inversión inmobiliaria

El derecho a una vivienda digna y decorosa

2020-12-09 by Gerardo Sigg 2 Comments

Lectura: 9 minutos

¡Queremos un país de consumidores… no de ciudadanos!

En la España del franquismo, en 1961, con una frase de inspiración mercadológica, José Luis Arrese, el primer Ministro de Vivienda de Franco –y el primero de su historia– imposta de manera generalizada e implanta en el inconsciente colectivo de la época, una idea que, presuntamente buscaba materializar la legislación de vivienda de protección estatal, a favor del proletariado pero que formalmente encubría una legislación al servicio de la especulación inmobiliaria y de la construcción. La idea estaba motivada en lograr satisfacer los deseos y anhelos más prístinos y naturales de las familias del proletariado español de mediados del siglo XX, pero furtivamente estructurada, formal y materialmente, en la conformación y configuración de un sector fundamental, por los efectos multiplicadores que suponían para un sector económico en el libre mercado. Sobre la base de un humanismo socialista que promueve las libertades humanas en un contexto social, comunitario y/o de grupo, se impulsa, material y económicamente un liberalismo humanista, que se distingue del primero por constreñirse al privilegio de la propiedad privada sobre la comunitaria.

Algo tan exótico como extravagante, la mano invisible smithsiana pero inversa, sólo le persiste lo invisible u oscuro. Un liberalismo económico inverso, en donde el gobierno regula y ordena –con la mano… invisible– pero para configurar el segmento económico inmobiliario, motivado por las necesidades obreras y sociales de los productos de ese segmento o nicho de mercado: la vivienda. Conformando, de esta forma, una clientela compuesta por los consumidores existentes y, asimismo, por los futuros; fundada en el aumento de la demanda agregada vía el crecimiento del consumo percapita y/o del volumen de consumidores permanentes. Materializando así, ¡un mercado cautivo eterno!… gestando, con una idea cuasidominguera pero pegadora –y en donde la iluminación escénica no asiste: tras bambalinas–, una sociedad vitalicia de consumidores, por medio del Avada Kedavra franquista-arresiano: ¡Queremos un país de propietarios no de proletarios!

Con esta idea “política” franquista-arresiana, construida con cimiento tipo muro milán, que ha contenido las fuerzas y cargas laterales que buscan su colapso, de la más obsesiva ambición mercantil y mercadológica, muy probablemente en el más recóndito deseo liberador de Franco de crecer, no sólo para destronar su complejo de Napoleón, sino de crecer económicamente, y después de una hojeada… bueno, varias hojeadas… a La teoría general del empleo, el interés y el dinero de John Maynard Keynes y a Una teoría de la función del consumo de Milton Friedman, vislumbra, con semblante de profeta evangélico, su opera piú bella, la construcción de un país de consumidores. De esta forma, en franca coincidencia e incidencia en las aspiraciones más nobles –dignas– y primigénias de la clase proletaria y obrera –la máquina deseante deleuziana echada a andar– fundadas en su prístino deseo de ser parte de la selecta sociedad de “los propietarios de una vivienda propia”, deconstruyen, de la forma más derridiana nunca antes vista, el relato, el discurso marxista-proletario de las fuerzas productivas y sus relaciones de producción, convirtiendo a esa masa crítica trabajadora integradora de valor económico por unidad de esfuerzo y trabajo, en potenciadores de la demanda agregada: ¡en consumidores, pues! Por lo que, el Avada Kedavra franquista-arresiano desentrañado se debió escuchar así: ¡Queremos un país de consumidores no de ciudadanos!

Imagen: Prometheo CDA.

No ha vivido usted, lector, lectora, el infortunio convertido ya en lugar común y construido desde la cosmovisión de la generación de los boomers persistentes que, en viaje con panorama gozoso –y no por el paisaje sino por los desmedidos anhelos del viajante–. Y, a pesar del infortunio vivido por lo azaroso de la transportación metropolitana y, por añadidura, haber dedicado más de una hora de camino, finalmente, se logra la llegada triunfante a la inauguración –¡otro deseo cumplido de la maquina deseante!– de la casa propia de su recién casado hijo o hija, y con semblante de misterio glorioso, expresar algo tan exótico y lejano como la casa que se inaugura: qué importa que está chiquita y bien pinche lejos de todo… (traga saliva)… lo importante es que es tuya y ya de aquí ¡ni el presidente Tron los saca, mijo! Meses o semanas después, sus anhelos más dignos y decorosos muerden el polvo, la familia en ciernes se sale por pie propio y abandona la casa de su propiedad y se regresan a la ciudad, a vivir, en el mejor de los casos, en una vivienda rentada.

Según el INEGI (2017b), en el territorio mexicano existen alrededor de cinco millones de viviendas deshabitadas[1] lo que corresponde a 14% del parque habitacional, y se registran dos millones de viviendas de uso temporal. Del total de viviendas deshabitadas, 91.6% se ubican en zonas urbanas (Estudio Diagnóstico del Derecho a la Vivienda Digna y Decorosa 2018. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval).

Diría José Luis Arrese: ¡la cabra siempre tira al monte! Y, sí, al final esos propietarios –que, supuestamente, ya habían abandonado su calidad de proletarios, en razón de su propiedad adicional a su prole–, de esas viviendas, tiraron a la ciudad, para vivir como presuntos “propietarios” pero en una vivienda rentada o, peor aún, importunando a algún familiar con su permanencia voluntaria residencial… muy probablemente en casa de la profeta de la inauguración de su casa.

La máquina deseante deleuziana ¡no para! Tiene cuerda o energía para rato y su felicidad la funda en el logro de su deseo doctrinal natural: ser propietario y dejar de ser proletario; aún y a pesar de insertarse, como anillo al dedo, en la lógica y en la máquina que transforma ciudadanos en consumidores, la máquina del modelo económico keynesiano, el motor de la economía de libre mercado, cuyo deseo humanista liberal está fundado en el crecimiento de la demanda agregada vía el crecimiento de la máquina social deseante de propiedades: ¡la configuración de la sociedad de consumidores!

