud presidencial es consultar al pueblo de México si está de acuerdo o no en que las autoridades competentes —Fiscalía General de la República y fiscalías de los estados, Poder Judicial de la Federación y poderes judiciales de los estados, las policías y cualquiera otra que tenga atribuciones— investiguen y, de resultar fundada alguna causa, sancionen penalmente a los expresidentes de México referidos en el escrito de solicitud.”

“Yo tengo la responsabilidad de buscar que en México, porque fue mi compromiso, se lleve a cabo la consulta ciudadana y otros métodos democráticos (…) Y de inmediato estaría enviando una iniciativa de reforma al artículo 35 para que no se cancele esta posibilidad”, afirmó el Presidente en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La Constitución mexicana señala, en su artículo 35, que no podrán ser objeto de consulta popular “la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación sesiona este jueves 1 de octubre sobre la constitucionalidad de la propuesta de AMLO para enjuiciar a expresidentes.

Se empantana propuesta de AMLO para enjuiciar a expresidentes

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Los intentos de Andrés Manuel López Obrador por desarrollar un juicio a expresidentes, presenta dificultades en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El ministro Luis María Aguilar señaló que la propuesta del Presidente sería inconstitucional por considerarla violatoria a los derechos humanos.

La solicitud presentada por el Ejecutivo ante el Senado de la República el 15 de septiembre pasado, incluye los motivos por los que su Gobierno considera necesario juzgar a los exmandatarios Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Para el ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, el proyecto de revisión constitucional de la propuesta arrojó que el objetivo integral de la solicitud presidencial es consultar al pueblo de México si está de acuerdo o no en que las autoridades competentes —Fiscalía General de la República y fiscalías de los estados, Poder Judicial de la Federación y poderes judiciales de los estados, las policías y cualquiera otra que tenga atribuciones— investiguen y, de resultar fundada alguna causa, sancionen penalmente a los expresidentes de México referidos en el escrito de solicitud.”, según refiere el documento presentado el jueves 24 de septiembre.

En su argumento, el ministro apunta, entre otras cosas, que el referéndum violentaría el debido proceso y la presunción de inocencia de los expresidentes y restringiría “los derechos humanos y de garantías”, además de romper con el principio de igualdad en todos los ciudadanos ante la ley.

“La consulta popular no puede tener por objeto —expreso ni implícito— temas que involucren la restricción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así como a las garantías para su protección”, apuntó la resolución.

En respuesta López Obrador hizo un llamado a los ministros de la Suprema Corte a actual con criterio, apego a la ley y no dejarse intimidar y escuchar el sentimiento popular para que se someta a juicio a los expresidentes.

“Aunque ellos resuelven de conformidad con lo establecido en las leyes, en este caso en el artículo 35 de la Constitución y en la Ley de Consulta Ciudadana, que también tomen en cuenta el sentimiento del pueblo.”, exhortó el Presidente a ministros en su conferencia de prensa matutina.

“Que ya sé que tienen que resolver con apego a la legalidad, que no necesitan leerme el artículo de la Constitución, es el 35, y que ahí se establece que no se deben de violar los derechos humanos.”, añadió.

Para Alejandro Zúñiga Olmos, investigador político y colaborador de El Semanario, la intención de AMLO por llevar a los expresidentes a juicio se robusteció con las declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quién implicó a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña en temas de corrupción.

“Lo que le interesa en realidad al presidente es denostar a sus tres antecesores en el imaginario colectivo, porque al mismo tiempo hunde electoralmente a los partidos políticos que representan y los llevaron al poder.”, señala Zúñiga Olmos en su artículo “El juego del juicio a expresidentes”.

Por su parte, José Elías Cárdenas, exdiputado local en Coahuila, en el terreno jurídico existen recursos para argüir la defensa de los expresidentes y otros funcionarios de alto y mediano rango, como es el caso de la prescripción de los presuntos delitos cometidos y “estos reclamos oficiales y sociales sobre el enjuiciamiento a los expresidentes, puede tratarse de una exhibición de estos que tienen como pena la condena moral a quienes ejercieron el poder sin escrúpulo ni limitación alguna y que será la historia quien los juzgue.

“Hay analistas más severos que aducen como propósito del régimen ser parte de la campaña electoral del próximo año que será la mayor de la historia de México en medio de condiciones jamás vistas.”, refiere en su artículo de opinión para El Semanario.

El documento resolutivo del ministro Luis María Aguilar será discutido en la sesión del 1 de octubre próximo. Podrá ser aprobado o rechazado por el pleno del máximo tribunal de la nación.

¿Maxiproceso o maxiverdad?

