El mes pasado se difundió la noticia de que el Vaticano había publicado la Carta Samaritanus Bonus, Sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida, firmada por la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 14 de julio de 2020. Se trata de un documento extenso con muchos aciertos en los lineamientos que da para proporcionar una adecuada atención a los enfermos que se encuentran sufriendo en el final de la vida: evitar el uso de la tecnología que prolonga la agonía de manera innecesaria, la indicación de proporcionar cuidados paliativos a los enfermos y de acompañarlos compasivamente. Sin embargo, la compasión que tanto se promueve en el documento, brilla por su ausencia al referirse a las situaciones en que un enfermo, consciente de la situación que está enfrentando y padeciendo un sufrimiento que le resulta intolerable, desea poner fin a su vida y contar con una ayuda médica que le permita morir sin dolor y en paz, lo que sería posible a través de la eutanasia o el suicidio médicamente asistido.

No, el Vaticano no cede y en esta carta establece que la eutanasia es un crimen contra la vida humana porque causa directamente la muerte de un ser humano inocente. No queda claro por qué: hay muchas personas, católicas incluidas, que desean contar con la ayuda de un médico que cause su muerte y de esta manera expresan la última libertad que les queda en el limitado margen de opciones que les impone su enfermedad; pueden así elegir ya no vivir. En la carta se advierte a quienes han decidido recurrir a la eutanasia o al suicidio asistido que no podrán recibir ni el sacramento de la absolución ni el de la unción de los enfermos.

Es importante tener en cuenta en qué contexto se da a conocer la Samaritanus Bonus; es precisamente cuando se discute el tema para legalizar la muerte asistida en diferentes países, entre los que están España y Colombia, siendo este último uno de los pocos del mundo que permiten legalmente la eutanasia y el único en Latinoamérica. Si bien en Colombia se despenalizó la eutanasia en 1997, y desde 2015 se cuenta con una normativa que estableció el Ministerio de Salud, es preferible que esté legalmente regulada y con este fin se debate actualmente un proyecto de ley en la Cámara de Representantes de este país. Por su parte, en España, el PSOE registró el 24 de enero de este año un nuevo proyecto de Ley de Regulación de la Eutanasia, el cual se sigue discutiendo en el Congreso.

La Carta del Vaticano está dirigida a los practicantes de la religión católica y se basa en la doctrina de ésta para sustentar su posición. Es, se aclara, un documento para iluminar a los pastores y a los fieles en sus preocupaciones sobre un misterio específico que sólo la Revelación de Dios puede desvelar; incluye entre sus destinatarios a instituciones hospitalarias y asistenciales inspiradas en los valores cristianos. El problema es que también amenaza de considerar culpables de una falta muy seria a quienes aprueben leyes sobre la eutanasia y el suicidio asistido, pues se hacen cómplices del grave pecado que otros llevarán a cabo. De esta forma se busca influir en las políticas públicas de diferentes países sin respetar su laicidad e ignorando que están constituidos por ciudadanos que creen en diferentes religiones o que no creen en ninguna. Tal parece que el Vaticano busca que se considere delito lo que en su dogma califica como pecado y que esto aplique a toda la población.

Los efectos de esta pretensión ya se están haciendo notar. El Comité de Bioética de España acaba de publicar su rechazo a que se considere la eutanasia como un derecho y se apruebe el proyecto de ley para regularla. No es difícil relacionar las razones que da este Comité con la carta emitida por el Vaticano, dadas sus semejanzas en la argumentación. El Comité afirma, por ejemplo, que permitir la eutanasia implicaría dejar de interesarse por la protección de la vida humana e impondría criterios económicos y utilitarios para desentenderse de responsabilidades familiares y sociales. Son argumentos falaces que estamos acostumbrados a escuchar cuando se invoca el “argumento” de la pendiente resbaladiza; éste afirma que cuando se permite la eutanasia (concediendo que hay casos en que se justifica éticamente), inevitablemente se termina aplicándola de manera abusiva en personas vulnerables que no querrían morir.