En esta suerte de prestidigitación política-mercadotécnica, que supuestamente transforma proletarios o trabajadores en propietarios, se materializó no sólo el crecimiento económico empresarial e industrial sino en la franca deconstrucción de la teoría marxista de la lucha de clases originada por el estatus de propiedad de los bienes de producción, impostando la idea de que la propiedad es sinónimo de desarrollo y, en un tris, aumentando la demanda agregada por el deseo de propiedad, alejándose y oscureciendo, de esta forma, el derecho humano constitucional –al menos en el caso mexicano– de disfrute y goce de una vivienda.

Tome asiento por un momento, o como dirían por estos lares, ¡traigan sus sillas que ya llegó el mago!

Pero, y entonces, ¿estamos obligados a ser propietarios? ¿Acaso la Constitución, como marco jurídico de derechos, tutela el derecho humano a la vivienda exclusivamente a través de la propiedad de una? ¿Dónde está el quid del asunto? ¡Revisemos el derecho constitucional mexicano relacionado con la vivienda! El artículo 4º Constitucional establece:

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

¡Derecho al disfrute! Hasta ahí vamos medianamente bien, porque, extrañamente, el artículo constitucional otorga el derecho no al individuo –en el sentido de garantías individuales o derechos humanos– sino a la familia, ¡órgano esencial de procreación, creación y garante de la futura demanda agregada social! Pero, retomemos el hilo del disfrute, ¿cómo se disfruta de algún bien? Pongamos, por ejemplo, uno de los derechos que tutela la Constitución de la CDMX: el derecho al transporte; derecho que se materializa a través de alguna de las modalidades que configuran el sistema de transporte público de la ciudad, como son el metrobús o el metro o, para constreñirnos más al disfrute privado de la movilidad hipsterchilanga, la EcoBici.

Imagen: Nexos.

Revisemos el caso de la EcoBici. Como todo derecho debe poder ser exigible –y, claro, también justiciable–, en tanto los hipsterciudadanos chilangos cumplan con los requisitos y el pago de la inscripción correspondiente del servicio de EcoBici, ¡les es dado el derecho a disfrutar de una bicicleta! Sí, escuchó adecuadamente, para resolver sus necesidades, temporales o eventuales, de transportación y movilidad en la gran chichimeca, el Gobierno de la Ciudad, a través de los instrumentos y apoyos necesarios, garantiza el derecho a la movilidad en la ciudad a través del disfrute del sistema EcoBici. Lo que salta, como liebre asustada, es el hecho de que no es necesario la adquisición de la bicicleta o que los hipsterususarios se conviertan en propietarios de dichas bicicletas y, por lo tanto, no es necesario que paguen el valor de la bicicleta… ¡no, no, no, hipsteramigo mío! En tanto cumplan con los requisitos, se les otorga el derecho de percibir o gozar los productos y utilidades de algo que, en este caso, se convierte en garante de su derecho a la movilidad. Efectivamente, la constitución local establece este derecho:

Derecho a la movilidad

1.Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable.

2.Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad (énfasis añadido).

Y, al ser percibido y/o haber gozado este derecho humano constitucional no ha sido necesario que el hipsterusuario, a través de los instrumentos y apoyos necesarios –léase, la regulación administrativa, jurídica, normativa y fiscal gubernamental–, ¡se convierta en el propietario de la bicicleta! Ya que, dicho derecho se materializa formal y materialmente en tanto se constituyan dos principios:

1.El principio del real disfrute o goce de dicho bien, y

2. El principio físico de impenetrabilidad de la materia, que resulta ser la propiedad de los cuerpos que impide que un cuerpo ocupe el lugar de otro en el espacio; es decir, mientras alguien esté usando esa bicicleta –un principio transitorio vitalicio– no puede otro individuo usar esa misma bicicleta… que, si usted a deambulado por algunas hipstercolonias de la gran chichimeca, seguramente a divisado destrezas que, en condición inercial y a lo lejos, parecerían controvertir o, al menos, cuestionar el citado principio físico de impenetrabilidad de la materia.

Imagen: Atracción 360.

En otras palabras y recapitulando, este derecho chilango a la movilidad puede ser exigido –y, en caso de su negativa, justiciado– vía su posesión transitoria vitalicia, sin que sea el Estado mexicano, representado por el Gobierno de la CDMX… figúrese usted nomás!… el que obligue o fuerce al ciudadano –y, por tanto, de insertarlo así sin más, a la necesidad creada de la propiedad privada– a adquirir dicho bien y, por lo tanto, sin condicionar a su adquisición que, cabe mencionar, los fabricantes de bicicletas agradecerían mucho, de ser el caso, por el crecimiento de la demanda agregada vía la regulación gubernamental que esto supondría.

Entonces, el gobierno debe preguntarse ¿qué queremos, propietarios, proletarios, consumidores o ciudadanos? ¿Queremos que las familias –y cualquier ciudadano, ¡aún y a pesar que no haya conformado familia– disfruten de vivienda digna y decorosa? Si después de lo representado en materia de movilidad chilanga, estamos de acuerdo con esta idea del disfrute de un bien sin el entrañable engaño de la propiedad y de sus derivados económicos de la construcción de una clientela cautiva permanente y eterna, podríamos pensar que, en tanto que nuestra constitución está concebida justo como garante de los derechos humanos y en las garantías individuales, de base humanista e igualitaria ¡no necesariamente está condicionada a su adquisición, sino a su usufructo y/o posesión vitalicia!

Imagen: Ruiz Healy Times.

En este sentido, y diría Deleuze, como una máquina de guerra, el presidente mexicano, el 24 de abril de este año –en la mañanera, obviamente– lanza el misíl político-administrativo-financiero contra los desarrolladores históricos de la vivienda social y popular en México –sí, aquellos que dejaron su impronta en miles de hectáreas de vivienda abandona–; deconstruyendo la súperestructura política administrativa liberalista cuya centralidad conceptual y política se configuró con los propietarios de los bienes de capital inmobiliario, sustituyéndola con un simple pero poderoso gesto, a través de la entrega directa a los trabajadores de los recursos que han generado por su trabajo, sin intermediarios y, por lo tanto, sin el pago por concepto de ganancia que supone la adquisición de una vivienda construida desde la lógica del libre mercado; en el siguiente orden de ideas histórico:

“…en el caso del INFONAVIT estoy planteando, que se entreguen los créditos de manera directa a los trabajadores… que no haya intermediación.

