El Cuarto de Reflexiones

Lectura: 3 minutosEl fracaso del sistema estaba anunciado desde su creación. Coordinación operativa, colaboración entre los tres órdenes de gobierno, una Plataforma México que concentraría e intercambiaría toda la información en materia de seguridad entre todas las autoridades implicadas; infinidad de acuerdos suscritos en las conferencias nacionales de seguridad pública, procuración de justicia, sistema penitenciario y seguridad pública municipal. Nada o muy poco funcionó.

Ni hablar de los temas de desarrollo policial, salvo algunas mínimas excepciones, en general éste no se logró en la gran mayoría de las corporaciones del país. Esto, aunque no es el único factor, es un caldo de cultivo propicio para la corrupción, lo que provoca a su vez una vulnerabilidad mayor a que las corporaciones policiales sean cooptadas por la delincuencia organizada.

Por otro lado, la ley y la propia Constitución establecen que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios. Es decir, tanto el presidente de la república, como los gobernadores y los presidentes municipales, todos y cada uno de ellos, son responsables de garantizar la seguridad de su población lo que significa que, de no hacerlo, deberían ser sancionados por esa grave omisión.

Lo que pretendió el sistema nacional fue precisamente corresponsabilizar a todos ellos; sin embargo, nadie culpa ni a los gobernadores ni a los presidentes municipales por los altos índices de violencia y delincuencia en sus territorios. La crítica política se ha dirigido de manera indebida hacia el gobierno federal, el cual no es el único responsable. Cada año tanto los gobernadores como los presidentes municipales reciben presupuesto para atender la materia y no se ve que mejoren las cosas. Es urgente que también ellos pasen por el filtro del escrutinio público y, sobre todo, de la ley, para exigirles también a ellos resultados inmediatos.

El sistema nunca funcionó; nunca se logró disminuir el progresivo incremento anual nacional de la violencia y la delincuencia. Sin lugar a duda, es un modelo fallido que tiene que ser abrogado.

Con la entrada en vigor de la Guardia Nacional, México ahora tendrá una corporación policial que podrá ejercer en todo el territorio nacional. Por ello, es necesario que se asigne a esta nueva institución los recursos económicos, materiales y humanos suficientes para hacer frente a la delincuencia en todo el territorio nacional.

Con el esquema de atribuciones de la Guardia no se necesita más de un fracasado sistema nacional de seguridad pública; ante ello, es prioridad no asignar recursos a algo que no ha funcionado. La prioridad es hacer funcionar de la mejor manera a la Guardia Nacional y con ello asignarle todo lo necesario.

Finalmente, ante un eventual cambio de titular en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, lo más conveniente será nombrar a un militar en retiro con experiencia, capacidad, honorabilidad y probidad probadas. Para ello, existen candidatos que han servido como secretarios de seguridad pública en diversos estados del país con resultados inobjetables. Ello les ha dado experiencia en la materia y la sensibilidad debida distinta a la que se tiene en materia de seguridad nacional como militares en activo. Dicha experiencia no sólo ha sido en el combate frontal contra la delincuencia común u organizada, sino también en temas de proximidad social y prevención de la violencia y la delincuencia, situación que les ha permitido la adecuada y necesaria vinculación con la ciudadanía.

Nombrar a un militar en retiro, con la experiencia debida, como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana sería muy adecuado en virtud de la relación y comunicación con los titulares de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia; además, lo sería también en la relación de las propias Secretarías de la Defensa y de Marina.

Lectura: 4 minutosEl Senado de la República aprobó con 89 votos la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la cual regresó a la Cámara de Diputados para que cumpla el proceso legislativo respectivo. Hasta el momento ha pasado todos los filtros y se aprecia que será aprobada para su respectiva publicación.

Esta importantísima ley tiene el objetivo de evitar que los criminales tengan condiciones para delinquir; por ello, los bienes utilizados con ese fin pasarán a formar parte del Estado y éste los dispondrá en beneficio de la ciudadanía. Es preciso aclarar que la extinción de dominio sólo procederá por hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Es decir, independientemente que vayan a la cárcel quienes se dediquen a lo anterior, ahora con esta ley el Estado podrá quitarles aquellos bienes que se presume los han obtenido con dinero sucio o que están vinculados con la comisión de dichos delitos.

