Constitución Mexicana

Constitución y cambio de época

Lectura: 5 minutos

El viernes 5 de febrero de 2021 se cumplieron 104 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Es una de las constituciones políticas más antiguas del mundo, y la primera en establecer los derechos sociales a nivel internacional. Es la norma suprema que estructura al Estado mexicano contemporáneo.

Durante su vigencia ha tenido numerosas reformas y adiciones. Contiene desde los principios fundamentales del Estado federal hasta regulaciones de detalle en muy diversas materias. Hace pocos años los juristas Diego Valadés y Héctor Fix Fierro, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, efectuaron una importante investigación para darle orden y sistematización a nuestra Constitución.

Una de las reformas más importantes a la Constitución mexicana fue la aprobada en junio de 2011 en materia de Derechos Humanos. Se reformaron varios artículos constitucionales, pero el nuevo artículo 1º constitucional define características fundamentales del Estado y del Sistema jurídico mexicano.

El artículo 1º Constitucional establece que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos “reconocidos” en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que establece la propia Constitución.

reformas Cosntitución
Imagen: OnAliat.

Asimismo, establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

De esta forma, el Estado mexicano debe garantizar el derecho humano a la salud, al empleo digno y a un medio ambiente sano, entre otros muchos derechos fundamentales.

Este nuevo aniversario de la Constitución mexicana se da en el contexto de un profundo cambio de época a nivel global. El mundo vive no una época de cambios sino un verdadero cambio de época. Entre otros aspectos significativos de este fenómeno, podemos referir que el mundo no sólo vive una profunda crisis sanitaria sino también una emergencia climática global. Esta crisis está enmarcada en el acelerado proceso de destrucción de la naturaleza y de degradación del medio ambiente que provocan los modelos de crecimiento económico vigentes. El cambio climático, con todas sus cada vez más graves consecuencias, es sólo uno de los aspectos de esta degradación ambiental que amenaza a la civilización como la conocemos.

También hemos estado provocando otros daños como la destrucción de la capa de ozono; la pérdida de la biodiversidad y la extinción masiva de especies; la contaminación química y la emisión de nuevos compuestos; la acidificación de los océanos; la degradación del suelo fértil de la tierra; la afectación del agua dulce y del ciclo hidrológico global; los vertidos de nitrógeno y fósforo en la biósfera y los océanos y la concentración atmosférica de aerosoles. Todos estos problemas, relacionados entre sí, están poniendo en peligro el futuro de la humanidad.

construir nueva constitución
Imagen: El País.

Frente a esta grave situación la comunidad científica ha advertido del peligro de tal problemática y ha aportado soluciones. De igual forma la comunidad internacional ha reaccionado aunque todavía con timidez y lentitud. Primero con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, los 17 objetivos del Desarrollo Sostenible que le dan continuidad a los objetivos del Milenio (2000-2015). A pesar de sus limitaciones, la Agenda 2030 de Naciones Unidas es un paso en el sentido correcto. De igual forma el Acuerdo de París de 2015, el cual se podría ver muy fortalecido en la Cumbre de Glasgow de finales de este año.

Con este panorama comienza a haber cambios políticos importantes. Por un lado está la actividad de la Unión Europea, bajo el liderazgo de Ursula von der Leyen, quien señala que la recuperación de la pandemia del COVID-19 debe conllevar un ambicioso plan que tiene entre sus ejes la agenda digital y el Pacto Verde. Asimismo, los compromisos del gobierno de China y de otros países tanto desarrollados como economías emergentes.

A estos esfuerzos, se suma ahora con fuerza el gobierno del presidente Biden, que asumió el poder democráticamente, después de la larga noche del autoritarismo de Donald Trump. El gobierno de Biden va a combatir el cambio climático en forma decidida en Estados Unidos y en el Mundo. Además, va a proteger la preservación y conservación de la naturaleza, de acuerdo al más actualizado conocimiento científico. Durante sus primeras semanas en la Casa Blanca, Biden ha emitido numerosas órdenes ejecutivas en ese sentido. Sin embargo, es claro que va a enfrentar numerosas y fuertes resistencias por parte de grandes intereses. Pero, por otra parte, numerosos agentes económicos, desde organismos internacionales, bancos y grandes empresas globales, incluyendo varias importantes petroleras, están en procesos de reconversión hacia energías limpias. La transición energética para dejar el uso de combustibles fósiles es un hecho que se está dando en todo el mundo. No tiene regreso.

cambio energías limpias
Imagen: World Energy Trade.

Vivimos un complejo proceso de enfrentamiento de nuevos riesgos globales. La única solución es que la comunidad internacional actúe con decisión y energía de la mano de la ciencia. Recordemos que la solución de la compleja problemática global exige de planteamientos multisectoriales e interdisciplinarios, con visión holística. No basta pensar ya en el corto plazo. La correcta solución de los problemas requiere de las visiones de mediano y largo plazo.

