Opinión

Gobierno castigador

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Es muy lamentable que el actual gobierno castigue a quienes emiten comentarios críticos, en lugar de aprovechar la crítica para mejorar y buscar la excelencia.

Al gobierno de Peña Nieto se le olvida que fue precisamente la tolerancia a la crítica, que el PRI de antaño se ganó el calificativo de “La Dictadura Perfecta” por parte de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010. En efecto ese PRI logró mantener el monopolio político durante casi siete décadas, entre otras cosas, por el respeto a ciertas libertades cívicas y al trabajo de algunos sectores de la sociedad civil, cuyos juegos de hecho apuntalaban al Sistema. Esa tolerancia ayudaba a camuflar la dictadura que padecimos.

En cambio, el PRI de hoy no logra captar que “el juego que todos jugamos” es indispensable en todas las sociedades del mundo para que éstas funcionen adecuadamente, especialmente en aquellas de inspiración democrática. A tal grado es esto cierto que, a los gobiernos para lograr una convivencia sana, les conviene incluso subsidiar la existencia y el trabajo de los sectores opositores, cuando éstos no juegan el juego que les toca jugar, de motu proprio. Tal fue el caso de partidos paleros como el PARM (Partido Auténtico de la Revolución Mexicana) o el PPS (Partido Popular Socialista), de periódicos paleros como El Nacional y de cierto sector del medio intelectual mexicano, reclutado y alentado sutilmente para la crítica por los gobiernos PRIístas anteriores a Fox.

Así es que el Gobierno actual debería valorar y agradecer la existencia de opositores auténticos, cuyas críticas lo legitiman y le permiten dar impulso social a sus políticas. Ello lo libera de realizar el triste trabajo sucio de reclutar y financiar a opositores artificiales o a modo como antes se requería. En vez del PARM y el PPS, México cuenta hoy con Morena y el PRD, en lugar de El Nacional, México ya tiene La Jornada, el Reforma y El Semanario, y en vez de Jorge Saldaña, contamos con Sergio Aguayo, quienes para conveniencia de todos, incluido el Gobierno, ejercen una auténtica y constructiva crítica de la vida nacional.

Los excesos del Gobierno al imponer duras represalias a quienes lo critican, ya se vuelven intolerables y le regresarán como bumerang en el proceso electoral y cuando esté en el destierro. Ya se suma a la lista de pifias, el tristemente célebre caso de Leonardo Curzio, Ricardo Raphael y María Amparo Casar, quienes fueron sacrificados despiadadamente por haber criticado las propuestas del PRI para dirigir algunos fondos de las campañas electorales a las víctimas de los últimos sismos y para, de paso, eliminar a los diputados y senadores plurinominales. Resulta obvio que se trató de la gota que derramó el vaso de la tolerancia PRIísta y no de una sanción a un acto aislado.

Pero se nota la existencia clara de una torpe política de castigo a los críticos, cuando se analizan, entre muchos otros, los casos de escándalo por el despido de la destacada periodista Carmen Aristegui, luego de dar a conocer la patraña de la Casa Blanca, o el asedio contra Claudio X. González Guajardo, mediante el reclamo presidencial a su padre por pasar tanto tiempo hablando de corrupción, el hackeo y espionaje telefónico a través del software Pegasus y nueve auditorías fiscales en organizaciones sin fines de lucro en las que ha participado.

También viene a cuento la sanción infligida a Santiago Corcuera, quien ocupaba la distinguida Presidencia del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, cuya candidatura nunca fue presentada por el Gobierno de México y en consecuencia su mandato no fue renovado. Lo anterior porque Corcuera ha criticado los abusos de las fuerzas armadas del país.

Resulta muy lamentable que para la implementación de esta política de reprimendas, se involucre a personas que gozan de prestigio y que se ven obligadas a realizar el trabajo sucio del Gobierno, como Edilberto Huesca, Presidente del Núcleo Radio Mil, en el caso del chantaje a Curzio, Joaquín Vargas, Presidente de MVS, en el caso de Aristegui, José Antonio Meade, Secretario de Hacienda y Crédito Público, en el acoso a González Guajardo, y Miguel Ruíz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el caso de la obstrucción a Corcuera.

Frente a la fortaleza del Estado Mexicano, llama la atención la hipersensibilidad de este Gobierno frente a la crítica, pero más llama la atención su torpeza al provocar con sus castigos la atención de la sociedad en los asuntos que más debiera interesarle que pasen desapercibidos: la desbocada corrupción gubernamental simbolizada en el episodio de la Casa Blanca, la censura a los periodistas y las violaciones a los Derechos Humanos en el país, los cuales no son sino reflejo de nuestra crisis más profunda: la grave debilidad de nuestro Estado de Derecho, cuyo robustecimiento es responsabilidad de todos. No dejemos solos a quienes luchan desde varias trincheras para ello.

Tratado de ¿libre? comercio

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“Creo que el TLCAN tendrá que terminarse si queremos hacer un buen acuerdo” le dijo Trump a la revista Forbes. Que lo termine, ojalá que lo termine porque el “buen acuerdo” que busca, no hay que dudarlo, es a costa de México y eventualmente, de Canadá. Él no piensa en liberalizar el comercio, como han creído Peña Nieto y Videgaray, sino en administrarlo en favor de las grandes corporaciones de su país.

Puesto contra la pared, al gobierno mexicano podría ser el que terminara el tratado con prestancia, exigiendo lo imposible: que, además del flujo de mercancías y capitales, el nuevo TLCAN incluya la libre movilidad de personas y trabajadores, como en Europa.

Ya en plan de exigir -con la conciencia de que no hay posibilidad de éxito-, también habría que demandar mecanismos a fin de compensar las asimetrías de México con Estados Unidos y Canadá, como se hizo en Europa para asegurar la cohesión de la Unión.

El TLCAN vigente no contiene ninguna de esas cláusulas por lo cual, la emigración de México a Estados Unidos sigue siendo ilegal, peligrosa y denigrante, e igual que siempre, la siguen empujando las asimetrías económicas que no se atenúan, sino al contrario.

