Nuestro País

El Guasón @ México

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Un fósforo encendido en el pajar de una sociedad crispada

Si no ha visto aún la película Joker, castellanizado como Guasón, la tiene que ir a ver, mientras esté aún en cartelera. Advertencia, no es apta para menores de edad.

El filme, estelarizado por Joaquin Phoenix, profundiza en la psicología de Arthur Fleck, el próximamente emblemático enemigo de Batman; acompañado de grandes actores como Robert De Niro y Zazie Beetz.

La película desde el punto de vista cinematográfico ya es un éxito, tras ganar “El León de Oro” en el Festival de Venecia, y una inevitable candidata al Premio Oscar de la Academia, en Estados Unidos, al menos por la magnífica interpretación de Phoenix como actor central del drama.

Joaquin Phoenix.
Joaquin Rafael Phoenix en la actuación de “El Guasón”.

La película, en el contexto mexicano, cae como un yunque en el estómago. Como en otros países ha levantado una notable polémica, acusada por ser un llamado a la violencia dentro del entorno de sociedades notablemente polarizadas. Y, vaya, en México, donde la polarización se alienta desde muy temprano en Palacio Nacional. Es sin duda un filme preocupante.

La pregunta es ¿cómo leerá un mexicano marginado, azotado por la desigualdad, injusticia y el desempleo, un contenido de esta naturaleza? ¿Cómo opera en la psique individual y el imaginario colectivo la revuelta dramatizada en Guasón al grito de “Mueran los ricos”? ¿Qué pasó por la mente de los funcionarios de la Secretaría de Gobernación que autorizaron su exhibición en México? ¿Este filme es tan potencialmente incendiario que debió ser aprobado por la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, e incluso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador?

Guason.
Fotograma de la película “Guasón”, Todd Phillips (2019).

Por supuesto, siempre he sido un liberal, y por definición, promuevo la libertad de expresión y la libertad de consumo de bienes culturales en apego a nuestros más fundamentales derechos humanos, pero “el horno no está para bollos”, y Guasón es un claro llamado a la rebelión ciudadana y al vandalismo en una sociedad crispada, atizada paradójicamente por el propio Gobierno Federal.

En perspectiva. Con suerte, en el país donde no pasa nada, el filme pasará desapercibido por amplios sectores de la sociedad mexicana. Pero he de confesar que, como profesional de la ciencia política y la comunicación de masas, el filme me cayó de peso. Me dejó muy preocupado y sembró en mi mente una pregunta: ¡¿Pero en qué cabeza cabe soltar este fósforo encendido en el pajar?!

Vivimos una emergencia nacional

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Bien por engrandecer la celebración del
aniversario de la Revolución mexicana.

López Obrador ganó la elección presidencial en medio de una emergencia nacional, generada por la crisis de nulo crecimiento económico per cápita durante décadas, y por la crisis de inseguridad pública. La dificultad mayor para afrontar tales crisis era (es) la fragilidad institucional del Estado, corroído por la corrupción, y su abismal distanciamiento de la sociedad.

Era obligado cambiar de política y de estrategias, y fortalecer al Estado. Lo primero tenía que ser el combate a la corrupción en sus adherencias entre toda clase de autoridades y entre poderosos grupos económicos. También se hacía necesario deslindar el poder político del económico.

En cuanto a la inseguridad pública, no se ha querido seguir con la guerra letal a los cárteles, que sólo empeoró la violencia durante los dos sexenios anteriores. Para mantener esa postura, el gobierno tiene que resistir las presiones de Trump y su “ayuda” porque según él, “éste es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, libre una GUERRA contra los carteles de la droga y los desaparezca”; es momento para “limpiar de la faz de la tierra a los carteles”, tuiteo el presidente estadounidense.

No faltará quien considere que la ayuda estadounidense es lo mejor que nos puede pasar para hacer la guerra, en nuestro territorio, matando connacionales, sin ver que el fin principal que perseguiría es asegurar el control del negocio, como lo hace la Drug Administration Agency, la DEA, frente a la cual, la droga está en las calles de cualquier ciudad estadounidense sin ningún problema.

Tales son las dos enormes piedras con las que podría tropezar la 4T, y caer, si no tienen al menos trazas de solución pronto.

Drogas.
Ilustración: Dante de la Vega.

La crisis económica de bajo crecimiento por bajas inversiones privadas y públicas en infraestructura, parece estar a punto de entrar en una fase de recuperación.

