Ley de Austeridad Republicana

Más pobres y más endeudados: una cara austeridad

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Hacia mayo del año pasado, cuando la pandemia empezaba a golpear fuertemente a la economía, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) hizo una interesante prospectiva sobre la deuda pública en México: con la negativa del paquete fiscal de emergencia, que se sostiene hasta ahora bajo las banderas de la “austeridad republicana” y la “economía moral”, el saldo, de cualquier modo, podría incrementarse un 15% real anual, alcanzando niveles históricos como porcentaje del PIB. En cambio, con un plan contracíclico de alrededor del 2.6% del PIB, más o menos al nivel de lo que se estaba haciendo en buena parte del mundo, el incremento de la deuda sería de 21%. Tomando prestada la contundente frase de La economía presidencial de Gabriel Zaid, “así fue y así nos fue”.

Básicamente, lo que planteaba el análisis del CIEP era que esa concepción de la austeridad iba a ser un ejemplo típico de ahorro que termina costando caro. Que acabaríamos con más deuda, sin que, como contraprestación, ésta contribuyera, como en otros países, a mitigar y recuperarnos de la crisis sanitaria y económica. El resultado: una profundización de los problemas estructurales del país que pudo haberse atenuado y aun evitado.

No se equivocaron. Salimos del año del Covid-19 como una nación más pobre y también más endeudada, entre otras razones por la obsesión presidencial de no endeudar. Y comenzamos el año que debe ser de reactivación y transición a una “nueva normalidad” con poca capacidad para recuperar terreno y para adaptarnos a los cambios mundiales acelerados con la pandemia. Según la mayoría de los ejercicios proyectivos, nos tomará, al menos, tres años regresar a los niveles de ingreso per cápita del 2018 (en 2019 fuimos uno de los pocos países cuya economía se contrajo).

Ése es el saldo de la singular estrategia económica (o no estrategia) que se adoptó en México para enfrentar la mayor recesión de la historia contemporánea:

austeridad
Imagen: iStock.

1. Una extraña mezcla del laissez faire, laissez passer, el estandarte del liberalismo económico clásico, con una inclinación a concentrar recursos y decisiones que, en la práctica, más que centralizar, ha devenido en un caos en las funciones y las capacidades sustantivas del Estado.

2. Caos que se explica, en gran medida, porque, más que una operación articulada para realizar esa centralización, el resorte ha sido un florecimiento, con exuberancia tropical, de ocurrencias de corte caudillista (ya olvidada a estas alturas hasta la ideología).

3. Finalmente, el ingrediente base de la masa para espesar el “austero” champurrado, paradójicamente anunciado como remedio contra las dañinas calorías neoliberales: la confusión entre gobernar y hacer proselitismo, con el correlato de un voluntarismo performativo; esa apuesta a que la demagogia interminable puede, por sí sola, ganar a las vencidas a la realidad: que un surtido y mañanero repertorio de autoelogios y porras al “pueblo sabio”, simplificaciones y prejuicios, descalificaciones y trucos de distracción, además de no pocas mentiras a secas, es capaz de suplir no sólo la falta de políticas públicas mínimamente coherentes, sino a la misma ciencia o a la lógica más elemental.

Pejenomics en acción

Como con la igualmente sui géneris “estrategia” sanitaria contra el virus, “única en el mundo” según se ha presumido, difícilmente podría haberse evitado el desastre. Fuera de la retórica para propósitos políticos o como recurso de evasión, de nada sirve la reiteración de los males del pasado –presuntos o reales– como contrargumento automático a los males del presente.

En el mundo real, aquí y ahora, los recursos fiscales destinados a estímulos y apoyos de emergencia ni siquiera sumaron el 1% del PIB, frente a 3% promedio en economías emergentes del G20. A pesar del régimen de austeridad del recetario de la nueva doctrina de “economía moral” (con todo y su best seller presidencial), el endeudamiento público como relación del PIB subió casi 10 puntos porcentuales, para superar el 53%, según ha informado la propia Secretaría de Hacienda. A cambio, tuvimos una caída económica de 9%, la peor en 90 años, cuando el promedio de los países emergentes fue una contracción de 2.6%, según las últimas estimaciones del Banco Mundial.

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Imagen: El CEO.

