Política

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Silvano Aureoles afirmó que la idea es que el próximo jueves queden aprobados tanto el acuerdo como la convocatoria correspondiente.

Ciudad de México.- El presidente de la Junta de Coordinación Política Silvano Aureoles Conejo confío en que el próximo jueves trece se discuta y vote en la sesión del Pleno la convocatoria para elegir a los once consejeros del Instituto Nacional de Elecciones (INE).

“Hoy abordamos la ruta para desahogar la convocatoria para elegir los consejeros del INE. Se entregó ya una propuesta, un anteproyecto. Está en elaboración un acuerdo que incluye cuál es el contenido y característica de la convocatoria y el procedimiento que utilizará la Junta para desahogar la parte que le toca y que estará lista este miércoles doce, un día antes de la sesión, anticipó.

En conferencia de prensa, Silvano Aureoles afirmó que la idea es que el próximo jueves queden aprobados tanto el acuerdo como la convocatoria correspondiente.

Dijo que a más tardar el 30 de abril debe quedar desahogada la integración del Consejo del INE. “Se espera que podamos cumplir con ello, seguramente haremos algunos ajustes al calendario para no llegar hasta el final de la conclusión del periodo y que quede debidamente desahogado este asunto”.

Recordó que la reforma político-electoral establece que el Comité Técnico de Evaluación (CTE), para seleccionar a los consejeros se conformará con siete integrantes, dos propuestos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dos por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y tres que resolverá la Jucopo.

Indicó que en mayo deberán haber concluido los trabajos de las leyes reglamentarias, por lo que descartó que tengan que irse hasta Junio.

“Estamos en el tiempo adecuado, lo tenemos que hacer pronto para que los estados puedan adecuar su legislación, además de la integración de los órganos locales correspondientes”, afirmó.

Además, informó que la Junta de Coordinación Política acordó enviar a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), así como a la Comisión Nacional de Derechos humanos, el dictamen que busca regular marchas y manifestaciones en el Distrito Federal, para que emitan su opinión al respecto.

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La mayor estrella del firmamento panista, Ricardo Anaya, aseguró que se debe aplicar “todo el peso de la ley; que se aplique el Estado de derecho”.

Ciudad de México.- El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés (PAN), afirmó que es inaceptable y condenable la agresión que sufrió ayer en Michoacán el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, por parte de presuntos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Inaceptable y condenable la agresión contra Emilio Chuayffet en Michoacán. Pendiente sanción a maestros que faltan a clases.

Maestros disidentes persiguieron y apedrearon ayer lunes los vehículos en los que viajaba el funcionario federal, al término de un evento de la Universidad Michoacana, en Morelia, en rechazo a la reforma educativa que entró en vigor el año pasado.

“Es definitivamente inaceptable y condenable la violencia al secretario de Educación Pública”, dijo el diputado presidente en declaraciones a la prensa.

También cuestionó a “aquellos maestros que en lugar de dar clases en el salón a los niños, están manifestándose y dejando a los niños sin clases”.

Ante esta situación, afirmó que se debe aplicar “todo el peso de la ley; que se aplique el Estado de derecho”.

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Militantes Unidos PAN, Mujeres SÍ y Democracia Real solicitaron una campaña justa, propositiva y democrática a los posibles candidatos de Acción Nacional.

 

Ciudad de México.- Militantes del Partido Acción Nacional (PAN) exigieron a la Comisión Organizadora de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), que establezca condiciones equilibradas para una participación justa de los candidatos.

A nombre de Militantes Unidos PAN, Mujeres SÍ y Democracia Real, Alexandra Utrilla dijo en entrevista que quienes logren su registro deben tener la oportunidad de desarrollar una campaña propositiva, democrática y constructiva que beneficie a todos, sobre todo a los militantes, y que se lleve a cabo sin insultos.

Resaltó que, por ello, “los militantes también exigimos a los candidatos que sus campañas sean en todo momento respetuosas, tolerantes y pacíficas, porque no es aceptable una campaña basada en el insulto ni en las descalificaciones, porque ello no corresponde a la democracia del PAN”.

