Opinión

Públicamente la Comisión Federal de Electricidad (CFE), organismo descentralizado, con capacidad jurídica y patrimonio propios, se ha reputado, desde hace un buen tiempo, ser una empresa de clase mundial.

Probablemente algún organismo calificador, hoy tan en boga, le otorgó tal distinción. Sin embargo, a la par que ha festinado tal calificativo, aún en su imagen corporativa, están presentes ciertos hechos que abollan tal donaire, tanto de los consumidores de energía, de su operación en sí, como porque sus resultados financieros parecen ser nada halagüeños. Esto, independientemente de los casos de corrupción que han cubierto la prensa nacional e internacional.

Al respecto, el director general de la CFE, Antonio Vivanco Casamadrid, reconoció que la empresa había recibido hasta 6.8 millones de llamadas telefónicas (16 de noviembre, Canal del Congreso), sin precisar cuántas de ellas están relacionadas con los reclamos de facturación equivocada. La situación ha obligado, por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), a que la CFE cree grupos especiales de atención sobre los errores de facturación en los que incurre la empresa, según ha señalado el propio director de la paraestatal.

De acuerdo al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, México tenía arriba del 15% de desperdicio de electricidad por transmisión y distribución; encontrándose 5 puntos arriba de Chile y casi 10 por encima de EU. España, Francia y el Reino Unido estaban muy por debajo del nuestro país en el desperdicio de energía, según una muestra de 2009 del Banco Mundial. En tanto el desperdicio de México rondaba 17%, el de EU era del orden de 3%. No creemos, a la fecha, que se haya cambiado sustancialmente tal situación, quedando la duda si en tal nivel de desperdicio se compute el robo de energía.

En el informe presidencial se indica que las “acciones trascendentes (han sido) orientadas a mejorar la competitividad del servicio eléctrico”, presentándose inmediatamente la información del aumento de costos unitarios por el concepto de energía Termoeléctrica de 8.7%, en el primer semestre de 2011, muy por arriba de la inflación, y de 94% de incremento del costo de la energía eoeléctrica.

En este contexto, según la Cuenta Pública 2009, la Comisión Reguladora de Energía otorgó de manera desordenada 768 permisos de generación e importación de electricidad. Alrededor del 50% de la capacidad de los permisos otorgados para la generación de energía eléctrica ha sido para productores independientes, situación creciente y en beneficio mayormente de empresas españolas.

La creciente concurrencia de los productores independientes hizo que, de acuerdo al balance del Sistema Eléctrico Nacional, entre 1998 y 2008 la generación del servicio por particulares creció casi 30% promedio anual, en tanto el servicio público nacional creció sólo al 3.3%. Así, el pago hecho a productores por la compra de electricidad pasó de 6 mil 428 millones en 2002 a 70 mil 600 millones ya para 2008, que representó en ese año 30.2% del gasto corriente de la paraestatal. De esta manera, la participación de inversión privada en actividades sustantivas de la industria eléctrica nacional ha obligado a la CFE a establecer compromisos con los productores independientes de energía (PIE) por 14 mil 944 millones de dólares.

En contraste, los márgenes de reserva y de reserva operativo a partir de 2006 se han mantenido relativamente altos. En el primer caso por arriba del 45%, lo que significa que hay una capacidad ociosa frente a la creciente compra de energía eléctrica.  Si dejáramos operar realmente el mercado significaría que a mayor oferta deberían resultar menores precios, obviamente en beneficio de los consumidores, especialmente domésticos y de la pequeña y mediana empresa. Pero es posible pensar que el mercado de energía eléctrica es, ahora, un mercado administrado por un quasi monopolio público en beneficio de su burocracia y de generadores privados.

Otra fuente de financiamiento de la CFE, además de sus ingresos propios, ha sido el sistema de Pidiregas (originalmente denominados Proyectos de Inversión Diferidos en el Registro del Gasto), que fue un sistema para ocultar deuda y fondear proyectos supuestamente por parte del sector privado. La CFE sigue utilizando este sistema de financiamiento y registro contable, aún cuando ya no se debe seguir difiriendo el registro presupuestal de la deuda y de que el financiamiento al sector privado en toda lógica financiera es más caro que el financiamiento al sector público.