Esta aseveración (que no considero argumento porque falla en su demostración lógica) funciona por su fuerte peso psicológico porque quienes la crean (sin cuestionarla), dirán que no quieren que se cause la muerte de personas que quieren vivir. El problema es que no se demuestra que esto suceda. Son declaraciones que siguen la línea del Papa Francisco que ha hablado de la “cultura del descarte” como antes el Papa Juan Pablo II habló de la “cultura de la muerte” para referirse a quienes defienden que las personas tengan la opción de solicitar la eutanasia si así lo deciden. Yo diría que quienes apoyamos que esto sea posible formamos parte de una cultura a favor de una vida libre y digna, reconociendo que somos finitos, abogando por el respeto a la autonomía de las personas hasta el último momento y defendiendo que no se abandone a quienes lo único que piden al llegar a este punto, es ayuda para morir.

El Comité argumenta también que no se debe respaldar el deseo de las personas que piden la eutanasia para así proteger a otras personas vulnerables; ¿por qué no le importa afectar a las personas que quieren la eutanasia (y no protegerlas) en nombre de otras que supuestamente se verían afectadas? Sería más razonable establecer criterios muy claros, como se ha hecho en todos los países en que se permite la muerte asistida, para asegurarse que la ayuda únicamente se da a quienes han demostrado su capacidad para tomar voluntariamente la decisión de morir.  

Una de las razones que da el Comité para no legalizar la eutanasia es que el código penal español ha sido compasivo y no ha castigado con prisión a quienes la aplican. Concuerdo con la crítica de Fernando Marín, vicepresidente de la organización Derecho a Morir Dignamente de España, quien comenta que las personas que han ayudado a familiares a morir se han visto sometidas a experiencias terribles de investigación y siempre corren el riesgo de terminar en la cárcel.

Igualmente cuestionable, aunque esto lo repitan hasta el cansancio los opositores de la eutanasia, es que el Comité diga que ésta no se necesita habiendo cuidados paliativos. Si bien es cierto que una buena atención paliativa lleva a muchas personas que creían que ya no querían vivir a desear seguir viviendo, los mismos paliativistas reconocen que ni con los mejores cuidados paliativos es posible aliviar el sufrimiento, físico o emocional, de algunos enfermos. Esto parece saberlo el mismo Comité y por eso propone recurrir a la sedación, en tanto intervención de los cuidados paliativos, y aplicarla de una forma profunda y continua hasta la muerte en los casos en que el sufrimiento persista, sea físico o emocional. Una cosa es dar esta sedación al paciente que ya está por morir para que encuentre la muerte inconsciente y no experimente el sufrimiento causado por uno o más síntomas que no responden a ningún tratamiento, lo cual permiten las normas establecidas en diferentes países (muy deficientes en el nuestro). Otra cosa es llamar sedación a una acción que busca causar la muerte, porque no se puede aliviar el sufrimiento, aun si el paciente no está en los últimos días de vida; habría casos en que esta acción correspondería, más bien, a una eutanasia lenta y disimulada. En esto se cae cuando se afirma que la sedación sirve para resolver cualquier situación.

Finalmente, es totalmente absurdo referirse a la pandemia para argumentar en contra de la eutanasia, como lo hace el Comité, diciendo que es inaceptable considerar el tema cuando tantas personas mayores han fallecida por COVID-19 en condiciones indignas. De verdad, ¿qué relación? Se trata de dos problemas diferentes. Sin duda, las personas mayores deben ser atendidas oportuna y dignamente siempre. Por otro lado, hay otras personas, con diferentes enfermedades, que han llegado al límite de lo que consideran tolerable y desean ayuda para morir; respetar su deseo no afecta en nada la obligación de cuidar a otros pacientes.