Consideró que se requiere elegir a un nuevo presidente que tenga experiencia, que dé resultados, que tenga trayectoria y sea democrático, pero sobre todo que entienda las necesidades de los militantes y los ciudadanos.

Por separado, a nombre de #PoderALMilitante, Raúl Paredes recordó que el Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó el viernes pasado el reglamento del CEN del PAN, por lo que todos los acuerdos que tome la Comisión Organizadora de la elección del próximo jefe nacional serán válidos.

Agregó que espera que una vez instalada la Comisión Organizadora, que preside Francisco Garate, a la brevedad sea emitida la convocatoria para elegir al primer presidente nacional que será electo por el voto directo de la militancia panista.

Reiteró el voto de confianza a los integrantes de la Comisión Organizadora de la Elección, porque “sabemos que harán un trabajo imparcial, transparente y ético”.

De la misma forma, solicitó a todos los aspirantes a la presidencia nacional del partido que mantengan un nivel de debate a la altura de Acción Nacional y dejen de lado las descalificaciones, que sólo dañan al instituto político.

El PAN después de este proceso ratificará ante sus militantes y ciudadanía que es un partido de tradición, cultura y vocación democrática.

— Acción Nacional (@AccionNacional) febrero 11, 2014

 

 

El Semanario Sin Límites, con información de Notimex.

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Las modificaciones hechas al sistema incluyen la figura de Cátedras Conacyt, que son las plazas académicas del consejo comisionadas a las distintas instituciones y entidades de investigación.

Ciudad de México.- ElConsejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación las reformas al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) para incluir las cátedras Conacyt y extender de manera automática la distinción de investigadores nacionales.

Con esta reforma, que entrará en vigor mañana, se incluye la figura de Cátedras Conacyt, que son las plazas académicas del consejo comisionadas a las distintas instituciones y entidades de investigación.

El documento también indica que los investigadores nacionales de 65 años o más con al menos 15 años de antigüedad en el sistema se les renovará la distinción de manera automática, por una sola ocasión, hasta por 15 años, salvo expresa renuncia del investigador; mientras que antes tenían que solicitar la extensión.

Esta disposición será aplicable de manera retroactiva para aquellos investigadores que no hayan solicitado su renovación durante 2013, considerándose como renovada su distinción.

Fuente: Notimex.

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El ex titular de la Conagua José Luis Luege Tamargo indicó que ese suelo no es apto para construir pistas de aterrizaje.

 

Ciudad de México.- “Es una locura, una estupidez, llevar a cabo un proyecto de ese tipo en esa área del Valle de México” dijo el ex director de la Comisión Nacional del Agua  (Conagua) José Luis Luege Tamargo al mismo tiempo que aseguró que si el mandatario Enrique Peña Nieto lleva a cabo la construcción de un aeropuerto internacional en los terrenos del ex Lago de Texcoco, ya que es una zona de reserva ecológica y no es apta para albergar pistas aéreas.

Después de que Luege Tamargo asistió a Ecatepec para hablar sobre los problemas de agua que existen en el Valle de México, dijo que la administración pasada del  ex presidente Felipe Calderón Hinojosa dejó parado el proyecto de construir una reserva ecológica en el Lago. Sin embargo, en la gestión del presidente actual se comenzaron a tener pláticas y gestar la construcción del aeropuerto en medio de dicha zona.

El ex titular de la dependencia informó que con un aeropuerto se aceleraría la urbanización en la zona oriente del Estado de México.

Luege Tamargo  aseguró que  siempre ha estado en desacuerdo y en contra de la construcción  en esta reserva “Se requiere una oposición muy fuerte de la ciudadanía, así como de los diputados y senadores para frenar el proyecto aeroportuario en la reserva ecológica de Texcoco”.

Pese a los dimes y diretes que se suscitaron en el sexenio de Vicente Fox por crear un aeropuerto, explicó que el ex mandatario quería edificar la obra en tierras de San Salvador Atenco y “Peña en medio de lagunas, lo que es un grave error”.

“Antes de construir un aeropuerto en esa zona es urgente la recuperación ecológica del Lago de Texcoco, porque la Ciudad de México y la zona metropolitana se están quedando sin agua” advirtió Luege.

