Redacción

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Emilio Lozoya aseguró que no ha habido negociaciones “en lo oscurito” con el PAN para la Reforma Energética. Refinería en Tula, Hidalgo, se mantiene; se dividió en dos etapas ante la falta de recursos, aclaró.

 

Ciudad de México.- Ante la Comisión de Energía, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, reconoció que la paraestatal no está quebrada, pero su modelo constitucional y legal actual impide aprovechar su potencial al máximo, por lo que la Reforma Energética propuesta por el Ejecutivo federal busca convertirla en una empresa más productiva y más eficiente.

 

Aclaró que no hay negociaciones en lo oscurito: “No me he reunido con ninguno de los diputados del PAN a negociar esto. En Petróleos Mexicanos, el Gobierno federal es muy respetuoso de la soberanía del Congreso de la Unión y hoy en día la decisión sobre una posible reforma energética esta aquí, en las cámaras de Diputados y Senadores”.

 

Mencionó que los tres proyectos de los principales partidos políticos sobre la Reforma Energética coinciden en que se debe fortalecer a la paraestatal, bajar la carga fiscal, dotar de mayores mecanismos de flexibilidad y “nadie está planteando la privatización ni de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ni de Pemex, ni mucho menos del subsuelo de la nación”.

 

Sobre el proyecto de la nueva refinería en Tula, Hidalgo, explicó que sigue contemplado en el Plan de Negocios de Pemex 2014-2018, pues se le están dedicando casi cuatro mil millones de dólares de inversión en los próximos años, y para llevar a cabo la conclusión total de la segunda etapa, dijo, “se requiere una Reforma Energética, porque se demanda mayor capacidad de inversión”.

 

En su comparecencia para explicar el Plan de Negocios de la paraestatal, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el director general de Pemex sostuvo que la inversión destinada a la refinería, por el momento, es cuantiosa y representa un reto de ejecución “no menor para la paraestatal”.

 

Añadió que su construcción se mantiene en la cartera de Pemex; se dividió en dos etapas ante la falta de recursos e incluye “la reconfiguración de Tula y la nueva capacidad de refinación; para la primera (etapa) se tiene prevista una inversión de cerca de 4 mil millones de dólares, de esta fecha hasta el año 2017”, destacó.

 

El legislador José Antonio Rojo García de Alba aclaró que la construcción de la nueva refinería fue un proyecto iniciado por la administración anterior; sin embargo, aseguró que el compromiso formal y jurídico de Pemex sigue siendo con el estado de Hidalgo y, por lo tanto, construirla o no, no ha sido motivo de la Reforma Energética.

 

Samuel Gurrión Matías  preguntó sobre los cambios estructurales que se plantean con la Reforma Energética para mejorar a Pemex y si puede hacerse más eficiente con: la reducción de gastos administrativos, la consolidación de la capacidad de compra, la simplificación del gobierno corporativo o la agilización en los proyectos de inversión.

 

El diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos  preguntó al funcionario con qué propósitos y criterios se debe de plantear la actividad internacional de Pemex en la propuesta de Reforma Energética: si como inversionista en el capital accionario de otras empresas o como socio en proyectos productivos específicos.

 

Por Acción Nacional, el diputado Rubén Camarillo Ortega criticó que el plan de negocios no contemple acciones de combate a la corrupción en la paraestatal. Solicitó a Lozoya Austin declarar si durante su gestión ha sostenido una reunión pública o privada con alguno de los diputados de su bancada de la Comisión de Energía.

 

De ese mismo grupo parlamentario, Juan Bueno Torio resaltó que la propuesta de Reforma Energética de su partido está enfocada a fortalecer la competitividad de México, e insistió en que las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales deben conducir a una mejor apertura, para que el país tenga un producto que lo fortalezca, genere crecimiento económico y empleos.

 

El legislador Germán Pacheco Díaz se interesó por el estado que guarda el expediente de la explosión de la Torre de Pemex, ocurrida el pasado 31 de enero, porque “las respuestas y los argumentos que ha dado la paraestatal no han sido de todo claras”.

