CDMX

El escrito que pongo a su consideración esta semana lo titulo de esta manera porque es una mezcla de varios asuntos, aunque sí tiene algunos aspectos fiscales.

Hace sólo unos días falleció un investigador de la Facultad de Medicina víctima de COVID-19, un lamentable suceso; era un distinguido científico, que trabajaba en una de las unidades periféricas de la facultad, fue un claro ejemplo de la superación personal; ingresó hace varios años como laboratorista, posteriormente cursó la maestría y el doctorado, consiguiendo un sitio en la unidad hasta hacerse responsable de unos de los laboratorios, actualmente era SNI II en el Sistema Nacional de Investigadores. La última vez que estuve con él fue hace unos meses en el Instituto Pasteur en París donde dictó una conferencia que fue altamente apreciada. No trabajaba con SARS-CoV-2, aunque su sitio de trabajo estaba en el Hospital General, no sabemos con precisión cómo adquirió la enfermedad.

Pero la tragedia no acaba con su lamentable fallecimiento, vivía solo y al sentirse mal llamó a alguna de sus hermanas quien intentó ingresarlo a un hospital público, al no conseguirlo lo hizo en un hospital privado, donde permaneció más de cuarenta días, la mayoría de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos, intubado y con asistencia mecánica ventilatoria. Al final el costo de la hospitalización fue cuantioso, y en el camino los familiares se percataron que no tenía vigente su seguro de gastos médicos mayores. Esto constituyó al final un enorme motivo de desasosiego, lo que aunado a su pérdida resultó caótico.

Hasta hace año y medio dentro de las prebendas que obtenía del CONACYT, un científico al ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores, era un seguro de gastos médicos mayores, que era renovado año con año mientras se permanecía en el Sistema y cubierto por el Estado, mismo que asumía el costo. Desde luego, no era la única canonjía, el ser miembro del SNI, además de obtener una retribución económica –que fue pensada desde sus establecimiento como una ayuda a un grupo fundamental que recibía o recibe bajos salarios–, poco a poco se fue estableciendo como un status al que todos los investigadores querían pertenecer y ascender dentro de él. Resultó extraño que un gremio siempre tan combativo no expresó su inconformidad cuando uno de sus beneficios fue recortado. Es cierto que hubo algunas reclamaciones puntuales, que fueron desactivadas con el mismo argumento inicial, el seguro de gastos médicos era fifi o neoliberal. El caso es que se les retiró un beneficio sin más.

Hace tan sólo unos días se envió un proyecto de ley para anular una serie de fideicomisos, aduciendo que son manejados con deshonestidad, estos fideicomisos son múltiples y de diversa función. El más importante si se toman en cuenta los recursos económicos que maneja y la importancia y urgencia en que deben ser usados, es el FONDEN –Fondo de Desastres Naturales–, el fondo para la atención de emergencias. Pero existen muchos fideicomisos más sobre los que existe la amenaza de ser suprimidos, uno de ellos es el de fomento al arte cinematográfico que, por cierto, ante lo sucedido rápidamente surgieron múltiples voces, encabezadas por prestigiados cineastas que de inmediato hablaron en la Cámara de Diputados y a quienes se les respondió que ese fideicomiso no iba a suprimirse –hago notar que las grandes figuras del cine que encabezaron la protesta no son posibles beneficiarios de los fondos de estos fideicomisos, si no que lo hicieron seguramente guiados por un espíritu gremial–.

Otro grupo de fideicomisos amenazados son los destinados a la investigación, unos a las ciencias sociales, otros a las ciencias biomédicas. A esta posible suspensión hubo una pobre respuesta de parte de los investigadores de las diferentes disciplinas, un tímido reclamo de parte de algunos investigadores de un centro de investigación de ciencias sociales. Desde luego no hubo reclamo de las grandes figuras de la investigación, ni de las agrupaciones que los reúnen, como la Academia Mexicana de Ciencias, prácticamente no hubo respuesta a la amenaza; como si los fideicomisos no fueran necesarios. Hasta hace dos o tres años observé cómo era vigilado uno de estos fideicomisos de investigación y me percaté que existían múltiples mecanismos de supervisión que incluían monitoreo de los resultados, participación de auditores externos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la de la Función Pública y de las áreas jurídicas y de finanzas de la institución, de tal forma que parece muy extraña la acusación de deshonestidad, cuando menos realizada de manera generalizada.

De cualquier manera, la respuesta de los investigadores, que en otras épocas hubiera sido aireada y expedita, no ha surgido. Al FONDEN, no obstante, su cuantía y su importancia, no ha salido a defenderlo nadie, ni los que lo han utilizado, ni los que lo podrían llegar a necesitar, ni los gobernadores, ni los presidentes municipales, ni nadie.

El tercer punto me parece a mí aún más grave. Con la presencia de la COVID-19 han venido sucediendo muchas tragedias, una de ellas es la afectación del personal de salud al estar atendiendo a los pacientes. Cada tanto surgen inconformidades del personal de la salud por no ser abastecidos del equipo de protección necesario para atender a los enfermos, intentando disminuir el riesgo de adquirir la infección. Como todas las cifras acerca de la repercusión de la COVID-19, las concernientes al número de afectados entre los trabajadores de la salud, son imprecisas, incluso las que conciernen a los fallecimientos. Las cifras sobre el número de muertos bailan, pero es posible que sean ya bastante más de 100; unas notas periodísticas, no recientes, hablan de 111, otras de 148. En otros países donde se han llevado estadísticas más puntuales, el 10% de los afectados es personal de la salud.

Hace unos días el gobierno anunció la adquisición de un seguro de vida para médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud por $50,000 pesos. Me parece que este seguro es innecesario, que bastaría con que en los miembros del equipo de salud afectados fuera considerado como una enfermedad profesional, motivo de un riesgo laboral, con lo que la indemnización sería muy superior a los $50,000 que se comentan. Y, además, dejaría cubiertos a sus ascendientes y descendientes por largo tiempo, puesto que habría que otorgarles su salario, cuando menos su sueldo durante varios años.

La OMS, ayer 9 de junio, hizo la consideración que los pacientes que fallezcan por una enfermedad sugestiva de COVID, aunque no se les haya determinado el SARS- CoV-2, deben ser considerados como COVID-19, lo cual amplia aún más el panorama y la posibilidad de que el personal sea cubierto en su riesgo laboral si se enferma y más si fallece.

Creo que el personal en riesgo debe también ampliarse, no sólo tienen el riesgo laboral quienes están directamente con los enfermos, si no todos los que trabajan en las instalaciones hospitalarias, debiéndose incluir a quienes lo hacen en los sitios de atención primaria. Durante lo que ahora se llama periodo neoliberal, muchos sindicatos fueron catalogados como charros, por pactar con los patrones a costa de sus representados, pero los riesgos laborales y sus consecuencias, si no siempre, eran frecuentemente defendidos.

No he visto ninguna acción del sindicato del IMSS, siempre tan atento, ni del ISSSTE, menos aún de los que representan a los trabajadores de la Secretaría de Salud; las tres instituciones tienen en su plantilla, ahora y siempre, trabajadores sin plenos derechos.

Una democracia en la que las voces disonantes son acalladas no será nunca una verdadera democracia.

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