Exigencias justas como esas llevarían a la terminación del TLCAN por mejores motivos que quedar contra la pared por las exigencias de las grandes empresas transnacionales.

Lo que persigue Trump en nombre de las corporaciones son normas supranacionales, es decir, que estén por encima de la autoridad de los Estados nacionales, del nuestro, por supuesto.

Para muestra de lo que se propone, basten tres botones.

En materia agropecuaria, exige que México establezca reglas sanitarias y fitosanitarias que “no discriminen” las siembras de semillas transgénicas; en Estados Unidos el uso de esas semillas no está sujeta a ninguna regulación y eso es lo que pretende lograr Trump en nuestro país, pero ello significaría, en el caso del maíz, la pérdida de variedades y de diversidad productiva, y tener que pagar por el uso de patentes en cada siembra.

Igualmente delicada es la administración del comercio digital que dominan Apple, Google, Microsoft, Amazon y Facebook, todas estadounidenses, generadoras de ingresos superiores a las de las siete hermanas petroleras.

Esas grandes corporaciones tienen información de empresas y datos personales de casi todos los países del mundo y quieren dos cosas: tener libertad para disponer de ellos y que los gobiernos no puedan cobrarles impuestos a sus utilidades en el espacio cibernético.

La única posibilidad de preservar derechos de privacidad y protección de datos y de establecer impuestos fiscales, es la capacidad de cada Estado en particular, para hacerlo; Trump quiere un mundo sin barreras para el comercio digital, sin más reglas que las supranacionales.

La cereza del pastel en la “negociación” del TLCAN es la propuesta trumpiana de eliminar el Capítulo 19 para la solución de controversias, a fin de que se litiguen en los tribunales estadounidenses. Canadá ha dicho que se retiraría del tratado si prospera esa idea.

En la cuarta ronda de negociación que empezó ayer en Washington tendrá que desahogarse ese punto, quizás sea el que ponga fin al TLCAN.

http://estadoysociedad.com

Pluralismo político

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Los cambios fragmentarios sólo

reducen unas tensiones, al tiempo

que generan otras.

Robert Dahl.

En la sociedad mexicana, se han venido reconociendo voces que expresan ideologías o intereses diversos, que reclaman su participación legal y legítima respecto del rumbo del país. La máxima que ha cobrado fuerza nos dice que debe haber “Unidad en la Diversidad” (origen del Federalismo, adoptado por distintos países, e incluso por la Unión Europea).

Después de la etapa sangrienta de la Revolución Mexicana, se creó el Partido Nacional Revolucionario (PNR), con la idea de aglutinar a las corrientes con derecho de conducir a México; después se convirtió en el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) organizado de forma corporativa con los sectores militar, campesino, obrero y popular, a fin de cumplir el programa de la Constitución de 1917. Con la transformación de la sociedad, se crea el Partido Revolucionario Institucional, omitiendo al sector militar asimilado al gobierno. Así, la institucionalización generó un triángulo de poder presidencialista: Gobierno-PRI-Congreso, del que derivó la hegemonía priísta.

Sin embargo, el dinamismo del país dio lugar a la formación de corrientes de opinión e influencia capaces de estructurarse como partidos, no obstante, su escasa presencia en el entorno político, tal fue el caso del PAN (1939), PPS (1948), PARM (1954), y aun el del Partido Comunista Mexicano en una visible clandestinidad. Este diseño tenía la característica de mantener un poder omnímodo y compartir todo aquello que no arriesgara la dominación, como cuando se decretó el voto femenino en 1953-54.

Pero, no era posible mantener para siempre la fórmula PRI-Gobierno, sobre todo porque se señalaba a México como un sistema político de fachada democrática. Fue hasta 1962 cuando comenzó a valorarse la conveniencia de implementar el pluralismo político, dando cabida en la Cámara de Diputados Federal a diversas fuerzas minoritarias mediante la entrada al foro de los Diputados de Partido; era el principio del fin de un sistema de partido preponderante.

En 1972 se amplió el número de diputados de partido y se disminuyó el porcentaje de la votación para conservar el registro; se redujo la edad para legisladores (a 21 años los diputados y a 30 los senadores). Estos esfuerzos legitimadores comprobaron rápidamente su ineficacia, particularmente al constatar que para la elección presidencial de 1976 sólo se presentó un candidato… el del PRI.

Las reformas de 1977 consideraron a los partidos políticos como entidades de interés público definiendo sus prerrogativas. Se creó la figura de Diputados de Representación Proporcional (los famosos “pluris”); de este modo, la Cámara de Diputados se integraría con 300 miembros electos por voto directo en cada distrito y 100 más de acuerdo a la cantidad de sufragios recibidos por cada partido, excepto el mayoritario. En 1986, esta conformación se amplió a 500 (trescientos de mayoría y doscientos plurinominales), derecho que se extendió al partido mayoritario, contemplando la Cláusula de Gobernabilidad que aseguraba al Presidente la aprobación de sus iniciativas.

En la década 1990-2000 se sucedieron cuatro reformas electorales que confirmaban el robustecimiento gradual del pluralismo: en la de 1990 se estableció el principio de ciudadanizar el control de las elecciones, sin embargo, se crea el IFE todavía como órgano gubernamental; se introducen los medios de impugnación y se instituye la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, sin funciones legislativas.

En 1993, se precisan las fuentes del financiamiento a los partidos, éstas pueden ser públicas a través del IFE, de militancia, de simpatizantes, por rendimientos, fondos, fideicomisos, etcétera; se elimina la Cláusula de Gobernabilidad; se abre la pluralidad al Senado (4 por Estado: 3 de mayoría y 1 por primera minoría); la Asamblea de Representantes del D.F., adquiere facultades legislativas. En 1994, el IFE logra autonomía como órganismo público, los consejeros ciudadanos son mayoría, seis vs. cinco (uno del Ejecutivo y cuatro del Legislativo), su elegibilidad proviene de una propuesta de los grupos parlamentarios de la Cámara Baja, aprobados por mayoría calificada; se suprime el voto de los representantes partidistas en el Consejo del IFE. Esta forma de organización se replica en los Estados.