La importancia de los Pidiregas ha llegado al extremo de que constituyen 40% de la deuda total de la CFE. Por ello, la inversión presupuestaria que realiza la Comisión se ve afectada por la llamada amortización de los Pidiregas, que según la estadística oficial es de 14,000 millones de pesos en 2011, cifra que es contradictoria con los 5,000 mdp señalados en el texto del informe presidencial. Los Pidiregas hacen, sorprendentemente, que la inversión fuera de presupuesto sea alrededor del 60% de la llamada inversión impulsada por la CFE.

Literalmente la paraestatal consigna en sus estados financieros auditados que: “Al 31 de diciembre del 2010, los compromisos mínimos de pago por Pidiregas son:” 89,659 mdp. No creemos que este aserto signifique el no saber cuánto se debe, aunque si sorprende que sea una afirmación llena de ambigüedad, que refleja el verdadero estilo gerencial de la empresa y que pone en duda a su gobierno corporativo.

Por otra parte, como reflejo incontrovertible de la situación financiera real de la CFE, desde 2008 el patrimonio de la Comisión ha estado disminuyendo, en tanto el pasivo ha estado aumentando. Esto ha terminado afectando adversamente la relación patrimonio a pasivo. De esta manera, en una misma trayectoria declinante, en 2008 el patrimonio de la CFE era de 416,000 millones y para 2010 era únicamente de 352,000 millones, una pérdida patrimonial de más de 60,000 millones, en tres años. Por lo que la erosión de su patrimonio fue de 20,000 millones promedio anual.

A mayor reiteración, la relación pasivo-patrimonio, que no es más que obligaciones o deudas sobre la propiedad real de la CFE, se demeritó pasando de 0.846 a 1.28, generando crecientes cargas financieras para la Comisión. De esta manera, los resultados del organismo en los años recientes han significado cuantiosas pérdidas: 17,646 millones en 2008; 39,818 millones en 2009 y 37,125 millones en 2010. Estos últimos indicadores no mienten sobre el estado financiero declinante de la empresa, pero no se trata de festinar fracasos, ni mucho menos se deben avivar supuestos éxitos.

Mexico debería tener una visión integral en materia de energía, como el siglo XXI lo demanda y se hace en otros países, pero se sigue teniendo un enfoque parcial y aislado de las dos empresas públicas en la materia. La CFE compra insumos para producir energía y Pemex  los desperdicia, como es el caso del combustóleo o de la quema de gas a cielo abierto; ¡qué desperdicio del patrimonio de todos los mexicanos!

Estas empresas deberían operar y ser controladas con el protocolo y reglas de gobernanza de empresas públicas, tal como los organismos internacionales lo sugieren, en lugar de pensar en privatizarlas o socavar su patrimonio.

Mantener una alta capacidad ociosa, hacer compras crecientes a precios mayores, endeudar más a la CFE y ver como se contrae su patrimonio significa una actuación y un resultado que no parecen ser los de una empresa de clase mundial; aunque después de Enron todo se puede esperar de una empresa pública de energía con una frágil gobernanza.

Los problemas económicos y financieros en Europa se han agravado después de julio pasado, cuando la Unión Europea (UE) se comprometió a implementar un nuevo programa de rescate para Grecia. Tal programa fue ampliamente considerado positivo y visionario. Declarativamente se centraba en atender el problema de la deuda griega por la vía de su financiamiento, el abatimiento de su riesgo, la capitalización de ciertos bancos europeos y el apoyo para que la economía helénica volviera a crecer.

Tales buenas intenciones se han quedado en la esfera de propósitos compasivos y no de realizaciones concretas, mientras Italia parece haber sido financieramente contagiada, haciéndose evidentes sus problemas estructurales de vieja data.

Originalmente, se estimó que el peligro del contagio griego hacia otras economías era altamente probable, especialmente para el caso de España, sin dejar de ser considerada Italia e inclusive atrevidamente Francia. Así, en un entorno de dificultades políticas y de deuda por parte del gobierno americano, la fragilidad financiera europea se acrecentó, especialmente en el ámbito de la liquidez y la solvencia de los bancos europeos, así como de otras instituciones financieras expuestas a la deuda soberana de países de ese continente.

Ante esta situación, nuevas medidas económicas han sido acordadas, mientras otras siguen pendientes desde hace un año, como el último tramo de ayuda a Grecia por 8,000 millones de euros (mde)­, a la par que se han generalizado más las recetas recesivas o deflacionarias agravando los problemas de solvencia de la deuda pública, ante el regocijo de los mercados financieros y de deuda.

¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible que hombres de Estado no hayan podido tomar las medidas pertinentes para evitar el agravamiento de la deuda y la solvencia europea? ¿Hasta cuándo se seguirá transitando por un camino que lleva a más problemas? ¿Solicitará Italia pronto un programa de rescate?

Las preguntas parecen obvias, pero las respuestas se antojan un reto en el mar de un ruido explicativo que se puede juzgar insustancial o al menos redundante de las visiones convencionales. Bajo esta consideración, y el hecho de que la memoria siempre se hace corta, al menos para lo que no se desea recordar, hay que comenzar por el caso y después abordar la esfera de lo general.

Aún cuando Italia fue país fundador de lo que hoy es la UE con la suscripción, en los 50 del siglo pasado, de los Tratados de Roma sobre el mercado del carbón y el acero, sorprendentemente entró a la zona del Euro en condiciones financieras y de deuda pública de manera controvertida. En primer lugar, igual que Grecia antes de que Yorgos Papandreu tomará el gobierno, Italia cocinó (cooking)sus reportes sobre deuda pública para que pudiera cumplir con las condiciones del bloque europeo para entrar a la zona del euro.  Tal hecho era sabido, o al menos se hizo totalmente público cuando estalló la quiebra del fondo americano Long-Term Capital Management (LTCM) ¹, que obligó en 1998 al gobierno norteamericano su rescate, con el apoyo de los grandes bancos de inversión estadounidenses.

Ante tal situación, la UE y específicamente el Banco Central Europeo (BCE) debieron haber seguido de cerca el comportamiento gubernamental italiano, la aplicación de las medidas de integración y armonización económica hacia la Unión por parte de ese país mediterráneo y la evolución de su deuda pública. Tal vigilancia se debió haber acrecentado ante el regreso al gobierno del cavaliereSilvio Berlusconi, personaje harto conocido por sus triquiñuelas políticas y judiciales, y cuyos resultados económicos han significado que Italia haya tenido un magro crecimiento en los últimos años.  Hoy parece ser Berlusconi el único culpable de la debacle italiana, por su falta de credibilidad e incumplimiento de los compromisos con la UE.  No sea que el nuevo gobierno italiano encuentre en el clóset un muerto con los bolsillos llenos de deudas por pagar.

La evidente lentitud de la UE para aplicar medidas anunciadas y no aplicadas ha hecho que los mercados sean mayormente manejados por los especuladores. Esto ha provocado que la prima de riesgo de la deuda Italiana haya llegado a situarse por arriba de los cinco puntos sobre el bono alemán a diez años. Tal encarecimiento del financiamiento ha terminado por imponer mayores costos fiscales, abultando la deuda pública y generándole problemas de liquidez que se pueden tornar en el corto plazo en problemas de solvencia, como ha sucedido antes en los casos de Irlanda, Portugal y Grecia.

Por otra parte, el empecinamiento de la UE por no darle plena seguridad y liquidez a los mercados de deuda soberana de los países europeos, con la operación del BCE como autentico banco central y prestamista de última instancia (lender of last resort), ha hecho que los precios de los bonos caigan y los rendimientos esperados suban. Tal resultado ha afectado adversamente la exposición de deuda de los bancos, obligándoles a capitalizarse perversamente por la vía de la propia UE, auto-imponiéndose ésta, pasmosamente, mayores obligaciones y necesidades de fondeo. Este fondeo cada vez que se incrementa debe ser autorizado por todos los miembros de la zona del euro; Proceso institucionalmente lento.

No menos importante para explicar el vaticinio de crisis que la UE ha ido haciendo realidad es la prescripción la conjetura de que con menos crecimiento y más desempleo se sanean las deficitarias cuentas públicas y se mejoran los negocios de los bancos, evitándose con ello la especulación financiera y sentándose las bases para el progreso económico sostenido.  En el absurdo, se parte del supuesto de que sin crecer se pueden pagar deudas crecientes.  Ya vendrá el tiempo, se asume, que el caballo aprenda a no comer y estar
más sano.

Denodada y sistemáticamente la UE se ha ido imponiendo cargas financieras que cada vez son más difíciles de solventar, desgastando su capacidad monetaria y política hasta llegar al riesgo extremo de agotar su poder institucional. Con Italia, la UE corre el riesgo de acabar no sólo con el proyecto del euro, sino también destruir el sueño integracionista continental de Jean Monet, Robert Schuman,Winston Churchill, Konrad Adenauer y millones de europeos más².

