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Facebook y Google van a pagar “a su manera”

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Las plataformas tecnológicas operan supranacionalmente y tienen un poderío económico frecuentemente comparable al de países completos. Gozan, asimismo, de una gran flexibilidad porque se mueven en una franja global muy pobremente regulada y los países en general carecen de un marco legal expreso para ordenar su operación. Con esta gran libertad, una de las cosas que más irrita a estos gigantes es que les traten de controlar nacionalmente, por ejemplo, mediante cobro de impuestos locales o políticas anti-monopolio. Pero las circunstancias están cambiando….

Australia ha sido el primer país (otros están en camino) que ha pasado una disposición legal, un Código de Conducta Mandatorio, con el fin de “equilibrar” el poder de negociación entre las plataformas digitales, específicamente Facebook y Google (pero podrían agregarse otras plataformas en el futuro) y los medios periodísticos. Las primeras utilizan gratuitamente las noticias que producen los segundos y, a la vez, reciben cuantiosos ingresos por los anuncios publicitarios que acompañan la retransmisión de noticias. Todo ello con el agravante de que la publicidad ha tendido a desplazarse desde los medios noticiosos a las plataformas digitales, lo que ha llevado a los medios a perder importantes ingresos que anteriormente obtenían por esta vía. A fines de 2019, se estimaba que el 70% de los ingresos generados por la publicidad digital en Estados Unidos eran captados por solo tres grandes compañías tecnológicas (Google, Facebook y Amazon). Para Australia, la agencia de competencia registraba que el 47% de todos los ingresos de publicidad en línea iban a Google y el 21% lo absorbía Facebook.

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Imagen: Times of India.

Australia decidió que estos fondos debían compartirse entre plataformas y agencias de noticias de manera de reducir el poder monopólico de ambos gigantes tecnológicos y compensar de esta manera al periodismo.

La nueva disposición requiere que Facebook y Google paguen por el contenido noticioso producido por terceros y que ellos retransmiten desde sus plataformas a las redes sociales y, aunque la negociación debe ser hecha directamente por los involucrados, se establece un sistema de arbitraje para dirimir posibles disputas. El gobierno designará al árbitro y con ello se espera eliminar el desbalance de poder de negociación entre plataformas y las agencias de noticias. En caso de que Facebook y Google no tengan acuerdos con los medios, el Tesoro de Australia puede “designarlos” para que paguen su acceso a los contenidos de noticias.

La amenaza de promulgar el Código de Negociación con los Medios de Noticias suscitó una batalla entre Facebook y el gobierno de Australia antes de ser aprobado. Facebook mostró su inconformidad ejerciendo por primera vez todo su poder monopólico para forzar al gobierno de ese país a revisar la disposición: interrumpió la transmisión de todos los contenidos informativos dentro de Australia y de este país hacia el resto del mundo durante casi una semana. Google no reaccionó del mismo modo porque no tiene la fuerza monopólica de Facebook ya que los usuarios pueden fácilmente cambiar de buscador prácticamente sin costo. De todas formas, esta compañía amenazó con salirse del mercado australiano, pero inmediatamente después cambió de estrategia y comenzó a negociar con las diversas compañías noticiosas y alcanzó varios acuerdos en forma bastante rápida (por ejemplo, con News Corp, Nine Fairfax, Seven West Media, The Guardian y la compañía de noticias ACM).

Hay que notar que esta nueva disposición de Australia, que se venía gestando desde inicios de 2020, período en que otros países también han estado discutiendo este tema, no tomó por sorpresa a estos gigantes tecnológicos. Ya la venían venir. Por ello han adoptado medidas propias para compensar “a su manera” a las industrias periodísticas sin tener que someterse a reglas establecidas por los gobiernos. A fines de 2020 Google lanzó una iniciativa para distribuir mil millones de dólares a lo largo de tres años entre las compañías del sector de noticias en el mundo (News Showcase). Facebook adoptó una política similar el mes pasado (News Tab). A mediados de febrero de 2021, Google ya había llegado a acuerdos con alrededor de 450 agencias de noticias en diversos países para pagarles mensualmente una determinada cantidad con el fin de acceder al contenido de sus noticias.

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Imagen: Sam Whitney.

Pero la resistencia de las plataformas a seguir reglas impuestas por los países es enorme. A través de su “huelga”, Facebook logró doblegar a las autoridades australianas para que modificaran varios aspectos de la propuesta que estaba prácticamente lista para someterse al Parlamento en la segunda semana de febrero de este año. Las más importantes son, primero, que las compañías digitales tendrán que ser informadas con un mes de anticipación que serán sometidas al “Código”, lo que les dará tiempo extra para negociar con las empresas periodísticas; segundo, si hay una disputa, se extiende el período de negociación voluntaria por dos meses para alcanzar un acuerdo, antes de tener que someterse a un arbitraje; tercero, tendrá que tomarse en cuenta si la empresa de noticias en cuestión ya ha sido beneficiada por un acuerdo comercial con la plataforma de la que se trate o por los programas que ésta haya lanzado para pagar contenidos noticiosos por su propia iniciativa (News Showcase de Google, News Tab de Facebook, por ejemplo); cuarto, el arbitraje se considera un recurso de última instancia.

Después de la batalla entre gobierno y Facebook, tras la publicación de la nueva ley (el 25 de febrero) todos se declararon ganadores, y de alguna forma lo son: Australia por ser el primer país que hace obligatoria una contribución de las plataformas a los medios de comunicación; las compañías periodísticas que firmen acuerdos comerciales con las plataformas; y Facebook (y de paso, Google) por haber logrado mediante un verdadero berrinche que la propuesta inicial se modificara, a manera de tener mucho mejores condiciones para evitar tener que enfrentar el arbitraje del gobierno.

Si bien Australia ha hecho historia con la ley mencionada, desde bastante tiempo antes la Unión Europea había dado pasos similares a los mencionados para el caso de Australia, aunque algo más débiles (no incluye la figura de arbitraje). En 2019, la Unión Europea modificó sus leyes de derechos de autor, que incluyen derechos conexos (neighboring rights) y, entre otras cosas, permite a las agencias de noticias exigir a las plataformas digitales que les paguen por usar sus contenidos, además requieren a las plataformas contar con una licencia para hacer uso de tal información. Francia fue el primer país europeo en implementar esta directiva, agregando para ello un capítulo a su Código de Protección a la Propiedad Intelectual a mediados de 2019.

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Imagen: Seyyed dela Llata.

