Fuerzas Armadas archivos - El Semanario Sin Límites

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La sociedad es un manicomio cuyos guardianes
son los funcionarios de policía.
August Strindberg.

A lo largo y ancho de nuestro continente y en diversas partes del mundo este 2020 se ha visto a leguas cómo los cuerpos policiales, llamados a proteger la integridad ciudadana, han transmutado del buen servicio para el que han sido instituidos –como lo es el de proteger a la ciudadanía de daños de cualquier índole–, hacia el mal servicio-a través de evidentes y virales imágenes que muestran agresiones de los agentes del orden en contra de la propia persona humana, lo cual va en contra de su propia naturaleza de trabajo; desde Estados Unidos, en varios episodios durante este año; Honduras, con la bestial carga contra manifestantes este 15 de septiembre en el día de la Independencia; y, últimamente, en Colombia, lo cual ha enfurecido y movilizado a muchísima gente en las calles.

Es evidente que la labor de los trabajadores de la seguridad ciudadana debe estar bajo constante fiscalización por entes externos constituidos por integrantes con distintas concepciones filosófico-ideológicas en torno al tema. Pero, que en medio del disenso se trabaje en pro de gestionar –desde la norma ética del enfoque basado en derechos– la dignidad humana a través de una lógica de respeto, observancia, investigación y escucha empática de lo acaecido en relación a fenómenos antidemocráticos y autodestructivos socialmente como estos que hemos venido observando por las personas que “amparadas” en la indumentaria policial “ceden”, se convierten en esclavos de los propios impulsos emocionales y relegan a un segundo plano la posibilidad de actuar bajo el imperio del raciocinio que evidentemente va en consonancia con la construcción de sociedades fraternas antepuestas a las confrontaciones innecesarias.

Por otra parte, me parece que la integridad profesional policial tiene paralelismos con el reconocimiento social y estatal a esta labor, lo cual sin lugar a dudas tiene que ver con la promoción de dignos estándares de vida que “aligere su carga”, lo cual de acuerdo a la propia observancia empírica tiene que ver diversas tensiones, mismas que van desde las económicas, étnicas, ideológicas y comunitarias, hasta las propias interpretaciones que este cuerpo social hace sobre su labor y papel social.

Esto, a mi parecer, tiene que ver con saber identificar lo que yo podría llamar el “factor fuente”, es decir, aquél que motiva la acción inicial del agente del orden ante circunstancias particulares. Aquí ejemplificaría y me preguntaría: ¿Qué pensarían encargados de la seguridad pública de la ciudad tunecina de Sidi bouzid en el momento de la confiscación del puesto de frutas a Mohamed Bouazizi –que posteriormente le indujo a la autoinmolación que convulsionó y propició el inició de la Primavera Árabe? ¿Qué fuerzas oscuras oscilaban en torno a los uniformados mexicanos de Iguala en septiembre de 2014 que les impulso a detener y hacer desaparecer 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en esa porción geográfica de territorio norteamericano? ¿Por qué la letalidad policial en el caso del abogado colombiano Javier Ordoñez? ¿De dónde han venido las órdenes para que agentes de seguridad pública en Tegucigalpa, hayan estallado la violencia en torno a humildes vendedores de productos comerciales para “sobrevivir”?

En definitiva, es impostergable poner contrapesos de respuesta inmediata a cada unidad policial para evitar abusos de autoridades que después de todo no reciben la sanción que ameritan casos como los descritos.

brutalidad policia — Imagen: Juan Gaviria.

Posdata: La organización Amnistía Internacional enumera recomendaciones “clave” en torno al papel de la policía:

– La facultad de la policía de recurrir al uso de la fuerza y de armas de fuego debe estar debidamente regulada por ley.
– El principio de “protección de la vida” debe estar consagrado en la ley: sólo podrán utilizarse los medios letales para proteger contra una amenaza inminente de muerte o lesiones graves.
– En caso de lesión o muerte causada por el uso policial de la fuerza, debe llevarse a cabo una investigación inmediata, exhaustiva, independiente e imparcial. Las personas responsables deben comparecer ante la justicia con todas las garantías procesales.
– Durante las protestas, la policía debe atenerse a su obligación de facilitar las reuniones pacíficas, y el uso de la fuerza no debe ser su punto de partida.
– Las personas detenidas tienen los mismos derechos que las demás en cuanto al uso de medios letales.

