Fiscalía General de la República

Fracasos de los juicios orales

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De manera caprichosa, “sobre las rodillas”, se nos “ocurrió” implantar juicios orales en nuestro país. La idea era alentadora, pareció una gran solución al drama de la corrupción que impera en los juzgados y agencias del Ministerio Público, centros llenos de inmoralidad que imposibilitan la justa aplicación de la ley.

En este drama, además de encontrarse implícitos los antiguos Ministerios Públicos, ahora denominados Fiscalías, también lo están los juzgados federales y locales de todas las especialidades. La venta descarada de sentencias, el castigar a inocentes y liberar a culpables se volvió una costumbre sin moderación.

Así, sin más ni menos, de pronto en lugar de los Ministerios Públicos, acudiendo a la “vil imitación”, se trajo del sistema norteamericano a las llamadas Fiscalías, que al final no fueron sino “la misma gata, pero revolcada”; el cambio de nombre no ayudó en nada, porque los mismos sujetos pícaros que atendían las agencias del Ministerio Público ahora eran encargados de las Fiscalías. Es imprescindible el cambio de personal; buscar otros que no estén corrompidos y que la imagen que transmitan a la población sea de confianza y seguridad.

fracaso juicios orales
Imagen: Periódico AM.

En el anterior renglón, en los juzgados se consideró que la presencia del Ministerio Público era perniciosa, llegó a convertirse en juez y parte, sin duda mucha razón hubo en ese planteamiento y ante ello se consideró adecuado restarle facultades, sobre todo para promover la acción penal, siendo el caso que se buscó a un juez instructor en un mecanismo al que se ha denominado juicios orales, donde el que salió ganando generosamente, fue el presunto responsable de la comisión de delitos; de esta manera, se dieron tantas facilidades para obtener la libertad, que auténticamente los jueces orales se convirtieron en defensores de la delincuencia y sin más, liberan a sujetos quienes inclusive han sido sorprendidos infraganti, pero esto poco importaba a los hombres de toga y birrete, quienes sin mayor profundidad en el análisis de las pruebas les era más fácil no iniciar el proceso; así bien se ha dicho que los juzgados se convirtieron en auténticas puertas giratorias; a perversos delincuentes se les soltaba sin mayor cuidado y al final la víctima, quien había sufrido los efectos negativos del delito, sus derechos quedaban al “garete” sin ningún beneficio.

En efecto, el sistema de los juicios orales se olvidó del sujeto pasivo que padece la violencia; jamás se consideró la opción de reparar el daño. Veamos un ejemplo clásico de los juzgados orales, un individuo infraganti que sube al transporte público, asalta y mata a pasajeros, robando sus pertenencias que ascienden a 10 mil pesos; lo detienen y llevan a un juzgado oral y en lugar de castigarlo con prisión, a cambio de una módica cantidad, en muchos casos, de apenas 500 pesos, se le deja en libertad al torvo criminal. Lo gracioso es que se le dice al presunto delincuente que tiene que regresar en determinado tiempo para continuar con su proceso; evidentemente jamás vuelven y el obrero que había sido despojado de su salario; el ama de casa que llevaba el dinero para la despensa de su hogar; el empleado que le arrebataron el reloj y su celular, se tenían que conformar y lo único que ganaban era perder su tiempo en declaraciones,  y lo robado jamás les era devuelto.

Nótese la infamia y perversidad de los juicios orales; es urgente un cambio, modificaciones de fondo, donde lo relevante sea precisamente la REPARACIÓN DEL DAÑO. Una persona que ha sido defraudada por 100 mil pesos, sólo por decir algo, antes de que el presunto goce del beneficio de la libertad y de que realice su proceso fuera de las rejas, se le debe exigir que garantice la reparación del daño. Sólo de esta manera se estará siendo justo, algo que por desgracia no acontece en nuestro cada vez más desprestigiado sistema judicial.