En 1996, el IFE se eleva a Órgano Constitucional Autónomo, separándose definitivamente del Ejecutivo y del Legislativo al facultar al Consejo Electoral (su Presidente y ocho consejeros electorales) para tomar las decisiones fundamentales; se clarifica el acceso a los medios y se definen las reglas del financiamiento público (preferente) y privado, los topes a gastos de campaña; la materia litigiosa pasa a ser parte del Poder Judicial a través del Tribunal Electoral. Además, se estipula que el máximo de diputados por grupo parlamentario es de 300; cambia la composición del Senado: cuatro por Estado, dos de mayoría, uno de representación proporcional y uno más de primera minoría. Se determina la elección popular del Jefe de Gobierno del D.F. y los 16 delegados.

Así, México arribó a una alternancia pacífica en la Presidencia de la República en el año 2000.

Hasta 2007 se hizo necesario atender las cuestiones de la inequidad electoral que prevalecían a pesar de la evolución referida. De esta manera el IFE fue reponsable de garantizar un “piso parejo”, especialmente en la utilización de los medios; igualmente se puso énfasis en la transparencia y fiscalización de los recursos públicos y privados durante las campañas; se determinó la equidad de género en las candidaturas y reglas para evitar el fenómeno conocido como el de “Las Juanitas” (titular mujer que renuncia a favor de su suplente masculino).

En el 2012, retorna el PRI al Poder (segunda alternancia) que inmediatamente asume la tarea de perfeccionar el sistema electoral, empezando por la apertura a las candidaturas independentes. Se produce la reforma 2013-2014: el Instituto Federal Electoral se convierte en Instituto Nacional Electoral (centraliza la función) y se aumenta a 11 el número de consejeros ciudadanos; se permite la reelección consecutiva de legisladores federales y locales (hasta doce años) y a presidentes municipales, regidores y síndicos por un período más; se aumenta el porcentaje para mantener el registro de los partidos al 3%; se convalidan los gobiernos de coalición; se establecen reglas para efectuar consulltas populares.

En 2016-2017 la Ciudad de México cambia su status político-administrativo, la elección de sus autoridades persiste mediante la creación de 16 alcaldías y facultando a la Cámara Local para participar en las modificaciones constitucionales, entre otros aspectos.

Evidentemente las reformas muestran un avance con resistencias muy fuertes para la mejora de nuestra calidad democrática. El hecho es que estamos en riesgo por la simulación, el engaño y la distracción como método para alejar al electorado de la verdadera toma de decisiones. Ante ello debemos preguntarnos hasta qué punto los partidos han vaciado su contenido ideológico, han transformado sus programas en un simple requisito burocrático y han caído en un pragmatismo que, aderesado de corrupción, deja al electorado indiferente, desencantado y sobre todo desamparado.

¿Estamos a tiempo de recuperar la seriedad que reviste a la Política?

El anacrónico modelo económico

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Mediáticamente uno de los llamados “logros” de la actual administración son las así llamadas reformas estructurales, mismas que están alineadas a un modelo económico en el cual el mercado actúa como centro de la economía, el llamado libre mercado. Visión que ya está por demás demostrada sus alcances y pocos beneficios para la población.

Deja como resultado inmediato una polarización del ingreso y un aumento en las cifras reales de la pobreza; y desafortunadamente el modelo económico no entra de las opciones que se pueden elegir cada seis años, sea el color que sea del partido que quede, trae consigo ya de facto el modelo económico, tal vez con más o menos tintes sociales. Ojo, que el gasto social es parte del modelo, mismo que reconoce las fallas del mercado y la intervención del estado ante las mismas.

Los partidos políticos, es más que evidente que no es un modelo de país el que les interesa construir, negociarán puestos políticos y respetarán el actual modelo económico como se viene haciendo desde hace más de 30 años.

Donald Trump está planteando un cambio de modelo económico, en el cual ahora se le de preferencia a las empresas nacionales sobre el libre mercado, postura que llevó a la renegociación del TLCAN. Sin embargo, esas empresas (trasnacionales) que se han beneficiado con el libre comercio, ya se están oponiendo a esta postura. Obviamente porque sus intereses van más allá de las fronteras nacionales de Estados Unidos; hay mucha literatura económica sobre el comportamiento de sus empresas en el resto del mundo, el tipo de cambio se puede saber conociendo el precio de una “big-mac” en cualquier país del mundo; sabemos cómo funciona el modelo de producción de Ford, y se sabe el actuar de las farmacéuticas para incorporar temas de su interés en las legislaciones de muchos países.

Son años en que las empresas han permeado al mundo con sus productos, es más, me atrevo a decir que han exportado patrones de consumo. No dudo que lograrán hacer “recapacitar” a Trump respecto a su postura económica, y si no pueden, tienen a los políticos mexicanos de aliados para darle continuidad al modelo económico de libre mercado.

Es cuanto te das cuenta que no es tanto el mercado quien determina las decisiones económicas, sino son los políticos los que orientan esas “necesidades” del mercado, y desafortunadamente y de conformidad con el estudio realizado en el “Informe anual sobre el Clima de Negocios en el Mundo 2017”, México es por tercer año consecutivo uno de los países más corruptos, y ya es el número uno en América Latina. Eso nos da una idea de la intervención del Estado en la Economía, no creo que se esté monitoreando a la oferta y la demanda, ni se estén preguntando qué necesita la población para satisfacer sus necesidades.

Tenemos unos de los salarios más bajos a nivel mundial, en aras de la competitividad y atraer capitales que se instalen en el país, y por si fuera poco es un salario castigado por la inflación, esto es parte del modelo económico predominante, y sobre el mismo no podemos hacer nada o al menos eso nos han hecho creer.

Indudablemente, se trata de construir un proyecto de nación con base a las necesidades de los mexicanos, se trata de saber que necesitamos para realmente fortalecernos como economía. Y eso no lo harán quienes nos gobiernen, ellos tienen un papel que hacer y lo seguirán haciendo y a su manera como lo vienen haciendo hasta el día de hoy. Debemos de inicio consumir lo nacional, apoyarnos entre nosotros, en verdad no caer en actos de corrupción por más justificaciones que encontremos o por lo más insignificantes que lo creamos. Esas elecciones sí dependen de nosotros, las económicas y políticas las hemos delegado a un nivel inadmisible, que ya les somos ajenos a los elegidos una vez que llegan al poder. Escucharemos en campaña todo lo que harán para llevar a México al primer mundo, y años más tarde nos daremos cuenta que se quedaron en simples promesas.