Un ejemplo de la complejidad de los problemas está en la reciente declaración de la Directora de Salud Pública y Medio Ambiente: el 70% de los últimos brotes epidémicos han comenzado con la deforestación. Los virus del ébola, el SARS o el VIH han pasado de los animales a los humanos después de la destrucción masiva de selvas y bosques tropicales. Es sin duda una declaración importante y oportuna. Pero, también hay que recordar que los científicos han venido advirtiendo esto desde hace ya mucho tiempo. En México, el Dr. José Sarukhán ha explicado claramente la importancia de proteger los ecosistemas y las graves consecuencias que conlleva su destrucción.

Hace poco, conversando con un especialista en prospectiva, comentando la pandemia de la COVID-19, me recordaba que este riesgo se preveía desde hace tiempo.

En suma, México y el mundo viven un profundo cambio de época. Nuestra Constitución política nos debe garantizar este tránsito con pleno respeto a los derechos y las libertades fundamentales. Recordemos que la libertad es la base del progreso científico, de la democracia y de la prosperidad.


También te puede interesar: Héctor Fix Zamudio. Su legado.

La Reforma Constitucional como arma política

Lectura: 4 minutos

Hay un enigma que me gusta contarle a mis alumnos de derecho parlamentario cuando llegamos a la clase sobre el procedimiento de reforma constitucional: con 102 años, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es una de las más antiguas del mundo y al mismo tiempo es una de las más reformadas del mundo, a pesar de tener un procedimiento complicado de reforma, con una dificultad de 7 de 10. ¿Cómo puede ser?

Tenemos que las reformas constitucionales han sido la prioridad para el partido gobernante y sus aliados y sin importar el sexenio las élites han usado el cambio constitucional como herramienta para consolidar sus intereses políticos y sus políticas públicas, para hacer difícil que la oposición las pudiera modificar. Es decir, la reforma constitucional es un arma política.

En el caso de México, las reformas constitucionales deben considerarse como armas políticas cuando una mayoría las usa para poner el orden constitucional en contra de otros haciendo mal uso de las reglas existentes. Tomando en cuenta el contexto histórico, existen dos estilos de llevar a cabo reformas constitucionales: a) directo, b) indirecto.

Hablamos de un enfoque directo cuando se hace uso de la fuerza bruta al tener una fuerza política, las mayorías suficientes para reformar la Constitución cuando se necesitara. Históricamente, esto se dio durante el régimen del PRI como partido único, pues dicha fuerza tenía las mayorías en ambas Cámaras y en las legislaturas estatales.

constitucion y reforma mexico
Imagen: Horizontal MX.

El enfoque indirecto se da cuando el PRI pierde mayoría en una de las Cámaras, pero deja de ser fuerza mayoritaria; en este sentido, durante la transición democrática empieza a haber una cohabitación entre PRI y PAN donde se proponen propone reformas necesarias y dentro de las mismas establece elementos perniciosos que son tolerados por las minorías con tal de que persista el consenso. Un ejemplo de lo anterior es la reforma constitucional en materia penal del 2011, la cual fue usada para aprobar la legalización del arraigo penal, que había sido considerado inconstitucional por la Suprema Corte.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se dio una variante del enfoque indirecto, donde se incluía en la sección de transitorios una serie de normas generales para crear normativa de peso constitucional que no estuviera en el cuerpo de la Constitución. Por ejemplo, en 2014, con la reforma sobre el uso del petróleo, se usaron los transitorios constitucionales para establecer legislación secundaria (con jerarquía constitucional), que resultaba imposible de impugnar y que no se encontraba dentro del cuerpo de la norma; un régimen constitucional secreto, pero vigente.

Usar las reformas constitucionales como táctica política para favorecer a un interés político particular permite, por un lado, que se legalicen políticas públicas e instrumentos que han sido considerados contrarios a la Constitución al agregarlos a su cuerpo normativo (constitucionalización de lo inconstitucional); por el otro, se pueden remover políticas públicas no deseadas (desconstitucionalización de artículos existentes).

Por virtud de jerarquía suprema que tiene el texto de la Constitución, los jueces, magistrados y ministros siempre han dudado en conocer del control de reformas y cuando lo han hecho, ha sido por aspectos formales; esto protege los intereses de quienes propugnan la reforma (se evita el control constitucional).

Al mismo tiempo, los cambios a la Constitución también se pueden usar para instituir una posición de privilegio para la élite política (creación de ventajas y privilegios). Por otra parte, las características anteriores hacen casi imposible que minorías políticas puedan revertir los cambios hechos a corto o mediano plazo, pues se requiere de un gran esfuerzo político (endurecimiento de políticas públicas).

reformas y justicia
Imagen: El Economista.

