El Cuarto de Reflexiones

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Felicidades a mi querida hermana Arlet por su reciente cumpleaños.

Después de muchos años reaparece en el discurso mediático el fantasma de la llamada guerrilla. Digo fantasma ya que por un lado asusta y, por otro, no tenemos certeza de su existencia. Los Estados modernos se caracterizan por regirse a través de normas legales, las cuales sirven como reglas de reconocimiento e interpretación de los fenómenos que acontecen en una sociedad determinada. Es decir, la norma jurídica nombra dichos fenómenos y los trae a la realidad atribuyendo consecuencias de derecho. Por consiguiente, hablar de guerrilla es dar por sentado que nuestro sistema la considera en los términos y consecuencias jurídicas que ello implica.

¿Será ignorancia de nombrar así este tipo de fenómenos beligerantes? ¿Será con intención de legitimarlos al interior de nuestro país y justificarlos al exterior conforme al derecho internacional?

Utilizar el nombre de guerrilla para aquello a lo que nuestro derecho considera un concurso de delitos y consecuencias punitivas puede generar tal nivel de confusión que podría considerársele, inclusive, como un acto debido y necesario sin que se repare sobre los medios violentos a los que suelen recurrir para lograr sus objetivos. Hablar constantemente de “guerrilla” provoca exaltaciones dentro y fuera del país. Al interior porque azuza a grupos subversivos y armados a manifestarse para apoyar movimientos como los de la CNTE y su reciente confrontación con la Policía Federal de la Comisión Nacional de Seguridad en Nochixtlán. Al exterior porque, de igual manera, azuza a organismos internacionales públicos y privados como Amnistía Internacional o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mismos que ejercen presiones políticas, sociales y económicas de diversa índole al gobierno para que actúe de determinada forma. De tal suerte que México está entre las tenazas de una pinza la cual prensa brutalmente por el mango hasta casi la asfixia.

La analogía de la pinza refleja lo que nos está sucediendo. Un brazo de su tenaza es el gobierno y el otro la sociedad; a uno y otro les ejercen tal empuje que terminan enfrentándose entre sí. Lamentablemente en medio estamos todos; ambos brazos de la tenaza son una misma cosa y de seguir la confrontación, el único destrozado será nuestro país. ¿Quién y para qué ejerce tal empuje? No es tarea fácil descifrarlo, sin embargo, es claro que cuando un país se desestabiliza se infiltran en él un sinnúmero de intereses totalmente ajenos, con el objetivo de incidir en su destino y sobre sus recursos.

Particularmente es en el sureste mexicano donde se hace eco desde hace tiempo de un proyecto separatista; se ha intentado dotar de autonomía a los estados que conforman dicha región, con lo cual podrían regular jurídicamente la explotación de sus recursos naturales. Es decir, ya no serían propiedad de la nación según la Constitución Federal, sino de aquellos estados en particular: maderas, oro, plata, agua, petróleo y uranio, entre otros. La región del sureste no sólo es un hermoso y folclórico destino turístico, también representa un apetitoso botín.

Nuestra nación ha vivido procesos de lucha interna muy complicados en los que, si hubo beneficiados, nunca lo ha sido el pueblo o al menos no como se pretendía. Desde la época prehispánica hasta las guerras de Independencia (1810-1821), de Reforma (1857-1861) y revolucionaria (1910-1917) hemos transitado por el camino de la lucha; tuvimos un complicado y sanguinario reajuste del poder en el periodo postrevolucionario (1913-1928), así como la Guerra Cristera (1926-1929).

En la segunda mitad del siglo XX, a finales de los años 60 y 70, el Movimiento Estudiantil y las apariciones del Partido de los Pobres, del Movimiento Armado Revolucionario o de la Liga Comunista 23 de septiembre, por mencionar sólo algunos de estos movimientos, nos orillaron nuevamente al conflicto social. En la década de los noventa surgieron el EZLN (Chiapas 1994), el EPR (Oaxaca 1996) y el ERPI (Guerrero 1997). Actualmente, los llamados anarquistas se unen a cualquier tipo de manifestación que esté en contra del sistema caracterizándose por lo extremo de sus actos. Por si esto fuera poco, a finales del mes pasado, en el campus de Ciudad Universitaria de la UNAM, se perpetró el violento asesinato de un funcionario de la Facultad de Química, crimen que se adjudica un grupo extremista, del cual no haré mayor difusión ni propaganda.

En 2016 surge de nueva cuenta el caos social derivado del tema educativo. ¿Qué semejanzas políticas hay entre, por ejemplo, el movimiento estudiantil del 68 y lo que actualmente está sucediendo con la CNTE? ¿Quién fue el verdadero beneficiado en el 68? ¿Quién lo será ahora con el conflicto educativo?