 

En su turno, el diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (PRD) interrogó al funcionario sobre las acciones en contra de la corrupción en la paraestatal, y solicitó conocer las razones por las que el Plan de Negocios 2014-2018 no contempla entre los principales proyectos de Pemex-Refinación la construcción de la nueva Refinería en Tula, Hidalgo.

 

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier consideró que el plan de negocios se construye “al calor y termómetro político”, y expresó que la falta de voluntad política y la poca seriedad en las direcciones de energía tienen a la nueva Refinería de Tula con poco avance.

 

De esa misma bancada, el diputado Agustín Miguel Alonso Raya destacó que la propuesta de su grupo es convertir a Pemex de un organismo público a una empresa pública, darle un nuevo régimen fiscal para liberar recursos y un nuevo Consejo de Administración. “No satanizamos las negociaciones, lo que exigimos es que se dé un debate público”.

 

Del PVEM, el legislador Ricardo Astutillo Suárez preguntó cuáles son las acciones que contempla Pemex para combatir la delincuencia organizada en el robo de hidrocarburos, luego de mencionar que en el 2012 se registraron más de mil tomas clandestinas de combustible.

 

Manifestó la necesidad de impulsar una política de energía renovable y verde, sobre todo para la extracción de gas shale y solicitó conocer la estrategia para mejorar los servicios, infraestructura y seguridad del gas LP, pues 80 millones de mexicanos usan este servicio.

 

A su vez, el diputado José Alberto Benavides Castañeda (PT) criticó a Pemex por no ser capaz de reconocer su problema de corrupción y aún así pretenda tener más apertura. Consideró inadecuada la propuesta de abrir el sector energético para que extranjeros produzcan gas natural y lo vendan al exterior mientras Pemex lo importa.

 

Precisó que de aprobarse la Reforma Energética del Ejecutivo federal, el tiempo de vida de Pemex estará ligado al lapso en que sigan dando crudo los yacimientos que se explotan actualmente, y el responsable “no será la paraestatal, sino los funcionarios y dirigentes que han permitido llegar a esta situación, que se puede mejorar sin necesidad de implementar modificaciones a la Constitución”.

 

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas preguntó cuáles serán las acciones en materia de sustentabilidad a las que se compromete Pemex en los próximos seis años, ya que consideró que debe haber una línea de acción independiente que aproveche los recursos naturales del país para velar por su protección y la de los habitantes.

 

Resaltó que México no ha alcanzado el nivel máximo de producción petrolera, a pesar de los recursos con los que cuenta el país. Cuestionó por qué en la propuesta de Reforma Energética del Ejecutivo se consideró la figura de los contratos de utilidad compartida y si los ciudadanos podrán conocerlos.

 

El diputado Ricardo Mejía Berdeja expresó su rechazo al Plan de Negocios 2014-2018, la Estrategia Nacional de Energía y la Reforma Energética, al considerarlas parte de un proyecto privatizador del sector energético, y argumentó que el gran problema de Pemex “es el saqueo brutal y la corrupción”.

 

Cuestionó si habrá o no refinería en Tula, Hidalgo, luego de destacar que desde el 2010 el gobierno autorizó 5 mil 700 millones de pesos para su avance, y en 2011 Pemex contó con 274 millones para obra pública en bienes propios y en el 2012 tuvo 291 millones para invertir en el mismo concepto.

 

En respuesta, el director general de Pemex Emilio Lozoya, enfatizó que la propuesta de la Reforma Energética es nacionalista, en donde la paraestatal, la CFE, los yacimientos de petróleo y gas siguen siendo 100 por ciento propiedad de la nación, por lo que rechazó su posible privatización.

 

Señaló que se tiene planeado reconfigurar la refinería de Salamanca, Guanajuato, con 3 mil 200 millones de dólares, y la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, con 3 mil 500 millones de dólares.

 

Sobre el problema de robo de combustibles, el director general indicó que este año se han presentado 2 mil 760 denuncias por mercado ilícito y tomas clandestinas, y se iniciaron procesos por 187 presuntas responsabilidades.