No es coincidencia, por tanto, que para fines de enero de 2021, Google alcanzara un acuerdo con una importante asociación de agencias de noticias francesa (Alliance de la presse d’information générale) para pagarles fragmentos de sus contenidos. Inicialmente Google se resistió a pagar a las agencias de noticias en ese país y planeaba no retransmitir noticias provenientes de esas fuentes, pero la autoridad de competencia francesa (FCA) estimó esta acción como injusta y perjudicial para el sector de la prensa y un posible abuso de poder de mercado por parte de esa plataforma, de manera que finalmente tuvieron que negociar el pago de noticias.

Canadá, por su parte, se encuentra activamente elaborando una legislación que va en el mismo camino que Australia y Francia. El Ministro del Patrimonio (Heritage) del país, Steven Guilbeault, dijo a periodistas a mediados de febrero que “Canadá está al frente de esta batalla … estamos en el primer grupo de países en el mundo que está haciendo ésto”….“Sospecho que pronto tendremos cinco, diez, o quince países adoptando reglas similares … ¿Facebook cortaría sus lazos con Alemania o con Francia?” Esto sería, según él, “totalmente insostenible”. A ello agregó que Canadá no reaccionaría como Australia, debilitando su propuesta de ley inicial frente a un boicot por parte de Facebook, como el que llevó a cabo en Australia.

El país que no está satisfecho con la ley australiana es Estados Unidos. Este manifestó poco antes de la promulgación de la ley que “El Gobierno de Estados Unidos está preocupado que un intento, mediante una legislación, para regular las posiciones competitivas de actores específicos …. vaya en claro detrimento de dos compañías de ese país con resultados dañinos” (de la Oficina Ejecutiva del Presidente) (traducción propia). Es dudoso que Estados Unidos se embarque en promover una legislación similar a la de Australia o el Código de la UE pronto, pero si la práctica establecida se extiende a muchos otros países, incluyendo a su vecino del norte, quizás terminen por introducir estas disposiciones allí también (a menos que en Estados Unidos los aportes voluntarios que hagan las plataformas a los medios sean comparables a las que hacen en los países en que hay una ley como la descrita para Australia o Francia).

En todo caso, las nuevas reglas que fuerzan a las plataformas a pagar contenidos de las agencias de noticias es sólo un primer paso para redistribuir algo de la enorme ganancia que están haciendo estas grandes empresas a base de retransmitir contenidos o información que usualmente asimilan gratuitamente. ¿Cuál será el paso siguiente?


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López Obrador y las redes sociales

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El revuelo causado en los medios con motivo del contagio del Covid-19 del presidente de la República, Andrés Manuel López Orador, ha sido exagerado y deformado. Las redes sociales se han convertido, en éste, como en otros asuntos, en verdaderas cloacas de drenaje y los medios tradicionales –prensa impresa, televisoras y radiodifusoras– no le han ido a la zaga, en cuanto a contenidos a favor y en contra. Es cierto que en este caso se trata del jefe del Poder Ejecutivo, en un régimen presidencialista como de suyo ha sido desde los albores de nuestra Independencia, a lo que se agrega la pandemia que flagela al mundo entero, la crisis económica y vivir una etapa de transformación del sistema político, económico, social y cultural del país que se ha propuesto el propio presidente.

La algarabía mediática no encuentra sustento alguno previsto en los medios legales. La Constitución General de la República admite sólo tres casos, el de la falta absoluta del titular del Poder Ejecutivo, el de la renuncia al cargo y el de la falta temporal. En ninguna parte contempla el caso de alguna afección a la salud del funcionario que desempeñe la titularidad del cargo. Ni el de la más grave de las enfermedades conocida en la actualidad. Por tanto, no existe ninguna motivación ni fundamento para la “marimorena” –palabreja en desuso que encontré en el diccionario de María Montaner, pero que viene como anillo al dedo para este tema y que es sinónimo de alboroto o bronca– que se ha armado por el contagio del tenaz y célebre tabasqueño.

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Imagen: Aristegui Noticias.

Destaco tenaz y célebre –aunque hay que tener cuidado con los adjetivos, porque como apuntó el gran poeta chileno, Vicente Huidobro, “el adjetivo, cuando no da vida, mata”– por su larga lucha para llegar a la silla presidencial y por su popularidad inicial y sostenida a lo largo de su mandato. A ello, presumo, se debe el debate desatado entre los que lo respaldan y a quienes lo descalifican. La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, designada como relevo para continuar las conferencias mañaneras, ha tenido que hacer frente a cuestionamientos insidiosos que han llegado a “hipótesis” –así las llamó ella– extremas sobre la salud del presidente de México.

Muchos mandatarios de otros países han sido víctimas del llamado coronavirus. Iniciando con el ya expresidente Donald Trump de Estados Unidos, Jair Bolsonaro de Brasil, Angela Merkel, primera ministra de Alemania, Boris Johnson del Reino Unido, y muchos más líderes que han salido con bien de los efectos de la pandemia. Todos ellos, como en el caso de AMLO, han recibido los parabienes de sus pares deseándole su pronta recuperación y de sus seguidores que, en el caso de México, se cuentan por millones, como lo evidenció la votación más abundante en la historia para un candidato presidencial y el sostenido apoyo que manifiestan las encuestas realizadas.

Pero también han puesto en entredicho a plataformas como Facebook y Twitter, que se han manifestado como empresas privadas que operan por encima de la ley y de los gobiernos. El caso de Donald Trump, al margen de la buena o mala impresión que de él se tenga, se llegó al extremo de cancelar su cuenta y no difundir sus últimos mensajes, violando el derecho que tiene todo ciudadano en las sociedades fundadas en la democracia a la expresión de sus ideas. En este caso, no solamente privaba a un ciudadano común, sino al presidente del país más poderoso de la tierra, como demostración del poder supremo al que han llegado las redes sociales, que maniobran sin regulación alguna la opinión pública, por encima de los gobiernos de naciones soberanas.

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Imagen: The New York Times.

Todo derecho tiene su límite; basta leer en México la arcaica y olvidada Ley de Delitos Imprenta del gobierno de Venustiano Carranza, aún vigente para darse cuenta de ello. Tan vigente es que su última reforma aparece en el Diario Oficial del 4 de noviembre de 2015, aun cuando permanezca en el limbo del olvido y los editores periodistas y empresas editoriales, radiofónicas, televisivas y redes sociales, se la pasen por el popular arco del triunfo. Es cierto que a más de cien años de promulgada requiere de su actualización, pero hasta ahora ningún legislador, partido político o Ejecutivo, lo ha emprendido por temor a los medios de comunicación y plataformas digitales, aunque el senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, ya le puso el cascabel al gato, pronunciándose por la necesidad de regularlas.