Los jueces de todos los niveles carecen de credibilidad, gozan de mala fama, la sociedad no les tiene confianza. Esto es desalentador; en una población donde la justicia no exista, se da pauta a la anarquía, a la nada recomendable “justicia de propia mano”. Con frecuencia escuchamos que diversos grupos actúan por su cuenta y linchan a los delincuentes, porque están seguros que de entregarlos a la policía ésta será cómplice de los sinvergüenzas, con quienes en infinidad de ocasiones actúan de común acuerdo. Aquí otro ámbito que sin duda es indispensable revisar.

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Imagen: Nexos.

Recientemente hubo cambios en el Poder Judicial Federal, pero como en todos los casos, superficiales, nada de fondo; la lentitud, la ausencia de confianza y la falta de efectividad se seguirán dando intensamente.

Nuestro país reclama un nuevo sistema para actuar contra los enemigos, los mismos a los que en un momento dado se refirió el penalista alemán Günther Jakobs y que no son otra cosa si no los delincuentes; los que violan la ley y los que hacen del robo y el asesinato su modus vivendi.

México reclama una policía preparada, capacitada en centros serios y profesionales como corresponde; Fiscalías comprometidas en mantener el principio de ser representantes de la sociedad. Los jueces necesitan mostrar otra actitud, una comprometida conducta bajo el lineamiento de “darle a cada quien lo suyo o lo que les corresponde”. Este aforisma es la clave de la justicia, el de que verdaderamente se sea enérgico con el delincuente y generoso con la víctima que hoy por hoy se encuentra abandonada.

El sistema judicial debe fincarse en una prontitud y rapidez ejemplar; justicia que llega tarde simplemente no es justicia, pero además debe ser para que la víctima recupere con amplitud y precisión lo que ha perdido; aquí un particular aspecto es el relacionado con el homicidio y sus manifestaciones colaterales. En este aspecto la reparación del daño no es de ninguna manera fácil, en efecto, no se contempla la manera de cubrir el valor de una vida, pero sí de otorgarles a los deudos beneficios económicos que puedan hacerles menos dolorosa la pérdida del ser querido; tal es el caso de un obrero, donde se debe obligar a su homicida a cubrir a favor de los hijos y familiares de dicho trabajador, importantes cantidades mensuales. En este camino se tendrá además de la justicia, una manera inteligente de disuadir la comisión de ilícitos; si matas tendrás que responsabilizarte de mantener a la familia de la víctima y como este, en otros ámbitos también la reparación del daño podrá mostrarse en todo su esplendor. Debemos reconocer errores y después de ello enmendarlos.


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El show debe continuar

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La denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República por Emilio Ele, contra Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, como presuntos autores intelectuales de los delitos por lo cual se encuentra acusado el ex director de Petróleos Mexicanos, ha detonado una conflagración inédita en las últimas décadas en México. Este hecho viene a agregar a las crisis sanitaria y económica, la de la política interna, que agudizará el enfrentamiento de la oposición de partidos políticos, así como de grupos empresariales –aquí incluyo a los propietarios de los medios de comunicación– intelectuales, organismos sociales y otros de menor pelaje, contra el gobierno federal, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, que provocará mayores perturbaciones en el escenario nacional. Con ello la clase política tendrá un impacto enorme que se percibirá en las elecciones del 2021, las más copiosas de la historia, a realizarse en junio próximo.

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Ilustración: Sounas.

La denuncia penal contra un expresidente de la República es un caso inusitado que iluminará –eso espera gran parte de la sociedad– los hasta ahora inextricables campos de la corrupción oficial con la cual se condujo la pasada administración del gobierno federal, en la que se encuentran involucrados el titular del Poder Ejecutivo y algunos diputados y senadores del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional. Tres casos sobresalen –todos con sumas millonarias– aunque también se involucra en estos a la administración panista de Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México, durante el periodo de 2006 al 2012, el de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, la desviación de recursos públicos a la campaña electoral de Peña Nieto y la compra de votos de diputados y senadores de la LXIII Legislatura, principalmente panistas y priistas, para la aprobación de las llamadas reformas estructurales entre las que destaca la energética.