Y el balance habría sido mucho peor si no se hubieran hecho más “ahorros republicanos” a costa de instituciones desmanteladas o fideicomisos liquidados. El Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, con ahorros verdaderos acumulados desde el 2014 para afrontar crisis, está a punto de agotarse, aunque el gobierno ya se había gastado más de la mitad en 2019, antes de que la pandemia nos viniera “como anillo al dedo”: arriba de 121 mil millones de pesos (más de 121 veces el presupuesto del instituto garante de la transparencia y la protección de datos personales que se busca desaparecer para seguir “ahorrando”).

Así, cuando logremos dejar atrás la epidemia, lo que puede tardar porque depende de qué tan eficaz sea el proceso de vacunación (y con lo visto en la fase previa hay suficientes motivos para preocuparse), comenzaremos a remontar esa brutal recesión con una economía muy maltrecha. Miles de empresas quebradas, millones de desempleados y muchos millones más con los ingresos mermados y condenados a la precariedad laboral. Todo eso pudo haberse mitigado: tal vez el gobierno se endeudó menos, pero para millones, el desenlace será más pobreza y necesidad de endeudarse.

¿Quién ahorra con esa “austeridad”?, ¿un gobierno en turno o el Estado y la nación?

Tomando como referencia la misma fuente del Banco Mundial, a diferencia del promedio de los países emergentes, que crecerán 5 y 4.2% este año y en 2022, respectivamente, México, tras su -9%, tendría un muy pobre rebote de 3.7% este año y la vuelta a la inercia de las últimas tres décadas, con 2.6% en 2022 (ya olvidada a estas alturas la promesa del 4% para dejar atrás el “crecimiento mediocre” del “periodo neoliberal”, en espera del invento de un “índice alternativo” que pondere la felicidad y la espiritualidad).

Vecinos distantes

Entre tanto, en Estados Unidos, el Comité de Mercado Abierto Federal pronostica una caída en 2020 de sólo 2.4% y un rebote espectacular de 4.2% en 2021 y 3.2% en 2022. Nada mal para el promotor tradicional del neoliberalismo, quien, pese a esa reputación, con patente convicción keynesiana ha gastado cerca de 3.5 billones de dólares para salvar a su economía, ha cubierto casi el total de lo que ha perdido la masa salarial con ayudas fiscales y, a fines de este año, estaría de regreso en los niveles económicos previos a la pandemia.

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Imagen: Jeannie Phan.

En síntesis, el plan contracíclico ha funcionado, y con el aliciente de la política de expansión monetaria de la Fed, que ha puesto las tasas de referencia por debajo de 0.25%, Estados Unidos se prepara para un boom de inversiones, como el que de hecho vivió el año pasado desde marzo, junto con un auge de emprendimiento. Más allá de las tensiones sociopolíticas y el turbulento final de la administración Trump, hace una década que no se registraba un número tan alto de aplicaciones para abrir nuevos negocios.

Mientras, en México, además de la ausencia de apoyos fiscales, se acosa a las empresas con auditorías y amenazas de pena de cárcel hasta por recurrir al outsourcing laboral, lo que recrudece la migración en masa a la informalidad económica.

El pretexto de que a nosotros nos costaría mucho más endeudarnos es sólo eso, porque difícilmente puede pensarse en un momento más idóneo, por necesidad y costo-beneficio, para financiarse. Para unos a mayor tasa, desde luego, pero en todos los casos, por debajo de los promedios de los mercados. Y en última instancia, depende de para qué pidas: no es lo mismo para fondear futuros elefantes blancos como la refinería de Dos Bocas, que a fin de ayudar a sobrevivir a Pymes que eran rentables y pueden volver a serlo.

El problema es otro. Y cómo no recordar, para concluir, el diagnóstico de Gabriel Zaid sobre el desastre de los años 70: los excesos del presidencialismo que todavía estamos pagando, con el banderazo de salida de Luis Echeverría declarando que las finanzas se manejan desde Los Pinos (léase ahora Palacio Nacional). “Así fue, y así nos fue”.


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Curva de aprendizaje

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Hace días que leemos varias publicaciones sobre el dramático recorte presupuestal que ha sufrido la Fonoteca Nacional. También sobre las tareas de preservación, restauración y difusión que no podrán realizarse a causa de que no podrán ser recontratados cerca de 93 empleados. He leído también el extraordinario texto de Pablo Piccato sobre el asunto y la manera en que el material resguardado en la Fonoteca le permitió entender mejor cómo las personas hablaban o se referían al crimen en un México ya ido. Leí también la carta a la opinión pública en la que los afectados explican el riesgo en que se pone este patrimonio con la decisión. He leído las publicaciones que hablan del nada discreto entusiasmo que manifiestan las autoridades por el proyecto –por cierto, prescindible– de Chapultepec. Y las he leído cada vez con más coraje.