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La iniciativa de una consulta popular para juzgar a expresidentes supone responder una pregunta profunda de la vida pública mexicana: ¿para qué? Aunque sobran razones bien justificadas para investigar el pasado, el interés concreto es divergente dependiendo de a quién se le pregunte opinión. En cualquier escenario, en el trasfondo se comparte una idea: el agravio transexenal. Un juicio supone un camino jurídico cuyo destino podría traducirse en el resarcimiento del daño y el castigo a culpables. Nada desdeñable, pero implica preguntarse si, como sociedad, pretendemos que la justicia se active a punta de consultas populares. Además, poner a la consulta popular como parapeto para activar procedimientos de justicia es un pésimo antecedente. Aun y cuando ahora pueda haber consenso, la historia está llena de delincuentes populares a los que les habría venido bien que se consulte públicamente su inocencia.

En este contexto, y desde hace meses, la idea de impulsar un “Maxiproceso” en México circula en el debate público, particularmente a raíz de la extraditación y declaración de Emilio Lozoya. El concepto proviene de la experiencia siciliana en los ochentas, cuando fiscales antimafia locales (mejor conocido como Pool Antimafia) armaron y llevaron a buen puerto jurídico la acusación contra el núcleo amplio y duro de la Cosa Nostra, el grupo mafioso local. El juicio, que duró años, terminó exitosamente en los juzgados, pero penosamente en las calles de Palermo después de que la mafia local asesinara a Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, dignos jueces y mentes maestras detrás del Maxiproceso y héroes locales en la actualidad.

mafia en Italia y México
Imagen: BBC.

¿Qué tanto le funciona a México emular la experiencia siciliana del Maxiproceso? En Sicilia, el Maxiproceso se ocupó primordialmente de llevar a la cárcel a mafiosos, y de rebote también sirvió para construir una suerte de bloque común en contra de la mafia. De esa manera se consolidó lo que se conoce como el movimiento antimafia que fue eficiente para disminuir la violencia y el poder de la Cosa Nostra en aquella isla italiana. En México el reto es mucho mayor y más complejo por varias razones. De entrada, no se trata de un problema local, sino de una secuencia larguísima de problemas locales. El país está lleno de agravios de violencia, corrupción e impunidad. En segundo lugar, en este caso se pide enjuiciar a exgobernantes, cuyos presuntos cargos ocurrieron mientras ocupaban cargos de gobierno al más alto nivel. De varias maneras se estaría juzgando la responsabilidad del Estado. Además, la idea de un Maxiproceso en el sentido siciliano prioriza el encarcelamiento de culpables sobre una idea de reparación, justicia y dignificación de las víctimas. Esto es por demás problemático porque ningún proyecto de reconciliación funcionará en México si no se antepone este elemento.

En este contexto, un grupo de ciudadanos (con Alfredo Lecona como portavoz) han propuesto dar un giro fascinante a la idea de la consulta. En lugar de preguntar si se enjuicia a exgobernantes, se propone consultar la creación de una comisión amplia de verdad. La idea es tan sugerente como relevante porque le resta al tono de revanchismo con el que se ha planteado la consulta de juicio a expresidentes, y en su lugar antepone justamente la reparación, justicia y dignificación. Si derivado de los resultados de esta comisión, los siguientes pasos son enculpar y encarcelar, bienvenido sea, pero sobre las bases de la verdad que hoy no tenemos. En Chile, por ejemplo, persistirá el agravio de saber que Pinochet murió en su cama y no en la cárcel, pero también lo hará la certeza de su responsabilidad durante la dictadura en aquel país. Al día de hoy, es difícil saber y decir qué viene pasando en México desde hace lustros. Al país le urge construir una verdad articulada que señale responsabilidades y anteponga a los agraviados.

golpe de Estado en México
Imagen: Kaos en la red.

En México existe un antecedente de comisión de verdad. A principios de siglo, y en el contexto de la transición de partido en el gobierno a raíz de la victoria electoral de Vicente Fox, se echó a andar un proyecto de esta naturaleza que tristemente fracasó. La idea era construir verdad en materia de las violaciones a derechos humanos y masacres de eventos como el 68, la guerra sucia, entre otros. La decepción del resultado fue mayúscula. No logramos resolver aquel pendiente y, menos de veinte años después, ya estamos ante la urgencia de promover una nueva comisión de verdad que atienda los agravios de los años recientes. Esto, claro, sin olvidar los anteriores. Antes de pensar en maxiprocesos que puedan desvirtuarse y sólo sirvan para saciar rencores históricos, la sociedad mexicana necesita pensar en maxiverdades que le permitan transitar hacia la justicia. Éste y no otro es el camino hacia la reconciliación.


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En AMLO, las emociones cuentan

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La promoción de una consulta popular sobre el enjuiciamiento jurídico de cinco expresidentes, tiene motivaciones de algún peso racional pero son mayores las emotivas. Con frecuencia, López Obrador no logra ocultar sus emociones y luego trata de revestirlas de razones; sus críticos las ven como “ocurrencias”, que a veces lo son.