Estas declaraciones surgieron después de que Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dijera que quería ampliar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) pero hacia terrenos del oriente de la actual terminal aérea, en una zona aledaña al ex Lago de Texcoco, lo cuales tienen una extensión de más de siete mil hectáreas y son aptos para poder edificar la ampliación.

Lo más seguro es que sea parte en el Distrito Federal y parte en otros municipios. Pero ese sería el tema, explicó el funcionario.

El Semanario Sin Límites con información de agencias.

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El enganche de mujeres o personas a través de redes sociales como Facebook, para la explotación de estas, conllevará condenas de hasta 52 años de cárcel, luego de que el Senado avanzó ayer con ley de trata de personas.

 

Ciudad de México.- Las comisiones unidas de Derechos Humanos; Contra la Trata de Personas y de Justicia reformaron la ley en materia de combate a la trata de personas, a fin de establecer los tipos penales, sanciones y  circunstancias agravantes, que “permitan tutelar el libre desarrollo de la personalidad que se  deriva de la dignidad humana”.

Mediante estas reformas hechas en la Cámara Alta se incrementan las penas y se amplían las conductas ilegales, que en los casos más graves serán merecedores de hasta 52 años de cárcel.

Los senadores acordaron modificar la denominación de este ordenamiento para quedar como Ley General en Materia de Trata de Personas, pues consideraron  importante que el nombre sea “lo más conciso posible”, a efecto de facilitar  la tarea de sus operadores y evitar errores.

Refirieron que los cambios realizados derivan de las reuniones que sostuvieron con representantes de la academia, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, especialistas en el tema, además de autoridades en materia de procuración y administración de justicia.

Hicieron notar que la ley vigente no identifica “de forma correcta” el bien jurídico tutelado sino que establece seis bienes distintos: vida, dignidad, libertad, integridad, seguridad y libre desarrollo, lo que implica que para cometer el delito de trata de personas, necesariamente se deben poner en peligro o lesionar todos y cada uno de éstos.

“Por ello es necesario identificar de forma correcta el bien jurídico protegido por esta norma”, explicaron los legisladores.

En este sentido, señalaron que se busca distribuir competencias y formas de coordinación en materia de protección y asistencia a las víctimas e incluir criterios rectores en la prevención, atención, investigación, procesamiento y sanción para la protección integral de los derechos humanos.

En este sentido la senadora panista Adriana Dávila Fernández, Presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas aseguró que “en este ejercicio legislativo se partió de una ley que en su momento fue útil porque hizo visible la necesidad de un instrumento jurídico para atacar el problema. Sin embargo, a la luz de su análisis y estudio eran necesarias e impostergables las modificaciones para fortalecer este marco jurídico”.

Es por eso que instituyeron elementos que permitirán reparar el daño a las víctimas de manera integral, adecuada, eficaz, efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida.

Otro de los aspectos relevantes que destacaron fue el establecimiento de competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas entre los tres niveles de gobierno, así como los tipos penales y sus sanciones.

De esta manera, acordaron castigar con 10 a 25 años de prisión y con 5 mil a 50 mil días de multa a quienes para sí o para un tercero, consigan, capten, enganchen, transporten, trasladen, alojen, reciban, retengan, entreguen, oculten, recluten o transfieran a una persona con el fin de su explotación.

También, se sancionará con pena de 15 a 30 años de cárcel y con mil a 30 mil días de multa, a quienes exploten o se beneficien de la prostitución ajena, la pornografía, la exhibición pública o privada de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra conducta de este carácter.

Además, se condenará con 10 a 15 años de prisión y de mil a 30 mil días de multa, a quien someta o engañe a una persona para realizar cualquier servicio sexual o acto pornográfico.

Los legisladores establecieron un castigo de 5 a 15 años de prisión y de mil a 30 mil días de multa para aquellos que elaboren, comercien, envíen, distribuyan, expongan, exhiban, circulen u oferten un libro, revista, escrito, grabación, filme, fotografía, anuncio impreso, imagen u objeto, de carácter lascivo o sexual, real o simulado y que tengan su origen en la explotación de una persona.