He leído todas las noticias sobre los trabajadores que ejercían sus funciones contratados por el “capítulo 3000” y cómo el INAH ha prohibido destinar los recursos de la partida 33901 a la contratación de servicios personales, es decir, personal subordinado. También leí el texto de la Ley Federal de Austeridad Republicana y no puedo más que lamentar las decisiones de este gobierno, así como mi incapacidad para actuar a favor de las instituciones y de las familias que seguirán en la precariedad.

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Imagen: Elisa Biete.

No puedo más que reflexionar en mis 20 años de práctica pública, cuando también fui contratada como eventual, sin prestaciones, sin garantías de continuidad y cuando aprendí a no llevar ni una foto a mi oficina, porque no era mía y porque al día siguiente podría no tener acceso a mi centro de trabajo. También en la curva de aprendizaje que se cumple cuando, después de muchos periodos con contratos de tres meses, finalmente seguía laborando y llegaba a dominar mi arte. Conviví, valoré, tuve amistad con y fui instruida por trabajadores de base y confianza durante esos 20 años. Y aprendí. Aprendí a montar vinil, a manejar obra, a ser comisaria, a administrar presupuesto público, a usar las palabras mágicas (“coadyuvar” es una de ellas, y a todos nos daba mucha risa que funcionara mejor que otras) para ayudar a hacer los contratos de mis compañeros de capítulo 3000 y que no nos los objetaran. Aprendí a tranquilizar a la gente que trabajaba conmigo mientras transcurrían los cuatro primeros meses del año sin pago. Aprendí a fluir con eso hasta que me cansé. Hasta que no pude darles tranquilidad y mejor me bajé del barco en enero de 2019.

Esa curva de aprendizaje es la más larga y más dolorosa, porque consiste en conformarse con seguir precarizados a condición de poder volver al siguiente año al lugar de trabajo que uno ama porque es histórico, porque resguarda patrimonio que uno tiene entre sus manos y abraza con el alma, porque ahí están los amigos y los maestros que nos han hecho especialistas. Cuando en 2018 estalló la primera protesta (#YaPagameINBA), yo era directora. En esa posición y conociendo la administración pública federal, no queda más que solidarizarse, a sabiendas de que una se hace cada vez más desagradable a los ojos de los superiores. Nadie mejor que mis trabajadores “eventuales” para desempeñar sus funciones y solucionar las insuficiencias profesionales del sistema. Los directores no teníamos (no tienen) recursos o argumentos para apagar las protestas porque el propio sistema los deja sin elementos de negociación: ni hacia arriba ni hacia abajo. Un país que había sido modelo por sus instituciones culturales se ha convertido en el referente internacional de precariedad y desmantelamiento, desde hace dos años, de manera acelerada.

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Imagen: Sur Acapulco.

No tengo, tristemente, la salida jurídica, la propuesta para trascender esta crisis, pero sí tengo la certeza de que los recortes presupuestales a cultura y el desvío de recursos a proyectos faraónicos innecesarios no son lo que nos permitirá seguir caminando. También tengo la seguridad, por la experiencia y por la curva de aprendizaje, que la alianza entre niveles de gobierno e iniciativa privada es lo único que puede favorecer proyectos de gran calado que permitan la conservación y difusión de lo que tenemos: patrimonio artístico mueble e inmueble, tanto como la preservación de los expertos que han capitalizado su curva de aprendizaje y saben cómo hacerlo.

Creo que, en este callejón sin salida, lo único que se puede hacer es saltarse por la pared: visibilizar la precariedad y la protesta, sensibilizar sobre todo lo que se pierde. Nuestras instituciones culturales están en grave riesgo, lo mismo que lo que custodian. Espero que la curva de aprendizaje que nos ha costado, implicado, la elección de este sexenio sea suficiente para darnos cuenta.


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Austeridad republicana 2021 ¿Quiénes son los más afectados?

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Secretarías sufrirán recortes presupuestales en 2021 por austeridad

El Gobierno de México mantiene su política de austeridad y no endeudamiento, por lo que en su Presupuesto de Egresos 12 secretarías y las entidades federales sufren recortes presupuestales en 2021.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador inició su mandato bajo lo que llamó la Austeridad Republicana que definió su política económica y delineó las prioridades en la redistribución del ingreso a favor de los más desfavorecidos, castigando los excesos de administraciones anteriores.