Finalmente, el presidente López Obrador, se ha presentado en un video, en una de las galerías de Palacio Nacional, a dar cuenta y razón de su estado de salud, saliendo al paso de sus “adversarios políticos”, como sutilmente llama a sus enconados enemigos de variados pelajes, que ignoran que “el odio no es más que la carencia de imaginación” según Graham Greene, autor de la novela El Poder y la Gloria, que relata magistralmente el movimiento cristero en México.


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Pide INAI revisar nuevos términos de privacidad de WhatsApp

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El pasado cuatro de enero, la aplicación de mensajería WhatsApp informó a sus usuarios que se actualizaban las condiciones de su servicio y su política de privacidad. La situación no estuvo exenta de polémica y, en un comunicado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), aconsejó revisar bien este aspecto.

El INAI comentó que al aceptar los nuevos términos de WhatsApp, se permite que se compartan datos personales para que prestadores de servicios tecnológicos, como Facebook o terceros, los utilicen. Se puede tratar de información de cuentas, dirección IP, ubicación, números telefónicos, mensajes y transacciones, que Facebook puede usar para la creación de anuncios personalizados.

Para ayudar a los usuarios a tomar una decisión informada, el INAI analizó los siguientes puntos clave de la nueva política de privacidad de WhatsApp:

-El apartado de “Información que recopilamos”, establece que WhatsApp podrá recopilar información adicional para nuevas funciones, sin explicar cuáles son, ni qué tipo de información requerirían. Se dice que se informará de ello en su debido momento.

-En “Información que nos proporcionas”, WhatsApp describe los datos que el usuario debe dar para usar su aplicación. Esta puede ser información de los números de sus contactos y si se realizan compras u otras transacciones financieras, puede ver los datos de dicho proceso, como cuentas de pago, método de pago, detalles de envío e importe.

-“Información recopilada automáticamente” explica que se obtendrán registros de los mensajes, llamadas, estados, grupos, empresas, pagos y foto de perfil. También se registra información del dispositivo del usuario y su conexión, que incluye la ubicación.

-“Información de terceros” explica que se trabaja en conjunto con proveedores externos y otros servicios, es decir, otras empresas de Facebook. Las medidas de seguridad para proteger la información que se comparte con terceros no son explicadas.

WhatsApp puso como fecha límite para aceptar o rechazar sus términos, el ocho de febrero de 2021. Quienes no acepten sus términos y condiciones, no podrán usar este servicio. El INAI recomienda que todos estos puntos se revisen no sólo en WhatsApp, sino en cualquier aplicación que se instale.

Plataformas tecnológicas y elecciones. ¿Se ha avanzado en eliminar la desinformación?

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Donald Trump dijo el 17 de agosto que sólo perderá las elecciones presidenciales este 3 de noviembre si hay un fraude electoral. ¿Cómo proteger la integridad de las elecciones si el propio presidente de Estados Unidos está sembrando dudas sobre sus resultados de antemano? Esto abre un gran hueco para la manipulación de la información y la publicidad falsa, generando inseguridad sobre el proceso electoral de Estados Unidos. Por supuesto, Trump no sería el primer instigador de esta manipulación de la información, pues desde hace años esto ya está ocurriendo por muchas vías en Internet, aunque cada vez con mayor sofisticación tecnológica y en forma más extensa.

Vivimos en una época en que nuestra opinión se forma de maneras muy diversas y estamos sometidos a un bombardeo diario de información, opiniones, publicidad, memes, bots, etcétera, mediante las redes sociales, que son más fáciles de usar para enviar mensajes falsos que los medios tradicionales de comunicación como periódicos impresos, la radio o la televisión. Las campañas de desinformación se están usando muy ampliamente por actores nacionales e internacionales para crear desconfianza y tensiones sociales.

Las visiones contrapuestas siempre han existido y expresarlas es parte de un sistema democrático, pero cuando prácticamente cada ciudadano que tiene acceso al Internet puede convertirse en un vocero de sus propias interpretaciones de la realidad e incluso puede difundir mentiras como si fueran ciertas, la capacidad de las personas comunes y corrientes para discernir qué está pasando y formarse una opinión informada se vuelve difícil. Todo ello se exacerba en este tiempo de pandemia en el cual, debido a la cuarentena y a la distancia social, dependemos más que nunca de nuestros artefactos digitales para interactuar y estar informados.

elecciones en pandemia
Imagen: Cottonbro.

Las enormes plataformas tecnológicas son el principal canal por el que se transmite la mayor parte de la información —verídica, manipulada o falsa—. De hecho, la opinión pública se está formando cada vez más a través de las redes sociales. En Estados Unidos el 95% de la población usaba Internet en 2019, mientras esa cifra era de 70.1% en México. Esto expone voluntaria o involuntariamente a esta población a asimilar información mediante las redes sociales.

Es por ello que Facebook, Google, Twitter y Microsoft y otras plataformas como Wikimedia se han estado reuniendo regularmente con funcionarios del F.B.I., de la Dirección de Inteligencia Nacional y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos desde septiembre de 2019 en Silicon Valley con el fin de discutir cómo podrían tales plataformas ayudar a que las elecciones de noviembre de este año en ese país se lleven a cabo sin la interferencia externa que sufrieron en 2016, especialmente por parte de Rusia. Sin embargo, a pesar de la bondad de esta intención, estas negociaciones entre empresas y gobierno de Estados Unidos para limitar los efectos perniciosos de la diseminación de información distorsionada, antes de las próximas elecciones sólo tratan de llenar el gran vacío legal que existe sobre la materia.

¿Qué ha cambiado desde las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos para que haya más transparencia, menos interferencia de publicidad falsa en las redes y menos información alterada, en general? Hay un gran rezago en ese país en cuanto a la regulación sobre el manejo de la información y se ha avanzado muy lentamente respecto a lo que se tenía en 2016. Existen iniciativas de ley en el Congreso que son muy importantes, pero aún no están aprobadas. Una de éstas atañe al vacío que hay en la legislación que regula el financiamiento de la publicidad política en Estados Unidos que ha permitido a extranjeros usar el Internet para promover publicidad falsa sobre las elecciones en ese país. La ley mencionada sólo involucra a la radio y la televisión y no a las campañas vía Internet. De acuerdo al Honest Ads Act (o propuesta de ley sobre publicidad honesta) presentado en mayo de 2019, la publicidad política en línea requerirá, al igual que en el caso de los medios tradicionales mencionados, que aquellos que quieran comprar anuncios políticos por ese medio revelen su identidad y el lugar geográfico donde se encuentran, así como la identidad de quién pagó por ella. De aprobarse, esta nueva disposición tendrá que ser acatada por las grandes plataformas electrónicas como Facebook, Twitter, y Google, las cuales serán responsables de reunir y publicar la información sobre los que compran cualquier anuncio político que valga más de 500 dólares. En general, las plataformas han estado de acuerdo con estas disposiciones. De hecho, Facebook ha asumido estas nuevas normas desde mayo de 2018.

elecciones a traves de redes sociales
Imagen: The Tech Journal.