Como bien se sabe, después de las elecciones de 2018, Andrés Manuel López Obrador fue electo Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Tomando en cuenta: a) la votación obtenida en las elecciones, b) las coaliciones que ha realizado MORENA siendo el partido gobernante, c) el número de legisladores que posee en ambas Cámaras, d) el surgimiento del bloque de contención, que ha buscado a hacer frente a las reformas constitucionales, y e) el hecho de que este último ha influenciado la forma en cómo MORENA lleva a cabo el proceso legislativo ordinario, pues hace concesiones al mismo, no queriendo complicar lo constitucional en el largo plazo, y que podemos observar una serie de tendencias.

En primer lugar, en vez de rechazar tácticas constitucionales que fueron usadas contra el PRD y después contra MORENA cuando eran oposición, esta última fuerza política ha adoptado el uso de armas políticas, ya que trata de revertir las reformas hechas por el gobierno de Peña Nieto. Asimismo, se han usado las normas transitorias, tanto para crear legislación secundaria con peso constitucional como para condicionar la legislación futura a un estándar mínimo, como armas políticas. Es decir, las innovaciones realizadas en el gobierno de Peña han sido retomadas en el actual.

Basta ver como usó la oposición a los transitorios constitucionales para limitar la cantidad y el alcance de la legislación necesaria para hacer efectiva la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional; es decir, en el bloque de contención, los que antes eran partidos hegemónicos usaron una táctica constitucional que les era conocida para resistirse a las políticas del gobierno actual.

En resumen, el gobierno seguirá usando las reformas constitucionales como arma política, pero el bloque de contención usará su minoría de 1/3 para bloquear en la medida de lo posible las reformas constitucionales y ceder para negociar legislación secundaria como instrumento de negociación, a la vez que cuando cede en las reformas, usa transitorios constitucionales para limitar los efectos de las reformas. Unos arriba y otros abajo, pero los métodos son los mismos.

* Esta columna es un condensado del paper “The Secret Constitution: Constitutional Transitory Norms as Political Weapons in Mexico” presentado en la Reunión Anual de la Law and Society Association el día 31 de mayo de 2019 en la ciudad de Washington, D.C.


También te puede interesar: La República de los Jueces.

Disputa patética

Lectura: 4 minutos

La patética disputa entre el Presidente de la República y los gobernadores de diez estados, agrupados en la Alianza Federalista, muestra el grado de rispidez de la confrontación política nacional y también una de las muchas entelequias constitucionales: la soberanía y la libertad de los estados de la República (federal) Mexicana.

En esencia no hay novedad. Los hechos de hoy son la repetición de los que ocurrieron en otras épocas. La transformación proclamada es en realidad la regeneración del viejo régimen priista.

Cualquier reportero que haya cubierto la Cámara de Diputados, en cualquier época del siglo pasado, sabe de las negociaciones entre el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y otras entidades gubernamentales que acudían a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión de Hacienda de ese órgano legislativo a buscar el presupuesto federal que requerían.

La asignación del presupuesto federal servía también para chantajes y castigos, pero no sólo del gobierno federal, sino también de los gobiernos estatales contra municipios de la oposición.

disputa politica
Imagen: El Universal.

De acuerdo con la Constitución, los estados mexicanos son libres y soberanos, y los municipios son libres. Es decir, por lo menos semánticamente, –el escribidor no es experto constitucionalista, sino un simple lector– los estados poseen una autoridad suprema e independiente y la libertad de obrar o no en otro sentido.

En otras palabras, al menos teóricamente si se hace caso a la gramática, se supone los estados que integran la República (federal) Mexicana podrían tomar decisiones soberanamente, incluso la de dejar de pertenecer a la Federación.

Pero, esas facultades constitucionales son realmente irreales en un sistema político extremadamente presidencialista como el mexicano, cuyo exceso lo convierte en una república centralista, dependiente de la voluntad única del presidente, que hoy se exacerba.

¿Un estado libre y soberano podría separarse de la federación de la que es miembro? Es de suponerse que sí, si es que es libre y soberano. Pero, ¿dónde radica y quién debe ejercer la soberanía de ese estado? Pues, en principio, es de suponerse que en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de ese estado, pero hasta donde el escribidor sabe no existe un procedimiento legal para que un estado mexicano libre y soberano se separe de la federación y tampoco –eso lo deben contestar no sólo los juristas, sino también los historiadores– un procedimiento para que un estado se agregue a la federación. ¿Cómo fue que los 32 estados de la República Mexicana decidieron integrarse a una federación? ¿Cuál fue el procedimiento?

disputa politica
Imagen: Nexos.

Y lo verdaderamente grave es confundir “pacto federal” con “pacto fiscal”. Por supuesto que en ambas partes en disputa existe el deseo que mantener esa confusión, para obtener réditos políticos.