Manteniendo su postura, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, incluida en el Paquete Económico 2021, el Ejecutivo prevé transferir a los estadios y municipios del país 1 billón 867 mil pesos para gastos en educación, salud, infraestructura social, seguridad pública, pensiones y otros rubros, lo que implica una reducción total de 108 mil 521 millones en comparación al gasto federalizado aprobado en 2020.

En términos reales, es decir, teniendo en cuenta la inflación, lo presupuestado para el próximo año por el Gobierno Federal para las entidades supone un recorte del 5.49 por ciento.

Secretarías que sufren recortes presupuestales

La Secretaría que se prevé registre mayor recorte en su presupuesto para el 2021 es la de Trabajo y Previsión Social con el 17.5 por ciento por debajo de lo asignado el año previo.

La Secretaría de Hacienda es la otra dependencia que sufrirá recortes en 2021 con el 14.5 por ciento menos, mientras que La Oficina de la Presidencia de la República recibirá 12 por ciento menos.

Las otras dependencias federales que sufrirán también cambios a la baja en su presupuesto, pero en menor grado son: Energía (2.98 por ciento), Función Pública (4.95 por ciento), Relaciones Exteriores (6.90 por ciento) y Gobernación (1.55 por ciento)

Consulta Lista completa de ingresos previstos a Secretarías

La Fiscalía General de la República (FGR) tendrá menos recursos el año siguiente, al pasar de 18.8 mil millones a 17.3 mil millones de pesos. El caso es el mismo para el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Los riesgos de una austeridad republicana

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Consecuencia de la austeridad republicana en el gobierno de AMLO

El afán de ahorrar y no endeudar más al país, son los pilares de la planeación en el gasto público de la 4T; sin embargo, los recortes de la austeridad republicana empiezan a tener efectos negativos en el funcionamiento a distintos niveles de gobierno.

Los recortes presupuestales han sido aplicados a todas las dependencias del gobierno federal y a todos los niveles de gobierno, desde los salarios a altos funcionarios hasta los recursos destinados a mantenimiento, compra de equipos y distintos gastos necesarios para garantizar el funcionamiento del país.

De acuerdo con un artículo publicado por El Financiero, los recortes presupuestales, cobijados por la Ley de Austeridad Republicana, han disminuido hasta en un 75 por ciento los gastos de operación, generando retraso e incluso inmovilidad en áreas clave del gobierno federal y de la Ciudad de México, que se ve reflejado en la carencia hasta de papel de baño o equipos de cómputo, advierten servidores públicos de mandos medios.

“El desmantelamiento de los servicios básicos y operativos federales en Hacienda, Economía, Trabajo, Salud, afectan la operación: no hay oficios a tiempo, no hay autorizaciones de temas urgentes, no hay internet, no hay copias, servicios de mensajería, hay áreas totalmente muertas”, comentó un funcionario del IMSS citado por la fuente.

Un funcionario de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México (CDMX), comentó que los recortes presupuestarios han obligado a adecuar la funcionalidad a un 50 por ciento del personal, con dos teléfonos y 15 computadoras, algunas de ellas obsoletas, lo que hace la sistematización de la información esencial lenta y genera graves retrasos en oficios, autorizaciones de acciones esenciales que no avanzan.

“Otro de los graves vicios es que, además de que se trabaja con mucho personal de honorarios, con interinatos, hay muchos directores que desconocen el trabajo y muchos ni asisten. No es posible que en áreas especializadas, como en las subtesorerías de administración tributaria, de fiscalización estén personas apenas con preparatoria, sin la preparación mínima”, revelan.

Desde la Coordinación General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la capital mexicana, trabajadores citados por el rotativo mexicano señalan que “los recortes afectarán con montos de faltantes de alrededor 6 millones de pesos en electricidad, 10 millones en vigilancia, los insumos para la oficina adquiridos son de tan mala calidad, que los empleados prefieren llevar sus propias plumas, lápices (…) Los teléfonos son insuficientes y sólo de uso interno, los empleados usan sus propios celulares, no hay servicios de mensajería. En cambio, hay gastos absurdos, como el construir de urgencia un túnel sanitizante que sólo funcionó con agua y lo retiraron por inoperante”.