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En el debate sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, es importante no olvidar que este cambio de estrategia en el gobierno federal reside también en un elemento indispensable para disminuir la violencia: la confianza que la sociedad tenga en los cuerpos de seguridad.

Entramos en el segundo año de esta administración, uno marcado por la pandemia más severa en fechas recientes, y el tiempo se agota para abatir el principal problema que teníamos los mexicanos hasta antes del coronavirus, la inseguridad, la cual no se detuvo de la misma forma en que el resto de las actividades normales en el país lo hicieron.

Bajo esa realidad, el gobierno de la república continúa en la misma ruta con dos objetivos que parecen primordiales: utilizar la respetabilidad de las Fuerzas Armadas para obtener el respaldo social muy necesario para aumentar las denuncias, la información de inteligencia y el rechazo ciudadano a la criminalidad, y la eficacia de su operación a partir de la figura del mando militar y su estricta disciplina.

Si, como se nos ha informado, el Ejército y la Marina pueden remodelar y equipar un hospital en una semana, entonces pueden con múltiples tareas, incluida la seguridad de los mexicanos, una labor que habían desempeñado de todos modos desde hace al menos dos sexenios sin un sustento legal claro o una fecha final que ya se estableció en principio para el final del actual gobierno.

apoyo a las fuerzas armadas — Fotografía: El recorte.

Sin embargo, al igual que cualquier otra institución, las Fuerzas Armadas pueden sufrir un desgaste acelerado si los resultados en seguridad pública no son los esperados y ese es un riesgo enorme, además de que relegan a los debilitados cuerpos policiacos locales y federales, muchos infiltrados por el crimen, evitando que puedan consolidarse como un cuerpo necesario, responsable de la paz y la tranquilidad.

En ese contexto, la Guardia Nacional puede surgir como el término medio de una estrategia que funcione y, por un lado, reflejar los valores de las Fuerzas Armadas, al mismo tiempo que genera una identidad propia para preparar a las y los nuevos policías que México requiere.

Pero hablamos de una situación de emergencia, que por su naturaleza va contra reloj y exige logros inmediatos, una presión que es fácil convertir en argumento político y no necesariamente en sistemas, buenas prácticas y casos de éxito técnico.

Un elemento podría inclinar la balanza y ayudar a que esta dirección que han tomado las autoridades obtenga dividendos, sin embargo, es uno que muchas administraciones han obviado o no le dieron importancia frente a lo monumental del reto: la confianza de la ciudadanía en sus fuerzas de seguridad.

confianza en las fuerzas armadas — Fotografía: Seguridad y defensa.

Si los ciudadanos acompañamos a la Guardia Nacional, la hacemos nuestra, a la par que a nuestras Fuerzas Armadas, entonces la base social del crimen se debilitará rápidamente, lo que dificultará mucho su operación, basada en la impunidad y en las complicidades. De lo contrario, seguiremos fomentando los enfrentamientos entre éstas y los delincuentes por el control de las calles y de los territorios en los que cometen sus crímenes.

Generar esta confianza significa corresponsabilidad, es decir, que cada actor social haga lo que le toca. La Guardia Nacional y los cuerpos de seguridad que sí cuentan con cierta confiabilidad tendrán que convencer a la sociedad mexicana de que merecen ese respaldo, mientras que nosotros los ciudadanos cumplimos con nuestras obligaciones de denunciar, rechazar la criminalidad y desarmarnos en todo el territorio nacional.

No obstante, es fundamental que los mexicanos contemos con vías seguras y confidenciales para denunciar cualquier evento que perjudique nuestro buen y bien vivir, sin ellas, el miedo y el desinterés de cooperar con unas autoridades de seguridad poco confiables hoy, hará muy lento el combate a la delincuencia organizada, que es toda.

El problema no será el decreto, que ya conocíamos y fue aprobado por mayoría legislativa desde el año pasado, ni la duración de este encargo para la Fuerzas Armadas, que por otro lado da certidumbre a un limbo en el que habían desempeñado tareas de seguridad pública, sin la ausencia de confianza para colaborar y coordinarnos con quienes deben garantizarnos tranquilidad. La apuesta es por la confianza, sustentada en el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas para detener la violencia y eso sólo se logra con el acompañamiento de la sociedad en su conjunto.

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