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Es una práctica común en las administraciones públicas en México, la introducción de cambios estructurales, tanto orgánicos como de política y procedimientos, como una forma de diferenciarse, o distanciarse, de las administraciones previas e imponer un sello personal que sea característico del nuevo periodo de gobierno. Una de las áreas donde la reestructuración ha sido recurrente durante las tres últimas décadas es la de la seguridad pública, circunstancia que quizá pueda ayudar a comprender las razones de la evolución de los alarmantes índices de violencia e inseguridad que se viven actualmente en nuestro país.

Una variable que ha condicionado de manera común la transformación de las estructuras de seguridad en cada etapa ha sido la corrupción interna y el descrédito social generado por señalamientos respecto a la actuación apartada de la legalidad de los diferentes organismos del sistema de seguridad.

Para marcar un punto de partida contemporáneo, consideramos la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad, creada durante el sexenio de Miguel Alemán, que logró acumular, tanto poder como desprestigio, con señalamientos de ser una especie de policía política dedicada al espionaje y persecución de personajes no afines o críticos del régimen. Este organismo, que tuvo una participación relevante durante la llamada guerra sucia, fue también vinculada a tratos turbios con el crimen organizado, provocando su desaparición en el año de 1985, siendo sustituida por la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional, que más tarde (1989) dio origen al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en el sexenio de Carlos Salinas.

Durante la administración de Ernesto Zedillo fue creada la Policía Federal Preventiva (1999) donde se fusionaron la Policía de Caminos y la Policía Fiscal, con señalamientos de profunda descomposición interna, se agregaron además efectivos militares, dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de Gobernación.

Con la alternancia, al llegar a la presidencia Vicente Fox, se creó la Secretaría de Seguridad Pública, trasladándose a esta dependencia la Policía Federal Preventiva, que subsistió con esta denominación hasta el año 2009.

Durante esta administración tuvo lugar una reforma trascendente. Desapareció la también profundamente corrompida Policía Judicial Federal, dando lugar a la creación de un nuevo organismo investigador de la Procuraduría Federal, denominado Agencia Federal de Investigaciones (AFI), que atrajo como directivos de primer nivel a excolaboradores del CISEN que sufrió los embates del nuevo mandatario, acusando al organismo de haberlo espiado. Comenzó así el declive del centro, hoy desaparecido. 

Con Felipe Calderón al frente del Poder Ejecutivo se expidió la Ley que dio nacimiento a la Policía Federal, encuadrada en la misma Secretaría de Estado. Muchos de los cargos directivos de esta dependencia, empezando por el nuevo Secretario de Seguridad Pública, fueron ocupados por personal que se había desempeñado en la AFI, que quedó, con la transición, prácticamente desmantelada y luego desapareció.

Siguiendo la dinámica de la experimentación y la ocurrencia, durante la pasada administración de Enrique Peña Nieto, fue desaparecida la Secretaría de Seguridad Pública, convirtiéndose en la Comisión Nacional de Seguridad, pasando a depender de la Secretaría de Gobernación nuevamente. Adicionalmente se creó la Gendarmería Nacional, fracaso rotundo que pretendía emular a la Gendarmería Francesa.

Como es de suponerse, las constantes transformaciones sufridas por los organismos de seguridad del Estado Mexicano han acarreado consigo problemáticas internas que han condicionado severamente su consolidación e institucionalización y, obviamente, la maduración de procedimientos, la generación de cultura técnica y operativa, la profesionalización de cuadros y un sistema meritocrático sólido que trascienda en el tiempo, sin consideraciones políticas.

Los cambios recurrentes que, vestidos de reingeniería o innovación, se han producido con cada nueva administración, han impedido la creación de estructuras robustas con el suficiente grado de confiabilidad y eficacia para garantizar la seguridad de la sociedad. Antes bien, han sido factor de inestabilidad que ha abierto la puerta al deterioro interno, a conductas apartadas de la legalidad, a la formación de grupos de interés con objetivos de beneficio propio, a la proliferación de la corrupción y, en consecuencia, a la degradación del tejido social y la paz pública.

La práctica transformadora aún no concluye. Durante esta administración se ha reconstituido la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entró en operación la Guardia Nacional con efectivos militares como base y se ha decidido el cese de la Policía Federal, con los conflictos inherentes y el CISEN se convirtió en el Centro Nacional de Inteligencia. Las Fuerzas Armadas siguen siendo el recurso fundamental para combatir la criminalidad, entre otras tantas tareas. Pese a ello, los índices delictivos durante el año que concluye van al alza y su contención se antoja, al menos en el corto plazo, una quimera.