Pero lo cierto es que en la actualidad los estados ni son libres ni son soberanos; económicamente dependen del reparto del dinero público que haga el gobierno federal en sus presupuestos anuales. Desde hace muchos años que existen estados, sobre todos los norteños y ahora los centro con su despegue económico, que reclaman al gobierno federal por el reparto del dinero que producen los impuestos federales en sus territorios y que regresa en cantidades muy menores en el presupuesto.

Esa es la esencia del conflicto actual entre los diez estados de la Alianza Federalista y el gobierno federal o, mejor dicho, el presidente de la república, quien anunció su negativa a recibir a los gobernadores para dialogar, conciliar, negociar “por el bien de la república”, se decía antes, para no poner en riesgo la “investidura presidencial”. Un real reportero le preguntaría al presidente: ¿Recibir, escuchar y dialogar con un gobernador o un grupo de gobernadores afecta a la investidura presidencial? Si es así, ¿el presidente ya no recibirá a ningún gobernador que le solicite audiencia?

El secretario de Hacienda ya intervino en la disputa mediante mensajes en Twitter, afirmando que los gobernadores, principalmente los que provienen del PAN, no tienen razón de quejarse porque el gobierno de la transformación está aplicando las reglas del pacto fiscal federal asumidas durante el gobierno de Felipe Calderón, que en este caso es muy respetado, aunque en otras cuestiones sea el villano favorito. Otra pregunta reporteril: ¿Luego de dos años no se han podido modificar esas leyes calderonistas? Es que se tiene que modificar la Constitución, responderán; bueno, el presidente ha dicho, en otros casos como el de las energías, que si es necesario modificar la Constitución, se hará. ¿Por qué no en éste? ¿Por qué le conviene al gobierno federal tener el control económico y someter a los estados gobernados por la oposición?

disputa politica
Imagen: El Cato.

La disputa entre los diez gobernadores y el presidente de la república no concluirá en ninguna solución favorable a los ciudadanos de esos diez estados.

Y peor aún, un grupo de esos gobernadores ya cayó en la trampa que les tendió el presidente de la república: convocar a presuntas consultas populares sobre el tema; es decir, jugar en su propio terreno, en el de su discurso populista. El presidente de la república ha dicho que la demanda de esos gobernadores es una estrategia electoral. Lo dice un experto en estrategia electoral, quien tiene los recursos para darles la vuelta. Ya está ganando.

Nadie, en su sano juicio, puede negar el derecho de la demanda de los diez gobernadores, pero el primer camino elegido no ha sido el correcto. Ojalá y tengan una verdadera estrategia para enfrentar a un presidente que se niega a dialogar y que su objetivo es polarizar y dividir, con el objetivo de tener el poder absoluto. La real es una disputa por el poder.


También te puede interesar: Los nuevos conquistadores.

La consulta popular y la Corte

Lectura: 4 minutos

El análisis de la decisión de la Corte se puede realizar desde varios puntos de vista. Ha prevalecido el análisis político con varias interpretaciones. Desde el punto de vista jurídico encuentro algunas disposiciones interesantes.

En principio, la Constitución Mexicana regula formas de participación ciudadana tales como el referéndum, la consulta popular y la iniciativa ciudadana. El artículo 35 Constitucional establece la consulta popular sobre “temas de trascendencia nacional o regional” (salvo algunas restricciones), convocada por el Congreso de la Unión, a petición del Presidente de la República; el 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras o el 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. Es vinculatoria por tres años para los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como para las autoridades competentes, si participa el 40% o más de los inscritos en la lista nominal de electores.

En principio, a través de Morena, se trató de obtener el 2%. De haberlo obtenido, se hubiera argumentado que era el pueblo quien solicitó la referida consulta. Al no conseguirlo, se optó porque lo solicitara el Presidente de la República.

consulta popular
Imagen: Letras Libres.

La primera pregunta que surge es la siguiente: ¿Se trata de un tema de trascendencia nacional? Porque lo que se consulta es saber si se aplica la Ley. Así de simple. Por supuesto, no se requiere una consulta para determinarlo, y por lo tanto, la pregunta, de inicio, es inconstitucional. No es un tema de consulta. Es una obligación de la autoridad aplicar la ley.

La Suprema Corte resuelve sobre la constitucionalidad de la “materia” de la consulta. La verificación y organización de la misma queda a cargo del INE. La consulta “se realizará” el primer domingo de agosto. La Ley Federal de Consulta Popular (reglamentaria de la fracción VIII, del artículo Constitucional mencionado), la restringe a los “temas de trascendencia nacional” que repercutan en la mayor parte del territorio, y que tengan impacto en una parte significativa de la población. Contrario a lo que establece la Constitución (por lo tanto inconstitucional), prevé que se realicen el mismo día de la jornada electoral federal.