Respecto a la pregunta y sus considerandos a consultarle al pueblo, expertos como Pedro Salazar (¿Es constitucional la consulta?, El Financiero, 16/09/2020) consideran que sobran razones para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare su inconstitucionalidad.

No obstante, aunque quedara desechada y archivada en el Congreso, AMLO gana con la sola presentación de la pregunta, por supuesto, entre su fuerza electoral.

Y aquí es donde entran dos poderosos motivos emocionales de la iniciativa: en primer lugar, seguir tocando fibras sensibles de los sectores sociales que durante mucho tiempo se sintieron humillados e ignorados por el poder público. Ninguna representación mejor de ese poder distante y abusivo que los cinco expresidentes.

Felipe Calderón y López Obrador
Imagen: Status Puebla.

Además, esos millones de mexicanos se sienten ahora débiles, vulnerables y urgidos de creer (sin mayor reflexión) en que alguien tiene respuestas ante tanta incertidumbre que representan la pandemia y la precariedad de los empleos, y las tensiones intrafamiliares desatadas en el confinamiento.

López Obrador habla para esos mexicanos dolidos, que ahora además, se sienten vulnerables, y lo hace con conocimiento y grados de sinceridad; reivindica sus ofensas mostrándose rijoso contra quienes ha identificado como los corruptos enemigos del país (algunos en verdad lo son); ante ese público denuncia todos los días los movimientos con que sus adversarios quieren frenarlo y se empeña en mantener alta la esperanza con su “vamos muy bien”.

Sus ideas son digeribles para millones de personas, pero tienen dos enormes limitaciones: una, que sectores como las clases medias, los pequeños y medianos empresarios no encuentran elementos de identificación significativa entre el discurso presidencial y sus ganas de volver a contemplar un futuro menos incierto y más promisorio.

Otra limitación son las dificultades que ya tiene su gobierno para cumplir con las expectativas de su base social; los efectos de la pandemia, de la caída de actividades económicas y de los ingresos petroleros son profundos, y casi imposibilitan los compromisos del sexenio con el abatimiento de la pobreza, de las desigualdades y de la inseguridad pública.

Enrique Peña Nieto, juicio y corrupcion
Imagen: El CEO (Gettyimages).

En los dichos y actitudes del presidente se puede percibir un segundo motivo emocional al promover la consulta, que es que efectivamente se le hizo mucho daño al país, lo que a cualquiera que quiera darse cuenta le da coraje; pero con quien AMLO da muestras de tener mayor enojo es con Felipe Calderón.

El presidente está convencido de que el “haiga sido como haiga sido” con que Calderón llegó a la presidencia, fue robándosela a él; además lo ha responsabilizado de haberle declarado la guerra al narcotráfico teniendo un secretario de seguridad pública contra quien se acumulan evidencias en Estados Unidos de que estaba coludido con criminales (que el juez Brian Cogan en Nueva York tendrá que valorar).

Y más allá de lo que AMLO considere, el sexenio de Calderón también fue un desastre económico, si se considera que le ingresaron a las arcas públicas 160 mil millones de dólares que generó Pemex como superávit en su balanza comercial externa, millones que no se tradujeron en mayor generación de inversiones, ni de empleos, ni en el abatimiento de desigualdades, pero sí en corrupción.

Como referencia, el superávit de Pemex cayó a 41,400 millones de dólares para todo el sexenio de Peña Nieto, y desapareció hasta volverse negativo en lo que va del sexenio actual, debido a la depreciación internacional del crudo, lo que es un lastre imprevisto que limita enormemente los márgenes de acción del gobierno.


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Los esfuerzos de AMLO por un juicio a expresidentes

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El Presidente López Obrador firmó una solicitud que será entregada al Senado en la que detalla las causas por las que busca un juicio a expresidentes.

A pesar de que la consulta para conocer si los mexicanos están de acuerdo en llegar a juicio a expresidentes fue calificada como exitosa por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el primer mandatario busca no dejar franco sin cubrir y la mañana del 15 de septiembre decidió firmar una solicitud que presentará ante el Senado de la República para asegurar que, si la sociedad lo decide, se lleve a tribunales a cinco presidentes de México.

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?,” seria la pregunta con la que AMLO propone incluir en la consulta.

Originalmente, AMLO buscaba que los ciudadanos solicitaran la consulta, para lo que era necesario 1.8 millones de firmas equivalente al 2 por ciento del padrón electoral, como lo estipula la Ley, con plazo a vencer el 15 de septiembre.