Existen otras iniciativas recientemente presentadas al Congreso de Estados Unidos que también tienen la intención de regular mejor el uso de la información manejada en línea. Entre éstas está el Algorithmic Accountability Act (2019) que pretende evitar que grandes compañías tecnológicas discriminen en forma automática, a través de la Inteligencia Artificial, a las personas que pueden observar cierto tipo de información o de anuncios (por ejemplo, pueden discriminar a las mujeres o personas de una determinada raza). También figuran la Iniciativa de ley DETOUR (2019) que prohibiría el uso de trucos engañosos por parte de las plataformas tecnológicas para obtener los datos personales de sus usuarios, y la Do Not Track Act (2019), iniciativa que reforzaría el derecho que ya existe de los usuarios de Internet a no ser rastreados por terceros para enviarles publicidad personalizada. Todas estas iniciativas tendrán efectos también en aspectos electorales en Estados Unidos.

La Unión Europea ha sido más proactiva que Estados Unidos en abordar los problemas de desinformación a través de las plataformas digitales. Les preocupa enormemente el que las nuevas tecnologías pueden ser usadas, …a través de las redes sociales, para diseminar desinformación a una escala, a una velocidad, con una precisión y con una direccionalidad sin precedentes, creando esferas de información personalizadas y convirtiéndose en cámaras de resonancia poderosas para campañas de desinformación. (Comisión Europea, 2018) (traducción propia). La Comisión Europea estableció un Código de Conducta sobre Desinformación (2018) para evitar los problema de la desinformación en Europa. Esta iniciativa fue seguida por un Código de Práctica sobre desinformación (2018), de autoregulación voluntaria, al que se adhirieron varias plataformas digitales (Facebook, Google and Twitter, Mozilla y más recientemente Microsoft y TikTok) y compañías de publicidad, mismas que tienen que dar informes periódicos sobre su avance en el control de la desinformación. Sin duda, los esfuerzos de la Comisión Europea son más articulados y más sistemáticos que los de Estados Unidos, pero todavía se apoyan en gran medida en la buena voluntad de los gigantes tecnológicos para acatar las provisiones mencionadas. Las leyes propiamente tales para forzar a las plataformas digitales a eliminar la desinformación es aún muy incompleta y tentativa.

hackeo de elecciones
Imagen: Zero Hedge.

Las plataformas se resisten o bien no son capaces de aplicar una política verdaderamente efectiva para asegurar que la información transmitida a través de ellas sea verídica porque, primero, les cuesta dinero renunciar a considerables ingresos por publicidad engañosa, segundo, porque necesitan grandes y costosos contingentes de “censores” que revisen los millones de comunicados y anuncios hechos por estas redes, que en muchos casos no están preparados para hacerlo y, tercero, porque los algoritmos que tienen para hacer la censura tampoco pueden hacerlo bien porque la tecnología de Inteligencia Artificial aún no está perfeccionada, es decir, no tienen la “sensibilidad” necesaria para hacer bien la selección. El resultado es que muchas veces se prohíbe la difusión inofensiva de mensajes o anuncios mientras se dejan pasar unos que verdaderamente sí son ofensivos, distorsionantes o violentos.

México tendrá elecciones federales el próximo junio de 2021, por lo que no puede dejar de afrontar los problemas arriba tratados. En México el uso de las redes sociales es cada vez más importante para la información de la población de cara a las elecciones. Para tratar de evitar la distorsión de la opinión pública mediante el uso engañoso de información y propaganda a través de redes sociales, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha acordado con Facebook y Twitter combatir las noticias falsas (o fake news) y hacer transparente la compra de propaganda en las campañas de 2021.

México se verá favorecido por los avances hechos sobre el código de conducta de las plataformas como los realizados por Facebook, ya mencionados, ya que ésa es la red social más usada en este país. El Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, ha dicho recientemente: Hemos logrado buena comunicación con las plataformas para poder conocer quién compra, a qué costo y con qué propósito (es decir, si se trata de propaganda política) para poder incorporar la información a los dictámenes de fiscalización. Debido a esto puede esperarse —aunque no haya certeza completa— que habrá más transparencia sobre el origen de los anuncios que se pongan en línea que en 2018. De todas formas, es necesario desarrollar una opinión pública más informada, con mayores posibilidades de discernir qué de lo que observan en la web es verdadero y qué es falso y no quitar el dedo del renglón de lo que transmiten las múltiples vías de Internet. 


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El gran boicot a Facebook

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Empresas planean boicot a Facebook con cancelación de campañas

Una creciente lista de empresas de unen para efectuar un boicot a Facebook, decidiendo retirar su publicidad y fondos de todas las plataformas de Mark Zuckerberg.

La compañía que dirige Mark Zuckerberg es propietaria de Instagram y Whatsapp, además de la propia red social y el conglomerado suma hasta otras 80 compañías menos conocidas.

Como parte de la campaña “Stop Hate For Profit” (No al Odio por Dinero), las empresas exigen a Facebook tomar medidas más estrictas contra el contenido racista y de odio.

La campaña acusa a la red socail de “amplificar los mensajes de los supremacistas blancos” y “permitir mensajes que incitan a la violencia”.

Ben & Jerry’s, propiedad del gigante británico de bienes de consumo Unilever, tuiteó que “dejará de poner publicidad en Facebook e Instagram en Estados Unidos”.

A principios de esta semana, las marcas de equipamiento para actividades al aire libre The North Face, Patagonia y REI se unieron a la campaña.

“De elecciones seguras a la justicia racial pasando por una pandemia global, hay mucho en juego para sentarse y dejar que la compañía siga siendo cómplice de la difusión de noticias falsas y de discursos que fomentan el miedo y el odio “, dijo uno de los tuits de Patagonia.

Desde Ben & Jerry’s dijeron que están de acuerdo con la campaña y con “todos los que han solicitado a Facebook que adopte medidas más enérgicas para evitar que sus plataformas de redes sociales se utilicen para dividir a nuestra nación, anular a los votantes, fomentar y avivar el racismo y la violencia, y socavar nuestra democracia”.

Después de la muerte de George Floyd bajo custodia policial el pasado mayo, el director ejecutivo de Ben & Jerry’s , Matthew McCarthy, dijo que “los negocios tienen que ser responsables” y poner en marcha planes para aumentar la diversidad.