El artículo 26 establece que la Corte “deberá” revisar la constitucionalidad de la “materia” de la consulta y que la pregunta derive de dicha “materia”. Por lo tanto, podrá “realizar las modificaciones conducentes” a la pregunta para que éste sea congruente con la “materia” de la consulta. La Corte está obligada a modificar la pregunta para que sea congruente y, por lo tanto, constitucional. Por ello, modificaron totalmente la pregunta.

Algunos afirman que la Corte fue prudente. Como diría Don Quijote: “en ocasiones vale más ser prudente que temerario, ya que hay batallas que se sabe de antemano se pueden ganar y otras que no”. En esta ocasión, se enfrentó la legalidad con la política. La Corte no quiso enfrentar al Poder Ejecutivo; evitó una confrontación. Tomó una decisión política y no jurídica.

Merecen mención las disposiciones sobre la convocatoria. Supone que la consulta se realizará en una jornada electoral federal. Encuentro una contradicción del artículo 35 Constitucional con lo establecido en la Ley Federal de Consulta Popular. La consecuencia jurídica es que si no se realiza el primer domingo de agosto, la consulta no tendrá ninguna validez. Aun así, se pretende reformar la Constitución para adecuar a ésta la norma secundaria. Debería ser al revés.

constitucion y la corte
Imagen: Nexos.

Independientemente de que su realización es inútil jurídicamente. Es útil políticamente. El efecto buscado es otro.

También es importante mencionar que el INE es el único órgano facultado para promover la consulta. El presidente no debe hacerlo, “en la mañanera”, ni como comentario.

Tal y como quedó formulada la pregunta, se puede juzgar a los Presidentes Municipales, a los Gobernadores, a los Presidentes de la República, Secretarios de Estado, etcétera, hasta el infinito, tanto en el tiempo como a los actores políticos. Estamos dejando de lado la atención de los grandes problemas nacionales.

Dejo a su consideración sólo algunas preguntas:

¿Juzgar a los expresidentes es un tema de trascendencia nacional?
¿Es necesaria la consulta para juzgarlos?
¿De qué delitos se les va a acusar? ¿Se cuenta con las pruebas? Si se tienen, ¿por qué no se han iniciado las averiguaciones correspondientes? ¿Ya se revisó el tema de la prescripción?

Pero existen muchas otras preguntas, éstas sí de trascendencia nacional, entre otras:

¿Usted está de acuerdo con la manera en que se ha manejado la estrategia para hacer frente a la pandemia por Covid-19? 
¿Es necesario realizar el gasto para la consulta?
¿De verdad nos interesa la consulta a los mexicanos, existiendo tantos otros temas que nos aquejan?
¿Creemos los mexicanos que el hecho de votar a favor de la pregunta planteada traerá consigo solución a los grandes problemas nacionales?


También te puede interesar: Epidemia y Pandemia.

En política la ingenuidad es peligrosa, pero la democracia debe seguir

Lectura: 6 minutos

Un idealista es un hombre que, partiendo de que una rosa huele mejor que una col,
deduce que una sopa de rosas tendría también mejor sabor.
Ernest Hemingway.

Un día, mi hija apoyando a mi nieta que estaba en kínder, le explicaba acerca de las especies animales y sus características particulares. Le tocaba hablar de la serpiente. Entonces mi hija le preguntó:  ̶ Sofía, ¿una serpiente es un animal mamífero, insecto o reptil? Mi nieta le respondió:  ̶ ¡Peligrosa mami, peligrosa! Asimismo en política la ingenuidad es peligrosa, pero la democracia debe seguir.

Para manosear una serpiente venenosa se requiere conocer sus características y haber aprendido cómo tratarlas, es un proceso de años. No cualquiera lo sabe hacer; hacerlo –sin saber– es ponerse en peligro por ignorancia y por ingenuidad.

En la actualidad hay quienes en México están jugando con una serpiente venenosa, juegan al patriotismo, haciendo llamados a que Andrés Manuel López Obrador dimita. Hay muchos convencidos de que es la mejor salida a los males del país.

Me parece que los intereses políticos, por parte de los que sí saben qué quieren (electorismo) dentro de MORENA, y de aquellos que quisieran que el presidente deje la presidencia voluntariamente (o incluso hay quienes desean que muera para que haya cambio de presidente), es gente muy peligrosa para la nación. Tan peligrosa que son más peligrosas que el propio AMLO y su megalomanía.

ingenuidad politica
Ilustración: Robiert Luque.

Entiendo el afán dada la situación que se vive, pero la fiebre no está en la sábana, decía Omar Torrijos Herrera. No seamos ingenuos, que se vaya AMLO es una postura poco inteligente y nada beneficiosa, si bien el puesto, dado los resultados por lo pronto, le ha quedado grande.

Sostengo que cuando un político ofrece más de lo que puede dar objetivamente se expone por ingenuo, por osado, por ignorancia o porque lo que en verdad le interesa es llegar al poder.