 

Indicó que el costo del robo de combustibles en el 2012 fue de 7 mil 300 millones de pesos y estimó que al cierre de septiembre de este año es de 7 mil 605 millones de pesos; pidió a los legisladores cambiar las leyes para penalizar de una forma más contundente este ilícito.

 

Manifestó que cada año se perforan mil pozos y para llevar la producción a los niveles deseados se requieren 10 mil más en el mediano plazo, lo que representa una limitante, principalmente en aguas profundas, y aclaró que “una Reforma Energética es fundamental para que Pemex y el Estado no lleven solos el riesgo en todos los proyectos”.

 

El funcionario indicó que se busca cambiar la estructura cooperativa de Pemex, es decir, hacerla moderna y eficiente, pues hoy la paraestatal esta sobreregulada. Además, dijo que una de las formas más eficaces en que la empresa puede combatir la corrupción, es promoviendo la competencia.

 

Se requiere, afirmó, flexibilizar el régimen fiscal de Pemex, pues con uno nuevo se le permitiría tener una inversión adicional de 10 mil millones de dólares. Destacó que la razón por la que los ingresos de Pemex se han mantenido altos, es porque el precio del petróleo fue, del 2003 a 2012, de 25 a 103 dólares.

 

El efecto del precio en los ingresos del país, subrayó, ha permitido tener estabilidad; “por eso, no podemos permitir dejar al azar de los precios internacionales la productividad del sector energético del país, ya que lo mismo ocurre en el caso del gas, pues en 1997 México era prácticamente autosuficiente, ya que las impostaciones eran del 3 por ciento, y ante esta falta de capacidad de multiplicar la inversión hoy en día estamos importando el 33 por ciento del consumo”.

 

Reiteró la necesidad de incrementar la producción a partir de una mayor inversión, pues “hoy Pemex está invirtiendo 24 mil millones de dólares y perforando 20 mil 300 pozos, por lo que llevar la producción a 62 mil millones de dólares -que es lo que se requiere en la industria- se tendrían que perforar 51 mil 665 pozos”.

 

Plan de Negocios 2014-2018

 

Luego de rendir protesta de ley, el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, expresó que el Plan de Negocios 2014-2018 presenta el rumbo de la paraestatal en el mediano plazo, cumple con los requerimientos de la ley y establece las metas por las cuales se mide su desempeño.

 

Indicó que en este documento se establece el vínculo de la política energética y la restricción presupuestal, y define 4 líneas de acción del Plan: crecimiento, eficiencia operativa, responsabilidad corporativa y modernización.

 

Se busca, dijo, incrementar el inventario de reservas, la producción de hidrocarburos, asegurar el suministro, impulsar la petroquímica, optimizar la capacidad de logística, alcanzar niveles de eficiencia por encima de estándares internacionales, mejorar el desempeño operativo, garantizar la operación segura y confiable, así como mejorar el desempeño ambiental y la sustentabilidad de negocio.

 

En un plazo de cinco años, continuó, se busca enfocar la exploración y explotación en aguas someras, terrestres, profundas y yacimientos no convencionales, rehabilitar las plantas de amoniaco, acelerar la construcción de los gasoductos “Los Ramones” y mejorar el procesamiento de crudo pesado. Detalló que el 80 por ciento de la inversión de la paraestatal es para la producción y exploración.

 

Lozoya Austin dijo que con esta estrategia se plantea reducir los costos en exploración y producción. “Pemex está trabajando no sólo para incrementar la producción en gas natural, sino en la logística de llevarlo a distintas zonas del país que hoy están pagando energía muy cara”.

 

Mencionó que la paraestatal continuará en la contención de accidentes y ampliará el compromiso del personal en temas de seguridad y medio ambiente. Además, se propone una nueva estrategia de recursos humanos, pues una buena parte de la plantilla laboral será susceptible de jubilación en los próximos años; “se necesita capacitar a los empleados en esta materia”, indicó.