(Porque) cuando hay intermediación, esos cuatrocientos mil, se le “vuelven” doscientos mil, porque entran las empresas y, pues, tienen ganancias, y otras ni siquiera poca ganancia o ganancia razonable, si no cobran muchísimo.

Para un departamento, muchas veces mal hecho, en barrancas, en sitios alejados donde no hay comunicación, “huevitos”.

Entonces, ¿por qué no?, el mismo trabajador con su dinero decide comprarse un terreno y empezar a hacer su casa, y puede ser que le alcance, que la haga bien, a su gusto ¡y que ahorre!” Puede revisarse todo el video en:

[1] Vivienda particular que está totalmente construida y disponible para ser habitada y que, al momento del levantamiento censal, no tiene residentes habituales, no es de uso temporal ni es utilizada como local con actividad económica.

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2020-10-13 by Gerardo Sigg Leave a Comment

Lectura: 9 minutos

Con un bombo y un platillo, y con semblante bíblico pandémico, y sin mediar faena del impronunciable e inmemorable –más bien, harto difícil de memorizar– Instituto de Planeación de la Ciudad de México, que supuestamente está facultado para ello pero a la fecha no se ha constituido, y después de prácticamente dos años de administración chilanga, la tlatoani citadina presentó recientemente, en el Congreso local, el Plan General de Desarrollo de la CDMX, instrumento que dispone la Visión, los Objetivos, las Estrategias, las Líneas de acción y las Metas para el Crecimiento y el Desarrollo, en general, de la Ciudad de México, con una mirada al 2040 y con base en un oxímoron que han denominado ¡diagnóstico estratégico! ¿Por qué un oxímoron? Pues bueno, apoyándonos en los entendidos en palabras y sus significados,[1] un diagnóstico estratégico integra una combinación de dos palabras de significado opuesto que originan un nuevo sentido, lo que, después de una lectura del plan general, se corrobora plenamente. Ya que, por un lado, todo diagnóstico se funda en una labor analítica y dirigida a distinguir y separar las partes de un objeto, una situación o un fenómeno para conocer su composición y, por tanto, para evaluar los problemas de diversa naturaleza –en nuestro caso, las circunstancias socio-espaciales chilangos–, que componen y/o conforman dicho problema o fenómeno observado, con un sentido empírico y objetivo –porque procede del Objeto– pero, por otro lado, lo estratégico resulta ser una acción –en un sentido directivo y artístico– subjetiva, al proceder del sujeto, quien dirige o dicta el trazado o las líneas –estratégicas, ¡obviamente!– que guían la mirada de lo observado, haciendo las veces de lentillas oftalmológicas con visión no sólo 3D sino 4T.

Ahora bien, no vaya a usted a creer que esto compromete por completo lo señalado en dicho plan general, no, no, ¡para nada! Sí, de hecho, este oxímoron en sí mismo representa una innovación, al menos desde una perspectiva de la narrativa literaria-pública-administrativa contemporánea, ya que cuenta con una originalidad propia que le distingue adicionalmente a su disertación convencional –al estar armonizado con las Convenciones y Acuerdos Internacionales en las diversas materias que trata–, que lo invade como inmueble deshabitado de la Ciudad y, asimismo, a su épica adjetiva –que le deviene de lo accidental, lo secundario o lo no esencial– que contiene algunas novedades y mejoras que son nativas de la Constitución de la CDMX y que resultan muy progresistas y provechosas.

¡Agarre usted lugar que se va a poner bueno!

El venturoso diagnóstico estratégico del plan general declara, entre muchas otras cosas, en su aparatado –estratégico, obviamente– Ciudad con equilibrio y orden territorial que:

“La condición de inequidad territorial (de la Ciudad de México) se fortalece con la insuficiencia de instrumentos de planeación y ordenamiento urbano, acordes con las nuevas transformaciones, con una visión metropolitana y de derechos… Existe un universo desactualizado y disperso (hasta ahí, vamos bien; quizás, faltaría decir un multiverso) de normas y programas de ordenación territorial y ambiental, cuya aplicación ha sido compleja y en muchos casos discrecional” –énfasis añadido–.

gatopardismo publico — Imagen: The Australian.

Ahora bien, por su parte, el lozano y flamante Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente 2019-2024, publicado también por la tlatoani chilanga, el 4 de noviembre de 2019 y reformado el 25 de junio de 2020, y actualmente vivito y coleando, declara, a su vez, que:

“…el principal problema del acceso a una vivienda en la Ciudad se aprecia en dos aspectos fundamentales: el precio y la localización. Adquirir un inmueble o alquilarlo en las zonas con mejores condiciones de servicios básicos, infraestructura y equipamiento urbano, acceso al empleo y espacios públicos, resulta cada vez más difícil –en especial, para sectores de bajo ingresos–, entre otros factores, por el comportamiento del mercado inmobiliario y la velocidad con la que los precios de los inmuebles se han elevado en los últimos años” –énfasis añadido–.

Y… por si fuera menor el desasosiego provocado… ¡agárrese usted!… también indica, el programa especial, que es necesario:

“…generar mayor inversión privada en vivienda incluyente, respetando los usos de suelo, disminuyendo su costo, con el objetivo de brindar vivienda adecuada a un mayor número de personas” –énfasis añadido–.

Oiga, y usted se preguntará, ¿dónde quedó la bolita?, incluso, según el diagnóstico estratégico, ¿qué no, supuestamente, existe un multiverso desactualizado de normas y programas?, ¿una insuficiencia de instrumentos de planeación y ordenamiento urbano en la Ciudad de México?, ¿no quesque el principal problema de la vivienda, especialmente para sectores de bajos ingresos, es precisamente el comportamiento del mercado inmobiliario?