Tres datos documentan el optimismo que hay que tener para ver oportunidades en las crisis; uno es la puesta en marcha del Plan Nacional de Infraestructura, consistente en unos 1,600 proyectos a realizar a lo largo del sexenio, con una inversión total estimada en 424 mil 149 millones de dólares de la cual, el 56 por ciento sería empresarial y el 44 por ciento pública.

El martes 26 de noviembre se darán a conocer los primeros contratos de obras con empresas privadas, lo que deberá revertir el comportamiento negativo de la inversión pública, que cayó en 14.4 por ciento en términos reales durante los primeros nueve meses del 2019, haciendo caer a la inversión privada.

Otro dato positivo es el crecimiento en 7.8 por ciento de la inversión extranjera directa durante los primeros nueve meses del año, con respecto al mismo periodo del último año de Peña Nieto. Esa inversión no es “golondrina”, se trata de reinversiones y nuevas inversiones en diversos sectores productivos.

Como tercer dato, considérese que si se revierte el bajo crecimiento y las finanzas de Pemex empiezan a mejorar, como lo está haciendo en extracción y refinación, no hay motivo para que el país pierda su calificación crediticia del grado de inversión, a pesar de que analistas de las calificadoras Morgan Stanley, de UBS Group, de Société Générale, de Moody’s Investors Service y de S&P Global Ratings se han puesto de acuerdo en difundir perspectivas negativas para el crédito soberano de México.

Las principales economías del mundo están en desaceleración económica desde hace décadas, lo que hace que el frente externo no sea un factor de mayor estímulo, razón de más para movilizar los recursos internos.

Más difícil de roer es el hueso de la violencia criminal, desatada por vacíos institucionales que el Estado aún no tiene capacidad para recuperar.

Cuando la ambición es más grande que la dignidad

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#Ambición #Dignidad

Cuando en las últimas semanas hemos visto pifias como la detención de Ovidio Guzmán, masacres como las de los niños y mujeres en la frontera entre Chihuahua y Sonora, datos que revelan niveles de inseguridad mayores en prácticamente todos los rubros, reporteros “levantados” que luego aparecen muertos, descubrimientos de fosas llenas de cadáveres en Jalisco y declaraciones como la del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana donde, palabras más palabras menos, dice que “si su renuncia sirviera, entonces la daría”, me pregunto ¿por qué no ha renunciado Durazo?

Su renuncia, por decir lo menos, serviría para que alguien más ocupe su lugar. El cargo no lo puede ejercer más de una persona. Hoy no lo ejerce nadie, pero lo ocupa un sonorense que no ha tenido la capacidad de, siquiera, contener la inseguridad que azota a nuestro país.

México es uno de los países más inseguros y violentos del mundo, eso no es nuevo; es también producto de malas políticas públicas que, en materia de seguridad, se dictaron en gobiernos pasados. Sin embargo, un nuevo gobierno, que probablemente fue elegido precisamente porque la gente estaba harta de las malas decisiones de los gobiernos anteriores, no puede echarle la culpa al pasado de lo que hoy, a casi un año de gobierno, no han podido –qué digo resolver– ni siquiera contener.

La ola de violencia, impunidad y desfalco que estamos viendo por parte del crimen organizado es producto de un ambiente permisivo que está más preocupado por encontrar culpables de cuello blanco por actos de corrupción, que a todas luces es necesario, antes que salvaguardar la integridad física y las garantías de las personas.

Lo graves es que pareciera que los mexicanos hemos perdido la capacidad de asombro cuando escuchamos que hubo un muerto o treinta; lo oímos con absoluta normalidad, ya es parte de nuestra cotidianidad. Sin seguridad no hay nada y es lo único que el Estado no puede delegar ni subrogar. Es su obligación principal.

El origen de cualquier Estado, en el periodo histórico que se quiera revisar, es para proteger su territorio y proteger a sus ciudadanos. Aquí, por muchas razones de todo tipo, como la falta de educación y de oportunidades laborales, la pobreza, la corrupción, la impunidad, etc., se ha incrementado la inseguridad, el encono, la violencia y el deterioro del tejido social. Los últimos gobiernos no han hecho su parte y éste, que apenas tiene un año, tampoco. No he visto una sola propuesta seria para combatir al crimen organizado, bajar la incidencia delictiva, mejorar los sistemas de justicia, pero al final eso no importa, podríamos no ver propuestas, pero sí acciones. Es más, yo soy de los que prefiero mil veces a las acciones sobre las propuestas, porque de las últimas ya hemos visto muchas por décadas que no pasan de ahí, y se quedan en meras propuestas. Sin embargo, no vemos acciones; y si las hay, deben ser muy pobres porque no estamos viendo resultados. Espero de corazón que lo de la Guardia Nacional sí funcione, pero hoy no se ve cómo.