Graves y precisos son los cargos imputados por el ahora testigo colaborador Emilio Ele que fueron inmediatamente publicitados por el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, de manera sobria y reservándose nombres de senadores y diputados para no alebrestar la gallera, pero que en el transcurso de la indagatoria se conocerán, así como de muchos más implicados en este deshonroso asunto que, como en Brasil o Perú, llevará a extremos nunca antes vistos, como el encarcelamiento del expresidente del primer país, Inácio Lula da Silva; prisión para varios presidentes del segundo, incluyendo el suicidio de uno de ellos para evitar su detención. Una serie televisiva interesante sobre el llamado “Lava Jato” brasileño, denominada “El Mecanismo”, pone al descubierto el caso Odebrecht y sigue, toda proporción guardada, con este engranaje de corrupción en México con un declarante y un juez dispuestos a jugársela.

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Ilustración: Víctor Aguilar Rúa.

Los laberintos jurídicos son incontables y la puesta en escena desconocida. Ignoramos el fondo y recovecos del pacto que los negociadores del mismo hicieron con el imputado-acusador para que aceptara su extradición; así como también las formalidades jurídicas acordadas, tanto procesales como sustantivas, y las que en los distintos trayectos de los juicios surjan, y si prevalecerá la aplicación legal de las mismas o estarán sujetas al vaivén que determinen las decisiones políticas, es decir, la politización de la justicia; que no es ninguna novedad porque en los anteriores regímenes, en lo general, privaron los poderosos oráculos de la política.

Por tanto, la crisis política que se presenta entre las diversas fuerzas –algunas disfrazadas de caperucitas rojas– y el actual régimen –retratado como lobo feroz–, nos sumará como espectadores obligados del recurrente tema cinematográfico entre el bien y el mal, sin que sepamos actualmente los distintos roles de los actores en esta trama entre la comedia y la tragedia. “La diferencia entre la comedia y la tragedia –dice Woody Allen– es que en la comedia sus personajes encuentran la forma de sobreponerse a la tragedia”.


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Feminicidio, estadística o negación. La tentación por la reforma penal

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Hace unos días, quizá con una buena intención, el Fiscal General de la República planteó la eliminación en los códigos penales del delito de feminicidio con objeto de remplazarlo, en un código penal único, por el delito de homicidio calificado, ante la dificultad técnica que tiene el Ministerio Público para probar el primero y ante el creciente incremento (135%) en la estadística de ese delito.

La acalorada respuesta no se hizo esperar, llovieron las críticas y descalificaciones por doquier a la propuesta y a su autor, cuyas explicaciones poco o nada han ayudado a aligerar la indignación de sectores diversos, particularmente activistas y organizaciones feministas. Definitivamente, el momento no fue el más oportuno para sugerir tal medida, dado el ambiente de reclamo generado desde hace meses, siguiendo el ejemplo chileno, en un contexto de violencia y acoso contra mujeres, que ha tenido efectos naturales en otros sectores como el de la Universidad Nacional, en donde la demanda estudiantil contra la violencia de género se ha visto enrarecida por el vandalismo con una motivación e intencionalidad aún incomprensibles.

Si la propuesta por sí misma no fuera suficiente para el encendido rechazo social, la reciente filtración de imágenes en redes sociales sobre el macabro y brutal asesinato de Ingrid Escamilla el fin de semana pasado, vino a incentivar la ferocidad de la oposición a la propuesta exponiendo una vez más, con crudeza, la realidad de un fenómeno delictivo que va al alza.

feminicidios y constitucion
Ilustración: Víctor Solís.