Cambiar el modelo económico implica que el desarrollo económico debe venir encaminado de políticas públicas realmente orientadas al largo plazo, en donde la educación, y la innovación deben ser un objetivo nacional impostergable. La creación de empleos bien pagados debe ser una constante; dar realmente oportunidades de desarrollo con movilidad social; e indudablemente se debe castigar de manera ejemplar la corrupción, que es el freno de mano autoimpuesto, y pieza nodal del actual modelo económico.

Desarrollo sustentable, con crecimiento económico al fomentar la educación, la innovación y los empleos bien pagados, no se me hacen políticas que afecten el quehacer nacional; lo que sí se ve afectado es la distribución del ingreso, y es en donde la mano invisible de la economía se va a oponer a toda costa.

El País que no termina de nacer

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Historia de la lectura de un país a través de su realidad virtual

Durante el mes de septiembre tuve varias noches de insomnio. No por el tema de los desastres naturales que vivimos, sino por la sospecha de que estábamos enfrente de graves temas de conciencia que no hemos si quiera superado, quizá ni transparentado y que no nos permite aprender de nuestra realidad.

Me explico. Creo que los que vivimos en el Valle de México, sabemos que nadie en su sano juicio escogería un lugar tan alto (de 2,400 metros a 3,100 en algunos puntos de las carreteras aledañas), con un suelo tan acuoso e inestable, en zona sísmica y orografía complicada, que lo transforma en una de las urbes más grandes del mundo, lo llena de población, ensucia su escaso aire, erosiona sus bosques, deseca sus lagos y merma sus recursos hídricos, y de manera imparable, e irresponsable, cede a los deseos económicos del mercado que demanda más viviendas, más transportes y más recursos de todo tipo a sabiendas que estos son finitos y que estamos causando un daño irreparable al ecosistema, que nos llevará a desastres en áreas donde se han dado crecimientos urbanos de manera desordenada, hasta llegar a un punto que cualquier lluvia causa inundaciones, y cada temporada de calor, causa la limitación de la distribución del agua sobre todo en las zonas más paupérrimas, sabiendo que no tiene una solución a largo plazo, y los gobernantes, entrantes y salientes “patean el bote” para que se la situación de deterioro no les colapse y se mantenga unos años más.

Como decía, cada lluvia nutrida, nos pone a temblar; cada temblor nos pone a rezar y cada invierno nos trae una serie de afecciones respiratorias que reconocido o no, cada año son más agresivas y más frecuentes. Asimismo, y el problema de alimentos en la calle que traen problemas digestivos crece. El agua que bebemos, si bien escasa, no sabemos qué tan dañina es, y muchas veces queremos caer en la inconsciencia pensando que la que es embotellada tiene una mejor calidad. ¿Quién en su sano juicio se bañaría en el rio Lerma o tomaría un vaso de agua del río Sonora? Pero hay gente de este país, mexicanos también, que sí lo hacen.

Pues bien, les comento qué fue lo que me quitó el sueño durante septiembre. Imaginemos que vivimos en un país que no prevalezca de manera irrestricta el estado de derecho, y que de pronto los desarrolladores de vivienda consiguen los permisos de construcción de parte de las autoridades, pero no tienen estudios geológicos o de mecánica de suelos, y construyen en los lugares más rentables comercialmente hablando, sin importar que sean los más inestables en caso de un terremoto.

Pensemos que la gente asume que, por tener un permiso de las autoridades, la constructora siempre está en regla y es una garantía de respeto a la norma. Reflexionemos por un momento que la regla no se respete, usan materiales de una menor calidad o resistencia, y es terminado un edificio con menor resistencia de lo que se había estipulado en áreas de optimizar el beneficio del constructor.

Supongamos que, en ese mismo edificio, de pronto, se le construyen dos pisos más que no estaban en el diseño original, al fin y al cabo, ¿quién lo va a notar? ¿A quién le va a importar?

¿Quiénes compran un departamento, conocen el diseño original? La autoridad que lo supervisa, ¿es incorruptible y podemos certificar que esto se cubrió conforme al cálculo del ingeniero?

Ahora imaginemos que tenemos uno de los cientos o miles de espectaculares que están montados de manera legal (pagan impuesto) o ilegal, en casas y edificios en esta ciudad. ¿Usted sabe a quién beneficia ese espectacular? ¿Al dueño del edificio? ¿A la inmobiliaria? ¿Y quién tiene el riesgo, usted o el que recibe el beneficio?

Piense por un momento que usted es previsor y que cuando compró su departamento o casa, obtuvo un seguro para proteger el patrimonio que está adquiriendo. ¿Sabe que el seguro donde hay pérdidas por el inmueble cubren al banco por el adeudo remanente y no por el valor patrimonial? Y si ya es su bien, ¿usted sabe que el seguro en su caso le cubre por el inmueble, pero no por sus contenidos?

En esta historia de encuentros y desencuentros con la realidad, vivimos el inicio de octubre con cerca de 70% de las escuelas públicas aún sin abrir sus aulas para recibir a sus alumnos. Fuera del tema que corresponde a la problemática de la pérdida de tiempo educativo de los jóvenes, ¿usted se imagina cuántos peritos se necesitan para terminar de ver si los inmuebles estén en condiciones de recibir a los niños y jóvenes estudiantes?

Sobre esto, imagínese escuelas que obtuvieron su certificado para apertura por “la amistad” de la directora con algún perito ingeniero y no por hacer los exámenes estructurales al inmueble. Imagínese que, además, algún político de la CDMX pactó con la Secretaría de Educación Pública el que estos peritos no fueran los DROs (Director Responsable de Obra) que marca la norma, sino ingenieros que no tienen en su expertise el área de estructuras.