El responsable de la seguridad pública es el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana… y no está dando resultados.

En materia de seguridad no hay tiempo, se nos acabó hace mucho. Nuestros hijos no pueden estar por las calles de sus ciudades sintiéndose inseguros. El patrimonio de las personas no puede estar en riesgo por la amenaza de un cobro de derecho de piso, una extorsión o un robo. Las inversiones no pueden seguirse inhibiendo porque no se ve una aplicación clara del Estado de Derecho y no se percibe seguridad física ni jurídica. El tiempo se agotó y, si no hay un verdadero cambio en la política de seguridad, muy pronto no tendremos mucho qué ofrecer como país a los de afuera, pero sobre todo, a los de adentro.

Somos muchos más los mexicanos que queremos vivir en paz, sin enconos y con tranquilidad. Somos muchos más los mexicanos honestos y trabajadores, que los ladrones, asesinos y secuestradores. El gobierno tiene que entenderlo, en el ciudadano tiene a su mejor aliado y a éste se debe. El gobierno está hecho por ciudadanos mexicanos como todos los demás y no por ser la “autoridad” pueden sentir que son de otra casta, de otro planeta o casi entes religiosos. Aquí todos somos iguales, con la diferencia de que los que se contratan para un puesto público como el de Secretario de Estado, tienen la enorme responsabilidad de responderle a un mayor número de mexicanos y sus resultados tienen el escrutinio de todos los ciudadanos.

Hoy tenemos claro que, en materia de seguridad, el gobierno está reprobado y tiene que haber cambios. Todos queremos a nuestro país, tanto aquellos que están dentro del gobierno como los que estamos fuera. México nos identifica y nos ha dado todo. Un funcionario público tiene la enorme responsabilidad de dar buenos resultados porque sus decisiones (buenas o malas) afectan el desarrollo del país en los ámbitos de su competencia. En materia de seguridad, sus decisiones nos afectan a todos.

El privilegio de servir en el gobierno debe de aprovecharse para poner todas las aptitudes de uno al servicio de la nación y si no se está capacitado para cierta función, tener la humildad de aceptarlo y buscar nuevos horizontes. Las consecuencias de detentar puestos de alta envergadura y trascendencia para la vida de un país y hacerlo mal, es prácticamente una traición a ese país que te ha dado todo.

Los que no puedan, que por favor, por dignidad y por el bien de México, se vayan a hacer otras cosas.

Programas fallidos y desperdicio de recursos públicos

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Por Joan Rega.

Desde la República Presupuestal en marcha se han asignado multimillonarios recursos a programas cuyo diseño, objetivos e instrumentación parecen contravenir la lógica económica y el uso de recursos escasos. Tales son los casos, entre otros más, del Programa de Sembrando Vida que, se dice, ha inducido en el muy corto plazo a la deforestación, particularmente en el sur-sureste del país.  Deforestación que da pie a la siembra remunerada de árboles por hectárea, según el programa en la materia. Otro caso representativo es el denominado Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

El programa de jóvenes construyendo el futuro ha ya evidenciado sus magros y costosos resultados. El programa contraviene el principio económico elemental de que el empleo se genera en términos de la demanda de fuerza de trabajo que implica la producción, y no por simple oferta. Hecho que va en contra del supuesto oficial de que la demanda de empleo se generará a partir de la oferta de la mano de obra, según se pretende calificada.

La idea de que el desempleo es un asunto de oferta es técnicamente equivocada.  Ello aun cuando marginalmente pueda existir relativa escasez de mano calificada, como en los últimos años se argumentó, particularmente por los cambios tecnológicos experimentados en las economías desarrolladas. Así, si no hay suficiente crecimiento económico es imposible que se genere una alta tasa de empleo formal y productivo.

México vive una oferta de mano de obra casi ilimitada en el corto plazo, lo que explica dos hechos económicos incontrovertibles.  Por un lado, hace que el costo del capital sea relativamente elevado, frente al bajo costo de la mano de obra, haciendo que la economía tenga una baja productividad de sus factores productivos, gran atraso tecnológico y baja competitividad. 

De esta forma, el factor económico abundante, que es la mano de obra, se prefiere por el empleador al capital.  Aún más, ello induce a que la mano de obra tenga poca calificación y bajas destrezas, siendo suplida por su gran cantidad. Por otra parte, ante la elevada oferta de mano de obra y su baja demanda, el empleo informal y precario es y seguirá siendo alto, como podemos verlo en la mayoría de los estados y ciudades.  Lo que hace falta es estimular y apoyar la producción si se desea generar más empleo; empleo formal y de mejor calidad. 