También relataron que “es de un grave daño al erario en las dependencias locales y federales la incapacidad, el desconocimiento y la inexperiencia de los funcionarios directivos que el gobierno ha colocado en áreas estratégicas, porque toman decisiones erróneas”.

En la Secretaría de Gobierno de la CDMX, en el área de Ordenamiento de la Vía Pública, “por escasez, el personal de campo debe ahora medir, ahorrar y limitar el gasto en el mantenimiento del parque vehicular, servicio a las camionetas, gasolina, bolsas y todos los insumos necesarios para proceder al decomiso de mercancías, necesidades de almacén y otros servicios”.

Empleados de la Secretaría de Economía federal indicaron que “se les anunció que retirarán cientos de las computadoras de escritorio a todo el personal y que les avisarán de una opción para poder hacer su trabajo. A algunos se les propuso comprar el equipo en uso, otros compartir terminales, hasta que se determine la decisión a tomar”.

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La Ley Federal de Austeridad Republicana, 4ª Parte

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Un hito para el Gobierno Federal

Que las aberrantes prácticas del pasado
no se reproduzcan con nuevos actores…
El autor.

Una lectura del pulso de la Sociedad Mexicana con respecto al apoyo al gobierno federal, ha dado lugar a la construcción y expedición de una serie de normas que, concatenadas, han ido configurando una política decisiva y esperamos que decisoria sobre el combate a la corrupción.

La Ley Federal de Austeridad Republicana responde a una justificada demanda, diría yo a un verdadero clamor por eliminar las condiciones que propician las irregularidades, los desvíos y los delitos que acontecen en el ámbito gubernamental en obvia complicidad con agentes económicos, sociales y políticos para obtener beneficios ilícitos en favor de intereses particulares.

Tan es así que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ha conceptualizado a la corrupción como un fenómeno que se expresa en cuatro dimensiones, ante la “incapacidad para controlar la corrupción, esto es, prevenirla, detectarla y sancionarla eficazmente”. Ante tal incapacidad, este sistema con múltiples actores se propone combatir la corrupción y la impunidad, la arbitrariedad y el abuso de poder, promover la mejora de la gestión pública, así como afinar los puntos de contacto entre gobierno y sociedad al involucrar en la lucha a esta última, y concurrir con el sector privado a dar las batallas necesarias y pertinentes.

ley federal de austeridad
Ilustración: Veritas.

La Ley Federal de Austeridad –decíamos– sirve de alineamiento a un conjunto de normas.  Destinada a lograr una gestión pública vinculada con las necesidades de la población, así como con sus aspiraciones de justicia individual y social. Un objetivo que subyace en la Ley es de contar con una administración pública honesta, capaz, racional, informada, sensible, eficiente y eficaz. Pero ojo, sobre todo honesta.

La Ley de Austeridad es una oportunidad de constituir una alianza con una política establecida a nivel mundial, nacional y local: la de transparencia en el quehacer público y la rendición de cuentas claras, que garantizan a todo ciudadano el acceso a la información pública gubernamental, así como el derecho a saber y constatar que los recursos públicos se manejan honradamente y se utilizan responsablemente para los fines a los que están destinados, consignados en los planes y programas de desarrollo económico, social, cultural y político, en el sentido del bien público.

Esta nueva Ley, asimismo, forma parte de la definición de una política integral que conjuga la fuerza de la autoridad legítima y legal, con la que deviene de la solidez del consenso entre gobierno y sociedad, ambas unidas a la voluntad de la ciudadanía. Esta ha de comprender la necesidad de asumir los mandatos provenientes del gobierno mientras sean legales y legítimos; observar una conducta civil responsable, convencida de hacerlo al darse cuenta de que le conducirá a mejores y más espaciosos lugares de bienestar integral.

A todo ello se ha dado por llamarle “Política de Estado”, refiriéndose a la urgencia de edificar alternativas viables de desarrollo que incluyan en forma indubitable al gobierno, a la sociedad civil y a los ciudadanos: estos tres protagonistas se mueven en un territorio común al que hay que cuidar y mejorar. Sobre el mismo han de suscitarse acciones sostenibles en el tiempo, orientadas de tal forma que se aprovechan las circunstancias para preparar respuestas asequibles y productivas para todos.