¡Seguramente será aquél que está apretando la pinza! Lamentablemente siempre a costa de la carne de cañón.

¿Quién está atrás de todo ello?

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@marcialmanuel3

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Aprovecho la ocasión para expresar mi sentido agradecimiento al licenciado Samuel Podolsky Rapoport por la confianza y el tiempo de exquisitas charlas, así como hacer un merecido reconocimiento a su labor ‒entre otras muy importantes‒ periodística en nuestro país. También quiero agradecer el ejemplo de mi querido maestro, amigo y hermano Don Fernando Schütte Elguero, ser humano honorable de irrestrictas convicciones patrióticas y un caminante inigualable de la vida en todos sus sentidos.

El 17 de junio, el Senado aprobó el dictamen de lo que finalmente se dio a conocer como Mando Mixto Policial, que plantea la intervención federal y de los Estados en los municipios de manera temporal, así como la separación de mandos que no cumplan con las evaluaciones o que lo soliciten los gobernadores o el Ejecutivo Federal. El dictamen propone se instaure un servicio profesional policial para contar con mejores policías egresados de las academias que constantemente estén en capacitación una vez en activo; además, prestaciones sociales que hasta el momento no todos cuentan con ellas de manera uniforme, así como el derecho de las comunidades indígenas para ejercer esta función según sus usos y costumbres, como es el caso de los topiles en Oaxaca; se prevé definir con mayor lucidez la coordinación operativa aclarando las atribuciones en la medida de las respectivas competencias de las diversas autoridades que intervinieren en este tipo de operativos, y con ello evitar que ante alguna operación fallida termine por no haber responsables. Otro tema fundamental es el de la policía de proximidad, la cual se enfocará en la prevención de los delitos y las infracciones administrativas a través de la identificación y permanente interacción con la comunidad.

La discusión sobre este tema se viene arrastrando desde el sexenio pasado; ésta se centra en restar parcial o totalmente, temporal o definitivamente, la función de la seguridad pública a los municipios, partiendo de la hipótesis de que “el hilo se rompe por lo más delgado”; y cómo no ha de ser así, puesto que tenemos policías municipales que ganan menos de 4 mil pesos al mes. Con ello, la corrupción se abarata, aunado a circunstancias adversas como la mala formación, la deficiente capacitación; equipamiento insuficiente y en mal estado; la falta de seguridad social para los policías, así como un sistema de ascensos efectivo y una separación del servicio a través de jubilación o ahorro para el retiro adecuado. Por si esto fuera poco, existe el atroz caso en donde el elemento policíaco tiene que pagar de sus propios bolsillos, uniformes, capacitaciones, equipo y hasta “cuotas al mando”. Para rematar la adversidad de circunstancias, están totalmente deslegitimados ante la sociedad, que ni los considera como autoridad, ni los respeta como personas, y lo más grave es que, inclusive, son vistos como enemigos.

Ahora, falta que los diputados aprueben la minuta de la Cámara alta y que si hay modificaciones sean para mejorar este nuevo modelo policial. Esperemos que los diputados pertenecientes a los partidos políticos que ganaron gubernaturas el pasado 5 de junio, y sobre todo aquellas en las que habrá alternancia, no aguarden demasiado tiempo por recibir línea de sus jefes y retrasen aún más este urgente cambio. Roguemos que en la expedición de las leyes secundarias no se privilegie el revanchismo político y sí el interés del país. En ellas se materializará la famosa voluntad política de hacer bien las cosas. Lamentablemente politizar la seguridad pública o cualquier otro tema de interés prioritario para el desarrollo de nuestro país, suele aletargar su consecución y generar costos muy altos.

No se requiere descubrir el hilo negro, y  tal vez sea más sencillo de lo que parece. Aunado a lo propuesto, se deben subir los sueldos a los policías en la medida de lo verdaderamente necesario, no como los “grandes” incrementos de 200 o 300 pesos que han obtenido. Es vital combatir la corrupción al interior de las corporaciones así como su impunidad.

Si queremos una policía de primer mundo, debemos otorgar prestaciones económicas, sociales y profesionales en ese sentido. Hemos creado una perversa contradicción; por un lado, el gobierno hace como que les paga; por otro lado, el policía hace como que trabaja y que cuenta con autoridad moral ante la sociedad; como sociedad no tenemos el necesario respeto a la policía, ni en su carácter de autoridad, ni siquiera como debiera ser hacia sus personas. Son comunes los discursos en los que se menciona lo vital que es la función policial; que no hay trabajo más noble y loable como el de ellos, dispuestos a dar su propia vida por la protección de otro ciudadano. ¿Qué pensará el policía dadas las circunstancias en que se encuentra?

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@marcialmanuel3