Capitalizar a los bancos europeos ahora, según se ha oficializado, ronda los 120,000 mde, aplicar el paquete de rescate futuro de Grecia conlleva otro tanto, y la recompra de deuda soberana ha significado que Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) disponga de recursos del orden de 440,000 mde más. Sin embargo, algunas fuentes estiman que la recapitalización real de los bancos, aun sin la afectación por la situación Italiana, podría requerir el equivalente del fondo original de estabilización.  En ese escenario, el billón de euros prometido para enfrentar la falta de credibilidad y la especulación de los mercados estaría agotado.

Italia es la tercera economía de Europa, con un mercado de bonos de alrededor de dos billones de euros, siendo el tercer mercado en la materia después de EU y Japón (NY TIMES, November 10). Además, Italia enfrenta una situación de deterioro creciente de su solvencia financiera, con una tasa de interés de los bonos públicos que ha llegado a 7%. Así, la prima de riesgo de sus bonos con respecto a los bonos alemanes a 10 años ha llegado a estar arriba de los 500 puntos base (Cuadro 1), que es el nivel alcanzado cuando Grecia, Irlanda y Portugal tuvieron que ser rescatados por la UE (El País, 10 de noviembre).

Sin haber presentado en apariencia mayores problemas previamente, la deuda pública Italiana es un poco más del 120% de su Producto Interno Bruto (PIB), porcentaje menor al griego, pero teniendo una deuda total de alrededor de 2.7 billones de euros, superior a la deuda francesa, y casi siete veces la deuda del país helénico (Cuadro 2). Dada su importancia económica y la magnitud de sus indicadores financieros y de deuda, Italia no sólo es un riesgo en sí, sino un riesgo para la supervivencia inmediata del euro y consecuentemente de la UE. Aún más, el mismo BCE podría correr el riesgo de ser insolvente si para rescatar a Italia la UE tratara de aplicar las mismas medidas hasta hoy empleadas para salvar a Irlanda, Portugal y Grecia.

Bien enfatizó el ex presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, en entrevista al diario español El País, “Dije en julio que el euro estaba al borde del abismo. Lamento haber tenido razón”.

Europa no tiene tiempo para deliberar si llama o no a los bomberos para que apaguen el incendio italiano; las alarmas, los extinguidores, las rutas de escape sirven cuando ya ha estallado el fuego, no para prevenirlo. Son las ideas y sus acciones, no las buenas intenciones, las que deben cambiar, no hacerlo ya sería desastroso y costoso para todos, incluidos Francia y Alemania.

1/ En el Board del LTCM participaban Myron Scholes y Robert C. Merton quienes compartieron en 1997 el Premio Nobel de Economía.
2/ Winston Churchill es considerado como uno de los padres de la Unión Europea, a pesar del fuerte sentimiento
antieuropeo de integración por parte del Reino Unido.

En los últimos años, el término governance (gobernanza) se ha hecho altamente visible en el ámbito de los negocios, la academia, los organismos internacionales y el léxico político de buen número de países, especialmente de habla hispana.  De esta manera, la gobernanza es un concepto relativamente reciente en países como México.

El origen de la expresión governance, aunque de raíces latinas, es inglés, remontándose al siglo XVI. Desde mediados de los 80 del siglo pasado, el término adquirió importancia en el Reino Unido ante la preocupación pública sobre la manera y forma en que son internamente gobernadas las corporaciones (corporate governance).  El término adquirió gran relevancia a raíz del Cadbury Report que se centró especialmente en el área financiera del corporate governance de las empresas británicas.  El impacto internacional del reporte, dirigido por Adrian Cadbury, fue replicado en varios países, especialmente europeos, generándose finalmente un nuevo campo de análisis, investigación y servicios profesionales sobre el gobierno de las empresas, según su board (consejo), vinculo del Chairman (presidente) y el Chief Executive Officer (director o gerente general), sistema de financiamiento, sistema legal, rol de los sindicatos, entre otros varios aspectos.