En el dictamen se indica que se sancionará con 15 a 30 años de cárcel y con 2 mil a 60 mil días multa, al individuo que procure, promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o induzca por cualquier medio a una persona menor de 18 años de edad a realizar de forma real o simulada un acto sexual, de exhibicionismo corporal de carácter lascivo o sexual.

Además, se aplicará la misma pena a quien financie, almacene, distribuya, comercialice, venda, compre, adquiera, intercambie, comparta, arriende, exponga, publicite, transmita, difunda, importe o exporte, elabore, reproduzca por cualquier medio ese material.

La explotación de una persona para trabajo forzado o su utilización para un conflicto armado se castigará con diez a 20 años de prisión y con cinco mil a 50 mil días de multa.

En el documento se precisa que dichos delitos serán sancionados cuando se efectúen mediante amenaza, uso de la fuerza u otra forma de coacción, engaño, seducción, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, ofrecimiento, concesión o recepción, por un pago o beneficio a un tercero que ejerza dirección, influencia o autoridad sobre otra persona.

Las penas previstas aumentarán hasta en una mitad cuando el inculpado tenga una relación familiar, parentesco por consanguinidad o civil hasta el tercer grado o hasta el segundo grado por afinidad, habite en el mismo domicilio o haya tenido relación sentimental con la víctima.

De igual forma, cuando el procesado sea servidor público, haya sido condenado con anterioridad por trata de personas, se sirva para la comisión del delito de una persona jurídica, pertenezca a un refugio, albergue y casa de transición o forme parte de una organización de la sociedad civil vinculada a la atención de víctimas del delito.

Por otro lado, se considera en la Ley como publicidad ilícita a aquella que se utilice –por cualquier medio–  para la comisión de un delito previsto en esta Ley.

En tanto, se establece como publicidad engañosa a la información que pueda propiciar que se capte, reclute o enganche a una persona para la comisión de del delito de trata de personas.

Se acordó que sea la Procuraduría General de la República elabore el Programa de Protección a Víctimas y Testigos de los Delitos, a fin de ofrecer cambio de identidad y reubicación a los afectados y declarantes, cuya integridad pueda estar amenazada.

El gobierno federal contará con una Comisión Intersecretarial que tendrá como objetivo facilitar la coordinación en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones entre las dependencias y las entidades en materia de trata de personas.

Al respecto, Dávila Fernández precisó que el análisis a la ley general vigente no fue hecho “a la carrera o al vapor” y los cambios realizados son responsables “producto de meses de trabajo” que buscan establecer pautas específicas para enfrentar ese ilícito en México.

La senadora precisó que después de doce meses de labores los integrantes de la Comisión presentan este dictamen, respaldados por 74 senadores y senadoras de todos los grupos parlamentarios.

Destacó que para la revisión y perfeccionamiento de la ley vigente se creó un equipo técnico conformado por asesores, además se invitó a expertos, autoridades del gobierno federal y organizaciones civiles naciones e internacionales, quienes manifestaron su opinión sobre cómo  garantizar la certeza jurídica y el respeto escrupuloso a los derechos fundamentales de las personas.

“No se debe olvidar que la responsabilidad de los legisladores es revisar y perfeccionar los instrumentos jurídicos para disminuir los riesgos de impunidad por todo aquello que no contempla la ley y que está sujeto a interpretación”, finalizó.

Por su parte, la senadora perredista Angélica de la Peña Gómez, titular de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que la reforma parte del conocimiento de que el fenómeno delictivo de la trata de personas requiere de un estudio particularizado, dada la gravedad que se genera en las victimas al recibir un daño en el libre desarrollo de su personalidad.

Es por ello, agregó, que en el dictamen hay un gran avance en los mecanismos de protección para las víctimas, porque se establece un lenguaje incluyente, que permite visibilizar a los grupos en especial situación de riesgo.

Dijo que la propuesta recoge los parámetros y directrices internacionales para la prevención de este tipo de delitos. “Una de las aportaciones más novedosas consiste en establecer estrategias dirigidas a combatir la demanda y a modificar patrones culturales abusivos y misóginos”, explicó.