Se ha mal informado al decir que con esta ley se violarán derechos como el de la presunción de inocencia o el de propiedad, ya que en ella se prevé la venta anticipada de los bienes que hayan sido utilizados en los delitos arriba señalados y sin que medie una resolución judicial. Al respecto, en primer lugar, no es correcto hablar de la presunción de inocencia, pues el procedimiento para declararla es de carácter civil y no penal o sancionatorio administrativo, en los cuales cabría hablar de ella. En segundo lugar, la propia ley prevé el resarcimiento del daño en caso de que el legítimo propietario no esté vinculado con la conducta delictiva; además, el andamiaje jurídico de nuestro país cuenta con procedimientos específicos para exigir la indemnización debida al Estado si fuera el caso, con lo que se garantizaría el derecho a la propiedad.

Desde luego, es obligación del Estado respetar los derechos de toda la población, pero también es una obligación fundamental garantizar la seguridad pública de todos nosotros. Urge poner fin a la corrupción y a los delitos que tanto daño nos han hecho. Dichas conductas ilegales precisamente se realizan porque la delincuencia sigue contando con los recursos económicos para financiarlos; entre ellos están no sólo casas, departamentos, ranchos o cualquier otra modalidad de inmuebles, sino también cuentas bancarias en las que se deposita el dinero producto de la corrupción o la delincuencia. Al cortar las fuentes de financiamiento, les estaríamos dando un golpe certero para erradicarlas.

Esta ley forma parte de un conjunto de normas que el Estado mexicano ha creado para combatir la delincuencia. Las leyes de la guardia nacional, del registro de detenciones, sobre el uso de la fuerza, de seguridad pública y esta de extinción de dominio sustentan la implementación del combate a la violencia y la delincuencia como un sistema en el que intervienen diversas instituciones de los tres órdenes de gobierno para cumplir los objetivos.

Esta ley está prevista para combatir a criminales y es una total mentira que vaya a ser utilizada contra la población inocente para quitarle sus bienes y que pasen a las arcas personales de algún servidor público. Es verdad que la ley contempla que los bienes en proceso de extinción de dominio puedan disponerse de forma anticipada a favor de la administración pública federal o local, obviamente con un fin de interés común. Sin embargo, es muy clara al establecer que los supuestos podrán aplicarse. Dichos supuestos son: la naturaleza de dichos bienes; que representen un peligro para el medio ambiente o la salud; que por el transcurso del tiempo puedan sufrir merma o deterioro; que su administración o custodia resulte incosteable; que se trate de bienes perecederos, semovientes u otros animales o que se trate de bienes que se deprecien por el transcurso del tiempo.

La intención es quitar de forma inmediata los recursos a los delincuentes y regresarlos en beneficios para la ciudadanía. Sin duda, éste es un logro de todos los legisladores federales de nuestro país. Se ha hecho democracia y se ha hecho en atención al mandato de la ciudadanía en pro de garantizar la seguridad púbica. Ante circunstancias extremas de inseguridad se requieren medidas extremas desde la ley que den solución.

Lectura: 3 minutosLa seguridad pública es una función a cargo de la federación, los estados y los municipios. Esto significa que los tres niveles de gobierno tienen la atribución legal de ejercerla. Pero, sobre todo, es una obligación que de no llevarse a cabo debe tener consecuencias jurídicas.

Los acomodos y reacomodos que implica siempre un cambio de gobierno, y aún más cuando éste conlleva una alternancia, en parte se manifiestan en los índices delictivos. Por un lado, porque no es secreto que en nuestro país algunos de los funcionarios públicos que venían o vienen ejerciendo en la materia han sido vinculados con la delincuencia y, por otro lado, porque precisamente con la llegada del nuevo gobierno, máxime cuando se trata de un cambio de régimen, los acuerdos generados en el pasado por lo general quedan sin efecto.

Sin embargo, más allá de sólo presuponer la probable vinculación de funcionarios públicos con la delincuencia, es una obligación hacer responsable a quienes por omisión están trasgrediendo la ley.

Precisamente, el Estado tiene que verificar que en los tres órdenes de gobierno se cumpla con la función de la seguridad pública y, de no ser así, se deslinden las responsabilidades legales a las que haya lugar sin excepción alguna.

No sólo el presidente de la República es el responsable, lo son por igual los gobernadores de los estados y los presidentes municipales en el ámbito de sus competencias. De comprobarse la omisión o incompetencia se les tiene que separar del encargo tras los procedimientos establecidos en la propia Constitución, pues la falta de seguridad pública es en sí el reflejo de un gobierno fallido.

De persistir la situación de gravedad, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su artículo 29, en los casos de perturbación grave de la paz pública o por cualquier situación que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, que podrá decretarse la suspensión de derechos, lo que implicaría que el Ejecutivo Federal se hiciera responsable de la situación.