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 El ordenamiento instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores para que en coadyuvancia con la Comisión Nacional de Vigilancia realice la modificación del Formato Único de Actualización y Recibo.

 

Ciudad de México.- El Instituto Federal Electoral (IFE) consultará de forma expresa y por escrito a los ciudadanos sobre la incorporación visible de los datos de Calle, Número Exterior y Número Interior del domicilio en el anverso de la credencial para votar y, que en todos los casos, dichos datos se incluyan de forma cifrada en el reverso de la misma, en acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la resolución del recurso de apelación SUP-RAP-37/2013.

 

El ordenamiento instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores para que en coadyuvancia con la Comisión Nacional de Vigilancia realice la modificación del Formato Único de Actualización y Recibo.

 

Este acuerdo entrará en vigor a los 90 días naturales posteriores a su aprobación.

 

En días previos, la senadora priista de la Comisión de Gobernación María Verónica Martínez Espinoza, expresó su beneplácito por el fallo del TEPJF que ordena al Instituto Federal Electoral (IFE) a encriptar el domicilio en las credenciales para votar, por seguridad.

 

“Es importante el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para proteger dicha información sensible, pero también es un llamado de atención a las comisiones del Senado para analizar temas y reformas tan importantes, que estamos difiriendo y dejando que sea el Poder Judicial quien termine resolviéndolos”, apuntó la senadora del PRI.

 

Martínez Espinoza, senadora por Jalisco, recordó en entrevista que el pasado 15 de marzo pidió a las comisiones de Gobernación y de Asuntos Legislativos dictaminara la iniciativa en la materia presentada por la legislatura pasada, con la que se pretendía reformar el artículo 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

 

Dicha reforma fue promovida por ahora senador con licencia, Arturo Zamora Jiménez, del PRI, y planteaba eliminar de las micas electorales el domicilio de los ciudadanos, bajo el argumento que dicha información ha sido utilizada por la delincuencia organizada para cometer diversos delitos, tales como fraudes, robo de identidad, secuestros y extorsiones.

 

Martínez Espinoza, expuso que de acuerdo con el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, en seis de cada diez casos, los miembros de bandas de secuestradores retuvieron a sus víctimas y aprovecharon la información del domicilio contenido en la credencial como medio de extorsión y amenaza.

 

De igual forma, destacó que en el Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Policía Federal, al año se reportan, en promedio, 50 mil casos de extorsiones, en los que se utilizaron los datos de la residencia de los ciudadanos como arma de extorsión y amenaza.

 

La iniciativa de reformas al artículo 200 del Cofipe que se mantiene en espera de ser dictaminada desde hace más de año, señala que en el mercado negro la venta de credenciales de elector, ya sean robadas o extraviadas, es muy lucrativo, ya que le permite a los delincuentes localizar vivienda e identidad de sus posibles víctimas”.

 

La integrante de la Comisión de Justicia, confió en que el Instituto Federal Electoral, en su próxima sesión, acate el fallo del TEPJF y en el nuevo modelo de credencial para votar de encripte el domicilio de los ciudadanos, ello con el fin de proteger un dato tan sensible que ha sido utilizado por el crimen.

 

De acuerdo con el proyecto de dictamen que discutirá el IFE el encriptamiento se justifica a partir de la postura institucional de proteger los derechos humanos, que en este caso implica “no transgredir la protección de datos personales al incluirlos de manera visible en el cuerpo de la credencial”.

 

Hasta ahora el IFE ha realizado estudios en los que se coincide, entre instituciones públicas y privadas, que la información sea encriptada por razones de seguridad, mientras que los que piden que se mantengan los datos a la vista, justifican su decisión para facilitar trámites.

La característica más distintiva de la democracia, es el derecho al disenso; pero igualmente lo es la capacidad de diálogo y consenso.

— Verónica Martínez (@senadoraverom) septiembre 4, 2013

Averigua si necesitas renovar tu credencial para votar consultando la siguiente información: http://t.co/Teeoi8dSPi

— IFE (@IFEMexico) noviembre 15, 2013