Visualice también que ese mismo político fuera alguien que necesita “eliminar la evidencia” y sacar el “cuerpo del delito” de la escena del crimen y que, bajo el argumento de limpiar el desastre, lo que está haciendo es borrar huellas muy valiosas para un ingeniero forense, para conocer por qué “colapsó” la obra.

¿Le interesaría a usted conocer por qué “colapsaron” los edificios? Quizá sólo si usted perdió el inmueble, pero si usted es un ciudadano, ¿le interesaría saber la realidad? ¿A las compañías de seguros les interesaría conocer la realidad? ¿A las compañías constructoras? ¿Por qué de pronto sociedad y gobierno se apuran en desaparecer la evidencia? ¿Hay alguien que por oficio debiera perseguir el tema para conocer la verdad? ¿Usted cree que el gobierno (Ejército y Marina incluidos) apoyaron a los políticos y gobernantes de la ciudad a “limpiar los escombros”?

Los que llevamos más tiempo en esta ciudad y vivimos el 85, recordamos el declive de la Condesa y la Roma, y cómo durante muchos años fueron áreas deprimidas. Todos reconocemos el espíritu solidario de la gente que ayudó en las tareas posteriores al sismo del pasado 19 de septiembre. Lo que no sabemos, pero también intuimos, es el espíritu poco solidario del “mercado” que ya está ajustando “las rentas” en áreas estables como Polanco y Anzures, y otras más al poniente de la ciudad, mientras que otras, como las mencionadas y céntricas, han tenido un desplome en su plusvalía y tendrán años difíciles para repuntar. Pero al final seguramente ya hay desarrolladores viendo cómo “revitalizan” estas áreas y las pueden rentabilizar de manera importante. Al fin y al cabo, a la gente todo se le olvida, y pues a ver quién está por aquí en treinta años.

Para muchos lo vivido este pasado mes, es una desgracia, pero también hay algunos que ya llevan tiempo lucrando con esta situación, pero lo más importante como sociedad es saber qué podemos aprender y qué debemos mejorar para podernos ver al espejo y saber que no somos una sociedad degradada e inconsciente.

Los temblores del 19 de septiembre, similitudes y diferencias

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Este recién pasado 19 de septiembre, poco después de un simulacro que además de recordar, conmemoraba el sucedido en 1985, sentimos en la Ciudad de México un sismo que desde el principio supusimos como de enormes consecuencias. El que crea en ellas podría pensar que es toda una casualidad, 32 años y seis horas después, un tremendo sismo abate al entonces Distrito Federal ahora la Ciudad de México.

En 1985 el fenómeno se inició en la Costa del Pacífico a unos 600 km de la Ciudad, el reciente partió de muy cerca en los límites de Puebla y Morelos, lo que por cierto hizo que, aunque ahora contamos con una alarma sísmica, ésta sonó ya iniciado el movimiento con lo que prácticamente nadie pudo tomar precauciones. Al final del día 14 había sucedido un sismo también enorme que se inició en la costa del Pacífico y que, aunque se sintió en nuestra ciudad no causó grandes daños, sin embargo, sí fueron catastróficos en las costas de Oaxaca y Chiapas en donde devastó a muchas poblaciones con muchos fallecimientos y grandes daños materiales. Todas las ayudas se habían volcado hacia las zonas abatidas. Y súbitamente, como siempre, aconteció el nuevo 19 de septiembre. Una enorme diferencia es que ahora los daños no se restringieron a la capital del país, incluyeron a poblaciones del estado de Puebla y de Morelos, donde causaron grandes destrozos y fallecimientos. Poblaciones como Jojutla en Morelos tuvieron varias edificaciones destruidas y defunciones, y el Centro Histórico de Puebla sufrió también muchas pérdidas humanas así como daños físicos. En la Ciudad de México rápidamente se supo que diversas edificaciones se habían derrumbado, y digo rápidamente porque a diferencia de 1985, las comunicaciones se mantuvieron funcionando aunque no intactas, sin embargo, poco tiempo después se restablecieron de manera total. Debemos recordar que en 1985, la comunicación telefónica se perdió totalmente lo que fue motivo de grandes angustias y problemas.

Si en 1985 el temblor se originó en la Costa del Pacífico a unos 600 km de la Ciudad de México, ahora, en 2017, surgió muy cerca en los límites de Puebla y Morelos a poco más de 100 km. Parece ser que la medición en la escala de Richter se hace en el lugar de origen y aunque en 1985 fue de alrededor de 8, mucho tiempo hubo discusión en sí fue de 7.9 o 8.1, el sismo viajó más de 600 km antes de llegar a la vieja Tenochtitlán, ahora fue de 7.1 pero sólo viajó poco más de 100 km para llegar, destrozando en su trayecto a poblaciones de Morelos, Puebla, Estado de México y Guerrero, aunque en estos dos últimos de mucho menor magnitud. Tan rápido llegó que la alarma sísmica nos alertó ya que el movimiento se había iniciado. Comparar la magnitud no es sencillo.

La respuesta al sismo fue muy similar por parte de la sociedad civil, en ambos casos rápidamente se volcó a auxiliar a los lastimados por el temblor, ahora con las cadenas de comunicación y seguramente por una mayor conciencia y educación cívica, la ayuda resultó mucho más ordenada y eficiente. La respuesta gubernamental, estatal, sí que fue muy diferente en 2017; a los pocos minutos de lo sucedido, el Presidente de la República y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México ya habían aparecido y estaban encabezando la respuesta, lo que hizo que los resultados fueran mejores. En 1985, Ramón Aguirre, Jefe del Departamento del Distrito Federal, tardó muchas horas en hacerse presente y aún más tardó Miguel de la Madrid, Presidente de la República. Hay que hacer notar que en ambos casos la respuesta de los cuerpos de emergencia, del ejército y la policía fue en ambos desastres rápida.