Varias pueden ser las recetas en esa vía, pero dada la estructura productiva nacional y su dinámica, algunas resultan mayormente lógicas y preferentes. Apoyar al sector agroalimentario y los servicios públicos puede, en el corto plazo, generar mayor producción y empleo, considerando, además, que el costo por puesto de trabajo es bajo frente al costo que implica crear empleo industrial. De igual forma, si se tiene en cuenta que el ciclo productivo y el periodo de maduración de la inversión es de corto plazo.

En el caso del empleo industrial, lo que hay que hacer en el corto plazo es proteger la planta industrial existente y mejorar su productividad.  De otra manera seguiremos enfrentando la hemorragia de divisas y déficits comerciales con los países del sudeste asiático, que se compensa con el superávit de México con el producto del aún TLC. En contraste, no hay que olvidar que la creación de nuevas empresas industriales lleva tiempo en su concreción y requieren alta inversión por puesto de trabajo directo generado. Pero, antes que nada, debe considerarse que requieren para su realización la existencia de demanda, externa o interna.

Es obvio que se necesitan claras y eficientes políticas agroalimentarias, industriales y de servicios públicos que posibiliten crecer al país y generar más empleo y ocupación.  Es claro también, hasta ahora, que las políticas públicas instrumentadas por el actual gobierno han descansado en supuestos económicos equivocados y medidas inerciales, desembocando en resultados fallidos y en un gran desperdicio de recursos públicos.

En México se sigue privilegiando el comercio frente a la promoción de la producción, como es el caso ostensible de la política económica con el exterior. De igual forma, se continúan desarrollando programas, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, que supuestamente alentarían el empleo y que han terminado significando un enorme desperdicio de recursos públicos, en una situación de estrechez presupuestal que habrá de prolongarse al menos por tres años más.  

En este caso, el costo presupuestal del Programa es del orden de cuarenta mil millones de pesos (Proceso), que bien pudieron haberse asignado a la inversión y al financiamiento de la producción. Alternativa que es incontrastable si se considera que, de acuerdo a declaraciones de la Secretaría del Trabajo, al mes de noviembre se habían generado por los empleadores únicamente del orden de 15 mil empleos contratados (Animal Político), por lo que el costo por empleo generado, según lo declarado, ha sido de 2.6 millones de pesos. Sin duda, tal costo presupuestal se podría haber destinado a otros menesteres productivos o inclusive de inversión social. 

La economía, producto de la interacción social y productiva del hombre, es lógica aunque para muchos es necia. Pretender manejarla sin inteligencia económica es un fracaso anunciado, que se presenta en el muy corto plazo. Negar lo evidente es costoso y manifiesta estridentemente lo absurdo del hombre, especialmente cuando se afecta la vida de miles de ciudadanos.

El valor de la legitimidad

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A escasos ocho días del sui generis relevo en la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, destellos de confrontación empiezan a hacerse patentes, ofreciendo la prospectiva de un tortuoso y empedrado camino desde el inicio de la función de la nueva dirigencia del más importante de todos los organismos autónomos del Estado mexicano.

Por su naturaleza histórica, la figura del ombudsman tiene una connotación bondadosa, transparente e impoluta, cuya función fundamental es la de proteger al pueblo de los excesos del Estado. Se conceptúa, por lo tanto, como una figura de contención y de equilibrio a las naturales tentaciones que pueden surgir en el ejercicio del poder.

Desde su origen el proceso fue señalado como ilegítimo por las condiciones del activismo y la militancia de la entonces candidata, se sortearon toda clase de señalamientos y finalmente aiga sido como aiga sido (sic) la tarea se cumplió en su primera fase, se dio el nombramiento y se realizó, en medio de una penosa trifulca, la protesta de ley.

La ascensión de la nueva presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) deja una estela de sucesos para la reflexión, una serie de interrogantes sobre las razones, los objetivos y, particularmente, el porqué del empecinamiento de llevarla a esa posición de una manera tan poco cuidadosa y, a todas luces, desaseada, con un elevado costo político inherente.

Rosario Piedra Ibarra.
Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Fotografía: El Financiero).

Los primeros escarceos con la oposición que anuncian una poco cordial relación en el futuro, no se han hecho esperar. Gobernadores de Acción Nacional han declarado públicamente que no aceptarán las recomendaciones que procedan de la Comisión, por considerar ilegal e ilegítima a su presidencia, no sería difícil que otros actores asumieran posturas similares. 

