A pesar de la tragedia económica que, además de la contingencia sanitaria, enfrenta México por el impacto de la recesión global y nacional, persiste una paradójica política de “austeridad republicana” mezclada con la confusión de la idea de rescatar empresarios con el apoyo a empresas, sobre todo Pymes, para preservar el empleo.
Como ha puesto de relieve el ex Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona, hoy Director de la Red Global de Pobreza Multidimensional, para saber qué ocurrirá con la pobreza ante la crisis sanitaria y económica, la clave está en lo que pasará con el trabajo.
Las crisis exacerban el desempleo y la pobreza. Por eso alarma el dato de que en el primer cuatrimestre de 2020 se perdieron cerca de 494 mil plazas formales, de las cuales, más de 67% corresponde a empleos permanentes. Los pronósticos para el año estiman entre uno y dos millones de empleos formales perdidos, todo lo contrario a los supuestos dos millones de empleos que el gobierno generaría, aunque nadie sabe en qué.
Hay que considerar que, en paralelo a la pérdida de empleos formales, la Organización Internacional del Trabajo estima que ingreso de quienes están ocupados en la informalidad podría caer 60%, y más de 30 millones de mexicanos están en esa condición.
Como precedente, la crisis de 1994, que desembocó en una caída del PIB de -6.29% al año siguiente, provocó que la población en pobreza alimentaria pasara de 21% en 1992 a casi 38% en 1996. Sólo hasta inicios de los 2000 pudimos volver a los niveles previos. Tomemos en cuenta que los pronósticos para este año apuntan a una contracción de -7%, pero varios analistas los llevan hasta niveles de dos dígitos.
De ahí la importancia de utilizar las facultades y capacidades del Estado, que justamente es el instrumento de la sociedad para atender los problemas colectivos, para contener su efecto corrosivo y facilitar la recuperación. Y de hacerlo ahora que se necesita y puede tener un mejor impacto, no cuando sea ya tarde.
Como dijo la nueva Economista en Jefe del Banco Mundial, Carmen Reinhart, especialista en crisis financieras que ha analizado a profundidad las causas y efectos de catástrofes económicas a lo largo de los siglos junto con su colega Ken Rogoff: Este es un momento de hacer lo que sea necesario en políticas fiscales y monetarias a gran escala, fuera de la caja. En su visión, (primero) te preocupas de ganar la guerra y luego te preocupas de cómo pagas la deuda.
¿Endeudarse a cambio de nada?
La receta no es más austeridad. No en esta coyuntura, y menos debería serlo para un gobierno que se refiere a sí mismo como lo contrario al “modelo neoliberal”. Ni siquiera es buena prescripción para evitar que la deuda aumente. De hecho, más allá de la narrativa política, sucede lo opuesto.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria acaba de sacar un estudio, “Efectos del Covid-19 en la deuda pública”, con un diagnóstico que pone en claro la cuestión: Si se mantiene la política de austeridad, el saldo de la deuda pública podría incrementarse 15% real respecto a 2019, alcanzando niveles históricos como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), llegando a 103 mil 549 pesos por persona. Esto es sólo por la caída de los ingresos presupuestarios y el efecto de la depreciación del peso. Mientras que, aplicando una política fiscal contracíclica, mediante un aumento del gasto público en 2.6% del PIB, el saldo de la deuda tendría un crecimiento real de 21%, llegando a 108 mil 653 pesos por persona.
¿No es mejor endeudarse para salvar empleos y a la propia economía que endeudarse sin obtener nada a cambio, salvo mantener una idea de “austeridad” que se parece más a las teorías de Friedman que a las de Keynes?
De lo que se trata es de evitar que el shock de liquidez en la economía se vuelva una crisis de solvencia que dispare un círculo pernicioso en que todos pierden: las empresas cierran, sus empleados y proveedores se quedan sin ingresos, la capacidad de consumo general se estrecha, el Estado cobra menos impuestos con lo que su capacidad de gasto se contrae y se complica incluso el fondeo de los programas sociales para los grupos más vulnerables.
Podemos tener una respuesta fiscal más robusta a la emergencia sin incurrir en riesgos financieros que comprometan la sustentabilidad de las finanzas públicas. Por supuesto, siempre que haya transparencia y responsabilidad.
Una alternativa sería postergar proyectos que no son indispensables, mucho menos en un momento como el presente, como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, y usar el dinero público en lo que sí urge. Pero también hay margen para recurrir a deuda y así incrementar una inyección contra cíclica y subsidiaria del Estado mexicano en una proporción de entre 6 y 8 por ciento del PIB. Hoy, entre los anuncios oficiales de apoyos con política fiscal, a duras penas llegamos al 1%, cuando en países como Alemania o Italia la relación está en niveles de 30% del PIB. Incluso a nivel América Latina, estamos en el fondo de la lista en este punto.