Las consecuencias fueron diferentes en magnitud, en 1985 la cifra oficial de muertos fue de más de 10,000 aunque nunca se llegó a precisar adecuadamente, el imaginario popular e informativo llegó a establecerlos de 3,000 a 30,000. El manejo en general de la situación fue desordenado y en momentos caótico, duró muchas semanas y posiblemente años, porque los aspectos financieros aún tienen colas no resueltas. El sismo reciente ocasionó 366 defunciones, 225 en la Ciudad de México, cifra bien determinada y que no ha recibido apelaciones; fue gestionado de manera mucho más ordenada, después de los mementos iniciales, diferentes organizaciones gubernamentales tomaron el comando y usando sus recursos, los muy valiosos de la población civil y los de la ayuda extranjera, quienes hicieron las labores de manera eficaz y eficiente. De las muchas edificaciones que se derrumbaron o sufrieron daños en 2017, la cifra no ha sido aclarada precisamente, pero aguantaron el primer jalón y no ocasionaron lesiones a sus habitantes, situación que hay que apreciar en sus debidos términos.

En 1985 el número de edificaciones derrumbadas fue muchísimo mayor, pero nunca fue precisamente determinado, y ahora precisamente hemos visto que no fueron debidamente atendidos o solucionados. En algunos de los edificios derrumbados o dañados en 2017 podemos apreciar la marca de la corrupción al no atender las especificaciones de las construcciones valiéndose de triquiñuelas y fraudes, en las que como siempre, parece ser, fueron partícipes autoridades y particulares. Pero en 1985 vimos situaciones aun más graves, en mi opinión espeluznantes, como la del Hospital Juárez que, poco tiempo antes había sido inaugurado como ejemplo de los cambios hospitalarios que en México debían suceder, se derrumbó como castillo de naipes y pronto se hicieron evidentes las faltas a los reglamentos de construcción, los constructores y funcionarios fueron identificados, pero hasta donde recuerdo no sancionados. Por cierto, la recuperación de los sobrevivientes y fallecidos del Hospital Juárez duró muchos días y nunca se estableció puntualmente su número, fue sumamente dramática la noticia del fallecimiento de profesores y médicos residentes que estaban en clases al momento del sismo, ¡los médicos siempre empezando tan temprano!, y con los que varios días se tuvo comunicación, hasta que fallecieron.

En 2017 dos semanas después se dio por terminado el rescate de víctimas, se estableció el número de edificaciones derrumbadas, y se está a punto de determinar los daños en las que no cayeron incluso con una clasificación que o permitirá habitarlos mientras se corrigen, o bien, desalojarlos mientras se hace, o incluso tirarlos porque el daño es muy grande. En unos cuantos días la planeación de la ayuda financiera, ahora en 2017, ya estaba en marcha, en Oaxaca y Chiapas, con el temblor anterior; mientras que en la Ciudad de México se han iniciado ayudas preliminares y están en marcha planes financieros para los damnificados. En 1985 tardaron una eternidad y no estoy seguro si se han concluido.

La respuesta ante el gobierno en 1985 fue muy crítica y tuvo consecuencias determinantes. En 1988 tuvimos la primera elección con resultados cuestionados, en los tiempos modernos, y han surgidos cambios muy notables. Ahora aunque la respuesta ha sido diferente, cuando menos es rápida y comprometida; la apreciación de la sociedad en la redes sociales y la prensa no ha sido la mejor, se han cuestionado infinidad de situaciones tanto para el Gobierno Federal como para los locales, Ciudad de México, Morelos, para Puebla y Estado de México en menor magnitud. Ante una situación electoral más cercana que en 1985, es muy posible que todo esto tenga consecuencias.

Los dos sismos del 19 de septiembre han sacudido y sacuden a México, no sólo desde el punto de vista físico sino muy probablemente también político y sociocultural; con consecuencias de las que deberemos estar pendientes.

Un México para la 3era. Edad

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La nobleza de una sociedad se materializa en las condiciones de bienestar que es capaz de garantizarle a las Personas de Avanzada Edad. Después de una vida de esfuerzo la sociedad debe reconocer la contribución de los adultos mayores al desarrollo económico y social, y proveer los satisfactores necesarios, en forma de bienes o servicios, frente a los retos vinculados al envejecimiento demográfico.

Por tal motivo, recientemente la Sociedad Mexicana de Estudios de Calidad de Vida analiza las cifras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó como parte de un conjunto de indicadores que nos muestran las condiciones objetivas sociodemográficas de la población de 60 y más años.

Conforme a las proyecciones que estima el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 2017 residen en el país 12´973,411 personas de 60 y más años, de los cuales 53.9% son mujeres y 46.1% son hombres. Cabe señalar que una cuarta parte de los adultos mayores (24.3%) reside en localidades menores de 2 500 habitantes. Es importante reconocer que si se considera que la población tiene una mayor esperanza de vida (75.3 años para 2017) y la fecundidad es cada vez menor (2.21 hijos por mujer), entonces el peso relativo de los adultos mayores toma mayor relevancia en la estructura por edad. Entre 1970 y 1990, el porcentaje de adultos mayores respecto a la población total pasó de 5.6 a 6.2%; para 2017 dicho porcentaje es de 10.5% y de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, su tendencia esperada en los próximos años la colocan como una de las transformaciones sociales de mayor trascendencia del siglo XXI.

Por ello es muy importante mantener en la agenda pública la necesidad de que el Estado Mexicano realice los programas de acción necesarios para que los adultos mayores gocen de una vida digna. Así se pone de manifiesto en el Programa Iberoamericano de Cooperación sobre Adultos Mayores aprobado en 2011 y en la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe realizada en 2012, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas.

Hogares y Apoyos Institucionales

Conforme al Artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, las personas de 60 y más años deben “recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, así como de las Instituciones federales, estatales y municipales”. Habría que señalar que la familia es un espacio en el cual sus integrantes satisfacen sus necesidades afectivas y económicas.

Datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016 señalan que en el país hay 33.5 millones de hogares y en 30.1% de estos reside al menos una persona de 60 y más años. La composición de los hogares, donde vive al menos un adulto mayor, es clasificada como familiar en un 83.5%, en tanto que el resto (16.5%), lo conforman los hogares unipersonales o corresidentes (donde no hay ningún lazo de parentesco entre sus integrantes).