La Ley Federal de Austeridad particularmente se refiere a la conducta que deben atender los servidores públicos en cuanto a la utilización de los recursos de todos, en el entorno de un sistema estructurado de suerte que se obligue a la autoridad a ser consciente de que actúa responsablemente en la cotidianidad, en representación de un país con graves carencias, inconsistencias, contradicciones y desigualdades de todo tipo que hoy en día se manifiestan en un triángulo tan inmoral como perverso: la desigualdad que se convierte en pobreza material y de espíritu y, finalmente, se traduce en violencia estructurada por la corrupción y la impunidad.

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Ilustración: El Colombiano.

En este contexto, no es menor el propósito de ahorrar en lo superfluo para invertir en lo prioritario. Tal determinación política –le expedición de la nueva Ley– pretende cercar de manera ostensible el abuso de poder, el cual, entre otras cosas, ofende por el despilfarro que supone y finalmente por la incontinencia de la corrupción.

El cumplimiento de la Ley Federal de Austeridad puede ser ejemplo de congruencia entre el decir, hacer y el parecer.

Planteado así, el espíritu de esta norma radica finalmente en recuperar la conducción política del país, al ejercerse una autoridad decidida a favorecer el interés general. Los privilegios que no son producto de una cultura de trabajo y esfuerzo perseverantes, sino que se sustentan en aprovechar los vacíos de organización social y de las leyes, medran a costa de las mayorías y actúan en favor de intereses tan inconsistentes como inconfesables. 

La tarea es compleja y necesariamente difícil, muy difícil. Se requiere comprender que estamos ubicados en un espacio global, intercomunicado como nunca antes; el mundo es un lugar que se replica al interior de cada país donde coexisten y eventualmente conviven comunidades plurales, diversas en costumbres y culturas, con distintas cosmovisiones, pero quizá unidas por nuevos valores comunes de convivencia, más igualitarios, más incluyentes, más respetuosos, más dispuestos a cooperar que a competir.

En este entramado cada nación debe estar en posibilidades de contar con su gobierno, y para que éste efectivamente cuente, debe poseer el valor de la dignidad sustentada en proteger tanto a la gente como al espacio donde vive en un real Estado de Derecho, que precisamente se sostiene al ser capaz de responder a las necesidades de coexistir en libertad con seguridad y bienestar.


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Ahorros de la 4T con costo económico

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Ahorros que dejó la austeridad republicana de la 4T en 2019

Reducción del gasto público, redistribución del ingreso y reducción a salarios de altos funcionarios públicos, son algunos de los pilares de la política de austeridad que encabeza el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que logró resultados con ahorros mayores al 40 por ciento en el primer año de su administración.

No endeudar al país, mejorar el nivel de bienestar de la población menos favorecidas e impulsar el gasto interno a través de programas sociales; es como López Obrador maneja su política económica interna y para lograrlo promovió la llamada ‘austeridad republicana’ con reducción del gasto público en proyectos ‘innecesarios’ o en gastos excesivos por parte de las dependencias del gobierno.

Los ahorros de la austeridad republicana quedaron lejos de los 500 mil millones de pesos en ahorros que el presidente prometió en campaña electoral, si logró un incremento del 43 por ciento en los ahorros comparados con el año previo cuando se observaron ahorros por austeridad por 4 mil 132 millones de pesos, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En su interior, de los ahorros de 2019, un monto de 3 mil 952 millones de pesos correspondió a la Administración Pública Federal (APF), es decir, las dependencias aportaron el año pasado 67 por ciento de los ahorros, mientras que el resto, mil 990 millones de pesos, correspondieron al Poder Judicial, al Congreso e instituciones autónomas.

Si solo se observan los ahorros de la APF, los datos de Hacienda muestran que el monto logrado en 2019 prácticamente triplicó el reportado en 2018, cuando las dependencias gastaron mil 390 millones de pesos menos.

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De donde vienen los ahorros de la austeridad republicana de la 4T

Las secretarías de Energía y Hacienda fueron las dos dependencias que más se “ajustaron el cinturón”; tan solo la aplicación de medidas de austeridad de esas dependencias aportaron 2 mil 673 millones de pesos, esto es, 70 por ciento del total de los ahorros reportados por toda la administración pública.

Por rubros del gasto, las reducciones se aplicaron principalmente en gasto de operación en petróleo, gas y sus derivados adquiridos como materia prima, con mil 543 millones de pesos; subcontratación de servicios con terceros, con 688 millones de pesos; asesorías para la operación de programas, con 320 millones de pesos, y difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios con 115 millones de pesos.