El tema del corporate governance –llamado en México “gobierno corporativo (sic)”– adquirió relevancia mundial a principios del nuevo milenio, como consecuencia de los escándalos financieros de Enron, WorldCom, sólo por señalar dos empresas financieramente problematizadas de gran tamaño de EU. Como resultado de tales problemas y para prevenir conductas adversas de los directivos hacia los dueños y otros interesados, se generaron nuevas disposiciones regulatorias sobre las empresas en bolsa, con la denominada Ley Sabarnes-Oxley, que se concentranró particularmente en la supervisión y auditoría financiera.

Así, lo que comenzó siendo netamente un asunto interno y esencialmente privado de las corporaciones (corporate governance), en el que se identificaron dos intereses contrapuestos, el de los gerentes (agent) y los dueños (principal), evolucionó involucrando a los stakeholders (otros interesados), para terminar en una cuestión de interés público concerniente a la legislación y la regulación.  Finalmente, se acabó por reconocer el límite legal y jurídico que el interés privado tiene en relación al interés general y como éste debe ser tutelado por el estado, aún en el caso del corporate governance.

En el ámbito público, el concepto de gobernanza (governance) ha sido promovido por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre otros organismos internacionales, a partir de definiciones prescriptivas o de orientación de la acción gubernamental y de las políticas públicas en consideración a los intereses generales y no sólo a los intereses privados.

El Banco Mundial define la gobernanza como el ejercicio de la autoridad política en el uso de los recursos institucionales para manejar o administrar los problemas y asuntos de la sociedad. En tanto el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) establece la gobernanza como la manera en que el poder es ejercido en la administración de los recursos sociales y económicos para el desarrollo. La OCDE considera que la buena y efectiva gobernanza pública ayuda a fortalecer la democracia y los derechos humanos, promueve la prosperidad pública y la cohesión social, reduce la pobreza, fortalece la protección ambiental y el uso sustentable de los recursos naturales, profundizando la confianza en el gobierno y la administración pública.

Dado que todo gobierno debe atender y enfrentar diversos intereses, siendo relevante el suyo propio, la gobernanza debe ser conceptualizada como el modo, forma o procedimientos bajos los cuales se gobierna adecuadamente, de acuerdo a diversos intereses y fuerzas sociales e institucionales.

De manera también extensiva, la gobernanza es definida por la Comisión de la Unión Europea (UE) como un conjunto de normas, procedimientos y prácticas relativos a la manera en que la UE utiliza los poderes que le otorgan sus ciudadanos, para la formulación y aplicación de políticas públicas más eficientes y coherentes, que permitan establecer vínculos entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones europeas y hacer más eficaces las políticas, para acercar las instituciones a los ciudadanos.

De acuerdo a la evolución del tema de la gobernanza y de las posiciones de los organismos internacionales, es indiscutible que involucra de manera directa la acción del gobierno, tanto en materia de sus políticas, como de la propia administración pública. De igual forma, que comprende los intereses de la sociedad y concierne a la democracia, aspectos que cada día parecieran menos atendidos, al menos como manifestación de indignación social frente a la crisis que avasalla a buen número de países.

En tanto la gobernabilidad (governability) está netamente referida al ámbito político, la gobernanza (governance) se refiere al modo, forma o procedimientos bajos los cuales se gobierna la rex publica (cosa pública). Sin embargo, dado que todo gobierno debe atender y enfrentar diversos intereses, siendo relevante el suyo propio, la gobernanza debe ser conceptualizada como el modo, forma o procedimientos bajos los cuales se gobierna adecuadamente, de acuerdo a diversos intereses y fuerzas sociales e institucionales. Ello bajo el principio de una democracia participativa.

Sin embargo, dado que no en todas las actividades económicas y sociales están involucrados intrínseca y explícitamente con la misma intensidad los intereses privados y generales, es obvio colegir que la gobernanza, y por lo tanto las políticas públicas y de regulación, puede tener una profundidad diferente en cada caso específico. De igual manera, es posible que las decisiones políticas y sus compromisos ideológicos puedan orientarse a establecer un sistema de gobernanza que no corresponda razonablemente a los intereses en juego.

Por ejemplo, en el primer caso, hay actividades económicas en las que el interés privado puede y debe prevalecer sobre el interés general, por lo que su regulación ni es profunda, ni extensiva. Tal sería el caso de organizaciones en las que la voluntad de partes sobresale en relación a consideraciones de terceros, como serían las cooperativas. Caso contrario sería por ejemplo la producción de medicinas, la prescripción de las mismas o los servicios de salud.

