organismos autónomos

Como si no estuviéramos rebasados en México por la cantidad y la diversidad de problemas y conflictos, iniciamos este año de incertidumbre con una renovada embestida contra los órganos constitucionalmente autónomos. En esta ocasión, contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), aunque se enmarca en una constante de conjunto: el socavamiento del sistema de contrapesos del Estado democrático de derecho que, con grandes esfuerzos y avances trascendentes, México ha ido construyendo a lo largo de más de tres décadas.

Hay mucho en juego: baluartes fundamentales del Estado mexicano; un proceso de desarrollo democrático y de ingeniería constitucional orientado a afincar equilibrios; una arquitectura institucional para mejorar las capacidades sustantivas de nuestros gobiernos, a través de la especialización y la profesionalización de funciones, así como su separación y, sobre todo, sustracción del poder político y de las veleidades de la competencia por el mismo. Este andamiaje no sólo debe valorarse y mantenerse, sino ser fortalecido.

Amagos y efectos negativos consumados

No podemos desestimar los riesgos de retroceso democrático y en competencias institucionales. De hecho, ya ha habido efectos negativos puntuales, como en el caso de los órganos regulatorios del sector energético, cuya autonomía ha sido desmantelada en los hechos, vía la colocación de funcionarios con un perfil inclinado a la militancia o la afinidad política e ideológica, en vez de los criterios técnicos. A estas alturas es claro que ello ha introducido una alta incertidumbre jurídica en el sector, mermando la inversión y abriendo áreas de conflicto y litigio nacional e internacional.

Otra consecuencia negativa de este proceso de corrosión institucional, ya consumada, fue la liquidación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en perjuicio de la necesidad de evaluar objetiva e imparcialmente al proceso educativo, por tanto tiempo rehén de intereses políticos y sindicales, al igual que el sistema educativo público en general. La nueva reforma educativa dio paso a un amorfo Instituto Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, supuestamente con autonomía técnica, pero de cuyas actividades se sabe muy poco, aunque ya desde el nombre se explicita, por omisión, que el tema de la evaluación dejó de ser prioritario.

Otra muestra de erosión más, inclinada al escándalo, reside en el desgaste de la credibilidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), catapultado con el impugnado proceso de relevo en su titularidad.

Igualmente, destacan las amenazas a la independencia de Banco de México, como la reciente iniciativa para obligarlo a comprar dólares en efectivo, que sigue en turno a la que impulsaron, en el 2019, senadores para que el Congreso asumiera funciones regulatorias que le corresponden al banco central, en ese caso vía la imposición de niveles y condiciones de comisiones bancarias. No menos alarmantes ha sido el acoso al Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, a través de proyectos de reforma que incluso han planteado la vuelta al esquema previo a la transición democrática, cuando la Secretaría de Gobernación se encargaba de organizar las elecciones.

No pasó mucho tiempo desde que se frenó otra iniciativa del Senado que generó mucho ruido, dirigida a crear un nebuloso Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob), el cual tendría funciones regulatorias en materia de competencia económica, energía y de telecomunicaciones y radiodifusión. La intención era fusionar a la Cofece, al IFT y a la Comisión Reguladora de Energía.

Ahora se vuelve a la carga, pero desde Palacio Nacional y ya de plano sin ni siquiera autonomía de papel, de ornato discursivo o como intención secundaria: que secretarías de Estado absorban al IFT, la Cofece, y el INAI, Comunicaciones y Transportes, Economía y Función Pública, respectivamente. En todos los casos se incurriría en la condición de fusión de las funciones de juez y parte, sujeto regulado y ente regulador.

El ahorro más caro

Es preciso defender a los órganos constitucionalmente autónomos e igualmente a aquellos a los que se ha dado algún grado de independencia técnica para fines de imparcialidad, especialización y consistencia, en aras de otorgar estabilidad, certidumbre y “piso parejo” a agentes económicos o actores sociales y particulares. Es fundamental para la democracia, el Estado de derecho y, en general, para el progreso de México.

Los ahorros que pueda hacer un gobierno, que son la razón aducida para eliminar estas instituciones, pueden ser altamente costosos o incluso ruinosos para el Estado mexicano, que trasciende a los proyectos políticos que se suceden en su seno.

Más aún, son los ciudadanos quienes terminan pagando ese tipo de ahorros, y muy caro. Habría que pensar a favor de qué se utiliza una bandera de austeridad: ¿de la nación o de un gobierno en turno y su proyecto político? ¿Qué costos tendría la eliminación o el debilitamiento de cada uno de estos organismos no sólo en dinero (por ejemplo, al abrir cauces a la discrecionalidad en la asignación de precios, tarifas o cuotas), sino sobre todo de derechos?

Tomemos el caso de la Cofece: un desenlace altamente probable de su desaparición sería un ahorro mínimo, con el costo de construir de cero o la curva de aprendizaje en la transferencia de funciones a la Secretaría de Economía, a cambio de una factura verdaderamente onerosa para la sociedad y los consumidores, con espacios para la concentración monopólica de mercados, prácticas anticompetitivas o captura de mecanismos de regulación.

Hay que pensar en términos de costo-beneficio; de ahorros improbables versus beneficios y derechos concretos para los ciudadanos. En esa línea, el supuesto ahorro de eliminar estos organismos es mínimo en términos relativos: en caso de desaparecer el IFT, el INAI, la Cofece y la CNDH, no llegaría ni al 0.1% del gasto anual de la Federación.

Otro ejemplo ilustrativo: el IFT costará alrededor de  1,510 millones de pesos este año; comparemos con la refinería de Dos Bocas, a la que se le canalizarán más de 45 mil millones, a pesar de que está destinada a amplificar las pérdidas de las finanzas públicas en el sector hidrocarburos. Recordemos que Pemex, antes de la pandemia, perdió más de 346 mil millones de pesos en 2019. En cambio, se estima que la reforma de telecomunicaciones y su órgano de desarrollo y regulación, el IFT, han generado ahorros en favor de los usuarios por 540 mil millones de pesos. Bastaría con ponderar los costos de telefonía móvil para los usuarios, que han bajado casi 44% en seis años.

Es falso que las instituciones autónomas del Estado mexicano no hayan dado resultados en beneficio de la sociedad. En cambio, los riesgos son muy claros: por ejemplo, los beneficios que han obtenido los usuarios de servicios de telecomunicaciones podrían diluirse.

Lo que hay que hacer es perfeccionar y fortalecer estos órganos. Corregir donde sea necesario, pero no cortar de tajo. La austeridad, real o como aspiración, no puede ser argumento para disminuir derechos, acabar con equilibrios democráticos y erosionar activos del Estado mexicano. Sería el ahorro más caro.

México necesita más contrapesos e instituciones con mayor solvencia técnica y operativa, no menos.

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