También se aplicaron reducciones en el rubro de servicios personales, principalmente en sueldos base con 68 millones de pesos; compensación garantizada con 47 millones de pesos; aguinaldo o gratificación de fin de año, con 28 millones de pesos; aportaciones al IMSS con 8 millones de pesos, principalmente.

Los efectos de la austeridad republicana

Si bien el gobierno ha logrado incrementar los ahorros en el gasto público, la falta de inversión en proyectos de infraestructura ha generado consecuencias en la economía mexicana.

En gobiernos anteriores, la inversión pública impulsó el sector de la construcción, principal motor en la generación de empleos formales en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El empleo formal con Andrés Manuel López Obrador sufrió una caída del 27 por ciento en enero de 2020, respecto al mismo mes del año previo, y el crecimiento económico del país se contrajo en un 0.1 por ciento en el primer año de su gobierno.

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Referencias de la Austeridad Institucional, 3ª Parte

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La austeridad en el gobierno significa alcanzar equilibrios en la sociedad.
El autor.

La austeridad gubernamental se ha convertido en política pública y obligación legal en México. Por lo tanto, requiere de un marco de actuación que le permita cumplir a cabalidad con las premisas que plantea con el fin de constituirse en ejemplo de comportamiento y desempeño para el bien del país.

El asunto es complejo para su implementación. Hay que tener presente que su alcance impacta a todos los sectores de la población y a todas sus actividades. En este artículo me referiré a lo que atañe específicamente a la Administración Pública Federal.

En este espacio hemos expresado que la instrumentación de la austeridad naturalmente radica en gastar menos, pero sobre todo en gastar mejor al ser capaces de establecer prioridades por cada una de las dependencias y entidades; gastar con claridad; gastar con honestidad, y principalmente con productividad social, es decir, aquella apta para integrar, armonizar, organizar el esfuerzo colectivo; aquella que acometa con eficacia la desigualdad y con ello la pobreza y la ignorancia.

productividad y austeridad
Imagen: Fusades.

Así, la productividad social se mide por el trabajo y la seguridad social que tenga la mayoría de la población; por la cantidad y calidad de la educación de niños y jóvenes de ambos sexos; por la salud vinculada a la alimentación; por la vivienda relacionada con la movilidad y la libertad de tránsito; por la confianza que se deposite en las instituciones; por el acceso a la cultura popular, a la tecnología y a las más elevadas expresiones de la civilización.

Todo este conjunto de objetivos se puede diseñar dentro de una ruta de aproximación paulatina y ordenada a partir de que los temas de desarrollo social están sujetos a la disposición suficiente y oportuna de recursos financieros, materiales, humanos y tecnológicos al alcance de un poder político legitimado por todos los flancos: ¿será posible ponderar la posibilidad de convertir los anhelos, esperanzas y decisiones del gobierno en sólidos consensos que permitan la transformación deseada?

Nuestro país no puede darse el lujo de desperdiciar o derrochar los recursos de que dispone. Esto incluye colocar el foco en la distribución de la riqueza pues resulta moral y económicamente insostenible que una minoría la acapare en su mayor parte. El presupuesto público debe velar por el interés general. Para hacerlo ha de erigirse como ícono de austeridad. De ahí que las referencias programáticas-presupuestales se conviertan en anclas de prácticas administrativas con fundamento normativo, racionales, eficientes y eficaces, no sólo para resolver problemas sino particularmente para ofrecer soluciones plausibles.

austeridad y balanza
Imagen: Fisgón Moreno.

La austeridad no está sola, cuenta con una serie de ordenamientos que le permiten ubicarse, evaluarse y corregirse en el camino. Se puede afirmar que la austeridad es una conducta institucional que se practica. Demos un repaso a los referentes aludidos en el título de esta colaboración:

~ La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (12 de abril de 2019) tiene la virtud de su brevedad y de la claridad en el mensaje político: “ningún servidor público puede recibir una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República”, decisión que revela un ingreso digno y suficiente para el servidor público de mayor jerarquía en la República: ¿queremos más claro el mensaje de la austeridad?

~ El famoso Memorándum del 3 de mayo de 2019 que el Presidente de la República dirigiera a los servidores públicos, representa una conjugación de convicciones resumida en la frase de que: “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre…”, un mensaje más de austeridad.