A principios de esta semana, la plataforma independiente de trabajos Upwork y el desarrollador de software de código abierto Mozilla también se unieron a la campaña.

Facebook se comprometió a “avanzar en la equidad y la justicia racial”.

“Estamos tomando medidas para revisar nuestras políticas, garantizar la diversidad y la transparencia al tomar decisiones sobre cómo aplicamos nuestras políticas y avanzar en la justicia racial y la participación de los votantes en nuestra plataforma”, dijo la red social el domingo.

La declaración también señaló los Estándares de la Comunidad de la compañía, que incluyen el reconocimiento de la importancia de la plataforma como un “lugar donde las personas pueden comunicarse”.

“Nos tomamos en serio nuestro papel para evitar el abuso de nuestro servicio”.

“No al odio por dinero”

La campaña Stop Hate for Profit fue lanzada la semana pasada por grupos de defensa de derechos civiles, como la Liga Anti-Difamación, la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color y la organización Color Of Change (El Color del Cambio).

El movimiento ha dicho que es una “respuesta al largo historial de Facebook de permitir que el contenido racista, violento y verificablemente falso corra desenfrenadamente en su plataforma”.

Stop Hate for Profit ha pedido a los anunciantes que presionen a la compañía para que adopte medidas más estrictas contra el contenido racista y de odio en sus plataformas al retirar la inversión en publicidad durante todo el mes de julio.

Según la consultora eMarketer, Facebook es la segunda mayor plataforma de anuncios digitales de Estados Unidos, por detrás de Google.

Facebook y su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, a menudo han sido criticados por el manejo de temas controvertidos.

Este mes, el personal de la compañía se pronunció en contra de la decisión del gigante tecnológico de no eliminar o marcar con una advertencia una publicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mismo mensaje en Twitter fue clasificado con una etiqueta de advertencia alegando que “glorificaba la violencia”.

Unilever, la empresa matriz de Ben & Jerry’s, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la BBC.

Entre tantas malas, una buena noticia

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En noviembre de 2018, Mark Zuckerberg anunció la creación de un Consejo de Supervisión de los contenidos de Facebook. El propósito de esta entidad será el de defender el principio de darle una voz a la gente al mismo tiempo que se reconozca la realidad de [tener que] preservar la seguridad de las personas (traducción propia, Facebook).

Un artículo publicado por cuatro miembros de este Consejo explica sus funciones: se enfocará en los contenidos más problemáticos para Facebook incluyendo aspectos como discursos de odio, acoso, y la protección de la seguridad y la privacidad de las personas. También decidirá si algunos contenidos deben o no mantenerse a la vista del público (NYT).

Ya era hora…. Pero ¿será suficiente?

Si Facebook junto con Instagram, WhatsApp y Messenger, que también son de su propiedad, eran utilizados por alrededor de dos mil millones de personas en el mundo antes de la pandemia, en este último período su uso se ha intensificado aún más especialmente en las zonas más afectadas por ella, donde el confinamiento ha sido la norma. Su rol en estas circunstancias como medio de comunicación, acercamiento social en el distanciamiento, entretenimiento, educación, entre otros, los han vuelto indispensables, pero también nos ha expuesto más que nunca a información falsa.

facebook y desinformacion
Ilustración: ARTky6.

Facebook, que ha provisto a la humanidad de una forma invaluable de estar en contacto, ha tenido problemas severos para garantizar la veracidad y honestidad de los contenidos que se comparten a través de su plataforma, además de una incapacidad o falta de voluntad para proteger los datos privados de los usuarios –sobre este último tema véase un artículo en esta misma columna–.

Al principio, Facebook –lo mismo que las demás empresas mencionadas que se crearon posteriormente y que fueron absorbidas por ella– parecía un instrumento bastante inocente para mantener contacto e intercambiar fotos y comentarios con amigos, y encontrar nuevas relaciones. En poco tiempo, sus funciones se fueron ampliando de manera vertiginosa, facilitando intercambio de textos, millones de videos, facilitando la organización de conferencias, campañas electorales, entre otros. Pero el mal uso de este medio ha ido creciendo y se ha convertido en un instrumento de intervención externa de campañas políticas  a través de la inserción de publicidad falsa –Rusia en las elecciones de Estados Unidos de 2016–; de la transmisión de ideologías fanáticas que terminan en masacres –de los supremacistas blancos o de yihadistas–; y de tráfico de personas.

No existe una regulación internacional que pueda actuar para detener este tipo de problemas. En el tema de protección de datos personales se han hecho algunos avances como la iniciativa de Regulación General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR, por sus siglas en inglés) de hace dos años, y muchos países han dictado regulaciones respecto del acceso y uso indebido de estos datos, aunque los resultados han sido insatisfactorios.

Los problemas para filtrar contenidos son múltiples, empezando por la ambivalencia de estas empresas como Facebook para hacerlo, pues enfrentan el dilema de cuánto se puede estar transgrediendo derechos democráticos al censurar la comunicación –tema muy polémico, especialmente cuando se trata de grupos de odio–, y los costos de marginar de sus redes a estos grupos poderosos.

provacidad de datos facebook
Ilustración: Techcrucnh.

Los problemas técnicos no son menos desafiantes. La tarea de filtrar contenidos no puede aún ser resuelto exclusivamente por algoritmos, sino que requiere la intervención de seres humanos. La empresa tenía contratados más de 7,500 revisores de contenido en 40 idiomas en 2018, según un informe de Facebook. La compañía sostiene que tiene vínculos con 60 organizaciones que revisan la veracidad de los datos y hechos que se transmiten a través de su plataforma, y su esfuerzo se ha intensificado ante la situación del coronavirus para evitar la desinformación sobre este tema en particular (Facebook).

El problema es que muchos de los “revisores” de contenido contratados por Facebook no son especialistas en realizar lo que llaman “moderación de contenidos” ilegales o inmorales al público. Muchos de los trabajadores contratados para analizar y filtrar una enorme cantidad de imágenes, videos y textos que se muestran en el sitio de Facebook, de acuerdo con criterios predefinidos, lo hacen individualmente en la esfera gig del empleo, sin capacitación adecuada para esta labor ni apoyo psicológico para hacerlo, y la cantidad de datos o imágenes que deben procesar es enorme. Es decir, están sometidos a un gran estrés –véase artículo sobre las condiciones de trabajos en las plataformas digitales en esta columna–, por lo que el resultado de este esfuerzo es mucho menos que satisfactorio.

