Es común entre los estudiosos de la seguridad discutir los métodos criminales. La lógica supone que ciertos crímenes requieren de o recurren a ciertas prácticas. Por tanto, descifrar constantes en el modus operandi termina siendo una aspiración para detectar cómo accionan y reaccionan ciertos criminales en contextos igualmente específicos. ¿Qué pasa, sin embargo, cuando las líneas entre lo legal o lo ilegal terminan borrando la definición de criminal? El México contemporáneo es un buffet lleno de experiencias útiles para pensar al respecto. Aquí presento tres experiencias del un crimen parecido, con métodos similares, pero con una heterogeneidad de perpetradores que diluye lo que entendemos por legal e ilegal.
En pleno contexto de guerra contra las drogas durante el calderonismo, testimonios desde Michoacán dieron cuenta de la manera en que grupos criminales locales se hacían con terrenos de la población. El método consistía en secuestrar, torturar y en general extorsionar a dueños de propiedades inmobiliarias para que cedieran sus terrenos en favor de algún miembro del grupo criminal, o incluso del grupo mismo. Después de las atrocidades realizadas, los dueños terminaban cediendo las propiedades y firmando los papeles necesarios. Cuando el objetivo parecía haber sido alcanzado, es decir, contar con la propiedad de manera “legal”, usualmente la víctima era asesinada.
Años después el método se repitió pero cambió el perpetrador. Un artículo de Patricia Dávila en la revista Proceso del pasado 7 de marzo de 2021, publicó la manera en que miembros del antiguo gobierno estatal de Nayarit extorsionaban propietarios para conseguir el traspaso (eso sí, legal) de sus propiedades en favor de funcionarios de ese gobierno. Las técnicas relatadas por la nota ciertamente no eran muy distintas de las vistas en Michoacán. Ante amenazas, extorsiones y en general intimidaciones violentas, los dueños terminaban firmando cesiones de escrituras para traspasar propiedades “legalmente”. La diferencia, por supuesto, consiste en que el perpetrador era la autoridad legal.
Finalmente, destaca el caso del municipio Benito Juárez, donde se ubica Cancún, en Quintana Roo. Ahí, tal y como lo reportó Denise Maerker en su noticiero En Punto, se detectó una red de funcionarios dedicados a despojar de casas de interés social a ciudadanos propietarios. Después de que empresas con las que adquirieron los créditos quebraran, los usuarios encontraban que, al buscar la forma de seguir pagando el crédito, se encontraban con que las propiedades habían sido reescrituradas a nombre de otras empresas inmobiliarias. Notificaciones presuntamente falsas o inexistentes, documentación mal generada y en general malos procedimientos se expandieron alrededor del municipio. El medio reporta más de 750 expedientes con caso similares. El entramado suponía la participación de autoridades públicas, por supuesto, pero también de notarías y empresas inmobiliarias. El resultado era el mismo que en los casos anteriores: el despojo “legal” de bienes inmobiliarios.
Justamente en ese aspecto está el punto de encuentro entre los tres casos descritos. Se trata de legalizar un traspaso a todas luces ilegal. Aun y cuando los perpetradores podían cambiar, el objetivo de “despojar legalmente” se mantiene. Jean y John Commaroff, antropólogos sudafricanos, han escrito sobre la forma en que la ley actúa como un fetichismo en los países con pasado poscolonial. Su trabajo ha sido esclarecedor para describir la forma en que en esos contextos la legalidad no se traduzca en justicia ni procedimientos de sanción o reparación, pero sí en instrumentos de poder y violencia. Es terreno fértil para lo que ellos llaman “guerra legal”. Ésta, dicen, supone el uso de instrumentos legales para la coacción o la desposesión. Los casos vistos son brochazos de los diferentes ángulos de una guerra legal a la mexicana.
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