Al analizar las razones del Vaticano para seguir condenando la eutanasia llaman la atención algunos supuestos. El primero es que da por hecho que un enfermo muy grave se encuentra en tal condición de vulnerabilidad, que se vuelve incapaz de tomar una decisión responsable sobre su vida, razón por la cual sería una terrible falta tomar en serio su pedido de querer morir. Es decir, los pacientes no saben lo que piden, pero el Vaticano sí. Necesitan afecto, atención, y medios para aliviar el sufrimiento; el discurso no se modifica aunque estos medios se hayan agotado, lo cual pasa en muchos casos. Hay que recordar a la jerarquía católica que en los lugares en que se permite la muerte asistida, uno de los criterios legales para aplicarla es, justamente, que se hayan agotado las alternativas para dar alivio al enfermo.

Otro aspecto que resalta es tanta insistencia en la Samaritanus Bonus de mantener la vida biológica, para lo cual afirma que la vida siempre es un bien. Eso corresponde que lo diga la persona que vive esa vida y determine si realmente sigue siendo un bien; puede ser que, como autora de su vida biográfica, reconozca que llegó el momento de ponerle fin. Esto es totalmente comprensible si se acepta que la persona es dueña de la vida que vive y puede tomar decisiones sobre ella. Hay muchos católicos que así lo piensan; que creen que así como Dios da la vida, mantiene su regalo hasta el final. Piensan también que es importante morir con serenidad y transitar en paz hacia la otra vida en la que creen y que, en ocasiones, la eutanasia es el medio para lograrlo. Con argumentos como estos, el teólogo Hans Küng ha sido uno de los más importantes defensores de la eutanasia para los católicos, siempre y cuando se trate de una decisión libre y responsable, y expone su propuesta para que la Iglesia cambie de actitud en su libro Una muerte feliz.

Precisamente por entender que para un creyente católico la paz en el momento final de su vida es fundamental, considero cruel que el Vaticano siga manteniendo la posición de que comete un grave pecado quien recurre a ella, perdiendo, además, el derecho a la absolución y a la unción de los enfermos. De esta forma, cuando más lo necesitan, se priva a los católicos que consideren la eutanasia de los medios de que dispone la Iglesia para ayudar en el paso a la otra vida. ¿Dónde queda la compasión que tanto predica el Vaticano? El doctor Luis Muñoz, compañero en El Colegio de Bioética, propone una explicación con la que estoy de acuerdo y que se refiere a que la Iglesia necesita mantener el control de las conciencias en temas del inicio y el final de la vida, la sexualidad y la reproducción, entre otros, porque representa un poder que no quiere perder; trata de disfrazar su injerencia con argumentos y una supuesta piedad que no acaban de convencer.

La jerarquía católica debería ser más sensible a las necesidades que expresan sus fieles y que desearían contar para el final de su vida con la tranquilidad espiritual para tomar la decisión que les permita despedirse de esta vida de la mejor manera. De otra forma, sucederá algo equivalente a lo que han tenido que hacer muchas mujeres que quieren seguir siendo católicas; siguen su propia conciencia al no poder obedecer a una jerarquía que a estas alturas sigue prohibiendo la anticoncepción.

Contrario a lo que afirman quienes se oponen a la muerte asistida, el permitirla mediante la eutanasia o el suicidio médicamente asistido no va causar que haya más muertes, sino que haya menos sufrimiento. Esto debería aplicar también para los católicos, pero lo más importante es que no se permita en los diferentes países laicos, en que se discute el tema, que sean razones religiosas las que impidan a todos sus ciudadanos contar con una opción que pueden necesitar para terminar su vida con dignidad. 

Por último, espero que el próximo 17 de octubre, en el referéndum que se celebrará en Nueva Zelanda, se vote a favor de que entre en vigor la End of Life Choice Act 2019, para dar a las personas con una enfermedad terminal la opción de solicitar una muerte asistida.

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