Por otra parte, el desarrollo de la tecnología para producir información falsa es muy acelerado, lo que hace aún más difícil detectar las tergiversaciones y manipulación de fotos, videos, discursos, etc. La forma más avanzada de manipulación es la técnica del deepfake –que en sí progresa a gran velocidad–, basada en el “aprendizaje profundo” de una persona a través de la inteligencia artificial –véase artículo en esta columna– y puede transformar su imagen y su voz de manera que en apariencia expresa verbal y gráficamente ideas o discursos falsos que engañan a cualquier observador, a menos que éste sea uno de los escasos profesionales especializados en estas técnicas digitales. En septiembre del año pasado, Facebook decidió contribuir con 10 millones de dólares a un fondo que estudia formas nuevas de detectar el deepfake, y a principios de este año la compañía decidió prohibir la transmisión de contenidos con esta tecnología –eso es, si es que los pueden detectar–.

En la práctica, Facebook ha hecho progresos en manejar contenidos, ya sea porque han ido tomando conciencia espontáneamente o bajo presión. Por ejemplo, en abril de 2018, Facebook publicó los Lineamientos Internos que determinan los estándares de la compañía para censurar contenidos, lo que ayuda a los revisores a eliminar aquellos que se consideran inaceptables. Por ejemplo, respecto a la violencia señala que eliminamos el lenguaje que incita o da lugar a actos graves de violencia. En los casos en los que consideramos que existe riesgo real de daños físicos o amenazas directas a la seguridad pública, eliminamos el contenido, inhabilitamos las cuentas y colaboramos con las autoridades competentes (Facebook).

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Imagen: Axios.

También se han tomado medidas, especialmente cuando se acercan las elecciones en algún país o localidad, pues son los lapsos de tiempo en los que se carga más la web de mensajes falsos para influir sobre los resultados. Por ejemplo, Facebook removió 2.19 mil millones de informes falsos en el primer trimestre de 2019 y actuó específicamente contra 1,574 páginas no europeas y 168 páginas originadas en la UE –véase artículo en esta columna–, con vistas a reducir las manipulaciones virtuales antes de las elecciones parlamentarias europeas que tuvieron lugar en mayo de 2019. Durante la pandemia también se han tomado medidas especiales. En marzo del presente año, Facebook puso advertencias a unas 40 millones de comunicaciones relacionadas con el COVID-19, basándose en alrededor de 4,000 artículos provistos por los socios especializados en revisión de contenidos (Facebook).

Pero Facebook ahora ha dado un paso más importante. Después de sostener seis talleres y 22 mesas redondas con la participación de 650 personas de 88 países a lo largo del último año y medio, con el propósito de discutir la política que necesitaría la empresa para ser efectivos en la revisión y filtro de contenidos, ha anunciado la creación del Comité Supervisor independiente. Zuckerberg ha nombrado ya a los 20 primeros miembros de este comité y el próximo año se unirían otras 20 personalidades más, todas ellas muy destacadas en diversas disciplinas.

La finalidad del Consejo es proteger la libertad de expresión y formular recomendaciones sobre la política de contenido relevante de la empresa Facebook. Esta nueva entidad podrá escoger algunos casos de contenido que considere importantes de revisar y podrá ratificar o revertir la decisión de ser transmitido por Facebook. Su finalidad es revisar un número limitado de casos muy emblemáticos y determinar si las decisiones se tomaron de acuerdo con las políticas y los valores establecidos de Facebook (Oversight Board).

privacidad facebook
Ilustración: Cointelegraph.

Las opiniones sobre la creación del Comité de Supervisión de Facebook ya es tema de debate. Para algunos es un atentado a la libertad de expresión, mientras que para otros se queda muy corto respecto a lo que pueden realmente hacer para limitar el daño que hacen algunas de sus divulgaciones.

Bajo cualquier enfoque, la tarea de revisar contenidos de las publicaciones o mensajes de más de dos mil millones de personas es colosal, especialmente si los métodos que se quieren seguir son democráticos, es decir, que no trasgredan la libertad de expresión de las personas bien intencionadas. El Consejo conformado por 40 personas difícilmente podrá responder al desafío que se les presenta. Es quizás un primer paso para establecer criterios o una especie de gobernanza de las propias empresas, a falta de acuerdos y reglas internacionales.

Pero las grandes plataformas digitales tendrán que ingeniárselas de alguna manera, pues las exigencias sobre ellas son cada vez mayores. Por ejemplo, Francia acaba de aprobar una ley que da sólo una hora para que se retiren de las redes los mensajes que las autoridades consideren que están relacionadas con terrorismo o abuso sexual infantil. De no cumplirse esta regla, la multa aplicada podría llegar a ser el 4% de los ingresos globales de la empresa transgresora –miles de millones de dólares para una empresa como Facebook– (BBC).


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Choque entre AMLO y las ‘benditas redes sociales’

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Infodemia y la guerra entre AMLO y las fake news en redes sociales

En tiempos de campaña electoral, para el presidente Andrés Manuel López Obrador las redes sociales fueron ‘benditas’, ya que sus simpatizantes denunciaban actos de corrupción y deslealtad entre candidatos, beneficiando ampliamente al tabasqueño en su carrera a Los Pinos.

Sin embargo, parece que la ‘luna de miel’ entre López Obrador y las redes sociales ha terminado y a más de un año de gobierno, en tiempos en los que la pandemia del coronavirus polariza la opinión pública sobre su gestión y cómo su gobierno ha manejado la epidemia, plataformas como whatsapp, Facebook y Twitter, se convierten en los escenarios perfectos para la difusión de fake news en redes sociales.

Durante su conferencia de prensa del miércoles 6 de mayo, el residencie consideró que Twitter o Facebook deberían dar más detalles sobre el origen y la forma de operar de los perfiles automatizados, bots que difunden fake news en redes sociales.

“¿Cómo se contrata, quién ofrece este servicio, cómo funciona?”, les reclamó, y mostró como un supuesto “mea culpa” de Twitter un mensaje divulgado esta semana por la red social en el que coincide “con las voces que demandan mayor transparencia sobre el financiamiento que reciben aquellos actores que realizan este tipo de automatización o coordinación”.

“Siempre voy a estar a favor de la libertad y de las redes sociales, por eso hablo de las benditas redes sociales, pero no quiero que este medio de comunicación tan importante (…) se corrompa”, agregó el presidente, antes de que la etiqueta #NoSoyBotSoyCiudadano se hiciera tendencia en Twitter en México.

López Obrador expresó también su preocupación por los saqueos de tiendas convocados a través de esas plataformas y de Whatsapp, aprovechando las medidas de suspensión de actividades y confinamiento por el brote de coronavirus, que en el país ha dejado 26 mil 025 contagios y 2 mil 507 muertes.