Cuando esto ocurre, unos lo hacen por soberbia, por egocentrismo, por megalomanía, por narcisistas; u otros también porque no les importa nada con sus electores. Sólo se importan así mismos y su propio proyecto de vida.

En estos casos, lo peor es estar convencidos de que lo que dice y hace es absolutamente lo que debe hacerse porque sí y nada más porque sí. La historia está plagada de dirigentes y líderes con esos trastornos.

Sin embargo, estoy convencido que lo mejor para el país es que el presidente termine bien su mandato. Que llegue sano al final y diga adiós; de lo contrario, si no terminara, caeríamos en un estado de desestabilización a tal grado que sería peor el caldo que la albóndiga en tanto la polarización de siete pares que él mismo ha propiciado. Aún eso.

El Artículo 84 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reza: En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o substituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo.

De suceder algo así (que sería lamentable), le tocaría a Olga Sánchez Cordero en el caso de seguir como secretaria de Estado. ¿Creen ustedes que ella podría con el potro?

Luego vendría el interino, que de darse tal situación, ya hay en fila varios, por ejemplo: Gerardo Fernández Noroña, quien se sacaría un ojo por ser presidente. También estarían esperando otro como Martí Batres Guadarrama; uno más distante es Marcelo Luis Ebrard Casaubón, y otro, Ricardo Monreal Ávila; aunque estos dos últimos quisieran el pastel de seis años y no la sobra de un sexenio cargado de tropiezos. ¿Creen que las cosas serían mejor con alguno de ellos?

amlo
Ilustración: Nexos.

Sin entrarle más a quitar costras a la herida, sostengo que debe haber mesura objetiva, paz social y buscar un antídoto y no es la ingenuidad. Si supiera mi nieta sobre este asunto, le preguntaría qué piensa de la ingenuidad, de seguro respondería: ¡peligrosa abue, peligrosa!

El tema de por sí es inagotable y tengo claro que este escrito no va a detener a nadie que esté contra AMLO y tampoco será la inspiración de conciencia para nadie en función de ser más responsables como oposición.

Antes de seguir dejo establecido que, en tan sólo un año y casi siete meses, desde el 1 de diciembre de 2018, el actual gobierno federal no evidencia claramente los resultados que prometió en la materia económica, ni en la de seguridad, tampoco en la política social, ni en la salud y ni decir de la educativa, entre otros aspectos.

Y lo menos evidente es la inexistencia de la corrupción y el neoliberalismo pese a que se habla mucho de haberlos abatido, si bien sí se ha establecido cierto rigor fuera de faramalla.

También es cierto que el país –con todo y todo– no está manga por hombros como se quiere hacer ver por parte de quienes se oponen políticamente. Yo, por ejemplo, lo adverso porque considero que hubo desde un inicio y hasta ahora, engaño; sin embargo, no creo que el asunto se resuelva empujando al presidente a dimitir.

En primera instancia no creo que sea una ruta viable bajo ningún criterio, de hecho, tampoco lo permitirían los militares, si bien antes no estuvieron de acuerdo con la llegada de AMLO; razones por las que se aprobó en el anterior sexenio la Ley de Seguridad Interior que les daba plenos poderes.

Pero nada tontos, permitieron que la Ley fuera abolida en este sexenio, sobre todo por la buena negociación con la clase castrense, en virtud de nuevos y más beneficios como el logrado con la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y una sección del Tren Maya, donde ellos obtendrán pingues ganancias legales, sin necesidad de coludirse con la delincuencia organizada, aunque tampoco se han desvinculado del todo, según se dice.

Es por ello, que teniendo el presidente el apoyo de los militares, es casi imposible que haya un derrocamiento por presión social. Además, en la democracia es normal que las protestas antigobierno sucedan.

malabares 4T
Ilustración: Capital México.

Es, en México, una fórmula para desviar el criterio que caminamos por la ruta de Venezuela, a la que al grito de ¡Maduro está cerca!, se forma la tembladera hasta de los aliados del régimen pro-omnipotencia.

Por otro lado, no es cierto que en este sexenio es cuando se permiten las protestas y la práctica verdadera de la democracia o la libertad de expresión, ¡falso! Eso viene de antes, quiérase o no admitir; inició con los gobiernos panistas y hoy –por lo pronto– se consolida.

El propio AMLO no sólo protestó cuando quiso y como quiso, sino que abusó de la democracia al crear verdades a su manera, mismas que yo le llamo engaño para lograr que tantos creyeran en el discurso de una megalomanía y narcisismo subyacentes.

Sin embargo, muchos ya están poniendo reversa. Algunos no sólo no están con él ahora, incluso niegan haberlo apoyado. No sé si por arrepentimiento, por vergüenza, por impotencia o cobardía.

democracia aparente, ficcion
Imagen: Mirada Crítica.