Por un lado, nos recitan, con base en el diagnóstico estratégico, cuyo propósito presuntamente se orienta a lograr distinguir, separar y clasificar correctamente la realidad reinante, que el marco que regula las edificaciones y las viviendas y, asimismo, el mercado inmobiliario en la Ciudad, son –con otras palabras– un desastre; para después proclamar, una vez más con gesto bíblico y gentil, refinada y democráticamente, la letanía de que ¡respetarán los usos del suelo! ¿Entonces?… ¿Cómo? ¿Qué no, supuestamente, el marco regulatorio es un desastre o, en palabras con visión 4T, está desactualizado, disperso y resulta insuficiente? Diría el clásico “así como digo una cosa digo la otra” o debemos entenderlo como un síntoma pandémico más de los formidables reformadores y renovadores de la política chilanga de vivienda, en un nítido y manifiesto gatopardismo administrativo… porque, oiga usted, ni modo que el gobierno no respete y observe a cabalidad lo dispuesto y mandatado por su marco regulatorio, nada más faltaba.

Esta refinada y falaz narrativa esconde camaleónicamente la incapacidad o desinterés de la administración actual de dar cauce y administrar los procesos de participación ciudadana para actualizar –y, según sus dichos, concentrar y ordenar– las normas y programas de ordenamiento urbano y territorial de la Ciudad de México; pues, para muestra no un botón sino su política pública más emblemática, el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente 2019-2024, ¡que se funda íntegra y firmemente en el marco de regulación urbana vigente! Sí, escuchó bien, el programa especial que busca resolver o, al menos, mitigar el déficit de vivienda social y popular se basa en los “usos del suelo” de hace 12 años y dos administraciones atrás, y, por tanto, ya se encuentra desactualizado, tal y como la propia administración ha diagnosticado estratégicamente en el Plan General como:

“…un universo desactualizado y disperso de normas y programas de ordenación territorial y ambiental, cuya aplicación ha sido compleja y en muchos casos discrecional”… liso y llano gatopardismo orientado a cambiar todo para que las cosas sigan iguales.

En todo este concierto de generalidades, lugares comunes y originalidad desbordada de los planes y programas generales y especiales vigentes chilangos, destaca una singularidad conceptual esencial en materia de ordenamiento territorial, particularmente en relación con las líneas de acción, estrategias y metas formuladas para las acciones de vivienda incluyente. Ya que, en su búsqueda por reglamentar las disposiciones de carácter social y de interés general que entrañan el párrafo sexto del artículo cuarto y, asimismo, el inciso 1, apartado E, del artículo noveno, de la constitución federal y de la constitución local, respectivamente, sus autores dotados con lentillas oftalmológicas que les permiten conquistar una mirada 4T y con base en la idea y (pre)supsuestos del Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente 2019-2024, proponen, con el hilo negro del urbanismo inmobiliario de cuña liberal y, obviamente, de cuarta… generación, un incremento significativo de la producción (de) viviendas nuevas que sean incluyentes y bien localizadas y diversificar su oferta.

Suena bien chido esto, ¿cierto?, pero ¿qué no la vivienda incluyente que proponen en el multimencionado programa especial resulta ser el 30% de las viviendas que los desarrolladores de vivienda media y media residencial incluyen por obligación en sus desarrollos y, asimismo, que incluyen en los territorios del Programa Especial… de Vivienda Incluyente? Y, entonces, ¿se piensa resolver este problema –que, bueno, digamos que ni es algo nuevo o desconocido ni extraño en la historia pública administrativa citadina– con los avatares del mercado inmobiliario? Caray, ¡pues no quedamos que había quedado diagnosticado estratégicamente que el comportamiento del mercado inmobiliario es uno de los principales problemas del acceso a una vivienda en la Ciudad de México!

¡Se habrá visto semejante disparate! La paradoja se hospeda en los confines del pensamiento capitalista liberal más optimista, que, parafraseándome, sigue pensando y proclamando demencial y doctrinariamente –como si les fuera la vida en ello–, desde el individualismo más optimista y liberal, que el empresariado como sistema es el único agente o sujeto económico generador de riqueza; fortaleciendo así y en una suerte de ilusionismo transhistórico doctrinario, el supuesto genealógico de la riqueza económica basado (única y exclusivamente) en la natural y humana persecución del interés individual. Pensamiento éste que el sistema público-administrativo, por omisión o comisión, imposta en su política pública, sin más consideración –o más bien con desconsideración– que aquella que resulta de creer que sólo a través de la inversión inmobiliaria privada es posible proveer de vivienda a los grupos familiares citadinos más desfavorecidos. Desconociendo o negando majaderamente lo que el tercer párrafo del Artículo 27 Constitucional, magistralmente redactado y sugerido a sus amigos legisladores por Miguel Ángel de Quevedo, delimita con suficiente precisión como la diferencia formal entre lo que debe considerarse como propiedad privada de los elementos naturales susceptibles de apropiación –entre los que destaca, el suelo–, y aquello que debe considerarse como propiedad comunitaria.

Esta última definida constitucionalmente como las modalidades de uso y aprovechamiento de dichos elementos naturales que dicta el interés general, siempre con una orientación a la mejor distribución de la riqueza pública –social y comunitaria–,justamente en razón de sus disposiciones regulatorias (para mayor abundancia en este tema léame usted, a esta misma hora y en este mismo canal, en La riqueza de las ciudades. Adam Smith revelado entre líneas).

Y, de esta forma, se está subordinando la construcción de vivienda social y popular a las visicitudes de la economía de mercado, a su condición sine qua non: la persecución a ultranza de un beneficio económico o una utilidad considerable –utilidad que, al menos, tendría que ser mayor que la tasa de los Cetes, ¡pues!–, lo que, de suyo, no resulta ser ni pérfido ni maligno, sino simple y llanamente la condición básica de dicho modelo económico, que resulta ser comercialmente natural pero no estatalmente adecuado. Y, una vez más, nos preguntaríamos que, entonces, el derecho constitucional a una vivienda digna, decorosa y adecuada, ¿depende del 30% que deriva de dicha economía de mercado? Y, asimismo, de ese 30% de viviendas, ¿están consideradas, en el proyecto de inversión inmobiliaria, como activos o como pasivos?, ¿se les integra en su precio final de venta la utilidad de mercado?, o, dicha utilidad, ¿se relocaliza al 70% de las otras viviendas? Y, entonces, ¿finalmente quién paga las vicisitudes del comportamiento del mercado inmobiliario?