Los jaloneos, como se aprecia, no terminaron el 12 de noviembre en la sede del Senado, tal parece que apenas fue el inicio de lo que está por venir, pero más allá de la inconformidad y el desconocimiento de un importante sector de la clase política a la nueva Ombudsman, está el cuestionamiento respecto de la solidez, imparcialidad, independencia y contundencia del desempeño de la institución en sí como el organismo garante, como paladín del respeto a las libertades y derechos de la sociedad frente a los entes del Estado, como protector del pueblo.

El explícito rechazo de los opositores es el desconocimiento a la legitimidad y autoridad, no sólo de la presidencia, sino por ende la autoridad moral que tendrá la Comisión y la respetabilidad de las recomendaciones que como órgano emita en el futuro. No son pocos los que ponen, desde hoy, en tela de juicio, incluso la calidad ética de su actuación y el derrotero que seguirá con relación a espinosos temas aún no resueltos de la agenda nacional.

Si bien se reflexiona, la legitimidad es quizás el valor intrínseco más relevante y fundamental de una institución como ésta, su respetabilidad, su reconocimiento social y político, son factores indispensables que legitiman al mismo tiempo al Estado y robustecen su imagen y su salud como una República democrática moderna.

Legitimidad.
Ilustración: Victor Solís.

No debe interpretarse a la Comisión como una entidad adversaria del Estado, sino como un complemento de autocontrol y autocontención del exceso tan natural en las sociedades de la posverdad y la realidad líquida de nuestro tiempo. No es por lo tanto un enemigo a vencer o cooptar, un ente que deba ser controlado por el poder, en una sociedad que se presume o, al menos, intenta ser abierta.

Tal como se han venido dando los acontecimientos, todo parece indicar que la batalla apenas comienza y son pocas las luces que anticipen un rumbo terso. Pero sin duda, los ojos y los oídos de amplios sectores sociales se mantendrán vigilantes de las posiciones que asuma la institución bajo su nueva dirigencia, sobre los más destacados asuntos de la agenda, lo que le dará –a las pruebas remitidas– el merecido reconocimiento, o la temida y feroz crítica.

En realidad, la expectativa es pobre y la circunstancia incómoda.

La delincuencia: monstruo de mil cabezas

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Estimados lectores, hoy tengo un malestar, siento rabia, odio, rencor e impotencia, por lo que pasa todos los días en nuestra área conurbada (CDMX–EDO. DE MEX), sí, todos los días los ciudadanos que utilizan el transporte público, es decir, nuestra gente trabajadora, incluidos varios compañeros de oficina o plantas, útiles al país, que pagan impuestos y, por qué no decirlo, a veces o muchas veces explotadas, tienen que ser víctimas de unos cobardes, que en lugar de ponerse a trabajar, deciden subirse –y últimamente ya no es necesario hacerlo– a las combis o micros, y a punta de pistola y con palabras altisonantes atracan a los pasajeros; y cuidado y no les entreguen lo que te piden, ya que tu vida depende de ello.

 ¿A dónde hemos llegado?, ¿por qué esta bola de infelices no se enfrentan y tratan de robar a alguien que realmente les deje dinero? –y no es que incite a que lo hagan, sucede de facto y por supuesto que es también condenable–, la respuesta es simple, y se ha visto cuando lo han intentado. Esa clase social va protegida, armada, tiene influencias, conocidos y, claro, ante esto, es mejor quitar relojes, celulares, anillos, aretes, carteras, etc., de poco valor, para ir a venderlas por casi nada, ¿ésa es una forma de vida?, ¿qué tipo de gente se atreve a hacer algo así? Pero, sobre todo, ¿por tan poco? No me imagino cómo pueden decirle, ya sea a su madre, esposa, concubina, amante, o lo que sea, “ahora vengo ‘voy a trabajar’”, simplemente es un descaro.

Creo que todos y me refiero a “TODOS”, estamos hartos de esta situación y que nos hayan prometido resolver dentro de los primeros tres meses de gobierno. Vemos con pena que cada día la delincuencia va en aumento, sin ninguna respuesta de las autoridades. Ya no se dice nada, ¿acaso piensan que el pueblo está de acuerdo que si bien les va, los asalten cuando menos una vez a la semana, o al mes?, ¿para eso dieron su voto?, ¿fue tal el engaño? Aunque a muchos no les agrade, es evidente que no hay avance, bueno, hay que aclarar el punto, “NO” hay avance para reducir la delincuencia, o mejor dicho, encontramos “AVANCE” de la delincuencia. Todavía hay opiniones (minoritarias, desde luego) que piensan que estuvo bien lo de Sinaloa –los admiradores del gobierno–, dicen que se actuó con una demostración “sabia” de cordura, con el fin de evitar mayores daños a la población. Es absurdo, si eso fuera cierto, me pregunto, ¿por qué autorizó el operativo?, ¿quién cree qué un movimiento así no puede ser autorizado por el jefe del Ejecutivo y comandante supremo de las Fuerzas Armadas?, ¿acaso hay o existe personal que no está de acuerdo en que sus órdenes sean coherentes, cuerdas, atinadas, como para brincarse ese paso?, ¿tenemos títeres en las dependencias?

