De acuerdo con los resultados más recientes del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), durante el mes de marzo de 2020, 73.4% de la población mayor de edad percibió que vivir en su ciudad es inseguro. Este porcentaje muestra un cierto deterioro respecto de diciembre de 2019, en donde se registró un 72.9%.
Así, los datos oficiales sostienen que los municipios y alcaldías percibidos como más inseguros fueron: Ecatepec de Morelos (con 94.4%), Uruapan (94.1%), Coatzacoalcos (92.1%), Fresnillo (91.4%), Iztapalapa (91.3%) y Villahermosa (91.1%).
Lo que nos lleva a plantearnos, ¿qué va a pasar con todas las personas que están perdiendo sus empleos?, ya que la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha informado que entre el 13 de marzo y el 6 de abril se perdieron más de 346,000 empleos formales.
Y por su parte, el Fondo Monetario Internacional pronostica para México una caída del PIB – 6.6% en 2020. Si consideramos que con cada punto del PIB se pierden entre 200 y 250 mil empleos, estamos hablando de que, “conservadoramente”, más de 1.5 millones de personas perderán sus empleos en 2020. A los que hay que agregar la demanda de empleos de los jóvenes que se suman a la fuerza laboral año con año, equivalente a un millón de empleos más, sin considerar el rezago acumulado.
El gobierno recomienda a los trabajadores que demanden el cumplimiento cabal de sus derechos laborales. Sin embargo, les ha negado reiteradamente a los empresarios el apoyo necesario para sortear la mayor crisis de los últimos 50 años. Lo que los ha llevado a una franca confrontación política entre el gobierno de la República y las principales organizaciones empresariales del país.
Los abogados aseguran a los trabajadores que más les vale llegar a un acuerdo con sus patrones, pues de lo contrario tendrán que presentar una demanda ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje –cerrada mientras dura la pandemia–; y cuyo proceso durará al menos cuatro años para llegar a un resultado. Esto debido a que los tribunales laborales acumulan al menos 1 millón de casos pendientes, mientras el presupuesto de los tribunales se reduce consistentemente año tras año, aseveran los abogados.
EN PERSPECTIVA, México se sitúa como uno de los países más golpeados entre las grandes economías emergentes, ya que a la pandemia se ha sumado el derrumbe de los precios del petróleo, la recesión en Estados Unidos, y la cada vez más limitada capacidad del Estado mexicano de cumplir con la misión fundamental del contrato social: impartir justicia y garantizar la seguridad ciudadana.
Porque créame, estimado lector, esos millones de desempleados van a llevar comida a la mesa de sus familias a cualquier costo, sin importar lo que se tenga que hacer.
¿O tú cómo la ves?
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