Esto en sí mismo es una reacción extrema, pero ante las persistentes circunstancias de violencia y delincuencia que se viven en algunas regiones del país son necesarias, también, medidas extremas y eficaces.

Lo anterior puede acercarse a lo considerado en la teoría política de Carl Schmitt; es decir, a la dictadura comisaria, la cual encuentra legitimidad, dice, en los casos en que la población está en latente riesgo, pues ésta confía absolutamente en su líder para que lleve a cabo lo necesario para contrarrestar la problemática; sobre todo, cuando las autoridades locales no están haciendo nada para resolver la situación.

La ausencia de seguridad pública es la ausencia de bienestar social. Sin seguridad pública no hay salud, empleo, desarrollo ni tranquilidad. Los mexicanos tenemos el legítimo derecho de vivir en paz, sin miedo a que nos roben, nos lesionen o nos maten. Tenemos que poner un alto y repensar lo que está sucediendo.

Basta ya de que la seguridad pública sólo sea un jugoso negocio de miles de millones al año para delincuentes, servidores públicos corruptos y hasta para asociaciones civiles supuestas defensoras de los derechos humanos entre las que destacan “n” cantidad de organizaciones, fundaciones supuestamente “sin fines de lucro”. Dice el dicho “tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata”.

Lectura: 3 minutosHemos llegado al punto de contraponer la salvaguarda de los derechos humanos positivos contra el propio Estado de Derecho. No hemos sido capaces de resolver esta aparente antinomia, la cual nos ha traído graves consecuencias, sobre todo, en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia.

El discurso de la obligación del Estado, entiéndase cualquier tipo de autoridad o servidor público de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos es tan racional y proporcional a la naturaleza de las personas que no existe un sólo argumento en contra.

Y, efectivamente, lo anterior es tan cierto que no podemos dejar de exigirlo y el Estado de cumplirlo. Sin embargo, la mencionada antinomia entre el Estado y los derechos humanos positivos es solamente una apariencia. Esto es así porque es imposible dicha contradicción, ya que en realidad son una misma cosa.

La acepción del Estado en nuestros días forzosamente refiere un orden constitucional de derecho que contempla de manera insoslayable la realidad y garantía de los derechos humanos e, inclusive, el valor de la democracia. En resumen, hablar de Estado es hablar de derechos humanos, por lo que no existe diferencia ni contradicción alguna.

Entonces, ¿cómo resolver una exigencia de la realidad? Es decir, ¿cómo resolver la inseguridad de los mexicanos en algunas regiones del país cuando quienes tienen la primera responsabilidad de hacerlo no cumplen? Como sabemos, existen regiones en México en las que tanto gobernadores como presidentes municipales no han garantizado la seguridad de su población y ello ha llevado al Estado mexicano, en particular al gobierno federal, a tratar de cumplir con esa responsabilidad valiéndose del Ejercito y la Marina; hay que entender una cosa, después de nuestras fuerzas militares no nos queda ninguna otra institución que pueda hacer frente a la delincuencia organizada.

Por lo tanto, hay que irse con calma en cuanto a calificar de manera apresurada como violatoria de derechos humanos la actuación de los militares cuando, precisamente, lo que van a proteger con su actuación es la vida de los mexicanos; entiéndase, la vida como fundamento de todos los derechos humanos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto dividir al país en 266 regiones, las cuales contemplan los municipios en los que la violencia y la delincuencia ha sido incontrolable. Son municipios en los que día con día sufren y mueren personas inocentes y en los que las instituciones policiales están totalmente rebasadas; estas corporaciones han mostrado una permanente incapacidad, ya por falta de profesionalización, ya por corrupción y vinculación con los grupos delincuenciales.

Las policías estatales en aquellos municipios tampoco han logrado abatir el problema y la policía federal muchas veces ni siquiera se entera de lo que acontece en el momento preciso para poder actuar.

La creación de la Guardia Nacional es la propuesta del gobierno mexicano para hacer frente de manera inmediata a los problemas en materia de seguridad que aquejan a nuestro país. Es cierto, resulta necesario que aunado a la creación de este nuevo cuerpo se establezcan los mecanismos legales e institucionales para garantizar el fortalecimiento de las instituciones policiales y, una vez consolidadas, sean éstas las que brinden la seguridad como lo manda la Constitución.