Combi de la muerte.
Ilustración: El Colombiano.

Si partimos del “yo tengo otros datos” es muy probable que exista. Haya funcionarios, colaboradores molestos, enojados, a disgusto, pero, por favor, ¿un movimiento así?, no lo hubiera autorizado ni el propio presidente Calderón, no podemos cerrar los ojos a la realidad y lo que es peor, “el mensaje enviado”, eso no tiene reversa y desde luego que las células de los malandros, malandrines, o como quieran llamarlos, están en todos lados y tienen vía libre para perpetrar sus fechorías, y lo peor es que lo vemos diariamente, ya no causa sorpresa y cuidado, esto es un mal irreversible, no tiene vuelta, para la gente normal, es común, es normal, es un hecho cotidiano y “NO”, desde luego que no lo es, no podemos ni debemos permitirlo, asumir que es un mal irreversible de la sociedad es bajar los brazos, es aceptar que NO hay nada por hacer y que estamos destinados a vivir con miedo, con angustia, con la incertidumbre de qué pasará mañana.

Y bien, ahora estoy en casa, con mi familia, pero, y ¿mañana?, ¿cuándo salga a trabajar?, ¿llegaré al trabajo?, ¿podré regresar a convivir con mi familia o pasaré a ser un número más de la estadística de crímenes sin resolver?, ¿un caso más para el archivo?, ¿tan poca cosa vale mi vida para las autoridades? Empero, ¿qué pasaría si se tratara de un familiar, pariente, amigo, compadre, de algún Secretario de Estado?, ¿funcionaría el sistema para ellos?, ¿pasarían a la estadística?, ¿estoy seguro que no?, eso les sucede sólo a los de la clase media para abajo, y si no, ¿por qué las cárceles están llenas de personas con delitos, algunos mayores, que tal vez su error fue no cumplir el pacto con el influyente, pero la mayoría, por un delito menor, propició su ingreso al penal?, ¿estorbaban?, ¿no aceptaron colaborar con ese monstruo llamado “CORRUPCIÓN”?, ¿pensaron que podría resolver el caso y no caer en las garras del mismo? ¿Seguirá siendo un problema difícil de ver, entender, comprender pero, sobre todo, de resolver?

La maquinaria es enorme, hay personas de poder metidas hasta el fondo y difícilmente se logrará avanzar. Hoy vemos que después de muchos años de denuncias, abusos, extorsiones, hay uno, dos o tal vez tres personajes en investigación, pero ¿son sólo tres los que nos han llevado al caos que tenemos?, desde luego que no, entonces ¿por qué si ya se inició un proceso, no seguirlo hasta las últimas consecuencias? Una vez más es dar “atole con el dedo”, el monstruo es enorme, nadie lo puede tocar, al menos hasta hoy. 

Hay intereses creados de muchos años, el sistema es, por eso, “el sistema”, no sabemos cuántas cabezas tiene y si cortamos una, cuántas saldrán después fortalecidas, ya que tomarán experiencia del pasado y evitarán caer en el mismo error de las anteriores.

Criminalidad.
Ilustración: Manrique.

Realmente es alarmante la cifra de robos a compatriotas según UNO TV y con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El Estado de México es una de las entidades con mayores asaltos con violencia al transporte público.

En el primer semestre del 2019 ocupó el primer lugar con 4,769 robos registrados, de los cuales sólo hubo una denuncia. Claro, los ciudadanos no creemos en las instituciones, ni quienes las manejan. Lo vemos, nuestro sistema en tan vago, sucio, y si logran meter a alguno de estos tipos a la cárcel, saldrá a las pocas horas o días, ya que el supuesto delito no está considerado como grave, y para “el sistema” no hay nada que perseguir.