No será que ¿el dichoso programa especial –dichoso, por su exuberancia de dichos, ¡no se lo tome a mal!– implanta una visión preponderantemente utilitarista a la construcción y provisión de vivienda social y popular en la Ciudad de México? Ya sea por omisión o comisión, se le está considerando a la regulación urbana del suelo como parte de la riqueza privada y no, como debe ser, riqueza pública y comunitaria construida social e históricamente que, por mandato constitucional, tiene por objetivo hacer una distribución equitativa de dicha riqueza pública. El gatopardista programa especial esconde un acto de privatización de la riqueza citadina y comunitaria y considera, única y exclusivamente –y desde una visión 4T– que la provisión de vivienda social y popular sólo es factible dentro del modelo de maximización de la renta económica de los proyectos de inversión inmobiliaria privados, tergiversando y pervirtiendo la esencia de lo que establece el párrafo sexto del Artículo 4º Constitucional y… por si a usted esto le parece poco… con base en un diagnóstico estratégico invidente o de visión oftalmoideológica 4T.

El dichoso programa especial muestra o –después de su lectura– genera síntomas muy similares a los del Covid-19: desorientación, visión borrosa o mirada 4T, dolor de cabeza, pérdida del sentido, sensación de falta de aire y hasta erupciones cutáneas. Pero, especialmente, cansancio. Sí, cansancio de evidenciar, una vez más, el desconocimiento gubernamental de las características y condiciones singulares de la construcción de la vivienda social y popular y de sus agentes y, asimismo, inconsciencia de que el estado debe proveer los instrumentos y mecanismos de interés público y general –y, por lo tanto, fuera del libre mercado–, para garantizar el derecho de toda familia mexicana y obviamente chilanga a disfrutar una vivienda digna y decorosa. Y no, como se sugiere en el programa especial, el 30% de las viviendas residuales de las acciones de los agentes económicos inmobiliarios cuyo interés es la vivienda media y/o media residencial.

Esta mirada 4T ignora rotundamente que la escencia de la construcción de vivienda social y popular en la Ciudad de México está enraizado literalmente al suelo, sí, a la propiedad social y comunitaria del suelo, aquel suelo que debe derivar de la distribución equitativa de la riqueza comunitaria citadina, para que las familias y grupos demandantes de vivienda social y popular tengan acceso ¡a suelo barato y bien localizado!

Sí, suelo bien ubicado para el desarrollo de sus conjuntos de vivienda, diseñados y materializados con base en sus modelos y sistemas históricos y comunitarios de autopromoción, autogestión y, hasta en ocasiones, de autoconstrucción; echando mano de esa riqueza pública que entraña la norma urbana y que debe ser distribuida con sentido de justicia social y equitativamente, y no como lo establece el multidichoso programa especial, entendida como propiedad privada que se integra a través de las acciones de la, graciosa y utópicamente llamada, vivienda incluyente… evidenciando el peculiar gatopardismo público chilango en marcha.

[1] Notas:
Del Diccionario de la Real Academia Española:
Diagnóstico
Del gr. διαγνωστικός diagnōstikós.
m. Acción y efecto de diagnosticar.
Diagnosticar
Tr. Recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza
Analizar
Tr. Someter algo a un análisis
Análisis
Del gr. ἀνάλυσις análysis.
m. Distinción y separación de las partes de algo para conocer su composición.
Estratégico
Del lat. strategĭcus, y este del gr. στρατηγικός stratēgikós, der. de στρατηγός stratēgós ‘general de un ejército’
Adj. Perteneciente o relativo a la estrategia.
Estrategia
Del lat. strategĭa ‘provincia bajo el mando de un general’, y este del gr.στρατηγία stratēgía ‘oficio del general’, der. de στρατηγός stratēgós‘general’.
f. Arte de dirigir las operaciones militares.
f. Arte, traza para dirigir un asunto.
f. Mat. En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento.
Oxímoron
Del gr. ὀξύμωρον oxýmōron
m. ret. Combinación, en una misma estructura sintáctica, de dos palabras o expresiones de significado opuesto que originan un nuevo sentido, como en un silencio atronador.

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2020-09-28 by Gerardo Sigg Leave a Comment

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1968, ¡jamás se olvida!… ni la masacre de estudiantes en Tlatelolco ni los sucesos de la Primavera de Praga. Conmoción, estremecimiento, ira y desesperación praguenses, se escuchaba y resonaba, por todos lados, la desproporcionada entrada de la fuerza militar de defensa del bloque de países socialistas constituido en el Pacto de Varsovia contra el modelo liberal y democrático de occidente; soldados, fusiles y ametralladoras, un devastador ensordecimiento de la vida cotidiana praguense y la paralización en seco de su devenir político-democrático en ciernes; un grotesco y asimétrico despliegue del poder contrainsurgente inmortalizado gráficamente –y fotográficamente– para la posterioridad en infinidad de rollos fotográficos que lograron plasmar con cruda realidad la entrada de los tanques y tropas rusas para asegurar el control y sometimiento de la disidencia a la dictadura comunista que, en su búsqueda por democratizar el socialismo checoslovaco, había logrado granjearse la sucesión de la dirigencia del Partido Comunista, con la crítica a la represión del régimen comunista soviético y, no menos importante, la libertad de expresión como banderas políticas. Fueron momentos convulsos y presagios trémulos, voluntades silenciadas y corazones apagados, una sensación generalizada de pérdida y desesperanza vivida y sufrida que dio paso a una contienda dogmática: fijar e implantar un modelo, una idea, una visión doméstica y privada de la realidad, para imponer una verdad relativa.

La pasión y el ardor ciudadano por la búsqueda de la libertad y la felicidad mediante la democratización de su vida política, en La insoportable levedad del ser de Kundera, es encarnada por Teresa, una fotoperiodista “a nivel de cancha” o de primera línea, cuyo objetivo logra retratar e inmortalizar las más abyectas y deleznables acciones castrenses contrainsurgentes que, en su búsqueda de sometimiento y adoctrinamiento de la población en general hacia la visión doméstica –y domesticada– del bloque socialista, silencia los anhelos y las más nobles aspiraciones praguenses por una vida mejor, por un futuro de libertades y derechos… los avances democráticos alcanzados se quedan en pausa. La necesidad de implantación de esta verdad relativa conllevó la usurpación de las libertades, especialmente la libertad de pensamiento y de expresión; todo aquello que no la ensalzara era percibido como hostil y antagónico.