Lo cierto es que –insisto– no hay los cambios que se gritan, ni por mucho que se diga haber otros datos. Pero no es con la incitación a que AMLO deje el cargo como se van a solucionar las contrariedades. El país requiere mesura, prudencia, tolerancia, y, definitivamente, respeto, paz y amor social de verdad.

Porque si bien al presente, con todas las leyes y decretos a modo, el gobierno federal no ha logrado mecanismos plenos para acabar con lo indeseado del pasado y presente, tampoco la oposición tiene las formas cuajadas para lograrlo.

Si la polarización no resuelve nada, tampoco que dimita AMLO. Eso es pura ingenuidad política o un pensamiento políticamente suicida para el país. Lo de peligro para México es verdad, pero afirman que en todos los sectores se defiende la democracia. ¿Le suena?…

“Cuando a tu yo verdadero lo lastiman, se levantan los yo falsos para protegerlo”
(Bernardo Stamateas).


También te puede interesar: Somos presa de la aspiración de confort y progreso.

La Corte evita una violación a la Constitución: Quizá evite otra

Lectura: 4 minutos

Quien vea que todo en México está mal, o que todo en México está bien, está muy mal informado o su análisis es simplista o precario. Si bien la coyuntura ofrece temas de grave preocupación como el Decretazo del 26 de marzo que nos echa a las calles a la Guardia Nacional para hacerle de policía; o el Acuerdo del 15 de mayo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional que pretende destruir las energías limpias para dar cabida a la quema del combustóleo que Pemex no tiene dónde almacenar; o el ensayo del Presidente sobre la Nueva Política Económica en los Tiempos del Coronavirus, por el que pretende arrogarse la facultad de reasignar recursos del presupuesto federal a su antojo, en consonancia con su iniciativa pendiente de votación en el Congreso de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en caso de emergencias de carácter económico o de salubridad general como la que vivimos. Tampoco podemos dejar pasar desapercibida la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado 11 de mayo sobre la inconstitucionalidad de la llamada Ley Bonilla, que nos confirma que la división de poderes aún subsiste en el país.

En efecto, lo que significó esta sentencia que hoy cuenta ya con fuerza de jurisprudencia, es que la Corte no dejó que la Constitución fuera violada por el Gobernador, el Congreso local y las autoridades electorales de Baja California, y que gracias al consenso logrado por todos y cada uno de los Ministros de la Corte, ésta pudo construir una doctrina que salvaguarda nuestro Estado Constitucional de Gobierno Democrático, doctrina que nos podrá proteger, en caso de que vuelvan a venir vientos antidemocráticos.

constitucion
Ilustración: Nexos.

Se trató de la resolución de una acción de inconstitucionalidad interpuesta por varios partidos políticos y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra del artículo 8 transitorio reformado de la mencionada Ley Bonilla, lo que fue posible gracias a las facultades que le fueron conferidas a la Corte desde 1994 para resolver este tipo de controversias con base en la Constitución y no como era antes, con base en criterios políticos. En cumplimiento de la reforma política de 2014, y con el fin de empatar la elección de Gobernador de dicho Estado con las elecciones intermedias federales, el mencionado artículo en su forma original, dispuso que el Gobernador que ganara las últimas elecciones tomaría posesión en 2019 y saldría en 2021; pero el mismo artículo fue reformado luego de dichas elecciones, para prorrogar el mandato por 5 años, a efecto de empatar la nueva elección con la Presidencial.

Mañosamente el Congreso de Baja California guardó la reforma y no la promulgó sino hasta que fueron resueltas las impugnaciones presentadas con motivo de la elección, lo cual ocurrió justo antes de la toma de posesión del Gobernador Bonilla. Lo que la Corte resolvió fue declarar como inconstitucional la prórroga de su mandato, determinada después de haber concluido el proceso electoral.

La Corte no optó por declarar dicha inconstitucionalidad ante las graves deficiencias procesales que claramente existían, sino por resolver la controversia en cuanto a sus méritos de fondo, generado así una sólida doctrina fundada no solamente en principios constitucionales, sino en la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual nos podrá ser muy útil si vuelve a haber intentos en México por prorrogar un mandato o por una reelección, preocupación que muchos mexicanos tenemos en mente. En ese caso, la propia Corte quedará vinculada con dicho tratado internacional e impedida de modificar dichos derechos humanos de naturaleza electoral.

constitucion pisoteada
Ilustración: Weil.

En cuanto al fondo, la Corte sustentó su sentencia en la veda electoral establecida en el artículo 115 Constitucional que prohíbe hacer reformas electorales desde 90 días antes de iniciar el proceso electoral y hasta su cierre, y aunque la reforma no fue publicada sino hasta después de haberse desahogado las impugnaciones de la contienda y de haberse dado por concluido el proceso, con lo cual se cumplió formalmente con la norma, los Ministros estimaron que hubo fraude a la Constitución por una violación material a la misma, cambiando las reglas del juego, cuando éste estaba en marcha. La Corte también consideró que la ampliación del cargo por la vía legislativa y no la electoral, equivale a una reelección y afecta los derechos de votar y ser votado en el 2021, postergándose la votación hasta 2024.