Cuántas veces hemos leído que capturan a estos tipos portando armas para uso exclusivo del ejército, que supuestamente representa una pena por ese simple hecho y vemos por desgracia que tampoco pasa nada, no importa de dónde las saquen, compren, roben, etc., el caso es que la justicia no llega para ellos, la cuestión es ¿por qué?, ¿es parte de la impunidad que vivimos?, ¿cuando llegará el día que la justicia sea igual para todos?, sí, ¿para todos? También tenemos otros sujetos que no roban, pero peor aún, raptan y mutilan a sus víctimas para ejercer presión sobre los familiares y conseguir que paguen el rescate solicitado, e incluso así, llegan a quitarles la vida. 

¿Qué tipo de ente es el que sin remordimiento alguno actúa de esa manera con un ser humano? Sólo porque la víctima tuvo visión, trabajó, se esforzó y logró tener una mejor posición, un patrimonio logrado con esfuerzo, para que de la noche a la mañana se lo quiten y la vida también. Estoy seguro que tú, apreciado lector, conoces casos o has tenido familiares que han pasado por esto que es inaceptable, que deja una marca para siempre, pero sobre todo, surge un sentimiento de rabia de impotencia, de la falta de resultados, y como decía hace un momento, de pasar a ser un número más de la estadística de casos sin resolver.

Mi pregunta, y tal vez sea la de muchos, ¿dónde comienzan mis derechos como persona, ciudadano? ¿Dónde terminan los de ellos como delincuentes?

Y, como siempre, ¿ustedes qué opinan?

Abominación de conmoción global

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A principios de esta semana, concretamente el 4 de noviembre, la humanidad ha padecido una sacudida a las conciencias –de una u otra manera– con el atentado criminal que dejó como resultado el asesinato de nueve integrantes de la familia LeBarón, en el norte mexicano, en el tránsito de Chihuahua a Sonora. Autoridades que investigan el caso dejan entrever, como principal hipótesis, que hubo una confusión en el atentado a la familia mexicana-estadounidense con filiación mormona, pues afirma que esta actividad delictiva había sido planeada como una emboscada entre bandas rivales relacionadas al narcotráfico, algo que niegan los parientes.

En un principio, esta noticia es un reflejo de cómo muchas veces en nuestra región latinoamericana, la autoridad es rebasada, por ejemplo, en estrategias de grupos al margen de la ley que atentan contra la seguridad ciudadana, pero también en la pérdida progresiva de territorios (lo que obviamente se traduce en una regresión hacia la “ley de la selva”, producto de la falta de intervención preventiva y reactiva de los estados como los nuestros en la afirmación de una verdadera soberanía, y es aquella que busque asegurar que la ciudadanía y los habitantes de una u otra demarcación tengan la garantía de desarrollar sus diversas actividades cotidianas sin temor de ninguna naturaleza).

Desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo,se quiere desmarcar de los señalamientos ante cierta indefensión de amplias capas poblacionales, al dejar entrever que el armamento “es de fabricación y procedencia norteamericana”, poniendo de nueva cuenta en el debate público una solución integral ante el tráfico de armas. Ya observamos la retórica “menos migración” desde el sur mexicano (exigencia estadounidense) y, menos armas desde el norte estadounidense (exigencia azteca) a finales de la reciente primavera, en el contexto de una crisis migratoria que crece y decrece, producto de la mayor o menor amplitud o volatilidad desesperanza en estos grupos humanos.

A mi parecer, el deleznable acto criminal contra seres humanos amerita repensar los territorios (tanto físicos como del pensamiento), pues observamos que las rutinas periodísticas han sido –en mayor o menor medida– “remecidas” por información como ésta, que pone en tela de duda la legitimidad y el fiel cumplimiento, como una obligación constitucional, del servicio público de las fuerzas del orden a favor de la seguridad e integridad ciudadanas.

Tolerancia.
Ilustración: Tolerance.org.

Por otra parte, el siempre polémico Donald Trump ha endurecido su discurso y ha ofrecido apoyo militar a su contraparte mexicana Andrés Manuel López Obrador, para atajar la situación de violencia desprendida desde ese escenario e incluso ayudar a “desaparecer de la faz de la tierra” a los traficantes de drogas, pero parece no importarle el autocuestionamiento que debe hacerse en relación al trasiego clandestino de armas que muchas veces han cuestionado las autoridades mexicanas y son remarcadas ante esta situación. De acuerdo con datos del mes de agosto de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), cada año ingresan a la República mexicana (de manera oculta) más de 200,000 armas de todo tipo.