A contra sensu, es posible que ideológicamente o por mandato electoral un gobierno considere que hay que desregular ampliamente actividades con alto riesgo para el interés general, como serían los bancos, las actividades de crédito, fondos de pensiones, bajo el principio de que una mano oculta los hará necesariamente eficientes por la vía de la competencia y apetencia particular, en bien de la ciudadanía. En contraste, es posible que al mismo tiempo mantenga una regulación que garantice una estructura de mercado relativamente oligopolizada, como serían los servicios de televisión o comunicación telefónica.

Para elucidar qué, cómo y para quién opera un determinado sistema de gobernanza es necesario contar transparente y oportunamente con la información que permita conocer a la ciudadanía en bien de quién se gobierna, o dicho de otra manera a favor de quién no se gobierna.

Así, el dilema de si se gobierna de acuerdo al interés general o si se considera de mayor relevancia el interés privado, de grupo, gremial, o de poderes facticos es un asunto de la gobernanza, inscrita en un marco ideológico, político, de gobierno específico, y de poderes establecidos, pero también de la participación de la sociedad en un tipo específico de democracia. Sin embargo, para elucidar qué, cómo y para quién opera un determinado sistema de gobernanza es necesario contar transparente y oportunamente con la información que permita conocer a la ciudadanía en bien de quién se gobierna, o dicho de otra manera a favor de quién no se gobierna. Sólo con la información adecuada la sociedad puede exigir la rendición de cuentas (accountability) y hacer que el sistema de gobernanza provea lo que prescriptivamente se esperaría como sus resultados.

En este último aspecto radica el hecho de que no hay necesariamente una gobernanza buena o mala, sino si cumple o no con los fines que constitutiva y enunciativamente le dan origen y vida, es decir con las reglas de juego establecidas y con el juego en sí. Aunque es posible que perversamente se ofrezca la persecución de un fin y se busque realmente otro, o se prometa un resultado y se logre otro totalmente opuesto. En cualquier caso, una gobernanza sostenible debe ser coherente, eficiente e incluyente. La coherencia sería relativa a la correspondencia entre medios y fines. La eficiencia manifestaría la relación de recursos y resultados. La inclusión sería una condición no sólo en términos de la participación ciudadana, sino también de garantía de que ésta se identifique y participe en el ejercicio del poder gubernamental para atender a los diferentes intereses de manera consistente, es decir en tiempo y en intensidad.

Hoy, en plena crisis económica y financiera, buena parte de los gobiernos siguen sin responder al interés general, a pesar del descontento social que cada vez se generaliza más. Pareciera que el gobierno (agent) se resiste a servir y atender el bien de la ciudadanía (principal), bajo el pretexto velado de que el bien privado debe ser privilegiado. La sociedad casi globalmente reclama un nuevo pacto social, un new deal, para que el estado retome el tutelaje de los intereses de la sociedad, así como de la garantía fiduciaria que para sus bienes y posesiones debe brindar.

Como resultado de la crisis evidente a partir de 2008, en muchos países se prometió una nueva arquitectura financiera y bancaria que, con la regulación respectiva, pusiera freno a los abusos y conflictos de interés que generaron un riesgo financiero sistémico a escala global.  Los efectos de la crisis, por incapacidad, acciones tardías o decisiones políticas, han acrecentado la incertidumbre y pobreza de millones de ciudadanos, que revelan públicamente la indignación hacia sus gobiernos.

Bien dijo John Maynard Keynes: “Al mismo tiempo que mejora la organización de los mercados de inversión, aumentan, sin embargo, los riesgos del predominio de la especulación. Los especuladores podrían no resultar perjudiciales si fueran como burbujas dentro de una corriente empresarial estable; lo grave se produce cuando es la empresa la que se convierte en una burbuja en medio del desorden especulativo”.

Hombres como Warren Buffet, una de las personas más ricas del mundo por sus operaciones financieras, ha propuesto que los más ricos paguen más impuestos, comprendiendo, así, que sólo el interés privado puede ser garantizado lícitamente si los intereses generales, es decir de la mayoría, están razonablemente atendidos. Ello es, sin duda, una visión simétrica y honesta de lo que debe ser la gobernanza: la garantía de lo general, para garantizar lo particular.

En México al menos sucede lo que bien decía el viejo maestro de economía de Cambridge:

“[ ] los principios del laissez-faire (dejar hacer, dejar pasar) han tenido otros aliados, además de los manuales de economía”.