Imagen: Wikimedia Commons.

El ojo crítico de Teresa es percibido incompatible a los objetivos del bloque y es en ese talante político en el que se afianza la domesticación ideológica de la ciudadanía, en general, y de Teresa y su particular visión realista y “costumbrista” vigente en ese momento. El adoctrinamiento que sufre Teresa se funda en un discurso culturalista –concepto muy amplio pero también muy ambiguo– que aconseja redireccionar su talento innato y su afán político –su sed de justicia y su apetito democrático– hacia la expresión artística, hacia el gusto por la expresión creativa del yo, hacia manifestaciones más prudentes y moderadas –por no decir, más frívolas y superficiales–, hacia la fotografía de retrato pero no de los sucesos geopolíticos únicos e irrepetibles que marcaban el devenir socio-político de su país, sino dirigir su objetivo hacia la fotografía de la vida vegetal domesticada: ¡retratos de cactus en maceta!… mientras tanto, la desagradable realidad es negada, indocumentada, imposible de enfrentar desde una individualidad expresiva.

Esta suerte de razonamiento esquizofrénico individual, grupal o gremial que, por acción u omisión auto o exoinflingida –o por simple y llana ignorancia–, impulsa a voltear hacia otro lado o ámbitos más cercanos y manejables, niega rotundamente la realidad circundante, realidad autoinflingida históricamente, y que nos obliga, desafía e incita nuestro juicio, nuestra manera de ser y entendernos en el mundo, realidad de la que formamos parte y conformamos -unos más que otros- con nuestro devenir, con nuestra persecución del interés particular –parafraseando a Adam Smith–, convirtiéndonos en partícipes fundamentales, ¡en sus arquitectos!, vamos.

“La (industria de la) construcción es la mayor culpable del calentamiento global inducido. En todo el mundo, los edificios consumen entre el 30% y el 40% de toda la energía producida y son responsables en igual porcentaje de todas las emisiones de CO2”.

Jeremy Rifkin, en “Cada edificio, una central eléctrica”.

EnerNews – Jeremy Rifkin: “Cada edificio, una central eléctrica”.
Our World in Data – “Emissions by sector”.

Con la pandemia del SARS-CoV-2 vinieron los webinarios y con ellos se hizo público –y cuasi viral– el pensamiento del gremio inmobiliario. Este reducto diverso y peculiar de especialistas, peritos y expertos en un sinfín de materias dedicadas a la materialización del espacio habitable humano que, en una suerte de catequización vehemente de la edilicia mercantil y sus asegunes, buscan impostar diligentemente, entre partidarios y extraños, su sermón liberal y optimista, potentemente fundado –aunque, débilmente hecho consciente– en el “laissez faire, laissez passer” (“Dejad hacer, dejad pasar”) y, en trance de delirante apoteosis, en la inagotable y perseverante búsqueda de implantación de un proyecto gremial y profesional instaurado en el liberalismo más arcaico y desacertado, en contra de las previsiones y –lo que llaman– las interferencias del Estado, aferrados en las presuntas certezas intelectuales y empíricas adquiridas durante el ejercicio de su quehacer profesional.

Imagen: Kaos en la Red.

En esta pompa de harta intelectualidad gremial, la realidad basada en datos y no en apariencias y fachadas, que trascienden las coordenadas de pensamiento comercial y decorativo inmobiliario, es negada, velada o, simple y sencillamente, ignorada. Las coordenadas de pensamiento gremial y arquitectónico, en sus años más mozos, derivan de consideraciones y categorías nematológicas, que el materialismo filosófico contemporáneo clasifica como “…las nematologías son aquellas doctrinas que se caracterizan por organizar las nebulosas ideológicas, entendidas éstas como contenidos ideológicos muy poco sistematizados… especulaciones de carácter ideológico que se organizan alrededor de instituciones religiosas, políticas, militares (artísticas o gremiales), etc. (…)”.

En este candor y en sus años más precoces, los profesionales del espacio habitable apoyados en lo que, el padre del movimiento moderno, Le Corbusier, imposta ideológicamente que ¡la arquitectura está más allá de los hechos utilitarios y, por tanto, es un hecho plástico! (y de microplásticos y otros contaminantes vertidos en los mares, océanos y diversidad de ámbitos que conforman nuestra biosfera planetaria) y, al denominarlo desde las categorías del arte adjetivo –es decir, desde lo accidental, secundario o no esencial–, como “…el juego sabio, correcto, magnífico de los volúmenes bajo la luz”, no hace sino acotar la disciplina edilicia a lo que, el materialismo filosófico, clasifica dentro del marco categorial del subjetivismo teórico estético. Y que engloba a todas aquellas escuelas, nematologías o “filosofías del arte” que en su concepción artística reducen la obra de arte a la condición de expresión, revelación, manifestación, realización, creación o apelación del sujeto, ya sea el artista, ya sea el grupo social –pueblo, generación, gremio, etc., al cual el artista pertenece–, disociándola de manera absurda e irracional de los compromisos medioambientales intra e intergeneracionales reconocidos y asumidos en los acuerdos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Cuyos principios establecen las medidas necesarias para la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero, basadas en la implementación urgente de medidas y acciones de transformación, adaptación, mitigación, resiliencia y de desarrollo sustentable en toda actividad económica humana, máxime en aquellas que son preponderantes por el impulso que suponen al cambio climático y que, su falta de reconocimiento o su desconocimiento o, simple y llanamente, el hacer la vista gorda como proceder autoemancipativo gremial y profesional, no hace sino postergar la necesidad de enriquecer su marco teórico y categorial, y, por tanto, su manera de actuar ante una realidad innegable.

Le Corbusier (Fotografía: Antischock Revista).