El dignatario estadounidense ha demostrado, por ejemplo, ya sea por acción u omisión, ser simpatizante “a toda costa” de instancias defensoras del derecho a portar armas como la Asociación Nacional del Rifle. En algún momento, en el contexto de macro-eventos de violencia perpetrados en tierra anglosajona, los principales defensores de armar a la ciudadanía, han sugerido en reiteradas ocasiones: “contra un tipo malo armado, un tipo bueno armado”. Lo cual denota una irracionalidad motivada, antepuesta a todo principio lógico de paz, pues como se ha dicho de antaño, “la violencia engendra violencia”, y contra esta sólo se puede avanzar en base al trabajo contra la desigualdad y marginalidad y a través de la integración. Es decir, romper fronteras, no construirlas.

En conclusión, lo que ha pasado en México concierne al mundo en tanto se ha permitido visibilizar la falta de acciones a ciertos eventos violentos como este, pero también posibilita la observancia de que (distraídos en nuestros entornos laborales-sociales como nos encontramos), no nos permitimos muchas veces reflexionar en torno a la necesidad de potenciar y canalizar una mayor exigencia ciudadana en torno a la solución de estos asuntos.     

P.D.: La dinastía LeBarón se establece en corredor fronterizo del lado mexicano a finales del siglo XIX, después de ser perseguidos en Estados Unidos debido a sus tradiciones religiosas mormonas, en particular la vida poligámica.

Culiacán, Sinaloa… ¿y ahora qué?

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Estaba escribiendo un largo artículo analizando las propuestas de regulación para el nuevo etiquetado en alimentos procesados, cuando de pronto me quedé sin ideas. La relevancia del tema se desvaneció cuando empecé a recibir información, videos y comentarios sobre los sucesos del pasado jueves en Sinaloa. Me quedé expectante, esperando saber qué explicaba los hechos, y más aún, qué pasaría con los presuntos capos detenidos.

Las escenas de camiones incendiados, de armas letales manejadas por civiles, de extrañas escenas de convivencia entre soldados y civiles armados, me puso en alerta. A pesar de que nuestra capacidad de asombro en temas de violencia ha sido neutralizada progresivamente por la constante exposición a situaciones de extrema violencia, éstas, rebasaban los límites.

Nadie culpa al actual gobierno de la situación imperante. Todos sabemos que es una herencia de décadas enteras de corrupción, negligencia y complicidad de gobiernos de todos los niveles con el crimen organizado, y que cualquier solución requiere tiempo, estrategia, inteligencia, recursos y determinación. Lo que asusta son las decisiones atropelladas, ingenuas o inexistentes que parecen propiciar la agonía definitiva del estado de derecho en nuestro país.

Liberar a un criminal horas después de ser detenido ante las amenazas de ataques a la población civil, evidenciando al mismo tiempo las enormes carencias de organización, estrategia y armamento de nuestros soldados, es absolutamente perturbador. Y al correr de las horas, escuchar las explicaciones de parte de las autoridades alegando la falacia de evitar el “mal mayor”, quita el aliento.

¿Puede haber mal mayor que rendirse ante la delincuencia? El monopolio de la violencia, postulado del Estado como orden coactivo de la conducta, nos fue arrebatado, ¿cuándo?, seguramente desde hace mucho tiempo, pero el jueves pasado se hizo burdamente manifiesto. A esto ya lo podemos denominar como insurrección. Ésta es, posiblemente, la jornada de mayor violencia en nuestro país desde la Revolución, o que sólo compite con la matanza de Tlatelolco.

He revisado todas las columnas periodísticas que tuve a mi alcance sobre el tema y parece haber una coincidencia plena en que el operativo fue improvisado e ingenuo. Hay algunas discrepancias sobre lo que se debió o no hacer una vez que la violencia estaba desatada. Son más quienes opinan que bajo ningún escenario se debió soltar a Ovidio Guzmán, aún a costa de vidas de civiles. La escena, transportada a la delincuencia común, es mirar a un gobierno pagar rescates para resolver un secuestro.

Llevamos años, muchos años, diciendo y oyendo que basta ya de omisiones con la delincuencia. ¡NO más! Pero no sólo no hay avances, la situación, mes con mes, se agrava hasta niveles brutales. La búsqueda de soluciones nos convoca a todos, no es suficiente con seguir enjuiciando a los torpes o a los omisos, necesitamos un plan de rescate, un programa de reconstrucción y muchos líderes que los conduzcan.

Ojalá el gobierno federal reconozca que con mercadotecnia o justificaciones no se evitarán más fosas clandestinas; ojalá la sociedad entienda que con “memes” únicamente encubrimos con humor una realidad asfixiante. Como primer paso debemos exigir al gobierno que, contra las viejas costumbres arraigadas, nos hablen con la verdad.