~ El Plan Nacional de Desarrollo, PND (12 de julio 2019), se estructura a través de tres ejes (Política y Gobierno; Política Social, y Economía).  Cada uno se justifica y se ordena.  En esta ocasión interesa concentrarnos en el propósito de Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad.  El PND combina ideología con acciones; sitúa a la austeridad como una de las políticas gubernamentales básicas, sustentadora de muchas otras dada la transversalidad que representa.

no a la corrupcion
Imagen: Quinto Poder.

~ El Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública, 2019-2024 (30 de agosto de 2019). Incluye los valores y principios que lo fundamentan. Dentro de ellos destacan la Responsabilidad del Estado para proteger los derechos sociales e individuales; la Racionalidad que debe imprimir a sus acciones y quehaceres cotidianos y extraordinarios, la pulcritud, transparencia y publicidad de sus procederes.  En todo el texto está presente el interés general sobre el particular. Los conceptos clave a lo largo del documento son: la Austeridad Republicana; la Corrupción/Anticorrupción; la Impunidad/Castigo, y por supuesto, la Gestión en la Administración Pública.

~ La Política Nacional Anticorrupción recientemente aprobada en el Sistema Nacional Anticorrupción, en el que sí están representados todos los que deben, dentro de sus múltiples objetivos, destaca el de evitar la arbitrariedad y el abuso de poder y desarrollar un control social para impedir la corrupción. La prioridad 16 fomenta el desarrollo de políticas de transparencia “proactiva” y de “gobierno abierto” que no sólo previene un mal uso de los recursos sino que garantiza con ello practicar la austeridad.

Con este bagaje, se posibilitaba decretar lo que para el Presidente ha sido una constante a lo largo de su carrera política:  implementar la “Austeridad Republicana”, así con este apellido para darle un sentido político y separarlo de lo estrictamente económico, pues la construcción de una República significa promover los equilibrios y en México todavía estamos lejos, pero también cada vez más conscientes de que la desigualdad que nos visita es uno de los males más dañinos para lograr el desarrollo.  En el próximo artículo abordaré la Ley Federal de Austeridad Republicana a fin de detectar aquellos aspectos que llaman la atención para su cumplimiento por parte del gobierno, el cual no puede darse sin el involucramiento de la sociedad organizada en torno a esta obligación estatal para vigilar su cumplimiento.


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Austeridad y deuda externa simbiosis perfecta

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Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que gracias a la austeridad de su administración la deuda externa se mantiene estable.

La decisión tomada por el gobierno federal de no aumentar impuestos habría la posibilidad de financiar parte de sus proyectos emitiendo deuda externa pero la administración liderada, desde hace poco más de un año, por Andrés Manuel López Obrador, optó por disminuir el gasto corriente así como iniciar una lucha frontal contra la corrupción.

De esta forma López Obrador aseguró, durante su conferencia matutina de este 19 de diciembre, que la deuda externa cerrará este año en un 44.1 por ciento con respecto al Producto Interno Bruto (PIB),

“Hicimos un compromiso de que no aumente la deuda (externa), hasta el 16 de diciembre era del 44.1 por ciento con respecto al Producto Interno, no vamos a pasar del 44.9 por ciento”, afirmó el mandatario.

Explicó que en términos reales los gobiernos anteriores dejaron una deuda externa que al término de la administración de Vicente Fox fue un billón 700 mil millones, con Felipe Calderón aumentó a cinco billones 200 mil millones, y en el caso de Enrique Peña Nieto fue de 10 billones 600 mil millones de pesos.

Al mostrar una gráfica, el mandatario detalló los montos citados que cada uno de los expresidentes dejó como déficit en las arcas nacionales.

“El compromiso de nosotros es que se pueda sostener ese porcentaje en términos reales y si podemos bajarla, pero no aumentarla, por eso la austeridad, por eso el combate a la corrupción, de no endeudar al país porque significaría destinar más recurso del presupuesto en el pago del servicio de la deuda y ya estamos pagando muchísimo de intereses”, puntualizó.

Agregó que el fortalecimiento del peso frente al dólar contribuye a reducir levemente el débito que tiene el país.

“Cuando el peso se fortalece bajamos nuestra deuda, se reduce aunque sea un poco, esta semana nos ha ido muy bien porque ha estado el dólar a menos de 19 pesos, a 18.96 para ser exactos. Entonces está muy bien el peso y esto también ayuda para no pagar tantos intereses”, explicó.

El mandatario federal destacó que es prioridad de su administración bajar lo recursos destinados al servicio de deuda pública del sector. “Esta muy bien el peso y esto también nos ayuda”, señaló el presidente.

Con información de Notimex.