El discurso webinario gremial inmobiliario vigente e invirus, basado obstinadamente en los campos ideológico categoriales del liberalismo más optimista y en armonía obceca con las nebulosas nematológicas del subjetivismo teórico estético y del arte adjetivo, no logra ver y entender cuál ha sido su máxima creación ecosistémica, y en lance de hacer la vista gorda hacia las externalidades negativas que genera su quehacer, ignora y desplaza, para las generaciones futuras, los cambios y (r)evoluciones impostergables de su campo categorial y de pensamiento. (R)evoluciones que debieron implementarse, al menos, desde la fecha de la publicación del Informe de la Comisión Brundtland Nuestro futuro común, que alertó, desde 1987… ¡sí, desde 1987!… en relación con los efectos negativos sobre el medio ambiente del modelo económico liberal imperante –fundado en el “Dejad hacer, dejad pasar”– y, asimismo, en relación con la necesidad de transitar hacia un modelo económico y, por supuesto, edilicio basado en la sustentabilidad del desarrollo.

En tanto la relación causal del cambio climático y la edificación siga siendo extraña o ajena al discurso y el pensamiento gremial arquitectónico e inmobiliario, aún y a pesar de la crisis mundial laboral, económica y de salud vividas y sufridas actualmente, y de las próximas venideras, que no son otra cosa que legítimas herederas de los procesos de crecimiento ilimitado en el que se fundó el modelo económico keynesiano apuntalado en el consumo y el gasto –y, por supuesto, en la rentabilidad privada–. Y, asimismo, sigamos escuchando, en un santiamén de enajenación artística, la misma webinaria cantaleta gremial –liberal–, ignorante o renuente de la más prístina expresión cultural de toda sociedad que presuponen y resultan ser sus reglas y leyes locales, y que, en más de las veces, sólo muestran un pensamiento insular antagónico en relación con los marcos normativos y regulatorios, públicos y comunitarios, del desarrollo urbano y de la edificación inmobiliaria, impostando frases tan prehistóricas y desafortunadas, dadas las condiciones del estado ambiental mundial, como “…los profesiones de la construcción tenemos claro qué debemos proyectar y construir, los estudios de mercado y nuestra amplia experiencia profesional nos lo señalan con claridad…”, o “…el gobierno debe liberar la normativa urbana para que podamos construir lo que técnica y financieramente es posible…” o, peor aún, desde la visión pedagógica más ingenua posible que es vertida en ámbitos gremiales y académicos “…busquen en la expresión utópica artística la respuesta de la arquitectura a la nueva realidad habitable que supondrá la era postvirus…”.

Jeremy Rifkin (Fotografía: Atalayar).

Este cúmulo de pensamiento e intelectualidad gremial vigente niega, como parte fundamental de sus procesos de razonamiento y de diseño, los datos y los efectos negativos acumulados y generados por la edificación durante el siglo XX y lo que va del XXI, se ciega ante la construcción de un nuevo modelo de desarrollo compartido, de riqueza comunitaria e incluyente, de lo que Jeremy Rifkin denomina la Sociedad de coste marginal cero –o la Sociedad del Capital Social y la Economía del Compartir–, y, asimismo, desdeña una genealogía arquitectónica basada en la Representación (entendida ésta como la incorporación de decisiones arquitectónicas que representan claramente a la realidad imperante y, por tanto, le dan respuesta), en vez de fundarse, como tradicionalmente ha sido, en la Expresión del yo y, por tanto, en las premisas del arte adjetivo. En esta ámbito de oposición ideológica y doctrinaria gremial resulta, por decir lo menos, probable que nuestro futuro común requerirá para trascender el uso prolífico de unidades de cuidados intensivos y personal médico especializado o procesos socio-espaciales de resucitación cardiopulmonar apremiante… bueno, al menos, a las generaciones que aún no están aquí para alzar la voz les heredaremos la posibilidad apremiante de diseñar ese futuro común del capital social y la economía del compartir, como respuesta al ominosos legado ambiental y climático de la generación de la insoportable levedad de(l) ser… ¡inmobiliario!

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Desconcerto grosso, Opera prima

2020-08-31 by Gerardo Sigg 3 Comments

Lectura: 6 minutos

Primer movimiento: Allegro maestoso!

Nunca antes se había visto, en la historia democrática de la Ciudad de México, que un candidato a jefe de gobierno ganara con tal ventaja de votos. Claro, hay que considerar que dicha historia, sí, la de la vida democrática y electoral de la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, es muy breve, tan sólo lleva 23 años y cuatro administraciones completas, y la quinta en curso; digamos que está en su mera juventud y que, el logro alcanzado, todavía puede –y seguramente podrá ser–superado.

Segundo movimiento: Scherzo!

Días felices para el gobierno recién electo, todo era felicidad y goce, los pasillos del antiguo palacio del ayuntamiento rebosaban de voces que sugerían ideas, proyectos, programas sociales y económicos, infinidad de imágenes, ilusiones y utopías que, a la fecha, se convertirían, en voz de dicho séquito, en confesiones de un pasado turbulento. En este ámbito bullicioso y juguetón, en este cúmulo de ideas brillantes… –bueno, no todas–, se distingue una que, desde una visión simplista, conceptual y jurídicamente hablando, y en un lapsus de delirio de superioridad interpretativa y de negación de la norma urbana como sistema jurídico –en negación autoinfligida del criterio de completitud de los sistemas jurídicos, en este caso, el del derecho urbano citadino–, su líder, en materia urbana, se embarcó en la falsa premisa de dar cauce a la inversión inmobiliaria en la ciudad. Y no económicamente, sino en sentido jurídico, inverso, a través de una innoble –irregular, por decir lo menos– constitución de polígonos de actuación. Aquellos instrumentos de la Ley de Desarrollo Urbano de nuestra ciudad tan desconocidos pero, por su uso incorrecto, definitiva y trágicamente satanizados.

Angel de la Independencia, reforma — Fotografía: CityMax México.

desarrollo inmuebles y vivienda — Fotografía: CityMax México.

Tercer movimiento: Adagio!