Con esta reforma todos los servicios gubernamentales y programas especializados se encuentran enfocados en que las victimas logren una verdadera reintegración a la sociedad, a través de una política pública de restitución de derechos y el fortalecimiento de la autonomía que les permita reconstruir su proyecto de vida, afirmó.

La senadora del PRI Arely Gómez González expresó que las reformas buscan establecer nuevos criterios para superar las dificultades a las que se enfrenta el sistema de justicia, ya que la sanción de los responsables ha sido complicada tanto para la autoridad encargada de la investigación como para la jurisdiccional.

Dijo que los cambios a la redacción normativa de los tipos penales contribuyen a la consolidación de un pacto social justo y solidario para todos los mexicanos, pues se busca generar un sistema de normas penales que efectivamente protejan a las víctimas, los bienes jurídicos tutelados y sancionen a los responsables.

Subrayó que el dictamen pretende establecer redacciones que posibiliten la eficacia en las sanciones penales a los sujetos activos de los delitos; generar armonía de criterios en asistencia, prevención, protección, reparación del daño; ampliar los supuestos normativos; lograr que los tipos penales sean efectivos y las sanciones proporcionales al daño.

“Dotar a las autoridades correspondientes de las herramientas eficaces para combatir las redes de trata y explotación de personas es urgente, por lo que no debemos dejar pasar la oportunidad de hacer un pronunciamiento que condene en todo momento la reducción del ser humano a un objeto para la satisfacción de otros”, puntualizó.

Para el presidente de la Comisión de Justicia Roberto Gil Zuarth, el propósito fundamental del dictamen es perfeccionar los tipos penales y mejorar las condiciones de intervención de la autoridad para la defensa y protección de los derechos de las víctimas.

El senador panista informó que estos cambios atienden en buena medida los espacios de impunidad para quienes están siendo perseguidos o procesados, ya que entiende que el principio de dignidad es fundamental, pues le da sentido y sustento al libre desarrollo de la personalidad.

Dijo que las reformas hacen un conjunto de precisiones en los medios comisivos del delito, las cuales van a permitir a la autoridad ministerial en primer lugar y posteriormente a los jueces, tener una respuesta mucho más eficaz para la sanción y persecución de estos delitos.

“Las precisiones técnicas que se han construido en este dictamen no solamente son pertinentes, sino que abonaran efectivamente a un combate mucho más eficaz de los delitos de trata, pero sobre todo a un efecto pedagógico de prevención en el largo plazo”, apuntó.

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La instalación se llevó a cabo a las 19 horas en la sala de sesiones del Comité Ejecutivo Nacional, en la que estuvieron presentes seis de sus siete integrantes.

Ciudad de México.- La Comisión Nacional Organizadora se instaló esta tarde de manera formal para comenzar los trabajos de la renovación de la Dirigencia Nacional del Partido Acción Nacional.

El Instituto Federal Electoral aprobó el pasado viernes 7 de febrero el Reglamento del Comité Ejecutivo Nacional, requisito indispensable para que pudiera instalarse formalmente esta Comisión Organizadora.

La instalación se llevó a cabo a las 19 horas en la sala de sesiones del Comité Ejecutivo Nacional, en la que estuvieron presentes seis de sus siete integrantes.

La Comisión ha asumido el compromiso de llevar a cabo un proceso pulcro, cuya organización y desarrollo será escrupuloso de los principios y valores que inspiran al PAN.

Entre sus tareas estará promover condiciones de diálogo abierto y permanente para quienes decidan participar en esta elección, a fin de generar una competencia equitativa.

Asimismo, buscará incentivar la participación de todos los panistas, mediante el absoluto respeto a los principios de Acción Nacional y generar condiciones para que se realice una contienda de ideas y propuestas.

El PAN después de este proceso habrá de ratificar ante sus militantes y la ciudadanía que es un partido de tradición, cultura y vocación democrática.

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La próxima reunión de la Alianza del Pacífico será en Punta Mita, Nayarit.

Ciudad de México.- El presidente, Enrique Peña Nieto, arribó la madrugada de este martes al hangar presidencial, después de su visita de trabajo a Cartagena, Colombia, donde participó en la octava Cumbre de la Alianza del Pacífico.