Un aspecto que vulnera a las personas de edad es no tener un apoyo al interior del hogar. En el país hay 1.6 millones de personas de 60 y más años que viven solas y la mayoría son mujeres (63 por ciento). Otro aspecto que vulnera a los hogares con al menos un adulto mayor es que su único ingreso proviene de una o varias personas que tienen 60 y más años: 37.1% (3.7 millones) de estos hogares cumple con dicha condición.

Mortalidad y Servicios de Salud
El aumento de la sobrevivencia ha provocado que la mayor parte de las defunciones se den en edades avanzadas. De las 656 mil muertes registradas en 2015, de acuerdo con las Estadísticas de mortalidad 2015 (INEGI), 64.7% correspondieron a personas de 60 y más años. Cabe señalar que las enfermedades del sistema circulatorio (32.5%); las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (20.1%); los tumores (13.1%); las enfermedades del sistema respiratorio (10.7%), y las enfermedades del sistema digestivo (9.1%) son las principales causas de muerte entre la población de 60 y más años. De manera conjunta representan 85.5% las defunciones en este grupo de edad.

Distribución porcentual de las defunciones de la población de 60 y más años por causas de muerte 2015 (lista especial de tabulados <tabulación 1 para la mortalidad>CIE-10).
Fuente: INEGI. Estadísticas de mortalidad 2015. Base de datos.

Al ser un grupo en el cual las enfermedades se hacen presentes de manera cotidiana, la derechohabiencia resulta ser un beneficio de gran ayuda para las familias. Conforme a las estadísticas de mortalidad, las personas de 60 y más años que fallecieron en 2015, 15.8% no tenían derechohabiencia.

Por último, hay que destacar el gasto que los integrantes del hogar realizan en salud. De acuerdo con datos de la ENIGH 2016, poco más de la mitad de los hogares donde hay un adulto mayor se realizó un gasto en este rubro (53.7%), el cual corresponde a la atención ambulatoria, hospitalaria o en medicinas. Es importante señalar que en la Carta de San José, existe el compromiso de “promover la universalización del derecho a la salud de las personas mayores” como un aspecto intrínseco de su calidad de vida.

Ocupación

Hay una gran cantidad de población que llega a la vejez trabajando o buscando trabajo. Se observa que, entre los adultos mayores, la población económicamente activa (PEA) es predominantemente masculina y disminuye conforme avanza su edad. Información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) así lo muestra.

Durante el primer trimestre de 2017, la tasa de participación económica de la población de 60 y más años es de 33.9%; en los hombres es de 50.9% y en las mujeres de 19.6 por ciento. Por edad, esta tasa es 3.5 veces mayor en la población de 60 a 64 años (49.6%), respecto a la que tiene 75 y más años de edad (14.3 por ciento). Cabe señalar que el porcentaje de la población de 60 y más años que no es económicamente activa es del 66.1%, y de estos, más de la mitad se dedica a los quehaceres del hogar (54 por ciento).

Dos aspectos que se distinguen de la población ocupada que tiene 60 y más años (4.8 millones), es que prácticamente la mitad labora por cuenta propia (49%) y aunque la proporción no es tan grande, existe población que no percibe remuneración alguna por su trabajo (4.4 por ciento). Por su parte, de los adultos mayores que se ocupan de manera subordinada y remunerada (37.8%), la mayoría no tiene acceso a instituciones de salud por su trabajo (60.8%); labora sin tener un contrato escrito (61.8%) y casi la mitad (47.7%) no cuenta con prestaciones. De hecho, 73.2% trabaja de manera informal.

Distribución porcentual de la población ocupada de 60 y más años por posición en el trabajo 2017

Fuente: INEGI-STPS. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2017. Primer trimestre. Base de datos.

Actividades deportivas y recreativas

De acuerdo con información de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2014, 24.1% de los adultos mayores declaró hacer deporte o ejercicio físico y el tiempo promedio dedicado a la semana es de 4.3 horas. En cuanto a la asistencia a eventos culturales, deportivos y de entretenimiento, 8.3% de las personas de 60 y más años dedican parte de su tiempo a estas actividades con un promedio de 4.1 horas a la semana.

Hay que señalar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) argumenta que “en general, la evidencia disponible demuestra de forma contundente que, en comparación con los adultos mayores menos activos (hombres y mujeres), las personas mayores físicamente activas: presentan menores tasas de mortalidad por todas las causas: cardiopatía coronaria, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, diabetes de tipo 2, cáncer de colon y de mama, y depresión”.

Vivienda

La OMS señala la importancia de generar comunidades adaptadas a la tercera edad ya que “los entornos físicos y sociales son determinantes clave para que las personas puedan mantenerse saludables, independientes y autónomas durante su vejez”. La vivienda resulta ser un espacio que se debe adaptar a las necesidades de las personas en edad avanzada, la cual debe contar con los servicios básicos y con los materiales de construcción adecuados para que el adulto mayor no padezca enfermedades.

La Encuesta Intercensal 2015 señala que en las viviendas donde reside al menos un adulto mayor, 18% usa como principal combustible la leña o el carbón; 6.4% no cuenta con drenaje; 4.8% no tiene agua entubada y 3.8% tiene piso de tierra.

Porcentaje de viviendas donde reside al menos una persona de 60 y más años por característica de la vivienda 2015

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Consulta interactiva de datos.

Un aspecto que no hay que dejar de lado son los adultos mayores que residen en departamentos (4%). En muchos casos, subir escaleras no resulta conveniente, sobre todo para aquellos adultos mayores que tienen problemas de salud, discapacidad o alguna limitación; aspecto que no queda claro que haya sido ponderado adecuadamente con la verticalización de la política de vivienda.