“La información que tengo es de que sí van hoy a tener las firmas que se requieren, que ya están ordenando las firmas y que ya van cerca de dos millones de firmas de ciudadanos. De todas formas, porque hoy vence el plazo, consideré importante presentar también este escrito para tener más seguridad sobre la solicitud de la realización de una consulta a todos los ciudadanos”, expresó.

En conferencia de prensa del martes el primer mandatario hizo lectura al documento que presentará al Senado en donde resume los motivos y errores por los cuales los expresidentes desde 1988.

López Obrador fundamentó la solicitud a través de 16 puntos, en los cuales destacó que entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018 México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia.

Desde Carlos Salinas de Gortarí hasta Enrique Peña Nieto, el documento enlista los hechos que llevaron a México a la situación que actualmente vive, citando datos del Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Hechos como los de las políticas de privatización, el incremento de deuda, los fraudes electorales, la lucha contra el crimen y los sobornos como los que involucran al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, y exfuncionarios del gobierno de Peña Nieto y Felipe Calderón.

“Lo que le interesa en realidad al presidente es denostar a sus tres antecesores en el imaginario colectivo, porque al mismo tiempo hunde electoralmente a los partidos políticos que representan y los llevaron al poder,” señala Alejandro Zúñiga Olmos, colaborador de El Semanario. “Pero lo que no ha dicho con claridad el presidente es que, antes de convocar a la Consulta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver de fondo la constitucionalidad del tema a consultar,” añadió.

El escrito será entregado al Senado el 15 de septiembre a las 11:00 hrs., tiempo local.

El juego del juicio a expresidentes

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Una cosa es querer someter a consulta pública el enjuiciamiento de expresidentes y otra, muy diferente, que las leyes mexicanas lo permitan por sólo desearlo.

La reflexión viene a cuento por la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de someter a consulta pública nacional (plebiscito) si deben o no ser enjuiciados los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Un primer sondeo hecho por un diario de circulación nacional arrojó que 9 de cada 10 mexicanos están a favor del enjuiciamiento, pero sólo 5 de cada 10, la mitad, aceptan que esta decisión pase por el filtro de una consulta nacional ciudadana.

Salinas, Peña Nieto y Calderón
Fotografía: El Soberano.

Es contundente la intención popular de procesarlos, pero la opinión se divide cuando se les pregunta si el caso requiere de una consulta pública previa.

Expertos en derecho consultados por esta pluma, consideran que, si efectivamente los expresidentes quebrantaron la ley durante sus mandatos, deben ser juzgados y obligados a resarcir el daño causado a la nación, pero con estricto apego a las leyes mexicanas.  

La realidad es que quien viola la ley no necesita pasar por el trámite engorroso de una consulta pública para ser procesado y castigado.

Pero el olfato político del presidente López Obrador es tan agudo que cuando vio que Lozoya trata de implicar a los tres expresidentes mencionados para ver si libra la cárcel, leyó la inmensa rentabilidad electoral que representa para su causa y su partido machacar en la opinión pública la idea de someter a consulta popular el llevar a juicio a tres de los expresidentes más odiados por los mexicanos al término de sus mandatos.

juicio politico
Imagen: Reporte Índigo.

La simple mención de la presunta incriminación de los expresidentes en el caso Lozoya, ha redoblado la estigmatización y el coraje popular contra los tres exmandatarios cuya reputación, hay que reconocerlo, ya estaba muy deteriorada en la sociedad mexicana.

Por eso, someter a una consulta nacional el enjuiciamiento de los tres ex presidentes son tema un día sí, y otra también, de las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador.

Lo que le interesa en realidad al presidente es denostar a sus tres antecesores en el imaginario colectivo, porque al mismo tiempo hunde electoralmente a los partidos políticos que representan y los llevaron al poder.

El Artículo 35 de nuestra Carta Magna, en su fracción VIII, establece como derecho ciudadano votar en las consultas populares “sobre temas de trascendencia nacional y regional”.

La consulta puede ser a petición del presidente, el 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, y los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores, es decir, un millón 798 mil ciudadanos.

brujula corrupcion
Imagen: Expansión Política.

Pero lo que no ha dicho con claridad el presidente es que, antes de convocar a la Consulta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver de fondo la constitucionalidad del tema a consultar.

Y el mismo Artículo 35 Constitucional y su Ley Reglamentaria, establecen que “No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos”.       

En este sentido, es previsible la resolución de improcedencia que debe dictar la Corte, pues la consulta vulnera el derecho a la presunción de inocencia de los expresidentes y, además, viola la garantía del debido proceso, al tiempo que, también, se violaría la autonomía de la Fiscalía General de la República.

Pero no importa que se juegue con la legalidad, mientras un tema tan delicado como el enjuiciamiento de tres expresidentes aporte una alta rentabilidad política para un gobierno y su partido. No cabe duda, la obsesión por el poder los hace iguales a todos.


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