Con ello se sentarían las bases para una recuperación más vigorosa, además de mitigar el golpe a la economía y a millones de familias que enfrentan una situación complicada aquí y ahora, además de la angustia por lo que vendrá en los próximos meses.
Si hay un momento para incurrir en déficit, ése es ahora. Con la ventaja adicional de que esto podría dar paso, cuando superemos la tormenta inmediata, a una necesaria reforma hacendaria integral. Preparar el terreno para los cambios que se necesitan a fin de tener un Estado más fuerte fiscalmente junto con una economía en crecimiento: impulso a la actividad económica, mayor recaudación, eficiencia en el gasto.
Como recomendó Alejandro Werner, Director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, lo procedente sería que el Gobierno Federal diseñara apoyos fiscales y que, en ese marco, planteara una reforma fiscal para financiarlos de manera saludable. Desde postergación de impuestos a trasferencias de efectivo a los afectados, lo mismo adelantar aguinaldos que subsidios al empleo y seguro de desempleo.
Destaquemos la prioridad: “En el corto plazo los programas se deben enfocar en proteger el empleo, el ingreso de las familias y también las empresas”.
¿Qué sí funciona?
México tiene programas sociales para atender a sectores vulnerables, como adultos mayores y familias en extrema pobreza. Su funcionamiento y resultados serían motivo de otro análisis; la cuestión es que hay millones de personas que están fuera de esos esquemas, y no hay algo específico para abordar el problema de millones que están viendo cómo desaparecen o disminuyen drásticamente sus ingresos.
Ahí habría que concentrar esfuerzos con dinero suficiente y programas bien enfocados y armados. En términos cuantitativos, como hemos comentado, hay margen para la acción. En lo cualitativo, la clave está justamente en el enfoque, y para ello podemos aprender de lo que están haciendo en otros países, entre lo que parece funcionar mejor.
Un buen caso de referencia es lo que ocurre en Estados Unidos, donde se han perdido ya 38 millones de empleos en nueve semanas, y no se ve una mejoría sustantiva ni con los trillonarios programas de apoyos federales, ni por el comienzo de la reapertura de actividades económicas. Todo apunta a que lo que está funcionando no es entregar apoyos directos a quienes se quedan sin trabajo, sino, primero, evitar que se pierdan esos empleos.
Así se reporta en Wall Street Journal (“Europe’s Economic Recipe for the Pandemic: Keep Workers in Their Jobs”): Algunos formuladores de políticas dicen que Estados Unidos debería seguir el enfoque europeo de los programas de subsidio salarial. Estados Unidos y Europa están luchando para proteger a los trabajadores de las consecuencias de la pandemia de coronavirus. Pero mientras Estados Unidos está tratando de suavizar el golpe para millones de personas que ya han perdido sus empleos, Europa está adoptando un enfoque diferente: evitar que las personas sean despedidas en primer lugar.
Según ese diario, los gobiernos europeos han implementado nuevos programas, o ampliado los existentes, para subsidiar la nómina de trabajadores inactivos, permitiendo a los empleadores mantenerlos en sus puestos, incluso si no hay trabajo para encargarles. Tiene sentido, y según se entiende por notas periodísticas, así lo han visto congresistas tanto demócratas como republicanos en la evaluación de por qué no han “jalado” lo suficiente sus esquemas de ayuda a negocios, en comparación con la fórmula que han elegido otros países, lo mismo Canadá y Francia que Alemania y Corea del Sur, donde el incremento del desempleo no ha sido abrupto como en Estados Unidos.
De tal forma, las nuevas iniciativas que se discuten en el Capitolio tienen que ver precisamente con un programa de subsidio salarial basado en subvenciones –no préstamos– en hasta 80% de los costos de nómina por trabajador.
Si tiene lógica allá, también la tiene para nuestro país. Aquí, la iniciativa privada es responsable de nueve de cada 10 empleos, y de estos 75% corresponden a las Pymes. Es en ese ámbito donde los problemas de liquidez pueden volverse de supervivencia del negocio y fuente de ingresos de cientos de miles de trabajadores y empresarios.
Con ese antecedente referimos y recomendamos considerar dos propuestas muy concretas: la del Salario Solidario, de Coparmex, y la del gobierno como comprador de última instancia, desarrollada por los economistas Emmanuel Saez, Director del Center for Equitable Growth de la Universidad de California-Berkeley, y Gabriel Zucman, profesor de esta misma institución.
Urge reaccionar. No es momento de atarse a guiones ideológicos. Pensemos en lo atinado de la famosa frase atribuida a Keynes: Cuando las circunstancias cambian, yo cambio de opinión.
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