Más delitos, mayores penas, pero no menos delincuencia
Zanjar un problema no es resolverlo
Es famosa aquella escena cinematográfica de Charles Chaplin en la que su personaje aparece metiendo la ropa en su maleta sin demasiada preocupación por acomodarla bien doblada y en orden. Como era de esperarse, al intentar cerrarla no pudo, pero al fin, tras forcejear un poco, logró enganchar forzadamente los cierres quedando algunas mangas y partes de su ropa por fuera; entonces, el personaje toma unas tijeras y corta lo que sobra, logrando cerrar perfectamente la maleta.
Recuerdo esta escena a propósito del actual contexto de implacable delincuencia y sus aparentes soluciones, porque en ocasiones pareciera que, como el personaje de Chaplin, en lugar de abrir de nuevo la maleta para reacomodar y cerrar, buscamos supuestas soluciones que no son sino meramente “aparentes” o de “mero deslumbrón”, ante hechos tan delicados como la criminalidad, que muchas veces se abordan con la misma superficialidad de quien cree que es posible solucionar un problema con tijeras y “mano dura”.
¿Que se considere delito toda conducta transgresora…?
En los últimos años se ha extendido la idea de que la delincuencia disminuirá en la medida que aumentemos el número de conductas tipificadas como “delitos”, y aumentemos el número de años de prisión que se impongan a los que delinquen.
Idea que es comprensible si se tiene en cuenta el terrible aumento de los niveles de delincuencia en la sociedad de hoy. Pero no por ello necesariamente cierta, pues la historia del Derecho Penal nos muestra en muchos casos lo contrario.
Por ejemplo, recordemos la famosa Enmienda Vigesimoprimera de las leyes penales norteamericanas que tipificaban como delito la distribución de alcohol con la supuesta idea de disminuir su consumo y los efectos delincuenciales que éste causaba; leyes que en realidad produjeron el aumento de crímenes, gángsters y de organizaciones criminales que hicieron de los catorce años que duró vigente la Enmienda, una época de criminalidad tristemente célebre.
Falsa creencia
Creer que la delincuencia disminuirá con el aumento del catálogo de delitos o el aumento de conductas consideradas como delictivas, o añadiendo “años” a las penas de privación de libertad que se imponen por la comisión de delitos previstos en los códigos penales ya existentes, es una manera simplista de abordar un fenómeno complejo. A esa forma de abordar la problemática se le ha tradicionalmente denominado “populismo penal”.
Muchas cuestiones saltan de inmediato ante nosotros cuando leemos o escuchamos anuncios de algunas iniciativas de ley penal que se orientan en esa dirección. Por ejemplo: ¿hasta qué punto inhibirá la acción criminal del narcotráfico el hecho de tipificar como delito la función del “halcón” que da aviso a los cabecillas de las organizaciones criminales de los movimientos que observen en el entorno? ¿Llenaremos las cárceles de “halcones”? ¿Y cuantos años pasarán en la cárcel quienes son generalmente forzados a realizar esa tarea en las poblaciones rurales y en las ciudades? Cierto, existen delincuentes ordinarios, muy distintos de aquellos otros mucho más peligrosos y extraordinariamente organizados bajo estructuras que operan a escala global y con gran capacidad de daño. ¿Qué hacer con estos criminales? ¿Les creamos un régimen normativo penal de excepción? ¿Venceremos el mito de la supuesta reinserción social? ¿Y los derechos humanos? Etcétera.
No obstante que esas y otras preguntas brincan rápidamente a nuestro encuentro cuando escuchamos propuestas en ese sentido, lo cierto es se trata de una tendencia en la Política Criminal gubernativa que ha cobrado cada vez más fuerza y aceptación en ciertos sectores de la sociedad que están hartos de la actividad delincuencial y sus efectos tan dañinos.
Muchos gobernantes y políticos lo saben y, precisamente por ello, han hecho de esa idea un señuelo electoral para sus posibles votantes, incluyéndola en sus “promesas de campaña” o discursos de gobierno; fenómeno que ha ocurrido no sólo en México, sino en muchos países del mundo en donde suelen ofrecer que, de llegar al poder público, de inmediato presentarán iniciativas de ley y de reformas legales que “aumenten” el número de delitos y de años de prisión, incluso la pena de muerte, llegando a incorporar en sus discursos –en no pocas ocasiones– de la necesidad de rehabilitar esa pena de muerte y la cadena perpetua… sin que falte algún insensato que proponga la mutilación y la tortura como “penas corporales legítimas”.
Pero más allá de esas ocurrencias, sabemos que “aumentar” el número de conductas constitutivas de delito no es necesariamente una medida inhibitoria del crimen ni de la actividad delincuencial, y más aún, puede llevar a lo que en materia de Política Criminal se conoce como “sobrecriminalización”.
Sobrecriminalización
Sin duda alguna, sobrecriminalizar una sociedad es un engaño social si se piensa que con ello disminuirá la criminalidad, se reformará la sociedad o se “educará” a los delincuentes. Tipificar, que es como se denomina en Derecho Penal a la transformación de una conducta transgresora en “delito”, es una actividad gubernamental que no puede someterse a los requerimientos de la propaganda política, mercadotecnia electoral, ni a las exigencias de las ideologías y a la búsqueda de mayor aceptación de popularidad en los electores.
Las políticas públicas son cosa seria, incluida la Política Criminal, la cual debe hacerse y conformarse con conocimientos científicos y técnicos, pero también con saberes prudenciales y ponderativos por parte de los legisladores y servidores públicos. Un país roto, atemorizado, harto o desnutrido –en todos los sentidos– por la criminalidad rampante, exige compromiso total, autorresponsabilidad, una crítica de la propia incompetencia y, sobre todo, análisis veraz y deliberación profunda de las posibles consecuencias y efectos positivos y negativos.
En otras palabras, los problemas de “orden y reacomodo” no se solucionan con tijeras, ni recortando “lo que sobra”, sino abriendo la maleta y tratando de comprender a cabalidad las causas del desorden para poner medidas inteligentes que no sólo zanjen los problemas, sino que realmente tiendan a resolverlos.
En México, damos la bienvenida a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, en un entorno donde los servidores públicos y gobernantes están inmersos en una sociedad caracterizada por la creciente criminalidad, agravada por las dificultades estructurales y la falta de oportunidades para el desarrollo, por lo que resulta claro, pues, que un objetivo público deseable es asumir los costos de la urgente formación en la cultura de cumplimiento en favor de la legalidad y la prevención del delito en todos los ámbitos, dejando a un lado esa tan popular sobrecriminalización.
No olvidemos la efectividad en los principios básicos de la proporcionalidad, graduación y moderación en las políticas públicas en materia penal y su íntima interrelación con la cultura y la educación. Hoy priva una incompatibilidad entre la terrible realidad social y la aspiración de lograr un orden social justo. Ojalá que el México, compuesto por muchos “Méxicos”, logre asumir el reto en la nueva relación Estado-Sociedad.