Mientras se logra lo anterior, nuestro país requiere de una institución eficaz, leal y honorable que resguarde la integridad de los mexicanos y, desde luego, que erradique la presencia del crimen organizado. La necesidad de que la Secretaría de la Defensa Nacional esté a cargo de su formación se debe precisamente a la estricta instrucción en valores, técnicas y tácticas que garantizan su conformación de manera adecuada.

No debemos olvidar que la naturaleza esencial del Estado de Derecho es brindar certeza jurídica e imponer sus mandatos legales, inclusive, a través del uso de la fuerza. El Estado es quien detenta legítimamente el monopolio de la violencia, por lo que si el orden y la paz sociales, así como la preservación del Estado de Derecho sólo pueden lograrse con la participación de las Fuerzas Armadas, el gobierno tiene la obligación de hacerlo para no dejarnos a los mexicanos en un evidente estado de indefensión ante los grupos criminales que tanto daño han causado desde hace mucho tiempo.

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No hay prueba que pueda refutar la realidad…

Está agotado el modelo policial de nuestro país. Pasaron gobiernos priistas, panistas y ahora el gobierno de MORENA y una vez más se delega la responsabilidad de la seguridad de las personas y sus bienes a los soldados mexicanos.

Desde la creación en 1994 del fracasado Sistema Nacional de Seguridad Pública, se advirtió la necesidad de la participación de las Fuerzas Armadas en la materia, precisamente por la incapacidad casi generalizada de las instituciones policiales.

Con dicho sistema se privilegió la coordinación operativa entre todas las instituciones de seguridad y procuración de justicia en las que las instituciones federales y, sobre todo las militares, han tenido un papel preponderante.

Pasaron casi 25 años en que los gobiernos no se han responsabilizaron en tener policías profesionales. Salvo contadas excepciones, los presidentes municipales y los gobernadores han sido totalmente omisos ante esa obligación constitucional.

Como el anterior, muchos son los factores que han incidido en contra de la consolidación de las instituciones policiales. El factor tiempo ha sido, también, determinante pues es insuficiente; sólo se cuenta con tres años de gestión en el caso de los gobiernos municipales y seis en el de los estatales y el federal para lograr los avances requeridos, además de que los gobiernos que inician generalmente no dan continuidad a las políticas de sus antecesores, por más que éstas sean positivas.

La falta de un organismo rector eficaz y eficiente que desarrolle, aplique, supervise certifique y mida los resultados en materia de desarrollo y dignificación policial es otra circunstancia que ha afectado negativamente.

Es fundamental se blinde a las corporaciones de la corrupción. Lo anterior sólo será si se dignifica al policía, además de una fuerte formación ética y de valores.

En fin, es evidente que las instituciones de seguridad pública están totalmente rebasadas en algunas regiones del país. Ante ello, no le queda al Estado mexicano ninguna otra institución que pueda hacer frente a la delincuencia organizada más que las instituciones militares.

El reto está en dar legitimidad y legalidad a la actuación de los soldados en la materia, por lo que es prioritario, primeramente, definir si verdaderamente son o no funciones de seguridad pública y a partir de ello construir un adecuado marco normativo que regule sus actuaciones; por un lado, para no dejarlos en estado de indefensión y, por otro lado, para que su ejercicio no carezca de legalidad.

De no lograr lo anterior, los procedimientos contra criminales se caerían por falta de legalidad y violaciones al debido proceso, situación que los dejaría libres y sin sanción.

Sin embargo, me parece necesario entender que la obligación del Estado, comprendido como ordenamiento jurídico, es dar certeza precisamente jurídica a la vida en sociedad. Esto quiere decir que si la realidad nos demuestra que hay regiones en el país en las que los cuerpos policiales son incapaces de cumplir con su responsabilidad, el Estado tendrá forzosamente que cumplir de una manera u otra.

Si a nivel local y federal los cuerpos policíacos no cumplen con sus tareas, me parece una consecuencia necesaria que el Ejército y la Marina, ahora a través de la Guardia Nacional, realicen dicha función.

Lo que no podemos permitir es que exista un vacío en el que el Estado deje de intervenir, de hacerlo se delataría el fracaso del estado de derecho. Por supuesto, la Guardia Nacional debe tener límites claros y una actuación estrictamente apegada a la preservación de los derechos humanos.

En vía de mientras, con el inicio de este sexenio vuelve a correr el tiempo para consolidar a nuestras instituciones de seguridad pública; si se logra, lo que se espera es que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles como debe ser en tiempo de paz.

No sólo se necesitan programas de capacitación y recursos económicos, se necesita también voluntad política y con ella las ganas verdaderas de que nuestro país logre salir de las negativas circunstancias en las que nos encontramos.