En los comicios que ganó en 2018, López Obrador invirtió un 4% de sus gastos de campaña en propaganda en internet, y sus rivales entre un cuarto y un tercio de los suyos, según el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, varios estudios señalan que AMLO monopolizó el debate en las redes a su favor.

En sus comparecencias públicas, el gobernante ha atacado con dureza a los medios del país cuando publican informaciones que cuestionan sus políticas. “Conservadores”, “corruptos” y “mafiosos” son algunos de los calficativos que ha empleado para referirse a ellos.

La aprobación presidencial cayó en marzo por primera vez por debajo del 50 por ciento, según una encuesta diaria de la consultora Mitofsky, en medio de críticas a su gestión de la emergencia del coronavirus, la inquietud por la inseguridad pública y los problemas económicos.

El 1%, los gigantes tecnológicos y la pandemia

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De los 50 millones de dólares reunidos para apoyar a la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el concierto One World Together at Home –“Un mundo Juntos desde Casa”–, e incluso antes de su transmisión por streaming el sábado 18 de abril, “…la mitad de esa cantidad provino de voltear y sacudir a Jeff Bezos para recoger el cambio [que traía en sus bolsillos]”, bromeó Jimmy Fallon, uno de los anfitriones del concierto. Posteriormente se alcanzó más del doble de esa cantidad gracias a muchas otras contribuciones.

En medio de la proliferación del COVID-19 en el mundo es indispensable saber con quiénes contamos para sobrevivir no sólo en términos de salud sino también económica y socialmente.

Nuestra primera reacción, como ciudadanos de un determinado país, es ver qué está haciendo la nación para salvaguardar a su población y evitar la sobrecarga de sus hospitales y servicios básicos de salud, además de apoyar a las empresas y a la población que está perdiendo masivamente sus empleos. Más allá de las fronteras esperamos que organismos internacionales, especialmente la OMS, acudan a nuestro rescate. Pero cada día está más claro que todo ello es insuficiente incluso para países industrializados como Estados Unidos, Italia o España. Demás está decir que la máxima vulnerabilidad la encontramos en los países en desarrollo.

Jeff Bezos, gigantes tecnologicos
Jeff Bezos (Imagen: The Street).

Los países están realizando esfuerzos importantes, con paquetes económicos notables como en Estados Unidos, con más de dos billones de dólares de ayuda y la Unión Europea con una cantidad de más del doble para la región, y los países en desarrollo con apoyos infinitamente más modestos.

En paralelo se encuentran las empresas tecnológicas gigantes a las que no se les pide entrar con todo su poderío económico a ayudar, debido a que no están sujetas a normas nacionales porque operan en el ámbito supranacional donde prevalece la ausencia de reglas. Está claro que cumplen una función esencial en la cuarentena mundial, pues la población depende como nunca de las comunicaciones a través de las redes digitales. Casi la vida entera, empezando por el simple contacto con los seres queridos, trabajar, estudiar, hacer teleconsultas médicas, realizar transacciones bancarias, conseguir esparcimiento y entretenimiento, entre muchas otras actividades capitales por medio de Internet. Para el propio combate al coronavirus, el Internet está siendo indispensable, por ejemplo, al propiciar una enorme colaboración a nivel mundial para acceder a fuentes abiertas de información sobre el COVID-19 como la base de datos de la Universidad John Hopkins, de las más grandes de su tipo; para rastrear la enfermedad, como el proyecto Covid Tracking Project en Estados Unidos; y para realizar investigación colaborativa sobre medicamentos y vacunas para combatir el virus, lo que es importantísimo para encontrar una solución que erradique la pandemia.

El valioso rol que tienen estas grandes compañías –sin duda esencial– no justifica los ingresos desmedidos que obtienen y que les proporcionan un poder económico que las sitúa individualmente en un nivel equivalente a un país. Hay 25 compañías gigantes que son más grandes que países enteros. Por ejemplo, los ingresos de Walmart eran mayores que el Producto Interno Bruto (PIB) de Bélgica y lo ubicaban como el “país” Nº 24 en el mundo en 2017 (Business Insider). Algunas otras compañías tenían ingresos superiores al PIB de Chile, de Portugal o de Kuwait, según la misma fuente.

Estas empresas no solamente se han vuelto jugadores formidables en el mundo, sino además están ganando como nunca en esta pandemia, pues la humanidad entera depende de ellos para comunicarse con el resto del mundo desde su aislamiento y para que la ciencia avance en su control. A modo de ejemplo, la actividad de Facebook ha aumentado 50% en los países más afectados por el virus, y Amazon no se da abasto y está contratando 100,000 empleados adicionales para responder a la solicitud de pedidos (The Economist).

zoom, videoconferencia

Hay nuevos jugadores dentro de este terreno, como Zoom que ofrece el servicio de videoconferencias a través de la web. Eric Yuan, fundador de esta empresa en San José, California, entró en la lista de multimillonarios de Forbes este año (The Guardian). La empresa ni siquiera cuenta con las medidas de seguridad para salvaguardar la privacidad de sus clientes. Esto ha sido puesto en evidencia por más de 500,000 cuentas de Zoom que han sido vendidas en foros de hackers, por lo que empleados del Pentágono, de Google y otras entidades tienen prohibido el uso de este software.

Si nos enfocamos a las compañías de Silicon Valley más tradicionales (Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft y Netflix) vemos que su forma de operar limita la contribución económica que deberían hacer. Estas seis grandes empresas pagaban entre 10 y 17% de sus ganancias en impuestos en 2018. De acuerdo a una entidad sin finalidades de lucro, Fair Tax Mark (citado por Fortune), entre 2010 y 2019, estas compañías evadieron el pago de impuestos por alrededor de 155 mil millones de dólares en sus transacciones globales, utilizando para ello estrategias legales que se han vuelto prácticas comunes en este tipo de corporaciones. Frecuentemente se declaran las ganancias como obtenidas en sus sucursales fuera de Estados Unidos y donde se cobran bajos o nulos impuestos, evitando así pagar lo que realmente tendrían que contribuir al fisco del país al que pertenecen y de otros países donde hacen negocio.

Varias de estas grandes compañías están haciendo donaciones millonarias para el combate del COVID-19. Sin embargo, los montos son mínimos si se comparan sus ganancias con los impuestos que deberían haber pagado y que podrían haber mejorado las condiciones sanitarias, así como los cuidados médicos en los países donde operan con anterioridad al estallido sanitario. Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo –con una fortuna de 113 mil millones de dólares– donó recientemente 100 millones de dólares a los bancos de alimentos en Estados Unidos, pero eso es lo que él gana en 11 días de trabajo, según Robert Reich, exministro del trabajo en Estados Unidos –The Guardian–. La compañía ha hecho otras donaciones. Por ejemplo, Amazon Web Services (AWS) lanzó una iniciativa global de desarrollo de diagnóstico (Diagnostic Development Initiative) para acelerar la investigación sobre diagnósticos, así como la comprensión y detección del COVID-19, lo que está muy bien, pero para ello aportó 20 millones de dólares, que contra la fortuna que tienen es insignificante.

gigantes tecnologicos Microsoft, Facebook, Google, Amazon
Imagen: The New York Times.