Tenemos que valorar el hecho de que en este caso nuestra Suprema Corte actuó como auténtico guardián de nuestra Constitución y con ello de nuestra democracia, estableciendo un dique a la autoridad estatal, la cual actuó orgánicamente en contra del pacto federal, a través de todos sus órganos locales competentes: su Gobernador, su Congreso, su instituto electoral y su tribunal electoral. La Corte no atendió a un sólo motivo de invalidez, sino a todos juntos. El caso Bonilla puso en tela de juicio los principios de irretroactividad de la ley, de votar y ser votado, de no reelección y de certeza jurídica, y la Corte los ratificó con claridad meridiana. Significó una medida clara ante la incertidumbre.

Habrá que ver cómo se comporta la Corte ante la avalancha de amparos relacionados con los obstáculos puestos por el Ejecutivo a las energías limpias y las colisiones entre autoridades federales y estatales con motivo de la tragedia sanitaria que vivimos, pero hay que reconocer que en el caso Bonilla la Corte cumplió su cometido de defender nuestros principios constitucionales.


También te puede interesar: Catálogo de mentiras éticamente aceptables.

¿Y la fiesta por aniversario de la Constitución?

Lectura: 3 minutos

La Constitución Política es el elemento constitutivo de nuestro patrimonio social, como lo es de cualquier nacionalidad.

Su aniversario se festejaba con bombo y platillo cada 5 de febrero, como corresponde a cualquier historia ejemplar que defienda la identidad y promueva intereses colectivos con los cuales poder construir nuevos cursos de desarrollo.

Dejar de recordar la importancia de la Constitución crea vacíos en la memoria colectiva que no pueden quedar así, y son llenados por otros preceptos y mitos.

Es lo que nos está pasando en México desde que a los gobiernos panistas les pareció que había que dejar que se olvidaran todos los elementos de trascendencia que generó la Revolución mexicana; desde entonces, la celebración del 20 de noviembre son los descuentos comerciales del buen fin y la del 5 de febrero se limita a un largo fin de semana sin memoria.

Festejo de la constitucion

Por desvanecido que esté nuestro Estado de derecho, el abandono de la celebración, ritual de éste y otros hechos y personajes extraordinarios, debilita las creencias colectivas aglutinadoras y hace lejana la percepción de nación de personas, familias y comunidades.

Hace falta creer en algo; las sociedades humanas no toleran la incertidumbre ciega sobre lo que afecta su vida.

El discurso histórico nacional ha estado siempre permeado y al servicio del poder político y de la economía; es una de sus funciones. De ahí su carácter mítico, sus héroes de bronce, pero para que no pierda su carácter aglutinador, tiene que dejar ver las problemáticas sociales del país y los compromisos económicos y políticos con ellas, como fue con la justicia social durante décadas, con todo y su enorme carga demagógica.

Por míticos que se presenten, necesitamos conocer y rememorar la Reforma juarista, el compromiso de inclusión de las reivindicaciones de justicia agraria y laboral en el pacto social convertido en la Constitución de 1917 y el nacionalismo cardenista.

Por eso me parece muy bien la propuesta del López Obrador de volver a celebrar los hechos históricos en la fecha que les corresponde, si además se acompaña de la difusión de los acontecimientos por su significado contemporáneo y utilidad en la construcción de paz y desarrollo.

firma de la constitucion
Fotografía: Criterio Noticias.

En ese propósito es indispensable entender –como parte de nuestra historia contemporánea– la penetración ideológica neoliberal impuesta desde el capitalismo multinacional, que avanza en la universalización y estandarización de creencias diferentes a nuestra idiosincrasia.

A ese fenómeno está dedicado un trabajo colectivo coordinado por Ricardo Pérez Montfort y Ana Paula de Teresa, publicado por la colección “Debate” de Random House bajo el título Cultura en venta $2.99, La razón cultural en el capitalismo contemporáneo.

El libro aborda los mecanismos y efectos de transformación de todos los aspectos de la vida personal, familiar y social que el capitalismo global, multinacional, va teniendo en los sentimientos de pertenencia a un colectivo, ya no de ciudadanos sino de consumidores, no sólo de cosas sino de tradiciones y valores culturales que son deformados en su contenido por la mercadotécnica para adaptarlos al juego de la oferta y la demanda del mercado cultural.

Somos lo que creemos, dice Ortega y Gasset y tiene toda la razón; nuestra originalidad cultural está en nuestra propia historia.


También te puede interesar: La Constitución Moral