El objetivo de reformar los códigos para dar una nueva tipificación, tal como se entiende, sería el de mostrar una reducción en las estadísticas, toda vez que los agentes del ministerio público tienen dificultad para diferenciar el homicidio de una mujer que no se comete por razón de su género, del que si se comete por esta razón y aportar la evidencia necesaria para judicializar los casos. Ello implica que se clasifique como feminicidio, cualquier caso en que sea asesinada una mujer, lo que incrementa la estadística.

La pregunta es si lo que se busca es dar más certeza y contundencia a las acciones de prevención y persecución de estos delitos y en su caso al castigo de los culpables o simplemente mostrar la eficiencia de los órganos responsables de procurar y administrar la justicia mediante cifras menos preocupantes.

Lo primero es, desde luego, lo deseable, la contundencia y eficacia en la aplicación de la ley, evitando la impunidad de los criminales y, consecuentemente, el incentivo perverso para delinquir. Lo segundo, significaría, sencillamente, la edulcoración de la realidad a través de números pretendidamente más amables, la exhibición de una eficiencia aritmética que muestre resultados a la baja en la violencia de género, útil quizá para la comunicación política, pero no para la transformación práctica de la realidad social que enfrenta la mujer en nuestro país.

El tema subió tanto de tono que el Jefe del Ejecutivo tuvo que salir a declarar enfáticamente que la sugerencia de reforma del fiscal no se realizaría, la razón es que, fue explícito, aun cuando se lleve a cabo una reforma buena, “se puede mal interpretar” por lo que se mantiene, porque si se tiene esta “situación especial en la universidad… que las cosas queden como están”, señaló el mandatario, aunque el debate ha continuado.

feminicidios en mexico
Ilustración: Nexos.

La tentación reformadora está en el ADN de la política mexicana, no es una novedad. La proclividad a modificar la norma en cada administración es añeja, tal vez sea ése el origen de muchos de los males que hemos padecido como sociedad al tratar de amoldar la ley a los intereses personales o de grupo en el ejercicio del poder antes que cumplirla y hacerla cumplir a cabalidad.

El espíritu de la ley, desde el marco constitucional, es establecer las reglas del juego para orientar el intercambio social en un ambiente de armonía razonable, al brindar certeza y límites sobre los derechos y responsabilidades de las personas y las entidades públicas, así como las sanciones a quienes transgreden el pacto social; modificarla continuamente ocasiona desarreglos, incertidumbre y miedo.

El justo reclamo de las mujeres por una vida con respeto y libre de feminicidio y violencia, no puede atenderse con un sencillo cambio de tipo penal ni con la negación de la realidad, sino con acciones reales, patentes y contundentes desde la cúpula hasta la base ante un fenómeno social y cultural complejo.


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Devuelven al pueblo 2 mil mdp de lo robado

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Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado recibe donación de la FGR

Do mil millones de pesos fueron recuperados por la Fiscalía General de la República de un caso, denunciado por el Ejecutivo, en el que trabaja la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero.

Sin revelar detalles del proceso del que se logró recuperar la millonaria cantidad, el fiscal general indicó que el caso está en curso y añadió que existe la posibilidad de que en los días siguientes o en el próximo mes haya una noticia similar de entrega de recursos.

Devolverle al Pueblo lo Robado

Los dos mil millones de pesos recuperados por la Fiscalía General, serán donados al Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado, organismo encargado de vender y subastar los bienes de lujo de antiguas administraciones federales y canalizar los recursos a programas sociales en apoyo a la población menos favorecida del país.

López Obrador aclaró que el dinero recuperado por la FGR, servirá para el pago de premios en la rifa del avión presidencial a través de la Lotería Nacional.

“Este dinero no solo proviene de la delincuencia común, viene también de la delincuencia de ‘cuello blanco’, y es un procedimiento legal. Ya nos sirve si son 2 mil millones de pesos para pagar los premios del avión presidencial”, apuntó con el cheque en la mano.

“Esto pues ya nos sirve, si son dos mil millones de pesos, pues para pagar los premios del avión presidencial”.

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