Mensajes clave:

• Urgimos a las autoridades y a la sociedad a no escatimar esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas mayores, trabajar en la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia y crear redes de protección de las personas mayores para hacer efectivos sus derechos. Al cuidar sus derechos, los adultos mayores podrán mejorar su calidad de vida y no verse vulnerables ante cualquier situación de discriminación o maltrato a su persona.
• El apoyo económico de familiares fuera del hogar o instituciones gubernamentales, resulta ser de gran valía en los gastos que realizan los integrantes del hogar donde reside un adulto mayor. De acuerdo con la información de la ENIGH 2016, del total de adultos mayores, 6.7% recibe remesas, 28.8% recibe donativos de otros hogares e instituciones públicas, mientras que 49.2% recibe apoyos por programas gubernamentales.
• Es importante señalar que en la Carta de San José, existe el compromiso de “promover la universalización del derecho a la salud de las personas mayores” como un aspecto intrínseco de su calidad de vida.
• Dos aspectos que se distinguen de la población ocupada que tiene 60 y más años (4.8 millones), es que prácticamente la mitad labora por cuenta propia (49%) y aunque la proporción no es tan grande, existe población que no percibe remuneración alguna por su trabajo (4.4 por ciento).
• En general, la evidencia disponible demuestra de forma contundente que, en comparación con los adultos mayores menos activos (hombres y mujeres), las personas mayores físicamente activas: presentan menores tasas de mortalidad por todas las causas.

¿Hasta cuándo el alza en las bolsas de Estados Unidos?

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Estudia el pasado si quieres predecir el futuro.
Confucio.

El segundo avance histórico más largo y fuerte. Estos días encontramos una pregunta muy frecuente: ¿Es demasiado tarde para comprar acciones en Estados Unidos? Los índices accionarios estadounidenses alcanzan niveles máximos históricos consistentemente, en una tendencia alcista que lleva ya ocho años, la segunda más larga y más fuerte en la historia de Estados Unidos. El S&P 500 casi se ha cuadruplicado desde el mínimo durante la crisis financiera (2008). Los riesgos existen, las acciones no pueden subir por siempre (el mercado y la economía funcionan con ciclos). En el gremio se reconoce siempre la posibilidad del llamado “choque externo”, un factor impredecible que agita los mercados, bajo el contexto actual podría ser: Corea del Norte, Brexit, Cataluña, y/o una desaceleración económica mundial.

Referencia histórica: fundamentales y pocos participantes. No obstante, la permanencia de un ciclo alcista está directamente relacionada con la salud y perspectiva económica, la cual hoy en Estados Unidos luce muy bien, lo que se ha traducido en un fuerte aumento en las ganancias (utilidades) de las empresas. El desempleo del país vecino está en un mínimo de 16 años, mientras que los puestos de trabajo son los más altos en 15 años. Las valuaciones actuales, pueden ser menores a futuro si el ritmo de avance en utilidades se mantiene y sobre todo si las reformas fiscales y de infraestructura se aprueban. Otro factor a favor de la potencial mayor permanencia del avance accionario en Estados Unidos es que han participado relativamente pocos inversionistas. Sólo 54% de los estadounidenses tienen dinero invertido en el mercado accionario (acciones individuales, fondos de inversión o planes de jubilación que incorporar inversión en acciones) según encuesta reciente de la firma de investigación Gallup (ver estadísticas en anexo al interior de la nota). Antes de la crisis financiera del 2008, la proporción era del 65%. La ausencia de participantes por los malos recuerdos de la crisis del 2008 (califican al mercado de demasiado arriesgado), irónicamente ha ayudado a mantener el mercado con su tendencia alcista al evitar una euforia masiva que en otras épocas contribuyó a la creación de “burbujas”.

¡Nunca es tarde! Ya ha existido un mejor momento al actual en Estados Unidos en 1987-2000 (¡13 años!). De repetirse, el valor de las acciones en ese país tendrían espacio todavía para duplicarse y el avance continuaría por cuatro años más. La experiencia valida que nunca es demasiado tarde para comprar acciones. La clave es atender estrategias clave como por ejemplo: no tratar de adivinar los momentos máximos altos o bajos (“timing”), además de atender prioritariamente aspectos fundamentales en la selección de empresas traducidos en Precios Objetivos, algunos especialistas recomiendan una participación progresiva (gradual), comprar acciones (cada mes o trimestre para promediar costos y suaviza fluctuaciones). Considere el consejo del exitoso y legendario inversionista Warren Buffett: Inicie con una cantidad menor en un índice accionario (S&P en EUA o IPyC en México). Ignore las alzas y bajas en el tiempo e incremente gradualmente su exposición. Cuanto más joven, mayor es la proporción de acciones que debe uno tener en su portafolio. A medida que se acerca a la jubilación, es necesario reducir la exposición por alternativas inversiones menos riesgosas. Recuerde los grandes creadores de patrimonio han sido empresarios y/o inversionistas. Todos ellos han entendido las ventajas de participar en Bolsa con un enfoque de empresario.

¿Y en México? En dólares (medición de los internacionales, inversionistas de mayor “peso” en nuestro mercado), el avance el índice de Precios y Cotizaciones observa un fuerte rezago frente a las Bolsas de Estados Unidos (ver gráfica de abajo). Esta condición de rezago y la posibilidad de una mejora económica una vez despejadas las dudas en temas de renegociación de acuerdos comerciales (TLC) y Proceso Electoral del 2018, alentarían un ciclo de avance que no hemos visto hace tiempo. No obstante tendremos que ser pacientes sin que ello signifique dejar de participar por completo (¡sugerencia de Buffett!).

Participación de jóvenes en Estados Unidos en Bolsa: Las personas más jóvenes tienen menos probabilidades de beneficiarse de la subida del mercado. Sólo 31% de las personas de 18 a 29 años poseían acciones en promedio entre 2009 y 2017, según Gallup. Eso es abajo de 42% durante los ocho años antes. En comparación, casi dos tercios de los estadounidenses entre 30 y 64 años poseen acciones.

Tiene sentido que los estadounidenses más jóvenes son menos propensos a tener dinero en el mercado porque han acumulado menos riqueza temprano en sus carreras.

Además los “Millennials” (jóvenes) están entre los grupos que tienden a tener menos acceso a planes de jubilación que incluyen acciones.

Porcentaje de Acciones en Portafolios por Edad en Estados Unidos

Gráfica Gallup
Fuente: Gallup Survey 2009-2017.

Carlos Ponce B.

Es Director General Adjunto de Análisis y Estrategia Bursátil del Grupo Financiero BX+