Amazon también ha hecho donaciones que casi dan ternura por alrededor de 300,000 dólares americanos para el Book Trade Charity (Beneficencia en Comercio de Libros), que se ocupa de apoyar a librerías y personas vinculadas a la preservación de libros. Alguna culpa le surgió a Bezos, en medio de la pandemia, quince años después de haber lanzado Kindle. Y con razón, pues si bien Amazon hizo una innovación verdaderamente revolucionaria para la humanidad con la introducción del libro electrónico, que puso la lectura al alcance masivo, las campañas desleales para borrar del mapa a millones de librerías y muchas editoriales no se justificaban, pues esta nueva tecnología le garantizaba un mercado propio sin tener que usar tales métodos.

Por mucho, es Google la empresa tecnológica que ha hecho las mayores aportaciones para hacer frente al COVID-19 –alrededor de 850 millones de dólares–. Es importante notar, sin embargo, que la gran mayoría de estos aportes –y eso es verdad también para los demás gigantes tecnológicos– consisten en descuentos a instituciones o empresas que se anuncian en sus páginas web.

Las cinco grandes de Silicon Valley –Alphabet (Google), Facebook, Amazon, Microsoft y Apple– hasta el 12 de abril habían aportado 1.3 mil millones de dólares en apoyo al combate del COVID-19. Este total se distribuía así (Visual Capitalist):

a). La mitad para apoyar, a través de subsidios o créditos, los anuncios que las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) hacen usualmente en estas plataformas para vender sus productos o servicios;

b). La cuarta parte estaba destinada al apoyo a la salud, la mayor parte de la cual consiste en difundir anuncios de la OMS referentes al COVID-19 –y otros organismos de salud– gratuitamente a través de sus plataformas;

c). Sólo el 9% de total consistió en donaciones a grupos vulnerables, trabajadores de la salud y fondos de creados por la OMS para combatir la pandemia;

d). Finalmente, un monto menor fue destinado a los medios de comunicación, para revisar la veracidad de la información, al apoyo del periodismo local y a ayudar a los medios que ven fuertemente reducidos sus ingresos por el recorte de los anuncios.

Puede deducirse de lo anterior que el apoyo de las grandes empresas tecnológicas al combate al COVID-19 y al alivio de la crisis económica y social, es bastante mezquino y, como menciona Robert Reich en el artículo ya citado, varias de sus acciones son en apoyo a sus propios intereses. Por ejemplo, el otorgar anuncios gratuitos o de pago diferido para las PyMEs les conviene, pues el negocio de varios de los gigantes tecnológicos existe gracias a la compra-venta de servicios y productos de terceros a través de sus plataformas.

Bill Gates, Melinda y Warren Buffett
Bill Gates, Warren Buffett y Melinda Gates (Imagen: El País).

Bill Gates, fundador de Microsoft y segunda persona más rica del mundo en 2020, según Forbes –98 mil millones de dólares–, presenta una historia bastante distinta que la de los CEOs de otras grandes empresas tecnológicas, aunque ciertamente sería esperable que hiciera aun mucho más con la fortuna que tiene. Sin embargo, es destacable que él, su esposa Melinda y Warren Buffett, hayan montado la Fundación Gates en 2006 –aunque sus antecesoras se crearon desde los años noventa– haciendo uso, en gran parte, de sus fortunas personales. Con un fideicomiso de cerca de 47 mil millones de dólares, la Fundación Gates realiza un trabajo muy importante en la siguientes áreas: reducción de desigualdades a nivel mundial en el área de salud, con enfoque específico en la reducción de enfermedades infecciosas y de las causas de la mortalidad infantil en países en desarrollo; la distribución de productos y servicios de salud a las comunidades más pobres internacionalmente; impulso a innovaciones para alcanzar un crecimiento económico inclusivo y sostenible; y un programa de educación dentro de Estados Unidos.

Es decir, la contribución Gates ha hecho un aporte a la humanidad, incluyendo la gran prioridad de hoy: reducir o amortiguar el impacto de una pandemia como la que se ha presentado. De hecho, Bill Gates en un Ted Talk en 2015 alertó sobre el gran peligro que corría el mundo ante una pandemia. Equiparó la amenaza de la dispersión del virus de la influenza en nuestra época con aquella que predominó en los años 50 y 60, es decir, la bomba atómica. Gates estimaba que con una epidemia como la que él describía podía llegar a perderse 3 billones de dólares –trillones en el formato inglés– de riqueza económica mundial y millones de vidas. Pero nos dijo que estábamos a tiempo de prepararnos para una pandemia, lo cual habría que hacer como si se tratase de una guerra: ejércitos de personal de salud listos para ello, equipo, simulaciones de dispersión de la enfermedad, investigación científica, entre otros esfuerzos.

vacuna covid-19
Imagen: Alliance DPA-Geisler-Fotopress.

Lamentablemente no se hizo lo aconsejado por los epidemiólogos y por Bill Gates, este último haciendo eco en ellos, y ahora estamos sufriendo las consecuencias. No estamos preparados para esta guerra y debemos combatir a marchas forzadas y sin armamento suficiente. Está claro que los países a partir de lo que ha sucedido reorientarán sus recursos –ya lo están haciendo–, y con ayuda de la revolución tecnológica actual estarán más preparados. Pero nada de lo que están realizando es suficiente con una caída económica casi sin precedentes, y un mundo en desarrollo que entrará en una fase cataclísmica, por lo que se necesitan mayores apoyos. Es indispensable que la población más rica del mundo, el 1% formado por los más adinerados –los CEOs de las grandes compañías, entre otros–, y los gigantes tecnológicos, creen fundaciones y aportes como los de Melinda y Bill Gates y pongan sus fortunas al servicio de la humanidad, riquezas que irónicamente están incrementándose gracias a la propia pandemia.

En ausencia de gobernanza supranacional, los países tendrán que poner condiciones para que dichas empresas operen en sus territorios exigiendo pagos de impuestos realmente proporcionales a las ganancias que hacen en ellos, y contribuciones adicionales a la ciencia y tecnología, especialmente la vinculada a la salud y en tiempos normales a otras necesidades extremas.


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