El Polígono de Actuación es un instrumento establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, al menos desde la publicada en 1996 (TÍTULO V. De la ejecución de los programas. CAPÍTULO I. De la ejecución, GODF, 7 de febrero de 1996). Su origen conceptual, muy probablemente data de la Ley de Zonificación de 1916 (1916 Zoning Resolution) de Manhattan, cuyo ejemplo material más acabado –al menos para orgullo del gremio de los arquitectos– es el proyecto que realizó para el edificio Seagram el arquitecto alemán considerado el padre del estilo internacional, Ludwig Mies van der Rohe, y cuyos principios generales se fundaban en la necesidad de lograr mayores alturas y menores áreas de desplante; con lo que se lograban dos cosas, primero, más superficie de espacio no construido y, por supuesto, de espacio público –el espacio dedicado a mejorar la habitabilidad urbana, a la habitabilidad de la ciudad– y, segundo, garantizar la entrada de luz solar a las plantas bajas de las edificaciones, en una ciudad que tenía por designio lo que actualmente es nombrado como manhattanismo, un espíritu de verticalidad e intensidad en el uso de su territorio y maximización de la densidad de su suelo urbano y de su limitado territorio isleño.

Regresando a nuestra historia –a la fiesta chilanga del chivo–, la de la constitución de los polígonos de actuación en la Ciudad de México, y revisando las machincuepas urbano-normativas que fueron expedidas, en un gesto de desvelamiento y claridad, los principios generales y el espíritu de los polígonos de actuación, negados y desconocidos por la autoridad, se pervirtieron tergiversando su uso al transferir superficies de construcción entre predios con realidades urbanas, económicas y sociales muy diversas y, en más de los casos, contrastantes. Dichas transferencias –para las que existe un instrumento específico en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal desde 1996, y que también desconocieron–, entre predios ubicados en colonias diferentes con distintas características sociales, económicas, ambientales, territoriales, urbanas, físicas, espaciales y normativas –características que precisamente se cristalizan en su zonificación y, por tanto, en sus condiciones de desarrollo urbano e inmobiliario y regulan la superficie de construcción y el número de viviendas disponibles y, por supuesto, su valor inmobiliario–, no han constituido otra cosa que la demolición de los supuestos originales y básicos de la planeación urbana: la delimitación –en nuestro caso, vía la zonificación– de la capacidad de carga de cada territorio, colonia, manzana, calle, predio.

En resumen, en una suerte de prestidigitación de cambio de la unidad monetaria –como transformar pesos en dólares–, compraron superficie de construcción en suelo barato y lo transfirieron a suelos caros y mejor ubicados, aumentado así el valor de dichas superficies de construcción transferidas… presto, ma non troppo!

Fotografía: Ángel Metropolitano.

Cuarto movimiento: Scherzando!

Esta ensoñación delirante urbana, fundada, por un lado, en la cristalización de ámbitos de oscuridad administrativa y, por el otro, en el menosprecio explícito de la autoridad por –lo que Jung llamó– el inconsciente colectivo, y que resulta ser un organismo consciente construido por la comunidad chilanga participativa que, por su amplia experiencia de sinsabores y desaciertos administrativos, en una suerte de inmediatismo burocrático, la autoridad no logra comprender ni prever los nefastos e incontrolables impactos negativos que dichas actuaciones tendrán sobre la delicada y ya de por sí impactada trama del valor del suelo y de la función social de dicho suelo en la Ciudad de México.

Quinto movimiento: Crescendo!

Ese inconsciente colectivo compartido por todos –como organismo consciente comunitario– reconoce que el valor de cualquier predio en la ciudad depende directamente de su ubicación y, por supuesto, en gran medida, de su zonificación. Es decir, de los derechos de desarrollo que tiene asignados –superficie de construcción permitida, número de niveles, área libre de construcción, densidad de vivienda, usos y destinos del suelo permitidos–, y la autorización irregular de polígonos de actuación con predios de alcaldías y/o colonias distintas –y valores distintos–, no hizo sino promover una burbuja especulativa del valor de los predios en la Ciudad de México que prácticamente será irreversible… bueno, a menos que llegase un virus tan contagioso que lograse echar abajo el modelo económico inmobiliario de la Ciudad (¡!).

Fotografía: Tinsa México.

En esta suerte de quimera urbana-administrativa se prevé que los propietarios del suelo impondrán –y ya lo están haciendo– un mayor valor a sus predios, precisamente por la modificación al valor de cambio que ya presuponen por la transferencia interna o externa de superficies de construcción de sus predios, por la expectativa de relocalización o desterritorialización de dichos potenciales constructivos, entre territorios con diferenciados valores de renta urbana en razón de la reglamentación urbana aplicable en los programas de desarrollo urbano. Ahora, gracias a este sueño delirante de una barbie, todo en rosa, la zonificación y la superficie de construcción de cada predio puede “viajar” hacia otros predios de mayor valor, desterritorializando, errónea y engañosamente, estas superficies de construcción, el valor de esos “inmuebles” y modificando al alza los valores del suelo de la ciudad. Y todo por el valor expectativo artificial generado por la irresponsable autorización que llevaron al cabo de polígonos de actuación entre predios con ubicaciones y zonificaciones distintas y, por lo tanto, con valores originales distintos.

urbanismo, desarrollo — Fotografía: TYS Magazine.

periferia, desarrollo inmobiliario — Fotografía: TYS Magazine.

Sexto movimiento: Finale, ma non allegro!

Como toda fiesta, a pesar del inefable deseo de perpetuidad, llega a su fin y con éste los desechos y los excesos de lo vivido, la herencia pública –escrita en piedra, edificada– de sus participantes, aquellos que supuestamente tutelaban el orden público y el interés general de la ciudadanía y que, con la autorización de polígonos de actuación interdelegacionales –o interalcaldías–, no han hecho más que transgredir los principios generales de la planeación urbana, ambiental y democrática, trastocando fatídicamente el de por sí ya malogrado mercado de valor del suelo de la ciudad; e inmóviles hacia su mandato ciudadano, en un lapsus de delirio de superioridad interpretativa, se justifican, única y exclusivamente, con el principio jurídico de prohibición: todo lo que no está prohibido está permitido, dijo el líder, evidenciando obscenamente su desconocimiento y su cerrazón jurídica al utilizar un principio que no le aplica al servidor público sino a los particulares, y contraviniendo, formal y material, la interpretación completa y compleja del sistema jurídico y normativo de la ciudad; modificando, errónea y desafortunadamente, las delicadas dinámicas del desarrollo urbano sustentable; y trastocando y encareciendo, nefasta e irremediablemente, el valor del suelo de la Ciudad de México… ¡tran tran!

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