México asumirá en el primer semestre de este año la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico de manos de Colombia y será sede de la Novena Cumbre en Punta Mita, Nayarit.

En esta octava Cumbre, los cuatro países que la integran, México, Colombia, Chile y Perú dieron “luz verde” al protocolo adicional que permitirá una desgravación de 92 por ciento en los productos y servicios, mientras que el resto será a mediano y largo plazo.

Al participar en una conferencia de prensa conjunta con los mandatarios de Colombia, Chile y Perú, el Presidente Peña Nieto afirmó que el protocolo adicional del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico firmado hoy, “se vuelve el mecanismo de integración más innovador que México haya suscrito en los últimos años, desde la firma del Acuerdo de Libre Comercio con América del Norte”.

Manifestó que “significará para nuestros países, la oportunidad de generar más empleos, de lograr una mayor movilidad en el comercio, en los servicios, en las personas, y en donde ya empezamos a apreciar beneficios todos los países que estamos firmando”.

Lo anterior, explicó, a partir de medidas que para la firma del protocolo se han venido tomando como la eliminación de visas entre los países signatarios, lo cual ha incrementado el turismo a los miembros de la Alianza del Pacífico.

Todo ello estará contribuyendo a generar una mayor derrama económica, un mayor crecimiento económico y, en consecuencia, condiciones de mayor bienestar para los habitantes de nuestras naciones, aseguró. Con “este acuerdo ahora nos preparamos para hacer de esta región que integra la Alianza del Pacífico, una más productiva y más competitiva”.

Destacó que son ya 30 los países observadores de la Alianza con los que se ha acordado encontrar espacios de involucramiento, de integración y de acuerdo en varios aspectos y temas que se abordan “y en donde los países observadores puedan, eventualmente, tener interés por encontrar un clima de reciprocidad y de acuerdo, para fines de comercio y de servicios”.

En el marco del segundo y último día de actividades de la Octava Cumbre de los países miembros de este mecanismo de integración regional, el Mandatario mexicano reconoció la “muy valiosa participación de empresarios de los cuatro países que le han impreso vitalidad y que han acompañado este acuerdo”.

Precisó que en el aspecto comercial permitirá que pequeñas, medianas y grandes empresas puedan establecer una mayor producción y, “por supuesto, competir dentro de este gran mercado”.

Tras señalar que la Alianza del Pacífico está generando grandes expectativas y visibilidad en el mundo, expresó que “éste es un gran instrumento, un gran acuerdo, de gran trascendencia y de gran relevancia”.

Sobre el Protocolo de Inversión, de Comercio y de Servicios, adicional al Acuerdo Marco suscrito hoy, dijo que representa, sin duda, “un momento histórico de esta relación que hacemos los cuatro países que integramos la Alianza del Pacífico”.

Éste deriva, precisó, de largas negociaciones y acuerdos que se han llevado a cabo y que, una vez ratificado por el Congreso, o el Senado de los países firmantes, permitirá la desgravación de prácticamente el 92 por ciento de productos y servicios. Añadió que el ocho por ciento restante tendrá una desgravación gradual en un mediano y largo plazos.

El titular del Ejecutivo Federal detalló que México asumirá en el primer semestre de este año la Presidencia Pro Témpore de la Alianza del Pacífico de manos de Colombia y será sede de la Novena Cumbre en Punta Mita, Nayarit.

Antes de su intervención, el presidente Peña Nieto suscribió la Declaración de la Octava Cumbre de la Alianza del Pacífico. Por la mañana, luego de la ceremonia inaugural, firmó también, junto con los mandatarios de Chile, Colombia, Perú y Costa Rica, Laura Chinchilla, la Declaración sobre la decisión de Costa Rica de adherirse al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.

El primer mandatario se congratuló de reafirmar la participación de México en este acuerdo que “nos acerca más a la región latinoamericana; nos acerca más con países hermanos como Colombia, Chile, y Perú” e hizo un reconocimiento a los Presidentes de los países integrantes por el éxito de la Cumbre.